MADRID.- La portavoz de Defensa de Unión Progreso y
Democracia (UPyD), Irene Lozano, ha denunciado el "retroceso" que para
los derechos y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas supone,
a su juicio, el arresto impuesto al presidente de la Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, por
criticar en los medios los recortes de Defensa.
La diputada de UPyD ha criticado
el "anacronismo" que supone que un militar pueda ser privado de libertad
sin haber pasado ante un juez y ha insistido en que la sanción impuesta
a Bravo, por unas declaraciones en julio del año pasado, va en contra
de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que garantiza su
libertad de expresión.
Por ello, el partido liderado por Rosa Díez va a presentar una
batería de preguntas parlamentarias para pedir explicaciones al ministro
de Defensa, Pedro Morenés, por este "atropello" y está valorando
también otro tipo de "iniciativas" en apoyo al subteniente, que esta
misma tarde ingresará en un establecimiento disciplinario militar en
Colmenar Viejo, donde deberá permanecer un mes y un día.
Para Lozano, la resolución que firma un general de división tiene
"muchas lagunas jurídicas". "Es un retroceso sobre todo lo que se había
avanzado en los últimos años para ampliar derechos y deberes de los los
militares, para dar más cabida al asociacionismo militar, para cambiar
las relaciones incluso dentro del Ejército y la participación de los
militares en decisiones que les afectan", ha insistido.
Además, ha denunciado la "arbitrariedad" de la norma, por la que
el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Ejército de Tierra ha impuesto un mes de arresto a
Bravo, una sanción que no aplicó a otro subordinado, el jefe de la
Revista Ejército, general Angel Pontijas, que perdió su puesto pero no
fue arrestado por un editorial en el que criticaba al presidente de la
Generalitat, Artur Mas.
La diputada de UPyD ha criticado que el Ejército se haya apoyado
para esta sanción en el Régimen Disciplinario de 1998, que considera una
infracción grave hacer "reclamaciones, peticiones o manifestaciones
contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", cuando la
Ley de Derechos y Deberes de 2011 garantiza el derecho a la libertad de
expresión de los militares.
Esta ley establece que el militar tiene derecho a "comunicar y
recibir libremente información en los términos establecidos en la
Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de
la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la
dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos".
Sin embargo, el anteproyecto del Régimen Disciplinario aprobado
recientemente por el Gobierno sigue considerando una falta grave que los
militares hagan "peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones
contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", así como
"formularlas a través de los medios".
Aunque UPyD sigue estudiando el texto propuesto por el Gobierno,
que todavía no se ha remitido a las Cortes, asegura que la
reglamentación de esta infracción ya es un motivo para "enmendar la
totalidad" del reglamento.
Además, ha criticado la actitud de PP y PSOE, que coinciden en
"dejar tirado" cuando están en el Gobierno al que defienden en la
oposición. Por eso, ha dicho que no le "sorprende" que los socialistas
defiendan ahora a Jorge Bravo, que ya fue arrestado en otra ocasión por
hacer declaraciones ante los medios, criticando la gestión del accidente
del Cougar en Afganistán, y por acudir a una manifestación de guardias
civiles, durante la pasada legislatura.
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