GINEBRA.- España es el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza, 2,7 millones de menores,
según denunciaron varias ONG´s, entre ellas Amnistía Internacional
(AI), que pidieron al Gobierno español que revierta las políticas de
austeridad e invierta en programas sociales.
El
Consejo de
Derechos Humanos de la ONU someterá éste a España por segunda vez al
escrutinio del Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación sobre el
cumplimiento de los derechos humanos que afecta a todos los miembros de
Naciones Unidas.
En
un evento paralelo celebrado hoy en Ginebra, organizado por el Centro
para Derechos Económicos y Sociales (CESR) y titulado "España, derechos
humanos en crisis", este organismo, AI y la Red Acoge expusieron
violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que
a su entender ocurren en ese país.
Citando
fuentes de un informe de Unicef de 2014, Gaby Ore Aguilar, directora
ejecutiva adjunta del CESR, recordó que, desde 2008, unos 800.000 niños
han engrosado la lista de aquellos que están en fuerte riesgo de caer en
la pobreza, "lo cual es equivalente a perder diez años de progreso en
la lucha contra la pobreza infantil, según la ONU".
Actualmente
existen 2,7 millones de niños en riesgo de exclusión social, una
situación que deja a España en el penúltimo lugar de la Unión Europea
(UE), sólo por detrás de Rumanía.
Ore
señaló que, actualmente, más de una cuarta parte de la población
española está en riesgo de pobreza y exclusión social, casi trece
millones de personas, unos tres millones más que en 2007.
Sostuvo
que el desempleo se mantiene en niveles récord y la precariedad
salarial ha aumentado, y recordó que el gasto de salud por habitante,
que ya era bajo en términos europeos, ha caído abruptamente en los
últimos años.
"Ha habido recortes drásticos en el gasto social en
los últimos cuatro años, sobre todo a las asignaciones de protección
social de apoyo a los más vulnerables, por lo que la pobreza aumenta y
la desigualdad social se incrementa de forma desproporcionada", agregó.
Ore
se refirió también a los inmigrantes, un punto que también tocó Ignacio
Jovtis, investigador de AI, quien recordó que tanto la ONU como el
propio comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, han puesto
en duda la legalidad de las llamadas "devoluciones en caliente" de
inmigrantes irregulares, que el Gobierno lleva a cabo y está intentando
enmarcar legalmente.
Jovtis consideró que con esta política se cercena el derecho al asilo.
El
investigador de AI también se refirió al maltrato policial llevado a
cabo contra inmigrantes y contra personas que participan en
manifestaciones pacíficas, "y las pocas investigaciones judiciales
respecto esta supuesta violencia".
Jovtis habló además del millar de desalojos previstos y el no cumplimiento del derecho básico a una vivienda;
los atentados contra la libertad de expresión y manifestación y la
anulación del principio de justicia universal, "área donde España era
una referencia", así como la no investigación de los crímenes cometidos
durante la dictadura del general Franco.
Durante
su anterior comparecencia ante el EPU, España aceptó 98 de las 128
recomendaciones formuladas por los estados, pero Jovtis criticó que
algunas de ellas hayan sido ignoradas.
Ore
apuntó que, en 2012, España fue severamente criticada por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto a
las medidas de austeridad que se aplicaban y recomendó su revisión,
algo que no ha ocurrido.
"Esperamos que mañana en el EPU España
asuma alguna de esas recomendaciones y corrija el rumbo desde políticas
de austeridad hacia políticas sociales a la luz de sus obligaciones de
derechos humanos", sostuvo Ore.
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