MADRID.- El PP ha rechazado este jueves en el Pleno del Congreso la propuesta de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de abolir de golpe en España más de 9.000 aforados aprovechando la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) que va a dar protección jurídica a Don Juan Carlos y parte de la Familia Real. La iniciativa del partido que lidera Rosa Díez ha contado con el apoyo de Izquierda Plural y BNG, mientras que el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos se han abstenido.
Aprovechando esa reforma puntual de la Ley del Poder Judicial para adaptar a los profesionales de la Justicia a la racionalización del sector público, la misma que el PP ha usado para aforar a Don Juan Carlos y parte de la familia real tras su abdicación, UPyD registró dos enmiendas a destinadas a empezar la supresión de aforados de tal manera que sólo se quedaran, por el momento, los miembros del Gobierno y los diputados y senadores que, como están 'blindados' por la Constitución, no se pueden eliminar de golpe.
La formación magenta sostiene que el aforamiento es un "privilegio" que además provoca importantes disfunciones en la labor de la Justicia y obstaculiza la lucha contra la corrupción política", y asegura que en la mayoría de los países de nuestro entorno esa figura ya no existe o ha sido erradicada.
En concreto, proponía suprimir de la Ley del Poder Judicial las menciones a los aforamientos que corresponde tramitar al Tribunal Supremo, principalmente jueces y fiscales. Sólo quedarían, por tanto, los aforados que recoge la Constitución, que son los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, y ello es así porque no se puede cambiar su estatus "en tanto no se acometa la oportuna reforma constitucional".
UPyD aseguraba en la justificación de sus enmiendas que, en un Estado "que se define como social y democrático de Derecho", no tienen cabida "los privilegios, como ocurre con el caso de la figura del aforamiento. "No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país --añadía--. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros nuevos".
En defensa de las enmiendas, la diputada Irene Lozano ha abogado por terminar con "una justicia cómoda y rápida para cargos públicos y otra más cara y lenta para el común de los mortales". "La ley no puede ser un traje a medida hecho para cada persona", ha añadido.
En una reciente respuesta parlamentaria a UPyD, el Gobierno ya avisaba de que no se puede acabar con los aforamientos de golpe. Según explicaba, la mayoría de los aforados existentes "se deben a la estructura compleja" del Estado y que el Ejecutivo no puede modificar ese escenario unilateralmente porque, afecta, entre otros caso, a los estatutos de autonomía.
Y tampoco se pueden cambiar con una ley los aforamientos que están previstos en la Constitución y que afectan a los 350 diputados y más de 200 senadores, y los miembros del Gobierno de la Nación, recordaba.
Es decir, que "si se quieren reducir los aforamientos en proporciones significativas, no queda más remedio, pues, que una reforma del marco político-jurídico con carácter general, empezando por la Constitución, siguiendo por los Estatutos de Autonomía y terminando con la Ley del Poder Judicial, ya que, "por motivos cuantitativos, esa poda tendría que afectar sobre todo" a jueces y fiscales.
Según el Gobierno, toda esa 'revolución' legislativa parece "muy poco oportuna en la actual coyuntura", y menos aún quitar la protección a los jueces y fiscales que están "a la vanguardia en la lucha contra la corrupción".
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