MADRID.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha reconocido hoy que existe un acuerdo con la Comunidad de Madrid para pagar, a través de la empresa Indra, a jueces, secretarios judiciales y otros funcionarios para que colaboren en la renovación tecnológica.
Detalla que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda
y que él entendió que tanto su actuación como la de otros magistrados
"estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al Consejo General del
Poder Judicial la autorización o conocimiento de compatibilidad" que
prevé el Reglamento de la Carrera Judicial.
Vieira se refiere así,
en un comunicado remitido esta mañana por el TSJM, a la información
publicada hoy por el diario El País, en la que se asegura que el
Gobierno regional mantiene desde 2011 un pacto con la empresa privada Indra para pagar a jueces,
fiscales y secretarios judiciales como asesores de un proyecto
tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.
"En total, la entidad privada ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas",
según El País, que detalla que el presidente del TSJM expuso en su
momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una
compensación económica, y que Vieira es uno de los que recibe esas
primas.
En el comunicado, Vieira explica que la Comunidad de
Madrid puso en marcha en 2010 en decanatos, órganos judiciales y
fiscalías un sistema de gestión procesal (GPRO) que cuenta con el
denominado Compositor de Documentos: una herramienta cuya función es la
de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
La Comunidad de Madrid requirió entonces de la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de Justicia, y se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional.
Cada
grupo de trabajo se formó con un magistrado y un secretario judicial
designado por el TSJM, a los que se encomendaron tareas de colaboración
en la implantación de este sistema, según relata el comunicado.
"Como no son funciones propias de su cometido como magistrados,
secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del
horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas,
se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa
INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este Sistema",
detalla.
El presidente del TSJM subraya que la intervención de
estos equipos "ha sido esencial para dotar a los juzgados y tribunales
de las herramientas informáticas adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración".
Aclara que "todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes".
"Desde
el comienzo de la actuación de estos grupos de trabajo y comités, he
entendido que mi actuación y la de los magistrados integrados en esos
grupos estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que
prevé para determinados supuestos el reglamento de la carrera judicial,
al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343", añade el presidente
del TSJM.
Concluye asegurando que "esta actividad es una forma de
producción jurídica que redunda directamente a favor de la
Administración de Justicia", por lo que en su opinión está "exceptuada" del régimen de incompatibilidades.
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