MADRID.- El juez Fernando Andreu cree que los
expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato "consintieron" y
"propiciaron" el uso indebido de fondos de la entidad mediante un
sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma
encubierta para "evitar" los controles.
Así lo expone el
magistrado en los autos en los que les impuso anoche una fianza de 16
millones a Blesa y de tres a Rato después de haberles interrogado como
imputados, en los que aprecia indicios suficientes de que ambos
cometieron un delito de administración desleal mientras estuvieron al
frente de la caja madrileña.
Para Andreu, que tomó esta decisión
anoche a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió el
FROB, los dos "autorizaron" y "consintieron" la entrega y uso de los
plásticos a consejeros y directivos de Caja Madrid, así como los gastos
que generaron, que ascendieron a 15,25 millones.
Unos
gastos que, además, se contabilizaron "de forma encubierta para evitar
el control de los auditores y de los órganos supervisores".
De lo
hasta ahora investigado, explica Andreu, se desprenden indicios
"racionales y bastantes" de que los expresidentes de Caja Madrid habrían
"consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la
entidad", mediante la atribución y entrega de las tarjetas en "provecho
propio" a miembros del Consejo, de la Comisión de control, consejeros
ejecutivos y directivos.
Una práctica que conllevó a que 86
personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades "en
concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni
funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario,
disposición contractual o acuerdo alguno formalizado" al respecto.
Tampoco
existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documentación
alguna que justifiquen "la existencia, la entrega y la operativa de
dichas tarjetas", ni elementos que demuestren que los dos máximos
mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los
gastos que generaron.
Con todo ello, el magistrado sostiene que
incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio
de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno "no se
podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e
indemnizaciones".
Entendiendo como indemnización "la compensación
por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva
en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental".
Dichas
pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en
enero de 2011, pero fueron "incumplidas mediante la emisión y uso de tan
mencionadas tarjetas".
Puesto que la apertura de juicio oral "no
se encuentra en absoluto cercana", y ante "el temor a la inoperancia
final" de un procedimiento "de tal dimensión", el juez aprecia una
"necesidad real" de adoptar esta medida para asegurar las
responsabilidades civiles "sobre las que recaen las sospechas que van
aflorando" según avanza en su investigación.
El juez impuso estas
cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada
uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su
sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que
se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes
de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a
retención fiscal y formaba parte de su sueldo.
Los exbanqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.
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