Pablo Iglesias afea a Sánchez su pasado en la Asamblea de Caja Madrid

MADRID.- El eurodiputado y líder de Podemos, Pablo Iglesias , ha afirmado este sábado que no se le olvida que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "votó a favor de los sueldos escandalosos y votó a favor de las preferentes" cuando formaba parte de la Asamblea de Caja Madrid.

Así se ha expresado Iglesias en declaraciones a La Sexta, tras el escándalo de las supuestas 'tarjetas b' que consejeros de Caja Madrid habrían usado para gastos privados valorados en más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012.

"Estos señores de las tarjetas en negro lo que están haciendo, al tiempo que roban a la mayor parte de los ciudadanos, es darse lujazos. Y no se me olvida, por cierto, que el actual secretario general del PSOE, cuando era consejero de Bankia, votó a favor de los sueldos escandalosos y votó a favor de las preferentes. Para que luego digan algunos que porque les quitan la corbata dejan de ser casta. No basta con quitarte la corbata", ha manifestado.

 Iglesias ha admitido su error en un momento de la entrevista cuando ha hecho referencia a que Pedro Sánchez estaba en el Consejo de Administración de la entidad, algo incorrecto, puesto que el líder de Ferraz solo perteneció a la Asamblea, como le corrigieron varios de los presentes el plató de La Sexta Noche. 

Dicho esto, ha señalado que la imagen del escándalo de las supuestas 'tarjetas b' en Caja Madrid es "la foto de la casta" y la de "un régimen político que se descompone". Seguidamente, ha asegurado que Podemos va a trabajar para que también "la foto del pasado".

Sobre la participación de Podemos en las elecciones, ha rechazado llegar a "acuerdos" con otras formaciones políticas y ha asegurado que Podemos estará en las municipales "sí o sí", "en todas las ciudades, en todos los pueblos", pero ha concretado que su formación sabe que las elecciones generales son el medio para "cambiar" el sistema actual. Por ello, ha asegurado que si obtiene los "apoyos" necesarios en su partido, para él "será un honor intentar ganar esas elecciones".

En relación con las críticas que Podemos ha recibido por parte de la mayoría de formaciones políticas, el líder de Podemos considera que se trata de una "señal" de que el partido lo está "haciendo bien" y ha agregado que es "muy difícil encontrar las diferencias" entre el PP y el PSOE "cuando se habla de Podemos".

Pablo Iglesias considera, asimismo, que el resto de fuerzas políticas "van a seguir mintiendo" sobre Podemos. "La gente está harta", ha manifestado el eurodiputado, para después añadir que el PP y el PSOE son los partidos políticos más votados en España "de momento".

La dedicación exclusiva que plantea Pedro Sánchez obligaría a 86 diputados a renunciar a actividades privadas

MADRID.- La propuesta de dedicación exclusiva que plantea el PSOE para los diputados implicaría que 86 parlamentarios, lo que supone la cuarta parte de los 350 que integran el Congreso, tendrían que renunciar al ejercicio de actividades privadas que han declarado en la Cámara Baja y que hasta ahora están permitidas. 

Incluso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, autor de la propuesta, tiene declarada una actividad de profesor que no entraría en los supuestos de compatibilidad que se indican en la iniciativa registrada, aunque asegura haber renunciado tras asumir la dirección del partido. Otros 16 socialistas mantienen tareas que contradicen esa dedicacion exclusiva.

En concreto, el primer partido de la oposición reclama las "modificaciones normativas necesarias para disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de las Cámara a sus tareas de representación política". Al limitar la labor del parlamentario a "tareas de representación política", el PSOE deja fuera actividades extraparlamentarias que hasta ahora cuentan con el aval del Congreso, como actividades docentes o profesionales.

Examinando las declaraciones de actividades que constan en la Cámara Baja, aparecen 86 diputados que declaran actividades que no encajan en los límites del PSOE. Se trata de abogados y economistas en ejercicio, profesores y docentes esporádicos, médicos, ingenieros, empresarios y hasta un actor (Toni Cantó) y una 'bertsolari' (Onintza Enbeitia, de Amaiur).

Además, hay otra serie de actividades hasta ahora permitidas a los diputados que también podrían quedar fuera del régimen propuesto. Son los puestos en patronatos, fundaciones u organismos municipales que están derivados de la actividad política del parlamentario.

En su iniciativa, el PSOE sólo reconoce expresamente como permitidas actividades de índole política como tertulias, conferencias o publicación de libros, pero subrayando que los parlamentarios no deben cobrar por ello "retribución periódica alguna". En esta situación constan casi 90 diputados de todos los grupos, aunque son una minoría los que declaran recibir retribución o indemnización económica por ello.

De los 185 miembros del PP, 61 (33%) declara actividades que podrían acabar siendo incompatibles. En concreto hay 29 que declaran ejercer sus profesiones -23 abogados, dos economistas, tres médicos y un ingeniero-, una docena que practican la docencia y 17 que realizan alguna actividad empresarial.

Un ejemplo paradigmático de diputados que ejercen distintas actividades es el del portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, José María Beneyto, que, además de abogado en ejercicio y autor de libros y artículos, es catedrático y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU a tiempo parcial. Beneyto no lo tiene declarado pero, según reseña la página web de FAES, también es patrono de esta fundación.

Entre los 17 diputados con actividades empresariales figuran, por ejemplo, José María Alonso, que es copropietario de una quesería y una casa rural; Arsenio Pacheco, de una farmacia; Carmen Álvarez Arenas, de empresas de prestación de servicios; Jesús Caicedo posee, entre otras, una agencia turística y otra de construcción, y Fernando López Amor es consejero de unas bodegas y del Grupo Santa Mónica S.A.

En este grupo también aparecen José Cruz Pérez Lapazarán, consejero de Naturín Viscofan, quien en 2012 fue sancionado por saltarse las votaciones de los Presupuestos Generales del Estado por ir a una reunión de negocios, y María Jesús Celinda Sánchez, que declara ser empresaria de hostelería y servicios.

Además, un total de 47 participan en tertulias, conferencias o prensa y una quincena tienen permiso del Congreso para ser patronos de una o varias fundaciones. Por ejemplo, ocho pertenecen a patronato de FAES entre ellos Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Pastor. También está en esta lista el ex secretario de Estado de Cultura, Miguel Angel Cortes que, además, de ser abogado, es el que más puestos en patronatos de fundaciones acumula de todos sus compañeros.

También hay ocho que, al ser alcaldes o concejales ostentan cargos en mancomunidades, consorcios, empresas públicas o fundaciones de carácter municipal como Teófila Martínez o María Jesús Bonilla.

Además, la portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Carolina España, es miembro de la Asamblea General de Unicaja y Angeles Esteller de la Caixa d'Estalvis y Pensions, actividad por la que percibe indemnizaciones.

En el PSOE , su líder tiene declarado ser profesor asociado, a tiempo parcial, en la Universidad privada Camilo José Cela, de la que sólo dice percibir indemnizaciones. Eso sí, se trata de la declaración presentada en la Cámara Baja hace más de año y medio, y tras ser elegido secretario general asegura haber abandonado la docencia, aunque todavía no consta como modificado.

Al igual que él, otros nueve compañeros compaginan su labor parlamentaria con la docencia, algunos de forma esporádica. Dos de ellos, Valeriano Gómez y Pilar Lucio, informan de que cobran por esa actividad. A ello se añaden cinco diputados que combinan el escaño con la abogacía, una que ejerce como médico en una consulta privada y otra como consultora.

Alrededor de una quinta parte del Grupo Socialista, en concreto 22 diputados, entre los que se encuentra Sánchez, han comunicado al Congreso que participan con distinta frecuencia en tertulias y conferencias, o que han escrito diferentes artículos o libros.

Además, existen una docena diputados del PSOE que declaran ser miembros de diferentes fundaciones sin cobrar, entre ellos el propio Sánchez (patrono de la Fundación del Club de Baloncesto Estudiantes) o el portavoz, Antonio Hernando (de 'Nortempo', 'Aequitas', 'Pablo Iglesias' o la extinta 'Ideas'). Por su parte, la representante socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, compatibiliza su escaño con el cargo de defensora del delegado de UGT Cataluña, por el que no cobra.

En CiU hay un economista con actividad empresarial privada (Josep Sánchez Llibre) y dos diputados que declaran dar clases ocasionalmente (Jordi Jané e Inmaculada Riera). Nueve de los diputados de nacionalistas reconocen participar en tertulias, prensa o edición literaria, aunque sólo la mitad admite percibir algún tipo de indemnización.

Además, Carles Páramo preside dos consorcios y una sociedad mixta derivados de su condición de alcalde de Roses (Gerona), y otros tres están en fundaciones privadas, pero sin percibir dinero.

En Izquierda Plural sólo Alberto Garzón declara actividades extraparlamentarias, todas relacionadas con su actividad política (libros, artículos, tertulias, conferencias), y sin cobrar. En UPyD destaca el caso de Toni Cantó, que sigue ejerciendo ocasionalmente como actor y que dirige la sociedad "Mariatonianos, S.L.". Además, tres de sus compañeros declaran su participación en tertulias, colaboraciones en medios de comunicación y publicación de libros.

Por último, el PNV cuenta con un profesor esporádico (Emilio Olabarria), Amaiur reconoce tener un abogado en ejercicio (Iker Urbina) y una 'bertsolari' (Onintza Enbeitia), y el diputado de Nueva Canarias (NC); Pedro Quevedo, es profesor asociado, a tiempo parcial, en la Universidad de Las Palmas.

Además, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui es secretaria de una sociedad dedicada a la agricultura y el agroturismo, su compañero de partido Jon Iñarritu es vicepresidente de "Eurobask" (Consejo Vasco del Movimiento Europeo), y Teresa Jordá, de ERC, participa en una empresa dedicada a la venta y comercialización de productos de limpieza y consumibles.

El Gobierno da dos meses para pactar las normas de regeneración en España

MADRID.- El Gobierno español ha confirmado que en próximos días convocará a los grupos parlamentarios para retomar el diálogo sobre los proyectos de ley de medidas de regeneración democrática que remitió hace meses al Congreso, pero también ha puesto tope a esas conversaciones dando dos meses de plazo para que en noviembre ya puedan empezar a debatirse y votarse en comisión con idea de aprobarlos antes de fin de año en la Cámara Baja.

   Además, el Ejecutivo ha puesto más temas sobre la mesa y a los proyectos de ley que registró en su día, añade ahora la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado por la corrupción .

   En un comunicado, el Ejecutivo señala que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los proyectos de Ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

   Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido.

   Por un lado, se hablara de medidas legislativas de regeneración democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos (que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado (que actualizará el régimen de incompatibilidad), y las medidas penales y procesales contra la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización de los procesos judiciales).

   En el marco de la negociación sobre estas medidas legislativas, y de la búsqueda de acuerdos, el Gobierno está dispuesto a incorporar nuevas  medidas entre las que se encuentra el "fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local", con la elección directa de alcaldes.

   En este sentido, el Gobierno defiende que es una opción que forma parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España. En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una garantía, no sólo para una mayor estabilidad del Ayuntamiento, sino para una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e intereses.

   Por otra parte, el Ejecutivo propone la limitación del aforamiento, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado y se extiende también al ámbito de las comunidades autónomas. El Gobierno señala que, para ello es necesario definir un planteamiento equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las implicaciones prácticas de las posibles modificaciones.

   Del mismo modo, incluye aportar mayor transparencia a la concesión de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto.

   En cuanto a los procesos penales y responsabilidades públicas, sugiere la unificación de los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales.

   El Gobierno también ha incluido en el marco de negociación la posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas legislativas populares, así como su intención de favorecer un acuerdo entre partidos para limitar los gastos derivados de las campañas  electorales, en lo que se refiere a publicidad exterior.

El juez Gómez Bermúdez pide suprimir muchos aforamientos, empezando por los de jueces y fiscales

MADRID.- El magistrado Javier Gómez Bermúdez, uno de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha afirmado que el sistema de aforamiento tiene "muchos inconvenientes" y supone una ventaja para los políticos, por lo que se ha mostrado partidario de suprimir "muchísimos aforamientos, empezando por los de jueces y fiscales", que a su juicio "no lo necesitan".

   En una entrevista al diario El País, Gómez Bermúdez explica que "el aforamiento territorial (de diputados y Gobiernos autonómicos) es un privilegio" porque permite determinados "saltos" en la distribución de los asuntos y provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos se disperse el procedimiento.

   De los 10.000 aforados que existen en nuestro país, menos del 20 por ciento son cargos políticos y en su mayoría son funcionarios de la justicia, de las fuerzas armadas y de seguridad. Para el juez del 11-M la alternativa al aforamiento sería limitar las denuncias en contra de los jueces.

   "Lo que necesitamos es restaurar el antejuicio, que cualquier ciudadano no te pueda denunciar sin causa y sin filtro previo al proceso, porque eso provocaría automáticamente una causa de abstención o recusación y una forma de elegir juez, ya que bastaría con ir denunciando a jueces para dar con el que quieres", ha comentado.

   Gómez Bermúdez cree necesario incluir el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal, porque su falta de regulación es hasta ahora una de las "excusas" para ejercer la corrupción y evita combatir el problema "de raíz".

   Además llama a la regularización de la responsabilidad organizativa, explicando que deberían de ser también responsables de los actos corruptos a los máximos responsables de las organizaciones políticas ya que son ellos, en definitiva, los que permiten este tipo de actuaciones o no controlan de una manera eficaz la formación política, además de que el dinero obtenido ilegalmente no sólo beneficia al responsable en sí sino también a todo el partido.

   "La solución es que el responsable sea el máximo responsable. En el momento en que fijas la responsabilidad del dirigente, este, por la cuenta que le trae, porque es honrado, procurará que sean honrados los demás", ha argumentado.

Políticos españoles con juicios orales abiertos no podrán ser candidatos en listas electorales

MADRID.- El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sean citados como testigos. Esto es, pretende acabar con el "privilegio" que, a su juicio, supone poder hacerlo por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad.

Así lo ha adelantado el titular de Justicia en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, (UPyD), Rosa Díez.

Ésta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja su departamento.

Además, Gallardón ha confirmado que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.

Y, en este sentido, ha prometido trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno con el fin de que en las subsiguientes citas con las urnas las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. "Si ésa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra", ha asegurado.

Éste es el compromiso que Rosa Díez ha arrancado al ministro, a quien minutos antes había retado a no esperar a que la ley obligue para que los partidos políticos, como UPyD, se comprometan 'motu propio' a no llevar en sus listas personas con un juicio oral abierto.

El titular de Justicia también ha destacado que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, suprimirá la figura de los magistrados autonómicos que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la terna presentada por los cámaras autonómicas. "Carece de cualquier sentido democrático que un poder del Estado pueda elegir a quien esté ejerciendo jurisdicción", ha argumentado.

Durante su intervención, Gallardón ha subrayado que para el Gobierno es "una prioridad absoluta" la lucha contra la corrupción, "un cáncer --ha dicho-- que nos puede matar a todos", y ha mostrado el deseo del Ejecutivo de poder llegar a acuerdos con los grupos de la oposición para encontrar medidas que pongan fin a esas prácticas.

"Ésta no debe ser una batalla que gane solo un Gobierno", ha enfatizado el ministro, antes de poner en valor la reunión que el pasado 19 de marzo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantuvo con las distintas fuerzas parlamentarias para lanzarles este mismo mensaje. "El Gobierno querer esa medalla pero no para él", ha insistido.

Así contestaba Gallardón a la portavoz nacional de UPyD, quien aunque le ha reconocido los "avances" en materia de lucha contra la corrupción ha habido, ha lamentado que ha habido "mucho más medidas" anunciadas que de las que se han puesto en marcha, algo que ha achacado a la falta de voluntad política.

Tras pedir al ministro pasar "de las palabras a los hechos" para frenar la cada vez mayor preocupación de los ciudadanos por los casos de corrupción en España, Díez ha denunciado que el Gobierno no esté dando instrumentos a quienes tienen que perseguir esta lacra, entre los que ha citado la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria o los jueces.

En su turno, Gallardón ha hecho un repaso de algunas medidas anticorrupción aprobadas por el Gobierno, entre las que ha citado la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración, y ha hecho especial mención a la mejora que en el combate contra la corrupción supone el Código Penal --actualmente en tramitación parlamentaria-- garantizando que cuando éste salga del Parlamento contendrá todas las medidas anticorrupción que pacten los grupos parlamentarios.

Por último, el ministro ha querido dejar claro a Rosa Díez que su Ministerio ha atendido los refuerzos solicitados por los órganos judiciales que persiguen la corrupción. "Hemos sido especialmente cuidadosos con eso", ha dicho.

'No habrá nueva España sin una regeneración democrática y política', dice Rosa Díez

SANTANDER.- La fundadora de UPyD y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, cree que no se podrá construir una "nueva España" si las medidas económicas para salir de la crisis no van a acompañadas de una "regeneración democrática" y política que acabe con la corrupción "generalizada" por la no existencia de una separación real de poderes.

   Así lo ha afirmado en Santander, donde ha participado en el Foro Ser Cantabria, en el que ha defendido que el hecho de que en España "no haya", a su juicio, una separación de poderes verdadera permite la "parasitación" de los políticos en órganos de control, como el Consejo General del Poder Judicial, y es lo que provoca que haya en España exista este corrupción "generalizada".

   Ha afirmado que la crisis en España está siendo más "profunda" que en otros países es porque, en su opinión, a la económica se une otra de carácter político.

   Por ello, ha abogado por que en la salida de la crisis "no se repita la misma historia" y se lleve a cabo una regeneración democrática y política que exigirá cambiar leyes.

   Según ha dicho, este debe ser el caso de una Ley Electoral que es "profundamente injusta" y que beneficia al PP, al PSOE y a los nacionalistas, que es por lo que éstos partidos no lo quieren cambiar.

   En su intervención, Díez ha defendido que es "posible" otro política al margen del "bipartidismo" de los "viejos" partidos, PSOE y PP, a los que ha acusado de ser los "principales responsables" de la crisis.

   La portavoz nacional de UPyD ha abogado por "luchar" contra la "falsa idea" de que todos los partidos "son iguales".

   Además, y sin salirse del plano político, Díez ha afirmado que las mayorías absolutas en España han dado "muy malos resultados en términos del país".

Antonio Garrigues: «La Monarquía tiene que recuperar la credibilidad, igual que políticos y financieros»

OVIEDO.- El prestigioso jurista y escritor Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934), presidente de la firma de abogados Garrigues desde 1961, obtuvo ayer el Premio Internacional de Ensayo «Jovellanos» por su obra «España, las otras transiciones». Explica aquí el contenido de su obra, sin perder de vista la actualidad. Lo ha entrevistado el diario 'La Nueva España'.

-¿Analiza en su ensayo la transición española a la democracia como resultado de otras transformaciones sociales previas?

-No, en mi ensayo insisto en que la Transición fue un hecho valorable, pero que, además de ese cambio político, hubo otras transiciones: sindical, empresarial, económica, sociológica... Han sido importantes e interesantes, como la que protagonizó la mujer. Y, sin embargo, aparecen disminuidas por el foco tan importante de la transición política, con méritos profundos.

-¿Es la suya una posición revisionista respecto a la interpretación canónica de la Transición?

-Realmente, no. Tengo un juicio positivo de la Transición y creo que, si analizamos las circunstancias en las que estábamos, las opciones eran escasas. Lo que hicimos fue lo que había que hacer: poner el énfasis en la restauración de las instituciones democráticas. No, no es bajo ningún concepto revisionista, aunque sí puede tener algo de eso la idea -y más en un país que no se ocupa mucho de la Historia- de recordar. No todo se hizo bien, pero casi todo se hizo bien. Y fue así porque había una especie de ánimo, de impulso que funcionaba.

-¿Y se ha perdido?

-Sí, pero lo que quiero decir es que nadie crea que España es el único país en que ha ocurrido esa pérdida de impulso. También ha ocurrido en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra... Acabo de estar en Estados Unidos y también allí se ha perdido. La credibilidad del estamento político ha pegado un descenso brutal en todo el mundo.

-¿Cuáles son las causas?

-Aunque no lo quieran admitir, el estamento político no ha hecho el proceso de adaptación necesario y sigue comportándose de una forma antigua, como dicen los jóvenes. Sus esquemas de comportamiento no se han adaptado a la modernidad.

-Antes le preguntaba por la posición revisionista sobre la Transición, al recordar trabajos de algunos analistas jóvenes. Pienso, por ejemplo, en el libro «CT o la cultura de la Transición». Hay quien afirma que la España de la corrupción o de la falta de transparencia viene de los consensos de aquellos años.

-También está el libro de Antonio Muñoz Molina, «Todo lo que era sólido», que es muy interesante. Insisto, si tenemos en cuenta las circunstancias que había, se aplicaron las mejores opciones y, por tanto, lo que se hizo fue muy bueno. Este país se ha enriquecido democráticamente, sociológicamente e, incluso, económicamente. Lo que ocurre es que la crisis ha aminorado mucho los impulsos y los ánimos. Ahora bien, esta crisis va a pasar, como todas; España está en condiciones de ponerse, de nuevo, en buena línea para el crecimiento, que vendrá antes o después. Creo que la tendencia a dramatizar y a los ejercicios de catastrofismo me parecen claramente irresponsables.

-Pero vivimos un momento muy difícil. Instituciones que nos parecía que estaban consolidadas, por ejemplo la Monarquía, son cuestionadas.

-Hay estamentos, incluida la Monarquía, que deben hacer su propia recomposición. Estoy convencido de que la Monarquía lo hará. Tiene que recuperar la credibilidad, igual que el estamento político o que el financiero. Todos, también los medios de comunicación, que deberán abrir su proceso autocrítico. Lo que no podemos es dedicarnos a descalificar a los demás, sin aceptar que en nuestros propios campos también tenemos que hacer ejercicios autocríticos sinceros.

-¿Qué le llevó a escribir este ensayo sobre la Transición?

-Pues el darme cuenta de que había una serie de temas coincidentes. Recuerdo un artículo que escribí en aquellos años, «Tres millones de parados», cuando ahora hemos duplicado ese número; habrá que decir, también, ya basta. Asuntos muy parecidos, pero la diferencia entre aquella época y ésta es que se han producido las transformaciones democrática, sociológica y la económica. En tiempos de crisis es muy difícil mantener la serenidad y la calma, pero seguimos siendo un país serio, digno; no tenemos muchísimos más problemas que el resto de los países. No hagamos, por lo tanto, ejercicios negativos. Quizá no se pueda ser optimista, pero es obligatorio ser positivo. Me encantó ver en los Estados Unidos cómo el Consejo Español para la Competitividad ha presentado un escenario económico en el que se resaltaban las ventajas y los logros de España.

-Usted está considerado como un experto jurista en inversiones extranjeras. ¿Ve algún tipo de recuperación económica o habrá que seguir padeciendo la receta de la austeridad?

-En el dilema entre políticas de austeridad y de crecimiento es muy difícil encontrar el punto de equilibrio. Me temo que la señora Merkel no va a cambiar de opinión hasta que no pasen, en el próximo septiembre, las elecciones alemanas. Dicho esto, creo que poco a poco se irán introduciendo mecanismos de flexibilidad; ya estamos viendo que a España se le van a dar márgenes de operación (para reducir su déficit) más generosos. Estoy convencido de que acabaremos viendo un encuentro entre esas políticas de austeridad a rajatabla y las de crecimiento; creo que encontraremos ese punto de equilibrio.

-El Gobierno de Rajoy afirma que la recuperación está en marcha.

-Hay datos inequívocos, como la balanza de pagos y el sector exterior, que son espectaculares. Existe una cantidad de empresas en el mundo que demuestra la solidez de nuestro sistema económico. No se puede negar eso, como es ridículo negar que tenemos problemas.

-Usted creó el Partido Demócrata Liberal en 1982 y se embarcó en aquella famosa «operación Roca». ¿Por qué fracasó en España un partido explícitamente liberal?

-Lo hicimos mal. Los liberales tenemos una tendencia a fracasar en política, ¿no? La operación estaba llena de buen sentido: la idea era incorporar el nacionalismo a la vida nacional y el liberalismo al sistema político. Hicimos una operación muy compleja, y yo no soy de los que echa las culpas a la ciudadanía. Si no nos votaron, es que no supimos explicarnos y hacerlo bien. Por otra parte, no es fácil que un partido pueda meterse entre otros dos mayoritarios. Vivimos los problemas de la ley electoral, que premia a las mayorías. Pero insisto, la razón básica es que lo hicimos mal.

-¿Ahí decidió despedirse de la política de primera línea?

-Por descontado. Cuando se fracasa de esa manera tan esplendorosa ya no hay derecho a una segunda oportunidad.

Alfonso Guerra: "Los que más hablan de regeneración son los más culpables"

CIUDAD REAL.- El diputado nacional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró anoche que hay una "nube oscura" sobre el sistema democrático y que "los que más hablan de regeneración política" son "los más culpables de lo que está pasando".

   Guerra se había manifestado así antes de clausurar el curso 'Los años 80. La consolidación de la democracia' que ha organizado el Grupo de Estudios Históricos y Culturales Contemporáneos y que se ha venido celebrando en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

   Si bien ha dicho que hay que cambiar muchas cosas, ha remarcado que también hay elementos que están alimentando esa "nube oscura" que puede acabar afectando al sistema democrático, unos "inventados y otros reales".

   A su juicio, aquellos políticos que están "complicados con dinero público, con dinero negro, que se están llevando cantidades inmensas, inaccesibles para cualquier ciudadano normal están haciendo mucho en contra el sistema democrático".

   A su vez, ha continuado, hay otros políticos "que no tienen ninguna mancha en el aspecto económico, pero que no están entendiendo bien lo que está pasando en el mundo para atender a la nueva realidad sin dejarse llevar por las imposiciones de los poderes económicos y financieros".

   Todo ello, "sumado a algunos medios, que mienten sobre algunas cosas sobre las que informan", colabora en ir un poco en contra del sistema democrático que a los españoles costó mucho consolidar, con años "muy duros", ha puntualizado.

   Guerra ha considerado que todo esto es "triste y preocupante" y ha señalado, que en comparación con los años 80, etapa en la que fue vicepresidente del Gobierno, hace que recuerde aquel momento con "satisfacción".

   El dirigente socialista ha indicado que durante los años 80 "arrumbaron para siempre el ruido de sables de los cuarteles. Eso desapareció por completo y eso no se nota, porque es como el aire, que solo se nota cuando falta".

   A juicio del que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, el actual momento necesita de no mirar por la ventana y "ponerse a trabajar, hablar mucho con la gente en la calle".

Expertos proponen impedir ejercer la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones

La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.

   Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ministerio de Justicia ha recibido por parte de la comisión de expertos que designó el pasado marzo para la redacción de la nueva norma que debe regular el proceso penal.

   Precisamente, muchos de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia o Novacaixagalicia que investiga la Audiencia Nacional o el 'caso de los trajes' contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

   El informe sobre la futura ley, denominada 'Código Procesal Penal' en sustitución de su actual denominación --Ley de Enjuiciamiento Criminal--, establece una serie de requisitos para ejercer la acción penal cuando el interesado no sea perjudicado por el delito.

   Así, se introduce la novedad de que no puedan ejercer la acusación popular los fiscales, los jueces ni los magistrados y que tampoco puedan hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la Administración de Justicia, como son falsas denuncias, falso testimonio o encubrimiento, entre otros.

   Las personas que no estén obligadas a declarar como testigos contra el encausado por un vínculo familiar o análogo --como son cónyuges o algunos familiares-- también quedarán privadas para ejercer la acusación popular, al igual que ocurre con partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, como son asociaciones, fundaciones o corporaciones.

   La prohibición prevista para las personas jurídicas no será aplicable para aquellas constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo en los procesos iniciados por delitos de esta naturaleza. De esta forma, sólo podrían ejercer la acción popular los españoles a título individual.

   La actual legislación sólo establece alguna limitación para el ejercicio de la acción penal --no específicamente la popular-- a jueces o magistrados, personas que no gocen de todos sus derechos civiles o quienes hayan sido condenados dos veces por un delito de denuncia o querella calumniosa.

   Además, el borrador contempla otra limitación relativa a los delitos perseguibles mediante esta acusación. Hasta ahora, se puede interponer en cualquier delito de naturaleza pública, lo cual incluye también a los delitos económicos que, según el informe, quedarían excluidos.

   De salir adelante la propuesta, que no es vinculante, la norma establecería restricciones que afectarían a los sujetos y a los delitos sobre los que giraría la acusación popular.

   Así, sólo podría interponerse en la persecución de delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

   La acción popular también se podrá ejercer ante delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, delitos electorales, terrorismo o provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones o la difusión de información injuriosa sobre estos grupos, según el texto.

   Entre los nuevos requisitos, se introduce la previsión de que la acción popular sólo pueda ser admitida si presenta su querella "con anterioridad a la formulación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal".

   La nueva figura del tribunal de garantías, a instancias del Ministerio Fiscal o del resto de partes, fijará la caución que habrá de prestar el actor popular para responder de las costas que le puedan ser impuestas en sentencia y que podrá prestar de cualquiera de las formas previstas por la Ley de Enjuciamiento Civil.

   El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha apostado por incrementar el protagonismo de los representantes del Ministerio Público en la investigación en el proceso penal, pero también por incorporar la figura de un juez de garantías que tutele los derechos de los ciudadanos y al que se puedan recurrir las decisiones del fiscal.

Ciudadanos "indignados" españoles fundan el Partido X en Internet

MADRID.- Un grupo de ciudadanos activos en los movimientos de protesta social surgidos en España en los últimos dos años presentaron el martes una nueva formación política, el "Partido X, el Partido del Futuro", con el que aspiran a lograr una democracia sin intermediarios y "resetear el espacio electoral".

Entre sus principales propuestas, presentadas a través de varios vídeos colgados en Internet por medio de dos portavoces anónimos, están establecer el derecho a voto real y permanente, referéndums, un 'Wikigobierno' con "legislaciones elaboradas a la vista de todos y con las aportaciones de los que saben de cada tema" y transparencia, al estilo de lo que ocurre en Porto Alegre (Brasil) e Islandia, señalaron.

"Recorta los intermediarios y haz operativa la democracia para decidir", señalaron los portavoces apuntando que la ideología del nuevo partido surgido de ciudadanos organizados a través de Internet es "la lógica" y su programa "la democracia y punto".

Detrás del Partido X habría en torno a unas 90 personas, según apuntan medios locales, aunque en sus primeras horas de vida pública el proyecto ha conseguido más de 13.000 seguidores en redes sociales.

Entre sus objetivos está el de sustituir a la elite política actual por "empleados públicos electos que ni pinchan ni cortan, recopilan y ejecutan de la forma más eficaz posible las propuestas de los prioridades expresadas por la población". Sus propuestas pueden consultarse además en la web www.elparitdodelfuturo.net.

En su vídeo de presentación, la formación se desvincula del movimiento ciudadano 15-M surgido en varias ciudades españolas en la antesala de las elecciones municipales de mayo de 2011 para pedir cambios en el sistema político vigente.

"El 15-M no quiere ser un partido. Ni quiere ni puede ser un representado porque es muchas cosas diferentes es más grande y más variado que cualquier partido. (...) El Partido del Futuro es un método del futuro aplicado al presente para resetear el espacio electoral (...) una operación de desalojo del hemiciclo", explicaron los portavoces de la formación.

El movimiento 15-M - que tuvo uno de sus epicentros en la Puerta del Sol de Madrid - se reavivó en la segunda mitad de 2012 por medio de nuevas plataformas ciudadanas, que salieron a la calle para protestar contra los importantes recortes en el gasto social impuestos por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para cumplir con los objetivos financieros impuestos por la Unión Europea.

Mario Conde, candidato a la Xunta de Galicia: "Es hora de pasar a la acción"

SANTIAGO DE COMPOSTELA.-  Mario Conde será el candidato a la presidencia de la Xunta por Sociedad Civil y Democracia (SCD). La "convención abierta" del partido celebrada este sábado en el palacio de Congresos de Santiago de Compostela, a la que asistieron unas 500 personas, tomó en primer lugar la decisión de concurrir a los comicios gallegos y designó como candidato a su principal promotor, el exbanquero gallego, que estuvo en prisión por el conocido como 'caso Banesto'.  

La propuesta de Conde fue planteada a los asistentes por el presidente de SCD, Daniel Movilla, y aprobada "por abrumadora mayoría", informó SCD en un comunicado. Conde encabezará la candidatura de Pontevedra, la misma que el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PPdeG.

En declaraciones a los medios, el empresario y abogado del Estado en excedencia, recordó que había nacido en Pontevedra y que es "lógico" que se presente por esta provincia, de la que procede también su familia materna.

Además, apuntó que le gustan los retos y Pontevedra es "un sitio un poco más difícil y más complicado", a pesar de que "algunos especularon con Orense y ciertas alianzas más o menos extrañas", y en Pontevedra podrá "competir" más directamente con Feijóo.

El nuevo candidato rechazó la "partitocracia", que ha dado una "clase política cerrada, que está lejos de los intereses de la ciudadanía", por lo que uno de sus objetivos es "que se acabe la clase política profesional".

Citó que se le critica por montar un partido político para ser como los demás políticos y aseguró que persigue exactamente lo contrario: "Nosotros montamos un partido político para que ellos sean como nosotros".

Mario Conde demandó que se consulte a la ciudadanía si de lo que se trata es de perder soberanía o aplicar recortes que ponen en peligro la supervivencia empresarial, aunque se manifestó escéptico con que esa consulta se llegue a realizar. Insistió en que, si creyese que se iba a contar con los ciudadanos, él "hubiera seguido escribiendo y hablando, pero es la hora de pasar a la acción", exclamó.

Señaló que Feijóo había dicho que Galicia iba bien y le demandó que preguntase a los autónomos, a las amas de casa, a los tenderos o a los estudiantes. "A mí –añadió– qué más me da que el tanto por ciento del PIB diga no se qué y la deuda diga no sé cuanto. Un país va bien cuando la gente de ese país va bien y si yo entro en un restaurante y me dicen que va a cerrar al día siguiente, el país no va bien".

Sugirió que quizás sí le vaya bien a la "clase política", pero se replicó que ello se debe a que "nunca han pagado una nómina ni han sentido el temor de que se la dejen de pagar".

Entre las propuestas que recoge SCD en su comunicado figuran la supresión de organismos innecesarios y eliminación de "los privilegios de los políticos", además, propiciará la eliminación de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. "Devolveremos a los gallegos sus derechos secuestrados por la partitocracia y eliminaremos los privilegios de la clase política, de la que nosotros no formamos parte", declaró Mario Conde ante los asistentes a la convención.