MADRID.- El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la ley de control financiero de los partidos, que aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción en las formaciones políticas, prohibiendo las donaciones de empresas y limitando las de personas físicas, al tiempo que recorta las subvenciones públicas.
La
norma, que ya pasó su examen la semana pasada en la Comisión
Constitucional de la Cámara baja y que ahora seguirá su trámite en el
Senado, ha sido aprobada en la votación de conjunto con los votos a favor del PP, CiU y el PNV, la abstención del PSOE y el voto en contra de la Izquierda Plural, UPyD y parte del grupo mixto.
El proyecto consolida el recorte del 40 por ciento de las ayudas públicas a los partidos aplicada en los últimos años y añade una reducción del 20 por ciento de las subvenciones para envíos de propaganda electoral, que sólo en los pasados comicios europeos superó los 17 millones de euros.
Además,
las ayudas públicas a los partidos no irán aparejadas a las subidas del
IPC u otros indicadores económicos sino a los Presupuestos Generales
del Estado y, en concreto, al gasto social.
La ley recoge también el compromiso político de regular y limitar los aforamientos políticos en el futuro.
En
defensa de la iniciativa, el ponente del PP Carlos Floriano ha señalado
que esta ley trata de ponérselo "imposible" a los corruptos y si alguno
consigue saltarse la ley, castigarlo más duramente obligándole a
devolver lo robado.
Para Floriano, es muy importante distinguir entre los corruptos, los que luchan contra esta lacra y quienes no quiere acabar con la corrupción y además pretenden sacar réditos electorales.
Frente
a ello, apuesta por una ley que profundiza en la transparencia y en la
ejemplaridad de las formaciones porque de lo contrario la corrupción
acabará con el propio sistema de partidos.
"Vamos a terminar con
la corrupción porque estamos convencidos de que los corruptos no tengan
ni un sólo día de tregua", ha insistido Floriano, que ha alertado de que
no les saldrá "gratis" llevarse el dinero de todos porque en España
"quien la hace la paga".
Desde el PSOE, José Enrique Serrano ha recordado que esta ley se aprueba coincidiendo con las últimas novedades del caso Gürtel que causan un lógico "estupor" entre los ciudadanos.
Pese
a su abstención y a que comparten las medidas contempladas en la norma,
el diputado socialista sigue observando algunas carencias en el texto.
Lamenta
que no se haya regulado la supresión de las llamadas "puertas
giratorias" por las que, ha denunciado, consejeros de Sanidad han sido
contratados dos años después de dejar el cargo por las mismas empresas a
las que concedían contratos.
También ha criticado que el PP no haya querido modificar la ley de contratos del Estado para evitar la "corruptela" de los contratos fraccionados.
Críticas
muy duras desde la Izquierda Plural, que ha avanzado que no piensa ser
"comparsa" de una ley que no hubiera evitado casos de corrupción como el
de Luis Bárcenas.
"Mientras
no abordemos las causas de la financiación no atajaremos el problema",
ha alertado el diputado de IU Ricardo Sixto, que ha señalado la
contratación pública y la ley del suelo como instrumentos de corrupción.
Sixto
ha criticado que no haya limitaciones en las aportaciones económicas de
los propios militantes, o que no se haya querido escuchar su propuesta
de reforma de la Ley Electoral, para hacerla más justa y proporcional.
Muy crítico también ha sido Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, que cree que esta ley aborda de forma insuficiente la "pésima" percepción que tienen los ciudadanos de los partidos.
Ha
rechazado la limitación de las donaciones privadas porque se avanza
hacia un sistema casi exclusivamente de financiación pública.
A su
juicio, sería muy positivo para la democracia que fueran los propios
ciudadanos los que pudieran apoyar con su dinero el partido que quieren
tener.
También ha denunciado lo que considera "trilerismo
político" del PP, al llevar el delito de financiación ilegal de partidos
al Código Penal que también se ha aprobado hoy, aunque de una forma
"desdibujada" y que crea "confusión".
Ante este ejercicio de "propaganda", UPyD ha cambiado el sentido de su voto y se ha opuesto a la ley, después de que se abstuviera en la Comisión.
Del
otro lado, la diputada de CiU Montserrat Surroca ha valorado los
avances de la ley en la mejora de la transparencia de las finanzas de
los partidos, aunque ha pedido que en el Senado se abra el debate sobre
el modelo de financiación, apostando por un sistema mixto, con recursos
privados y públicos.
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