La delegada del Gobierno en Madrid, imputada

MADRID.-Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.

Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.

En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".
Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno", según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.