MADRID.- El presidente del Colegio de
Geólogos (ICOG), Luis Suárez, denunció la semana pasada que las
administraciones, tanto estatal como autonómicas y municipales, no han tomado medidas de prevención y actuación ante terremotos, cuatro años después del seísmo que acabó con la vida de nueve personas en Lorca (Murcia), el 11 de mayo de 2011.
Recordaba que el ICOG envió a todos los
partidos un 'Decálogo para minimizar los riesgos sísmicos de España',
que incluía cuatro medidas estatales y seis autonómicas.
Suárez
reconocía que algunas de estas conllevaban un gasto económico, pero
otras eran medidas sin coste asociado y que se podían haber adoptado,
"no en un año, pero sí en los cuatro" que han pasado desde aquel día.
En
concreto, de las medidas de construcción y de prevención propuestas en
este decálogo cuatro eran estatales y seis autonómicas pero "no se ha
llevado a cabo ninguna". Por ello, le resulta "sorprendente" que en este
tiempo no se haya avanzado al menos en una zona como Murcia, que es de alto riesgo sísmico y donde se pueden producir terremotos parecidos.
En
este sentido, Suárez precisó que, entre las medidas estatales, destaca
la reforma de la norma sismorresistente, que data de 2002, para que se
incluyan las conclusiones, aportaciones y experiencias del temblor de
Lorca.
Otras propuestas incluyen la reforma de la inspección técnica de edificios
para adaptar la norma sismorresistente en un plazo de cinco años así
como recuperar la obligatoriedad del visado de los proyectos geotécnicos
porque considera que su ausencia implica una "bajada exponencial" de la
calidad y la seguridad porque "no hay un buen control".
Además,
el representante de los geólogos apostó por que se realicen estudios de
peligrosidad y vulnerabilidad por parte del Instituto Geológico y Minero
de España (IGME), tomando como ejemplo el servicio norteamericano, que
asigna a unas zonas de determinada vulnerabilidad, con la que se
determinarían los planes generales de ordenación urbana.
"Eso conllevaría, por ejemplo, no poner un hospital encima de una falla o extremar las medidas de seguridad en algunas zonas concretas", ha apuntado.
Respecto
a las medidas a nivel autonómico y local, el presidente de los geólogos
recordó que piden que se impulse que las comunidades autónomas exijan
la elaboración de mapas de riesgos en los informes de sostenibilidad de
los planes generales de ordenación urbana (PGOU).
En concreto,
precisaba que "solo el 7,5 por ciento" de los Ayuntamientos con PGOU
aprobados cumplen con la exigencia de tener mapas de riesgos naturales
con carácter previo a dichos planes.
Asimismo, propuso que se celebren cursos de sensibilización y de formación para el personal técnico de los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Al
mismo tiempo, considera que se debe informar a los ciudadanos de las
pautas de autoprotección adecuadas durante y después de la ocurrencia en
un terremoto. Suárez recordaba que los 10 fallecidos en Lorca en mayo
de 2011 fueron alcanzados por la caída de balcones u otros objetos y que
si estos se hubieran quedado en su casa posiblemente no habrían tenido
impacto.
Por último, planteó que se mejoren los mecanismos de
control y cumplimiento de la norma sismoresristente en los proyectos de
construcción.
"Estas
medidas no son para hacer en un año, pero sí a desarrollar a diez años.
Sin embargo, el tiempo político tiene poco que ver con el tiempo
sísmico", declaró Suárez, quien advirtió de que en 10 años se podrá
producir un terremoto con daños "iguales o superioes" y habrá que volver
a lamentarse, como en Lorca.
Por ámbito geográfico, las provincias con mayor riesgo sísmico en España son Granada, Málaga, Almería, Murcia, Alicante
y, con riesgo de tsunami o maremoto son Cádiz y Huelva. De hecho, ha
recordado que un maremoto a causa del terremoto de Lisboa provocó 1.000
muertos en la zona en 1755
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