MADRID.- El Consejo de Estado considera que la
implantación del pago de un euro por receta, vigente ya en Cataluña
desde julio y que estará en vigor también en la Comunidad de Madrid a
partir del próximo 1 de enero, es inconstitucional, ya que "contraviene
el orden constitucional de distribución de competencias".
El
dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó en el
Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones
públicas, Cristóbal Montoro, considera que "existen fundamentos
jurídicos suficientes para la interposición de recurso de
inconstucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de
20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos", que recoge el euro por receta.
El Consejo
considera que la norma contraviene el orden constitucional de
distribución de competencias y "excluye el derecho de tanteo reconocido
al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la
existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación"".
Montoro explicó el pasado martes en el Senado en respuesta a una
pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez
--quién
a su vez anunció un recurso contra esta tasa ante el Tribunal
Constitucional-- que el Gobierno cuenta con este informe, que va a
utilizar para que Cataluña elimine esta tasa "cuanto antes" y "a partir
de ella, no será aplicable en ninguna comunidad autónoma".
El dictamen solicitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para que el Gobierno pueda promover recurso de
inconstitucionalidad contra la medida y emitido por mayoría con dos
votos particulares, considera que esta tasa "puede provocar una ruptura
de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones
farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el
territorio del Estado".
En este sentido, recuerda que
corresponde al legislador estatal garantizar esa unidad mínima en las
condiciones de acceso a los fármacos "con independencia del lugar en el
que dentro del territorio nacional se resida y evitar la introdicción de
factores de desigualdad en la protección básica de la salud". Y, en
este sentido, considera que la tasa del euro por receta constituiría
"sin duda" una desigualdad entre los beneficiarios de esta prestación.
Asimismo, el Consejo considera que las comunidades autónomas "no pueden
incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los
medicamentos que son objeto de financiación pública por ser esta un
cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada
en la Constitución", por lo que "no cabe admitir que, en el ejercicio de
su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya
exacción comporte en última instancia un incremento del coste que los
ciudadanos haya de abonar para obtener un determinado medicamento o
producto sanitario".
Por otra parte, también recuerda que la
Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) prohíbe la
doble imposición que también considera que se produce en este caso al
estimar que "los actos configurados como hecho imponible en la norma
catalana quedan comprendidos dentro de la norma del Estado".
A
pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de
inconstitucional, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la
ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de
esta tasa antes de llegar al Constitucional. Ese diálogo ya se ha
iniciado con el Gobierno catalán, que la puso en marcha el pasado mes de
julio, y el Ejecutivo ha formulado un requerimiento previo de diálogo
con la Comunidad de Madrid para comenzar las conversaciones cuando entre
en vigor esta tasa el próximo 1 de enero.
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