MADRID.- La Audiencia Nacional estudiará el próximo mes de julio la querella presentada por el partido Soberanía contra don Juan Carlos de Borbón y el expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros, por su
presunta participación en la denominada 'trama civil' del golpe de
Estado del 23-F, informaron hoy fuentes jurídicas.
La Sección Segunda
de la Sala de lo Penal había fijado para este martes la deliberación
sobre el recurso que la formación, liderada por el abogado José Luis
Mazón, había presentado contra la inadmisión de su primera querella, que
fue rechazada por el juez Santiago Pedraz.
Sin
embargo, los
magistrados no han abordado el fondo de la cuestión porque también
tendrán que estudiar una ampliación de la querella que fue rechazada a
comienzos de este mes de junio por el juez instructor argumentando que
Don Juan Carlos seguía siendo inviolable hasta que las Cortes Generales
aprobaran la ley orgánica que regula su abdicación de la Corona.
La
querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la
escritora Pilar Urbano en su libro 'La gran desmemoria', también está
dirigida contra el exdiputado socialista Enrique Múgica y el antiguo
político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la
ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el Rey para
comunicar su abdicación.
El titular del Juzgado Central de
Instrucción número 1 rechazó en ambos casos la acción penal interpuesta
argumentando que no existen indicios delictivos en la actuación de los
querellados y que, en todo caso, el delito de rebelión que se atribuye
habría prescrito.
"En lo
que se refiere a la inviolabilidad de la
figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley
Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación
institucional y procesal no se ha modificado", señalaba el juez.
La
Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su
"inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el
23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora
investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años
desde que acaecieron".
La querella sostenía, a partir de lo
publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en
falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya
que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba
formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".
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