MADRID.- La Justicia ha imputado a ocho grandes constructoras por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros
en la construcción de tres tramos de la línea del AVE a Murcia. El
auto, emitido por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia el pasado
5 de febrero, cita como investigadas a Acciona, Construcciones Villegas, Dragados, Hormigones Martínez, Tecsa, Sacyr, Neopul y Constructora San José. En su escrito, la jueza Olga Reverte
considera que estas sociedades pudieron ser "posibles
autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y
falsedad documental", según adelanta El Español.
Según la tesis de los investigadores, estas sociedades participaron en el desvío de dinero público mediante facturas infladas por los trabajos de recolocación de regadíos a lo largo del trazado del AVE a Murcia. Desde 2016, la Justicia investiga los sobrecostes de 60 millones de euros que supusieron estos trabajos, abonados por la empresa pública Adif.
La resolución judicial, a la que ha tenido
acceso este diario, recuerda que la reposición de los canales de regadío
se realizó mediante los llamados "expedientes de gasto", otorgados por
las comunidades de regantes afectadas pero abonados directamente por la
empresa pública que controla las infraestructuras ferroviarias en
España.
En este
caso, la Justicia ha imputado ya a varios responsables
de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela, las entidades que concertaban las obras.
La mayoría de los trabajos fueron contratados siempre a la misma sociedad: Obras Marimar SL, que cargó 71 millones de euros en facturas por esos conceptos, cuando Adif había presupuestado solo 11 millones.
Después, según la tesis de los investigadores y los testimonios de
varios de los investigados, ese dinero era repartido entre responsables
de Adif, las comunidades de regantes y otras personas que presuntamente
participaban en la trama.
Ahora, la jueza considera que las constructoras que
recibieron por concurso esos tramos pudieron, al menos, colaboradores
necesarios en este presunto desfalco. De media, las obras sufrieron
incrementos de coste que alcanzan el 626%. El tramo San Isidro-Orihuela
rompió todas las estadísticas con un sobrecoste del 1.544%. En el caso
del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el aumento de dinero público fue del 3.109%. Aun así, las facturas se abonaron.
Un peritaje sobre sus facturas
Para confirmar de forma preliminar la posible
responsabilidad de las constructoras, el juzgado pidió un informe
pericial sobre la documentación entregada con los principales
contratistas. La conclusión del informe judicial revela que el montante
presuntamente malversado por el grupo de constructoras podría oscilar entre los 7,3 y los 22 millones
de euros.
Ese es el diferencial entre las facturas presentadas por las
distintas sociedades a Adif y los costes reales que han podido acreditar
de forma preliminar ante la Justicia por esos mismos trabajos.
En el caso de la Constructora San José, por poner un ejemplo, el diferencial entre las facturas cobradas y los gastos demostrados es de 3,3 millones
de euros de dinero público. Una cifra cercana a lo que habrían
facturado de más según el escrito judicial contructoras como Sacyr o
Neopul, titulares del tramo entre Orihuela y Colada de la Buena Vida.
Sin embargo, según refleja la instructora en su
escrito, si esos mismos datos se cruzan además con las facturas
presentadas por la empresa Obras Marimar, que fue la que sirvió de
excusa a las grandes constructoras para girar sus gastos, la desviación real podría llegar al 57% y la cantidad de dinero público presuntamente malversada, superar los 22 millones.
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