MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción rechaza por el momento que
las distintas investigaciones abiertas a miembros del clan Pujol que se
tramitan en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona (contra el
expresidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola), en la
Audiencia Nacional (contra su hijo Jordi Pujol Ferrusola,
y su exmujer Mercè Ginorès) y en la propia Fiscalía contra Oleguer
Pujol lleguen a acumularse algún día en un único procedimiento.
Fuentes de Anticorrupción señalan que hay que tener en cuenta que las investigaciones son aún muy incipientes,
afectan a hechos muy concretos y diferentes en cada caso y no existe
por el momento ningún punto de conexión. En todo caso la existencia de
un eventual "macroproceso" contra los Pujol iría en contra de la
agilidad de las investigaciones
En contra de esta postura se ha
venido manifestando Manos Limpias, que presentó la querella contra Jordi
Pujol y su esposa en Barcelona y ha solicitado personarse en la que
desde hace meses instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
contra el primogénito del expresidente de la Generalitat y su esposa
Mercé Gironés por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la
Hacienda Pública.
Según señaló el secretario general del sindicato, Miguel Bernad a principios del pasado mes de agosto "los dos casos están conectados"
ya que "en el entramado societario de Jordi Pujol hijo está metido el
padre". Por esta relación tan estrecha, desde el sindicato sopesan que
en el caso de que la juez de Barcelona inicie actuaciones contra Jordi
Pujol la causa pueda unirse finalmente a la que instruye el juez Ruz.
La
querella presentada por Manos Limpias ante la juez de instrucción
nº 31 de la ciudad condal ha sido admitida a trámite. Contra esta
decisión recurrió el abogado del expresidente, Cristóbal Martell, y que
está pendiente de ser confirmada tras recibirse el escrito del
Ministerio Público, cuyo contenido es contrario a las impugnaciones del
letrado.
Manos Limpias presentó querella contra Pujol y Ferrusola por
presuntamente defraudar hasta 3.000 millones de pesetas --unos 18
millones de euros-- y cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones
durante los 23 años en los que el político dirigió la administración
catalana. El asunto ha sido encargado al fiscal anticorrupción Alejandro
Luzón, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.
El
sindicato calcula que el dinero defraudado por la familia con la
comisión continuada de los delitos contra la hacienda pública, blanqueo,
malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental
oscilaría entre los 10 y los 18 millones de euros, y pide que se cite a
declarar al matrimonio en calidad de imputados, y a sus hijos Jordi,
Oleguer, Oriol y Marta como testigos.
En la querella se recoge
también que varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y
Financiera (Udef) de la Policía Nacional --a la que pide que se
incorporen a la causa-- reflejan que se detectaron 137 millones de euros
en una sola cuenta y que "CiU se quedaba con el 4 por ciento de cada
obra o servicio que concedía a empresas privadas: de ese peaje el 2,5
por ciento se empleaba para financiar a CDC, y el otro 1,5 por ciento
acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol)".
También argumenta que la unidad policial atribuye gran parte del dinero detectado en diversos paraísos fiscales al "cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del ejecutivo autonómico catalán entre 1980 y 2003".
Se
describe también que empresas de la familia de Jordi Pujol padre
mantuvieron negocios con la Generalitat y obtuvo adjudicaciones: la
empresa Hidroplant, de Marta Ferrusola; la consultora ambiental Entorn,
de la familia; el despacho de arquitectura de Marta Pujol y las
sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer.
Por
lo que respecta a la investigación de Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola,
este lunes se ha conocido que la juez de Andorra que tramita la petición
de información solicitada por el titular del Juzgado Central de
Instrucción nº 5 ha advertido de que sólo colaborará con la justicia
española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va
asociado a otros de corrupción.
Así consta en un auto dictado por la magistrada el pasado 28 de agosto en el que la juez admite a trámite la comisión rogatoria que Ruz cursó el pasado 29 de julio
para solicitar los datos bancarios de Pujol Ferrusola y su exesposa,
Mercè Gironés, aunque recuerda los límites que incluye la jurisdicción
andorrana sobre este tipo de peticiones de información.
Ruz, que
atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de
capitales y otro contra la Hacienda Pública, interrogará a ambos el
próximo 15 de septiembre en el marco de la causa en la que investiga los
pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de
sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en
Cataluña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario