Las familias españolas reducen en 200 euros su gasto en ocio por la crisis

OVIEDO.- La profunda crisis ha reconfigurado la economía doméstica de las familias españolas. Investigadores del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo han analizado el impacto de la recesión en uno de los capítulos que primero sufre los recortes: el gasto en ocio y cultura. Los datos estadísticos revelan que justo antes del estallido de la crisis, en 2008, el gasto percápita en ocio y cultura había alcanzado los 1.300 euros al año por habitante, su máximo histórico. Tres años más tarde, en 2011, esa cantidad cayó en picado hasta situarse por debajo de los 1.100 euros, colocándose en niveles similares a los de 2004.

El equipo liderado por el profesor Levi Pérez ha trazado una radiografía macroeconómica de cómo ha afectado la crisis al gasto que realizamos en ocio y cultura utilizando como fuente los datos anuales de Gasto en Consumo Final de los Hogares (Household Final Consumption Expenditure) que registra EuroStat.

La tendencia a destinar menos dinero a ocio y cultura es generalizada en toda Europa, pero en el caso español las tasas de variación del gasto son mucho más acusadas. Hasta el año 2007 el gasto en ocio de los españoles crecía por encima del 3 por ciento respecto al año anterior, el impacto de la crisis coloca esa tasa en un -4% en el año 2009. Durante la crisis, en Europa y en España se ha seguido la misma tendencia aunque las oscilaciones registradas en nuestro país han sido siempre más acusadas.

"El siguiente paso de nuestra investigación trata de explicar el porqué de esa evolución del gasto", explica Levi Pérez, "un primer factor para aclarar las variaciones entre España y Europa es que, sin duda, la crisis no ha afectado igual a nuestro país que a otros de la Unión Europea en los que el nivel de renta disponible se ha mantenido más alto".

El primer paso del trabajo realizado por el especialistas de la Universidad de Oviedo ha sido acotar el concepto ocio para distinguir qué entra y qué no en ese capítulo. Los investigadores han tomado como referencia la clasificación estadística que se utiliza para el cálculo de los índices de precios y que incluye una categoría de Ocio y Cultura.

Dentro de ella, las cifras revelan que el mayor gasto en ocio de los españoles se va al pago de servicios culturales, deportivos y de ocio y a los juegos de azar. El segundo concepto en el ranking de gasto es la adquisición de tecnología relacionada con la información (PC, tablets, videoconsolas, etc.) o con el audiovisual (cámaras fotográficas y de vídeo, televisores, equipos de música, etc.)

Por detrás se sitúan el gasto vacacional, la compra de bienes recreativos y de equipamiento (juguetes, hobbies, juegos, equipamiento deportivo, mascotas, jardinería, etc.) o la adquisición de libros y material de papelería. 

 Cabe señalar que todo lo relativo al consumo en restaurantes y hoteles queda fuera de este cómputo ya que existe una categoría estadística específica.

Los servicios de transporte alternativos entre particulares seguirán funcionando en la Unión Europea

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) se ha mostrado contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares como Uber y BlaBlaCar, en plena polémica por la competencia desleal que las asociaciones de taxistas aseguran que representan para su gremio.

Estos servicios de transporte no profesional, que se implantan en distintas ciudades europeas y que ya han sido prohibidos, por ejemplo, en Bruselas, ponen en contacto a particulares y les ofrecen la posibilidad de compartir los gastos de viaje.

Los taxistas profesionales se quejan de que es una actividad remunerada que se lleva a cabo en la sombra y por la que no se paga impuestos, y dicen que no ofrece ninguna garantía a los clientes, mientras que los usuarios aseguran que es una forma más económica de viajar que además beneficia al medio ambiente.

"Nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar impuestos, respetar las normas y proteger a los consumidores. Pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer las cosas bien", señaló hoy el portavoz comunitario de Agenda Digital, Ryan Heath.

Según Heath, este tipo de servicios innovadores dan a los consumidores una mayor variedad a precios más competitivos e impulsan el crecimiento económico y el empleo.

Desde las asociaciones de taxistas lo ven de otra manera.

"No son taxis con licencia, son coches privados, con conductores privados, pero ganan dinero, así que deberían pagar impuestos", protesta el secretario general de la asociación de taxistas belga GTL, Pierre Steenberghen.

Detrás de estos servicios, que utilizan internet o aplicaciones para teléfonos inteligentes como plataforma, hay compañías como la francesa BlaBlaCar o la estadounidense Uber, que tiene entre sus inversores a Google.

"Es una manera de competencia injusta, no entiendo la reacción de (la comisaria europea de Agenda Digital) Neelie Kroes", añadió Steenberghen, quien entiende que estos servicios son "ilegales".

    La comisaria Kroes hizo unas polémicas declaraciones después de que Uber fuese prohibido en Bruselas, en las que aseguró que estaba "indignada por la decisión" y consideró que no era un intento de "proteger o ayudar a los pasajeros, sino a un cartel de taxis".

    Para la compañía Uber, que opera en más de 115 ciudades del mundo, 15 de ellas en la UE, la respuesta de los taxistas es un "intento desesperado de proteger una situación ancestral y tratar de impedir que nuevos actores entren en el mercado", indica una de su portavoces, Ana Aguilar.

    "La legislación actual no dice que Uber sea ilegal", subraya Aguilar, y explica que este tipo de servicios simplemente no están contemplados porque muchas de las normas en vigor datan de antes de la llegada de internet, por lo que se necesita un nuevo marco legal.

 En cuanto a las garantías de los usuarios, Aguilar recalca que Uber exige a los conductores no tener antecedentes penales, mantener el coche en perfectas condiciones y tener un seguro como mínimo de responsabilidad a terceros.

Además la compañía ofrece un seguro adicional que cubre daños corporales y materiales para los pasajeros, precisa Aguilar.

"Existe la posibilidad de evaluar al conductor por su servicio y saber de antemano, gracias a su perfil, si se adapta a tus preferencias, por ejemplo, si es fumador, si habla mucho, si pone música o si viaja con animales", comenta un usuario habitual de estos servicios de taxi alternativo, Javier Lucio.

Uber se queda con un 20 % del beneficio que logra el conductor, reconoce la compañía, que afirma que todos los pagos son "trazables" porque se realizan con tarjetas de crédito y que el pago de impuestos depende del dueño del vehículo.

"Es un acuerdo libre entre ciudadanos que nos permite ahorrar y darle un beneficio al medio ambiente", comenta Pedro Gallego, otro usuario, que considera que además del precio, también es importante la variedad de horarios y distintos puntos de recogida y llegada que ofrecen, sobre todo en viajes de larga distancia.

Gallego reconoce que en alguna ocasión se ha encontrado con un conductor que intenta llenar el coche al máximo aunque el viaje sea incómodo, o que llega tarde, o cambia el punto de salida con poco margen de tiempo, pero asegura que son una minoría.

La máxima instancia judicial griega considera inconstitucional la privatización del agua de Atenas

ATENAS.- El pleno del Consejo de Estado, máxima instancia judicial griega, ha dictaminado que la privatización parcial de la Empresa de Aguas y Saneamiento de Atenas (EYDAP) viola dos artículos de la Constitución griega. 

 

   La sentencia es una respuesta a un recurso presentado por ciudadanos atenienses contra la decisión del Gobierno de trasladar el 34 por ciento de la propiedad de la empresa pública al Fondo de Evaluación de Recursos Públicos de la República Helénica sin recibir nada a cambio.
   Esta privatización incumple los artículos 5 y 21 de la Constitución, por los que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de los ciudadanos y garantizar el derecho a la protección de la salud, según recoge la agencia de noticias griega ANA-MPA.
   Los ciudadanos griegos ya rechazaron el pasado 18 de mayo el proyecto gubernamental de privatización del sistema de distribución de agua y la red de saneamiento de la ciudad de Tesalónica en un referéndum no vinculante en el que más del 98% de los ciudadanos votaron en contra.
   Este proyecto era una de las recomendaciones de austeridad impuestas a cambio del rescate de la 'troika' --Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea (CE) a Grecia--. La consulta no estaba respaldado por la Presidencia ni por una mayoría del Parlamento griego y fue organizada por grupos de la sociedad civil.
   En concreto, el proyecto recibió 94.689 votos en contra, el 98,06% del total, mientras que sólo 1.876 personas votaron a favor de la propuesta, lo que equivale al 1,94% de los participantes en el referéndum.

"Consumimos un planeta y medio", asegura Yolanda Kakabadse, presidenta de WWF

BARCELONA.- La presidenta de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la ecuatoriana Yolanda Kakabadse, ha alertado de que los humanos "estamos consumiendo un planeta y medio", aunque es optimista por el compromiso social que hay en materia ecológica.

"El problema no es la disponibilidad de recursos, sino que los estamos consumiendo de una manera tan abusiva e irresponsable que no alcanza", ha aseverado Kakabadse, pero también ha recalcado que las sociedades "afortunadamente superamos las diferencias cuando compartimos amenazas", como la ecológica.

Kakabadse no considera que la impunidad de muchas de las grandes compañías ante delitos medioambientales contribuya a generar inmovilismo entre la ciudadanía, sino que, por el contrario, "los ciudadanos presionan a sus gobiernos para que sean más activos y, por lo general, los políticos responden".

"Hay una especie de competición entre las ciudades del mundo a ver cuál tiene mejores estándares", ha señalado la activista, quien afirma que ha sido la sociedad civil, mediante oenegés, la que ha liderado los principales cambios en materia de conservación ambiental.

En este sentido, Kakabadse ha apuntado: "Nos hacen falta liderazgos políticos en el mundo entero para volver a elevar al primer nivel los temas de compromisos con el medio ambiente", ya que, a día de hoy, "todo se justifica por la necesidad de responder a una agenda económica 'inmediatista'".

"Necesitamos líderes que piensen en gobernar para el futuro del mundo y que no busquen resultados a corto plazo" porque, ha recalcado, "cuanto menos se invierta en medio ambiente, más crisis habrá".

Sobre los nuevos objetivos marcados por la Comisión Europea para 2030, en los que se incluye rebajar un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, así como producir el 27 % de energía renovable, Kakabadse ha insistido en que "es cuestión de voluntad política".

También para 2030, las Naciones Unidas predicen que la población mundial necesitará, por lo menos, un 35 % más de alimentos, un 40 % más de agua y un 50 % más de energía, unas metas que son posibles, pero que requieren "decisiones políticas", a la par de acciones ciudadanas.

Kakabadse afirma que hay tres aspectos al alcance de los individuos que pueden marcar la diferencia: un uso más responsable del agua y de la energía -como apagar el ordenador por las noches- y controlar el consumo de alimentos, ya que "las pequeñas acciones sumadas, tienen impacto en toda la nación".

"Desperdiciamos un 40 % de la comida que tomamos, así que no podemos hablar de hambre en el mundo si no somos más responsables con los alimentos que arrojamos", ha incidido.

Para Kakabadse es crucial que las propuestas políticas sean claras para que no se generen conflictos, pero "en España y América Latina somos especialistas en no atender el conflicto cuando sale humo y solo hacerlo cuando ya hay fuego".

Entre los retos españoles, la presidenta de WWF ha puesto de relieve las energías renovables, un campo en el que, gracias a la eólica, "España ha sido un ejemplo para todo el mundo", aunque "hacer una parada tan violenta -en inversiones- a un proceso tan constructivo es dañino para su agenda de futuro".

Los promotores del consumo colaborativo en España reclaman una fiscalidad específica

MADRID.- El auge de las plataformas como Airbnb, Meetmeals o Sherpandipity que ponen en contacto a particulares para intercambiar o compartir bienes y servicios, ha generado el debate sobre la necesidad de fiscalizar este comercio colaborativo, para el que sus promotores reclaman en España una regulación específica. 

En determinados sectores como el hotelero, la economía en colaboración se ha encontrado con la oposición activa de una industria a la que le preocupa no tener las mismas "reglas de juego".

"El sentir de la hostelería española es que el consumo colaborativo no es una amenaza, sino una oportunidad, pero es fundamental que tenga unas reglas del juego claras", defiende el abogado Ricardo Fernández Flores en una jornada de debate organizada por Reportarte Noticias y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

Fernández Flores, del despacho de abogados Tourism&Law, acude al encuentro en representación de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) para hacer hincapié en que las web colaborativas no son muy diferentes de agencias de viajes online como Rumbo o Destinia.

Para la industria tradicional el consumo colaborativo se mueve en una zona gris en el que es posible eludir la tributación, puesto que no está gravado con IVA, los particulares no tributan por ejercer una actividad profesional y las responsabilidades empresariales de las plataformas que ponen en contacto a los usuarios son limitadas.

Sus defensores destacan la dimensión transformadora de una economía que creen se complementa con la tradicional y que supone el retorno a un mercado más básico y social, en el que el contacto directo entre particulares elimina toda la cadena de intermediación que muchas veces encarece productos y servicios.

En el mismo encuentro, el responsable de relaciones institucionales de Airbnb, Ángel Mesado, niega que exista competencia desleal y opina que su plataforma es un complemento a la industria clásica, ya que ofrece algo diferente e innovador, razón por la que apela a una regulación específica que tenga en cuenta las peculiaridades de este nuevo tipo de comercio.

Airbnb, de origen estadounidense, cuenta con 600.000 anuncios de habitaciones y casas de particulares en 35.000 ciudades de 192 países y, consciente de las reticencias que ha generado en la industria hotelera, mantiene una actitud activa con las administraciones a nivel local.

"Cuanto más hablamos con las administraciones mejores soluciones encontramos", dice Mesado, que explica que en algunas ciudades europeas ya se está regulando la figura del alquiler privado, si bien admite que es un fenómeno demasiado nuevo como para que las autoridades se atrevan a hacer una normativa específica.

En este sentido, el experto en economía colaborativa, Luis Tamayo, apela a una fiscalidad que tenga en cuenta no sólo el impacto económico, sino también el impacto social y el medioambiental de plataformas que no ponen a la venta un servicio más, sino que generan comunidad y valores, además de impulsar la economía local.

Quienes promueven la economía en colaboración reconocen que la crisis ha ayudado a su expansión, pero hacen hincapié en que la escala se la ha dado internet y el surgimiento de una demanda a la que no le vale la oferta tradicional y que busca otras experiencias en las que prime la sostenibilidad, la cooperación y la vuelta a lo local por encima de lo global.

"Lo que la gente compra son experiencias, aunque también se busque ahorro, y las plataformas de consumo colaborativo son las facilitadoras", señala Tamayo, que destaca que en este comercio los recursos pertenecen a particulares no a empresas, por lo que se trata de una economía de microemprendedores.

Mesado subraya que, de acuerdo con datos de Airbnb, el 60 % de los particulares que alquilan utiliza los ingresos para afrontar gastos básicos como el pago de la hipoteca o la alimentación, y que en ciudades como Barcelona el ingreso medio por persona supone 221 euros mes, con un impacto global sobre la economía de la ciudad de 128 millones de euros en 2013.

Los consumidores españoles denuncian la nueva factura eléctrica ante Bruselas

MADRID.- La asociación de consumidores Facua anunció el jueves que ha denunciado ante Bruselas el nuevo sistema para fijar la factura de la luz en España al considerar que vulnera diversas directivas comunitarias.

La organización, que confía en que "la Comisión Europea intervenga expedientando a España y se produzca la paralización del caótico modelo tarifario impuesto", dice que las fórmulas utilizadas atentan contra los derechos de los usuarios y contravienen las directivas sobre cláusulas abusivas.
La organización de consumidores considera que el hecho de que el nuevo Real Decreto contemple tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración genera una "clara discriminación entre los consumidores".
Además, recuerda que la directiva europea sobre normas para el mercado interior de la electricidad establece que los estados apliquen precios "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
También critica que el nuevo esquema tarifario incluye variaciones sustanciales de precios sin informar con anterioridad al consumidor.
Asimismo, advierte que la norma sobre abuso de mercado considera abusivas cláusulas que tengan por objeto estipular que el precio se determine en el momento de entrega o permitir al proveedor aumentar los precios sin que el consumidor tenga derecho a rescindir el contrato si el precio final es muy superior al convenido al inicio del contrato.
El viernes pasado, el Gobierno español aprobó un nuevo sistema para tarificar la parte variable del recibo eléctrico, que ya no tendrá en cuenta el resultado de las subastas trimestrales Cesur y estará vinculada al precio diario del mercado mayorista.
El nuevo recibo que determinará lo que pagan por la luz 17 millones de usuarios despierta recelos entre expertos del sector y consumidores porque menos del 20 por ciento de los contadores son digitales y porque el usuario no sabrá de antemano el precio que pagará por un servicio que comienza a ser un lujo para muchos españoles castigados por la crisis.
Las altas tasas de paro y la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación salarial han provocado que los recibos de electricidad y gas tengan un peso creciente en los gastos familiares, extendiendo el fenómeno conocido como pobreza energética.
Un informe divulgado la semana pasada por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA puso de manifiesto que el 17 por ciento de los hogares, o más de 7 millones de españoles, tuvieron problemas para pagar su factura energética en 2012, mientras que el 9 por ciento (cerca de 4 millones) fueron incapaces de mantener su casa en condiciones de climatización adecuadas.

Siete millones de españoles tienen dificultades para pagar el recibo de la luz, el 17% de los hogares

MADRID.- Hasta siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tienen dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir estos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío, según el segundo informe 'Pobreza energética en España. Análisis de tendencias' de la Asociación de Ciencias Ambientales (CAC).

El estudio, que arroja una fotografía de la pobreza energética en 2012, considera que esta situación se produce cuando un hogar es incapaz de hacer frente a los servicios de energía necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y/o cuando está destinando para ello un alto porcentaje de sus ingresos.

   La CAC apunta que la crisis y el desempleo, que ronda el 26% y que, según la mayoría de las previsiones, se mantendrá cerca del 25% al menos hasta 2015, han agravado esta situación en los últimos años. En paralelo, recalca que entre 2008 y 2012 han aumentado los costes de la energía un 30%.

   Así, señala que las familias que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de los recibos energéticos han aumentado un 34% en los dos últimos años por el efecto de la crisis y el desempleo, mientras que el número de personas que aseguran que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado un 50% entre 2008 y 2012, y un 19% sólo en los dos últimos años.

   Estos datos sitúan a España como el cuarto país de la UE con más personas en situación de pobreza energética, de entre un total de 54 millones de afectados en los países de la unión.

   El informe se refiere de forma expresa a los efectos del paro en términos de pobreza energética y concreta que uno de cada tres hogares (34%) que la padece, alrededor de 1,2 millones personas, frente al 14% registrado en 2007. Ello supone un incremento del 142% en cinco años de crisis.

   Asimismo, los jubilados que también se encuentran con dificultades para pagar el recibo de la luz y que no pueden calentar sus hogares ha pasado del 13% al 21% en este mismo periodo.

   Como consecuencia de la pobreza energética, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen cada año el 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas, por ejemplo. Tomando esta tendencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes adicionales en invierno, más de 7.000 de estos fallecimientos se habría producido por esta razón.

   Para combatir el aumento de la pobreza energética la CAC propone, entre otras cuestiones, la redefinición del actual bono social como medida "paliativa", la involucración de todos los actores implicados en su solución con un horizonte en el medio y largo plazo y la apuesta en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño.

   En este punto, el director académico del estudio, Sergio Tirado, ha señalado que "la rehabilitación de viviendas ataca la raíz del problema", que es la escasa eficiencia energética de los hogares, como demuestra el hecho de que los hogares más vulnerables a la pobreza energética habitan en viviendas provistas de envolventes térmicas o de sistemas de calefacción de baja eficiencia energética.

Las ventas de Coca-Cola en Madrid han caído en torno a un 40%

MADRID.- Las ventas de Coca-Cola en Madrid han caído en torno a un 40 por ciento en la primera semana de huelga de los trabajadores de la planta embotelladora de Fuenlabrada, según ha afirmado un miembro del Comité de Empresa. 

   Así lo ha explicado el portavoz de los trabajadores que se han reunido con el coordinador general de IU Madrid, Eddy Sánchez, y con el portavoz del Grupo Parlamentario IU-LV en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, y miembro del Comité de Empresa de Casbega, Francisco Bermejo.

   Bermejo ha dicho que la respuesta del consumidor está siendo "tan grande" que algunos bares están dejando de servir Coca Cola mientras dure el conflicto, y que "está saliendo de ellos".

   Asimismo, ha indicado que la última encuesta llevada a cabo por las consultoras en Velázquez, Serrano, Manuel Becerra y Pueblo Nuevo, "daba una pérdida del 27 por ciento de la venta" en la primera semana, y que el jueves ya se hablaba de un 40 por ciento.

   "No sabemos si es el 40, el 30 ó el 28 por ciento, no tenemos los datos, lo que sí que es cierto es que la población de Madrid, todos los consumidores, están dando tal apoyo que sí que es posible", ha agregado Bermejo, quien ha señalado que "esa sensibilidad no había estado nunca".

   Bermejo ha explicado que los trabajadores de Coca Cola están tratando de buscar apoyo por parte de la sociedad y los partidos políticos para que apoyen un conflicto que, a su juicio, "es injusto a todas luces". En este sentido, ha argumentado que "todas las empresas del grupo, que eran siete embotelladoras, tienen beneficios".

   "Nosotros entendemos que esto es una aplicación de la reforma laboral y una especulación pura y dura del mundo empresarial actual", ha señalado. Según Bermejo, la empresa no alega causas económicas sino organizativas para justificar el ERE, que dice es "consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la compañía Coca-Cola a nivel mundial", por el que tiene que duplicar los beneficios entre 2010 y 2020.

   Bermejo ha afirmado que van a despedir a 1.253 trabajadores en España y a 581 en Fuenlabrada, según los datos a diciembre de la plantilla. "Si se cierra la fábrica, en teoría están afectados todos", ha precisado sobre el caso de la planta de Fuenlabrada.

   En cuanto a las 500 recolocaciones de las que habla la empresa, Bermejo ha asegurado que en realidad el trabajador es despedido y pasa a una bolsa de empleo. "El trabajador que ahora despiden tiene que pasar a hacer una oposición para ocupar otro puesto. Eso no es una recolocación, eso es una trampa", ha aseverado.

   En cuanto a las negociaciones, Bermejo considera que "están esperando que se acabe el plazo porque negociar no se está negociando" y "lo único que han ampliado" es la indemnización hasta 30 días por año hasta un máximo de 18 meses.

   Respecto al cierre de la planta de Fuenlabrada, el representante de los trabajadores ha afirmado que "es un destrozo del empleo a nivel de la Comunidad de Madrid" y que "no tiene ninguna lógica desde el punto de vista empresarial, porque los centros de producción tienen que estar cerca de donde está el consumo".

   "El consumo de Madrid es el más importante de Europa porque la renta per cápita por consumidor de Madrid es la más alta de Europa", ha apuntado, a lo que ha agregado que "Madrid tiene un consumo aproximadamente de 110 millones de cajas al año, cajas unidad", compuestas por 24 botellas de vidrio rellenables de 200 ml.

   Bermejo ha dicho que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada no saben qué va a pasar con las instalaciones, pero cree que "puede ser que la reabran después con salarios de 800 euros". En este sentido, ha dicho que el cierre es un "problema social", porque "Casbega era una fuente de empleo y de bienestar".

   "Ahora trabajar en Coca-Cola va a ser igual que trabajar en una empresa que no tiene ningún poder económico ni tiene ninguna posibilidad de dar a los trabajadores un estado de bienestar como teníamos nosotros", ha agregado, al tiempo que ha advertido de que "si Coca-Cola puede hacer esta locura, la puede hacer cualquier empresa".

Facua denuncia al Gobierno español en Bruselas por incumplir la directiva de electricidad

MADRID.- FACUA ha denunciado al Gobierno de España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, ya que en su opinión no garantiza la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables". 

En su denuncia, FACUA advierte de que tanto el actual Gobierno como el anterior no han garantizado la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad "razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". Así lo establece el artículo 3 de la Directiva 2009/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la UE.

En un comunicado, FACUA recuerda que en su artículo 3.7 la directiva plantea que "los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables". También establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general".

La realidad, expone FACUA, es que el Gobierno de España no tiene ninguna medida que proteja realmente al consumidor vulnerable y que, cada año, aumenta el número de familias excluidas del suministro energético.

En su denuncia, FACUA argumenta que "la única medida supuestamente orientada a la protección de los consumidores vulnerables" del Gobierno español ha sido el bono social, "cuyas características no responden realmente a los objetivos fijados en la Directiva, ya que su tarifa no resulta realmente reducida ni da cobertura a un número suficiente de usuarios en situación de vulnerabilidad".

Para FACUA, el bono social deja fuera a multitud de familias con bajísimos recursos y resulta considerablemente elevada, "tanto por la penalización por el consumo de más de 500 kWh como por el precio del kW y kWh fijados en ella".

La organización explica en la denuncia que el 18% de familias de España no consiguen alcanzar una temperatura cálida en sus hogares durante los meses invernales.

Los hogares españoles recuperan el consumo por primera vez en la crisis

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el consumo doméstico, que estaba paralizado por el impacto de la crisis, se recupera, según los últimos datos a fecha de septiembre que registran un aumento del volumen de un 0,9 % y en valor de un 2,4 %.

Así lo ha indicado Arias Cañete en la presentación en Madrid del Anuario de la Alimentación 2012, elaborado por Mercasa, donde ha considerado que los últimos datos de septiembre son una señal de que los hogares están recuperado niveles de consumo.

Por su parte, el presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, ha indicado en su intervención que el sector contribuye a la creación de valor y tiene impacto en el empleo y en la calidad de vida.

Ameijide ha hecho hincapié en que la producción, transformación y distribución de los productos alimentarios están sometidos a procesos de cambio, como la globalización o las innovaciones tecnológicas.

Por ello, ha remarcado la necesidad de prestar atención a las señales que envían los consumidores, que en los últimos años han dado una importancia creciente al factor precio, a la calidad, la proximidad y los alimentos frescos.

Arias Cañete, por otro lado, ha recordado que el sector agroalimentario está siendo netamente exportador y tiene un potencial de crecimiento importante no sólo en el mercado nacional sino también en el exterior, "donde España es el octavo país del mundo exportador de productos agroalimentarios.Se trata de un sector -tanto el productor como la industria- en el que "el Gobierno va a concentrar todos los esfuerzos para que sea muy dinámico y tenga un potencial de crecimiento más importante", ha añadido.

En ese sentido, ha aludido al apoyo conseguido en Bruselas para el sector primario, con cerca de 48.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.Su Departamento ha puesto en marcha una serie de medidas legislativas y de estrategias para que el sector sea más dinámico, y entre ellas ha citado el fomento de la integración cooperativa a partir del 1 de enero: "Cuando tengamos todos los mecanismos presupuestarios nuevos en marcha, fomentaremos las entidades asociativas prioritarias y las cooperativas de más dimensión".

Otras medidas puestas en marcha son el Plan de internacionalización para las empresas agroindustriales, así como trabajar para abrir más mercados de exportación y eliminar barreras para que los productos españoles puedan tener acceso a mercados de terceros países.

"En estos momentos este sector está siendo el más dinámico de la economía española en términos de crecimiento económico y de creación de empleo", ha insistido.

Si se tiene en cuenta todas sus fases -producción, transformación, comercialización y distribución-, es responsable del 8,3 % del PIB nacional (muy por delante de sectores industriales como el automóvil) y emplea a más de 2 millones de personas.

En relación con el anuario, ha resaltado que muestra que el valor de la producción de la rama agraria (PRA) ascendió en 2012 a 43.151 millones de euros (en términos corrientes), lo que supuso un aumento en valor del 4,3 % respecto a la campaña anterior, y en términos netos, la Renta Agraria (RA) subió a 22.722 millones de euros, un 2,4 % más.

En cuanto a las cifras de la industria alimentaria, las ventas netas de productos fueron de 86.298 millones de euros y el número de empresas, al cierre de 2012, de 29.196.

Arias Cañete ha destacado que se han recuperado los datos del consumo extradoméstico que fueron suprimidos por el anterior gobierno, y que demuestran que en 2012 el gasto se redujo un 4,1 %, las visitas realizadas en hostelería bajaron un 2,9 %, y el tique medio disminuyó un 1,2 %, con una media de 4,84 euros.

Ha calificado de llamativo el hecho de que el número de visitas en la hostelería sólo creciera en las que incluyeron a menores de 9 años (un 8,3 %), mientras que el resto de colectivos las redujo, especialmente los mayores de 65 años, (un 7,7 %).

Casi 300.000 consumidores españoles se unen para pagar menos por la luz

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha conseguido en solo dos semanas que cerca de 300.000 consumidores se unan a su plataforma para comprar energía de manera mayorista y negociar el precio con las comercializadoras.

Hasta el 14 de octubre cualquier persona puede apuntarse al grupo de compra en una página web quieropagarmenosluz.org . Dos días después, la OCU celebrará una subasta en la que podrán participar todas las comercializadoras que deseen suministrar energía a toda esa masa de clientes y ganará la que ofrezca el precio más bajo. 

El 4 de noviembre se comunicará a los consumidores el nombre de la empresa ganadora, que pueden ser dos si también se decide aceptar una oferta por el servicio conjunto de electricidad y gas, y se detallará a cada uno de los clientes cuánto pueden ahorrarse. Si el interesado lo ve adecuado, dará su aceptación y la comercializadora podrá cerrar con él el contrato.

“La situación actual del mercado energético es poco beneficiosa para los consumidores. Desde la llamada liberalización en el año 2003 apenas nada ha cambiado. Las mismas compañías de entonces son las que reparten el mercado ahora”, afirma la OCU, que añade que la cuota de mercado de las pequeñas compañías (sin actividad de distribución) se ha reducido al 2% y la competencia entre las grandes compañías tampoco ha animado suficientemente el mercado. El 70% de los clientes mantiene como comercializadora la misma compañía que le distribuye la electricidad.

Todo ello, según la OCU, con unos incrementos continuados en la factura de la luz que rondan el 60% desde el año 2007 y sin que esas continuas subidas hayan evitado que las compañías de luz tengan además reconocida una deuda de 28.000 millones de euros que los consumidores deberemos abonar en los próximos años.

La asociación de consumidores admite que por el momento es difícil determinar el ahorro que se logrará, y de que algunos perfiles de clientes quizá no logren una oferta mejor a la actual, pero en algunos países europeos se ha conseguido reducir la factura anual en 200 euros y que, de forma "soprendente", en Portugal se ha creado una plataforma de 600.000 miembros, con rangos de ahorro de entre 15 y 80 euros al año.

Los consumidores discrepan sobre fin de la fecha de caducidad

MADRID.- Las asociaciones de consumidores CECU y FACUA han valorado de manera diferente a la desaparición de la obligación de que los yogures tengan fecha de caducidad, fijada 28 días después de su fabricación, aunque se han mostrado de acuerdo en la necesidad de evitar el desperdicio de productos.

   El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, ha valorado la noticia positivamente "siempre que el cambio esté avalado por comités científicos e instituciones sanitarias, y no dañe la salud". "Hay que revisar las fechas de caducidad y consumo preferente cada cierto tiempo porque las investigaciones en materia de seguridad alimentaria avanzan día a día", ha señalado. Además, ha destacado la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, cuyos datos son "desmesurados".

   En la misma línea, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado que "el Gobierno debería prohibir a la industria alimentaria que tiraran excedentes a la basura". Por este motivo, ha pedido "sancionar" a los infractores o poner en marcha "una imposición legal o prohibir echar comida a la basura", entre otras demandas.

   En cualquier caso, ha afirmado que la eliminación de la fecha de caducidad "genera inquietud y preocupación por cómo se está haciendo esto".

 "No sabemos si a los consumidores se nos está tomando el pelo, porque se decía que no se comiera un yogurt después de 28 días y ahora sí. No sabemos si se ha estado provocando que tiráramos comida y beneficiáramos así a la industria o si ha cambiado la forma de hacer yogures", ha explicado. "Al consumidor no le beneficia y a la industria sí", ha apostillado.

Lanzan el primer comparador online que ayuda al ahorro diario de familias y empresas

SEVILLA.- Una serie de emprendedores andaluces han puesto en marcha un comparador por Internet que se caracteriza por ser "el más completo del sector", de forma que la web, www.comparadortotal.com, nace con el objetivo de "ayudar a las familias y empresas en su ahorro diario tanto en la factura de luz, como de teléfono, pasando por seguros, compras, viajes y, próximamente gas". 

   Según indica la empresa en una nota, su funcionamiento, muy intuitivo y bien segmentado, está pensado para que "todo tipo de personas y de cualquier edad puedan realizar sus comparativas".

   Según uno de los creadores del portal, el empresario Álvaro Arostegui, "la idea surgió cuando, al igual que muchas personas del país, intentamos ahorrar en los gastos diarios de nuestros hogares y empresas".

   De esta forma, según ha explicado, analizando los gastos comunes, "decidimos crear un comparador que aglutinase el máximo de ellos".

 "Comparar es excelente porque realmente lo que quieres es pagar lo mínimo por un servicio de primera necesidad, por el servicio que te hace falta", añade.

   Agrega que es "la primera web en España que lleva a cabo la comparación de tarifas de las diferentes compañías eléctricas que existen en el mercado; una herramienta que, ante el desconocimiento por parte de los consumidores de la diferencia de precios existentes entre unas empresas y otras, se vislumbra como un gran aliado para contener los gastos económicos que produce el consumo", dice Arostegui.

   En este sentido, el creador del portal destaca que "desde que la competencia aumentó en este sector, apenas ha habido movimientos de clientes entre las compañías, todo lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones".

   "No hay en la red comparadores tan completos como 'comparadortotal.com', donde las facturas elevadas, tanto en empresas como en particulares, pueden llegar a obtener un ahorro considerable", señala Arostegui, quien apunta que "familias que consumen de media unos 796 euros anuales (67 euros al mes aproximadamente) pueden llegar a ahorrarse cerca de 75 euros al año, lo que supone algo más de una mensualidad".

   Por otro lado, este comparador también ayuda a las empresas, no sólo grandes sino pymes  en su ahorro energético, ya que en la web existen dos pestañas diferenciadas, la de hogar y la de empresas. Para estas últimas, al tener un consumo mayor, el ahorro es superior.

   Precisa que, por ejemplo, una empresa que consume cerca de 600 euros mensuales de media, lo que supondría unos 7.600 euros anuales, puede llegar a ahorrarse más de 700 euros al año.

   "En la sección de energía se puede distinguir entre hogar y empresa, el tipo de tarificación horaria que tiene y, a partir de ahí, se le piden los datos de la última factura. En base a esos datos, se calculan los precios y se muestra un ahorro anual estimado", explica el empresario.

   Además, desde el mismo portal existe la opción de cambiar en ese momento de compañía "de una manera rápida y con la tarifa idónea".

   En cuanto al sector de la telefonía, en 'comparadortotal.com' existen varias posibilidades. Puedes ver las distintas opciones que hay en telefonía fija y ADSL, móvil, tablets e Internet.

   Precisa que dentro de la telefonía móvil se puede escoger el móvil que quiera con la mejor tarifa y precio, elegir la tarifa plana que más interese y comparar con tu factura el ahorro que tendrías con otros operadores.

   Asimismo, también ofrece soluciones varias como el seguro de los terminales, canjear puntos o renovarlos entregando su móvil antiguo.

   Los servicios de 'comparadortotal.com' incluirán próximamente a las compañías de gas dentro de la web, de forma que, según explica

Arostegui, "también estamos desarrollando el comparador del gas, pero aún trabajamos en ello para mejorar la comparativa, pues al poder formar dúo con la electricidad las combinaciones se multiplican, así como los problemas para los usuarios a la hora de leer sus facturas, esto es, facturas de gas y electricidad, de sólo gas, de sólo electricidad".

   "Hace años nadie compraba sus viajes a través de Internet y, mucho menos, los seguros, sin embargo, hoy en día el panorama es radicalmente distinto y las compras a través de la red se han disparado y, en gran medida, gracias a estos comparadores", ha aseverado este empresario, quien apunta que "en breve iremos ampliando a más comparadores".

Un tercio de la comida mundial acaba en el cubo de la basura

MADRID.- Supermercados, hogares, agricultores, consumidores... Más de un tercio de la comida que se produce en el mundo acaba en el cubo de la basura. Las consecuencias de este desastre no son gratuitas y tienen una conexión directa con la malnutrición en los países pobres y el deterioro del Medio Ambiente. Todas estas malas prácticas del ser humano contemporáneo son analizadas al detalle en el libro «Despilfarro» (Alianza Editorial) del investigador y activista Tristam Stuart.

La comida se acaba desperdiciando por el sentimiento de opulencia occidental que nos lleva a almacenar y cocinar más de lo que necesitamos. Tristram Stuart, que presenta su libro esta semana en Barcelona, ilustra este «crimen» con un ejemplo: «España tiene en sus supermercados más del 58% de los productos requeridos para suplir las necesidades nutricionales de la población. Una gran mayoría de estos excedentes se tiran», explica al periódico 'Abc', de Madrid.

Si relacionamos el desecho de artículos de los supermercados con la hambruna, obtenemos que con lo que un gran establecimiento tira en un día se podría alimentar a más de 100 personas, según se explica en «Despilfarro». La acción de no acabar el plato también influye en el aumento de los precios. Si aumenta la demanda de cereal, como ocurrió en el año 2008, sube a la vez su coste y la dificultad de los pobres del mundo para poder comprarlo.

 «Solo en los hogares del Reino Unido se tira a la basura suficiente grano (principalmente en forma de pan) como para aliviar el hambre de 30 millones de personas», escribe Stuart en su obra. «El despilfarro indirecto de los cereales empleados para producir la carne y los productos lácteos, el número total de personas que habrían dejado de pasar hambre asciende a 113 millones», añade.

El impacto medioambiental también es notable. Al ser mayores las peticiones de adquisición de alimentos, aumentan también los suelos destinados al cultivo. Cada vez se utilizan más áreas de superficie terrestre para producir pienso para el ganado y a la vez obtener carne y leche. Stuart cita al Amazonas, donde «la agricultura se está extendiendo a costa de valiosos ecosistemas».

«Las fechas de caducidad no protegen al consumidor, sino a las compañías alimentarias de meterse en problemas legales», asegura tajante Stuart. «Se utilizan amplios márgenes de error al calcular con qué rapidez se va a estropear la comida», asegura.

A ello se une la confusión del consumidor que en muchas ocasiones deposita en el contenedor productos que se encuentran «caducados» pero que no están todavía en mal estado. «El Reino Unido ha dado un paso adelante al recordar a la industria alimentaria que la directiva sobre el etiquetado de la Unión Europea insta a no crear confusión en los consumidores» asegura Stuart, quien cree que los consumidores no saben cómo interpretar advertencias como las de «usar antes de», «mejor antes de» o «utilizar alrededor de», entre otras.

Para atajar el problema del despilfarro el papel de los gobiernos es fundamental. Noruega ha aprobado recientemente que las empresas alimentarias informen sobre la cantidad de comida que tiran. «Esta medida ayudará a que las compañías aprendan unas de otras sobre como reducir los desechos y aumentará la transparencia de sus actos», afirma el investigador.

«Un activista que practica el 'freeganismo'»

Tristram Stuart, investigador asociado del Centro de Historia Medioambiental de la universidad de Sussex y escritor, ha recibido el Premio Sophie de Medio Ambiente 2011 por su lucha contra el despercidio de comida. Stuart es además un activista que practica el «freeganismo», es decir, se alimenta de lo que depositan los supermercados en los cubos de basura «para denunciar el escándalo del despilfarro», según cuenta a 'Abc'.

«De todos modos, no creo que esto sea la solución al problema. De hecho, el objetivo principal del ‘freeganismo’ es intentar que ser ‘freegan’ se convierta en algo imposible al conseguir que las compañías dejen de tirar comida a los contenedores», puntualiza.

Para escenificar de modo real la cantidad de comida que se tira, Stuart ha organizado el evento «Alimentar a 5.000» que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en Londres, en Trafalgar Square. Stuart y sus colaboradores repartirán de forma gratuita comida para 5.000 personas. Todos los platos estarán elaborados a partir de los productos que tiran los establecimientos alimentarios en el Reino Unido.