MADRID.- El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, acusa al Gobierno Rajoy de
practicar el "sadismo" hacia los parados mayores de 50 años por las
trabas que les ha puesto para "dificultar" su acceso a la jubilación
anticipada.
Así se pronuncia el diputado de ICV en relación con la información
de que unas 35.000 personas que fueron despedidas antes del 1 de abril
de 2013 sin estar incluidas en despidos colectivos y que tienen
convenios especiales individuales con la Seguridad Social no podrán
jubilarse anticipadamente con 61 años, sino que deberán esperar a los 63
en virtud de la nueva regulación que se aprobó el año pasado.
Según ha publicado Coscubiela en su perfil personal de Twitter, las "barbaridades" puestas en marcha por el PP
con la reforma de la jubilación anticipada "parecen estar guiadas por
una mente sádica".
"El sadismo del PP con los parados mayores de 50 años
no tiene límites. Se les reduce la prestación desempleo y se les
dificulta jubilación anticipada", añade en otro comentario.
Y es que en la reforma de la jubilación anticipada aprobada el
año pasado, que elevó en dos años la edad mínima para optar a esta
modalidad, se estableció un periodo transitorio hasta 2019 durante el
que los afectados por despidos colectivos o quienes hubieran sido
despedidos antes del 1 de abril de 2013 y luego no hubieran vuelto a ser
dados de alta podrían acogerse a las condiciones anteriores, es decir, a
la jubilación anticipada a los 61 años.
Sin embargo, los despedidos de forma individual hasta el 1 de
abril pasado que han mantenido un convenio individual con la Seguridad
Social son considerados a todos los efectos como trabajadores en alta,
por lo que no se les podía aplicar la anterior normativa sino que deben
esperar hasta los 63 años para jubilarse.
Un aspecto que no había sido aplicado de forma homogénea en todos
los casos, por lo que el pasado mes de junio la Dirección General de la
Seguridad Social emitió una nota en la que se aclaraba este extremo,
apelando a una orden de 2003.
La consecuencia, por tanto, es que unas 7.000 personas al año
hasta 2019 --es decir, unas 35.000-- no podrán optar a la jubilación
anticipada a los 61 años, sino que deberán esperar dos años más. En
cualquier caso, desde el Ministerio de Empleo aseguran que no todas
estas personas que fueron despedidas antes del 1 de abril de 2013 tienen
intención de jubilarse anticipadamente, y que la mayoría son altos
directivos que salieron de grandes empresas y que cuentan con pensiones
máximas.
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