PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3
de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción
del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado
mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de
capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez
abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el
banquillo de los acusados.
Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a
procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que
Iñaki Urdangarin sea juzgado. Se trata de una resolución contra la que
cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como
de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-.
En concreto, Castro considera a la Duquesa cooperadora necesaria de
los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que
su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta
un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los
años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son
propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como
rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de
entidades privadas por su condición de consejero asesor.
Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el
objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio
Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el
esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos
profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon
era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario
dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de
las Administraciones públicas.
En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña
Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos
presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de
Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su
vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.
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