Alarmante y estremecedor
el informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, González Soler, donde se
señala la existencia de múltiples delitos en las finanzas de casi todos
los grandes partidos políticos correspondientes al año 2012 y auditadas
por el Tribunal de Cuentas. Un informe hecho público por el diario El País
y al que tanto el Tribunal de Cuentas -que calificó de sorprendente’ su
publicación- como el fiscal mencionado han querido quitar importancia
diciendo que se trata solo de un borrador del trabajo de la Fiscalía.
Pues menudo borrador que ve la luz en este año electoral, en plena
crisis del bipartidismo PP-PSOE y de desprestigio de la clase política y
que deja en entredicho la transparencia de la que hablan los partidos.
Al tiempo que abre un camino de investigación y de presuntas
responsabilidades penales, amén de las políticas y electorales si todos
estos datos llegan con detalle a los ciudadanos y al Parlamento, que es
donde se deberían de hacer públicos los resultados de la auditoría del
Tribunal de Cuentas.
Los que algunos partidos, como el PSOE, han comenzado a desmentir
para decir que no han cometido irregularidades, pero sin aclarar
extremos como son las posibles quitas o las condonaciones de las deudas
del PSOE con los bancos. Y no solo las del PSOE porque existen sospechas
de unas prácticas generalizadas entre distintas entidades bancarias y
partidos políticos. Que en lo relativo a la vigente legislatura
2011-2015, debería hacerse públicas y conocerse al detalle, porque
parece obligado que los ciudadanos conozcan qué partidos se han
beneficiado de esos cuantiosos regalos -de los Reyes Magos de la banca,
podría decirse en un día como el de hoy- y cuáles son las entidades
financieras que los han hecho.
Estamos hablando de cuestiones muy graves que afectan ni más ni menos
que a la limpieza del sistema electoral español. Pero si profundizamos
en la cuestión más llamativa, además de los presuntos delitos fiscales,
como es la condonación de las deudas millonarias de los partidos
políticos contraídas con los bancos, veremos la gravedad del asunto si
comparamos estos hechos con los miles desahucios de los hogares de las
familias que, víctimas del paro, no han podido pagar sus hipotecas. Peor
aún será la comparación si entre las entidades que han favorecido a los
partidos políticos están las Cajas de Ahorro, rescatadas con el dinero
público y que estaban gobernadas por los políticos o por gestores
nombrados por ellos. Y no digamos si las deudas condonadas lo han sido
en beneficio de los partidos que están intentando romper la unidad de
España.
Lo que el Tribunal de Cuentas debe decirnos, en este caso concreto o
en su defecto lo que deben declarar los partidos políticos, es el monto
de créditos impagados y considerados fallidos por los bancos en lo que
llevamos de la legislatura correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y
2014. Y si estos datos no los hacen públicos el Tribunal de Cuentas, su
Fiscalía o los propios partidos es porque la gravedad de los hechos
investigados es importante. Y ello significa que tarde o temprano se
sabrá, aunque el Tribunal de Cuentas critique la publicación del informe
cuando esa Corte -reina del nepotismo- lleva un retraso muy notable
(debía de haber auditado ya los datos de 2013) y debía ser la más
interesada en la transparencia de las cuentas públicas del país. Pero
dada la composición partidaria del mencionado tribunal, mucho nos
tememos que su pasión por la transparencia es bien escasa y no está por
colaborar.
(*) Periodista
(*) Periodista
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