lunes, 4 de marzo de 2013

El azote de los banqueros abre sección en la revista 'Pronto'

MADRID.- El último número de la revista Pronto, la más vendida en España de las que se dedican al cuore, ha sorprendido por su compromiso con los afectados por las hipotecas, revela hoy 'El Semanal Digital'.

El semanario ha incluido once adhesivos de diferentes tamaños con el eslogan "Stop Desahucios", pero, además, ha dado un paso más allá y ha abierto una nueva sección de consultas coordinada por Ada Colau, el rostro más conocido de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La revista señala que la entrega de pegatinas está motivada para "expresar tu solidaridad con aquellos que han perdido o pueden perder la casa donde viven". Además, apunta que "con el ánimo de ser una herramienta de ayuda, nuestra revista puso en marcha el consultorio Stop desahucios, elaborado por Ada Colau, impulsora y portavoz de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, entidad promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que va a debatirse en el Congreso de los Diputados".

Precisamente Colau saltó a los focos a principios de febrero por su intervención en el hemiciclo, en la que llamó "criminal" a un representante de la banca. Pero el rostro más conocido de la PAH también chocó, por ejemplo, con la socialista Beatriz Talegón en El Gran Debate de Telecinco.

La sección de la revista Pronto ocupa una página completa y responde a preguntas relacionadas con hipotecas, avales y daciones en pago, entre otros.

Josep Fontana: «El sistema está preparado para evitar el estallido social»


BARCELONA.- De la desigualdad a las crisis, de las crisis a la privatización de los servicios públicos, de la pérdida de derechos ciudadanos a la represión para mantener este nuevo estado de las cosas. Un proceso que empezó en los años 70, que Josep Fontana apuntaba en las conclusiones de su monumental Por el bien del imperio (2011) pero al que ahora dedica un breve y amargo volumen, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de principios del siglo XXI (Ed. Pasado & Presente). Josep Fontana y Lázaro es historiador, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del Consejo Editorial de la revista política Sin Permiso.

–La tesis ya estaba en su anterior libro. ¿El nuevo es una actualización, un epílogo, un resumen?

–Lo que ha pasado es más bien lo siguiente: cuando acabé aquel libro la crisis siguió avanzando y tuve más claras algunas cosas. Que hay una inflexión muy importante, que posiblemente había intuido pero de la que no había acabado de ver la trascendencia. Acabé aquel libro cuando la crisis teóricamente aún parecía una crisis. Pero es un proceso de mucho más alcance, iniciado en los años 70 y que aquí ha tomado fuerza después del 2008, y por el que se ha aprovechado el tinglado de la recesión para ir a un proceso de destrucción del Estado del bienestar; no solo los costes de la sanidad pública, la educación pública o el sistema de pensiones, sino un cambio en las reglas del juego que vino claramente mostrado con la reforma laboral. La naturaleza de este proceso es de una gravedad y una profundidad que nadie preveía. La esperanza de que pudiese haber algún tipo de cambio de trayectoria no era una esperanza que hubiese desaparecido. En estos momentos, la profundidad del desastre y la evidencia de que se trata de un cambio de larguísima duración, que puede continuar y tener unas consecuencias catastróficas, es una evidencia muy clara.

–Un proceso que empezó en Estados Unidos pero que acaba llegando a Europa, sostiene.
–Quería explicar los procesos por los que esto ha ido avanzando, la ocupación de la política por los intereses económicos, que es cada vez más visible. Solo hace falta ver cuál ha sido la reacción de los estados europeos ante la crisis bancaria. Excepto en Islandia, se ha optado por preservar todo lo posible el sistema. Está claro que aquí no había ningún problema de deuda pública hasta que no han asumido la deuda bancaria. El siguiente paso es la privatización del Estado mismo, el proceso de vender a los ciudadanos, y el establecimiento de un sistema represivo eficaz. Debemos darnos cuenta de que esta no es una situación temporal de la que se saldrá. A lo mejor habrá ciertos elementos de crisis que se paren, aunque de momento los síntomas, por ejemplo en Inglaterra, no son estos. Pero incluso si saliéramos de la crisis, el mundo en el que usted vivirá no será el mundo en el que habrá vivido antes de ella, sino que habrá cambiado profundamente.

–Empieza diciendo que en ningún lugar está escrito que las cosas tengan que ir mejor. Pero acaba citando a dos autores que mantienen que la única oportunidad es que el sistema no resista que las cosas vayan aún peor.
–Para mí, la reflexión como historiador va más lejos. Fuimos educados en la idea de que la historia era una narración de progreso continuado, pero comienzas a ver que esta historia no era verdad, que hay progresos y descensos y que todo está vinculado básicamente a la capacidad de lucha que hay en cada momento determinado para exigir unos derechos sociales. Que las cosas vayan a peor no es imposible. La única cosa que podría dinamitar esto es que se llegara a un momento en el que se tuviera miedo a que un estallido social profundo pudiera poner en peligro las reglas del juego, como en los años 70 y 80 desempeñó el papel de la amenaza de la URSS a la hora de hacer posible la subversión del sistema. Lo que pasa es que este está bien preparado para evitarlo. Tiene unos recursos crecientes de información y capacidad para atacar y desmontar el tipo de protesta que se puede producir.

–¿Y ese miedo no existe ya hoy?
–Se ha acabado una época, la de la vieja política más o menos socialdemócrata, en la que las cosas se negociaban. Es difícil darse cuenta de hasta qué punto durante 200 años ha habido efectivamente unos miedos que han justificado que quienes tenían los recursos en sus manos se aviniesen a negociar. Eran unos miedos irracionales. Pero eran miedos. Ahora, la exigencia a la gente para que se baje los sueldos se está convirtiendo en una cosa sistemática. Se ha acabado negociar. Han decido que las cosas tienen que cambiar y que vamos a un proceso de crecimiento de la desigualdad.

–¿Y los movimientos de protesta?
–Pero no hay alternativas. Que salgan en manifestación chiquillos no importa a nadie. Mientras vayan a la Puerta del Sol o la plaza de Catalunya y sus padres voten al PP o a CiU, no hay nada que hacer. ¿De dónde tendría que venir este estallido social? El movimiento que parecía que iba a ser el futuro, el de Occupy y los indignados, sigue funcionando pero está completamente controlado, en el sentido de que está disgregado. Se están haciendo cosas pequeñas, aisladas, frente a unos medios para controlarlas que son cada vez más eficaces. Y eso que en Europa tienen mucho que aprender de EEUU, seguramente porque tienen pocas amenazas de las que preocuparse. Los movimientos de protesta y de queja son aún de naturaleza muy puntual. Representan solo intereses sectoriales y no consiguen movilizar nada en una gran escala. Movilizarse contra las hipotecas para conseguir la dación en pago es poner una cataplasma. Pueden dormir tranquilos por este lado, y evidentemente duermen tranquilos. Aunque de momento, desde el Ministerio de Justicia se empieza, por un lado, a penalizar la protesta de manera que te pueden llevar a la cárcel por cualquier cosa, y por el otro a dificultar los medios de acceso a cualquier tipo de reclamación.

–En su último artículo decía que los sobres a los políticos eran la calderilla.
–Lo importante es qué han dado las empresas para lograr contratos y concesiones. Las contrapartidas. El problema es una política comprada por los intereses económicos dominantes y contra la cual nuestra capacidad de reacción es nula, a excepción de la posibilidad de arrancarle alguna concesión mordiendo por aquí o por allá. Se ha pasado del juego de condicionar la política a privatizar el Estado mismo, a convertir esto en un sistema en que serás, fundamentalmente, un individuo que paga por cualquier servicio que necesites.

–¿Entonces podremos hablar de ciudadanía o de servidumbre?
–Sí, en un sentido prácticamente medieval. Examinar lo que sucede en EEUU es bueno porque ves que son reglas de funcionamiento que tardarán un poco más en llegar, porque el colchón de la protección social es más grande, pero que llegarán. En EEUU les dicen que el nivel de educación es fundamental para lograr un puesto de trabajo bien remunerado, que la educación es cara y que es necesario que pidan préstamos. Y el drama que en EEUU significa la deuda que los estudiantes no pueden devolver es parecido al de aquí con los desahucios. Este es el grado de perversión de las reglas sociales, mientras el sistema tiene una capacidad increíble para seguir engañando y distrayendo a la gente. El retorno a un sistema feudal es gravísimo. Por eso hablo de crisis social, no económica. Démonos cuenta de que la historia ha dado un giro global, importante, que lleva hacia donde lleva, y que es necesaria una toma de conciencia.

–El debate de la independencia, al lado de todo de lo que hemos estado hablando...
–Evidentemente representa una explosión de malestar e indignación que buena parte de la gente canaliza contra un mal gobierno, y como el Gobierno es de Madrid, piensa: «Separémonos, que no iremos tan mal». Es el más grande reconocimiento a ese malestar y a que la gente tiene el derecho a decidir. Lo que es penoso e inmoral es que haya políticos que para conseguir sus fines engañen a la gente cuando realmente saben que este camino es inviable y no lo pueden seguir. Suponga usted que, efectivamente, hacemos un referendo y que da mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? En un coloquio me contestaron «vayamos a Europa». Sí, donde hay una ventanilla que dice «demandas de creación de nuevos estados», y les llevamos el resultado del referendo... Normalmente ninguna independencia se consigue sin una guerra de la independencia. La separación de Chequia y Eslovaquia fue un hecho anormal que no tiene nada que ver. Las independencias de Yugoslavia se consiguieron con mucha sangre y con apoyo militar extranjero. Pensar que hay un plan viable y realizable que pasa por la celebración de un referendo y posteriormente negociar una separación, hoy día, es una fantasía chinesca. 

La industria alimentaria 'hereda' las oscuras tácticas de las tabacaleras

MADRID.- Durante décadas, la industria del tabaco usó su dinero para influir en los políticos, en los medios e incluso en la ciencia para socavar las políticas de salud pública. Tras perder aquella batalla en los países occidentales, llevaron su guerra a los menos desarrollados. Hoy, las multinacionales de comida procesada, refrescos y alcohol reproducen sus tácticas. Un informe las acusa de ser los principales vectores de las enfermedades no contagiosas (ENC) en el mundo. Y no hay pacto posible con ellas, según publica 'El Confidencial'.


Los grandes casos judiciales contra esta industria mostraron cómo influía en la legislación de salud pública, con conexiones financieras o institucionales con la clase política. También revelaron oscuras maniobras como la Operación Berkshire, en la que siete de las principales tabaqueras idearon un plan para proteger sus intereses comerciales despertando dudas sobre la conexión entre tabaco y enfermedad o diseñando campañas para mantener la adicción de los fumadores.


Sin embargo, no pudieron evitar las leyes cada vez más restrictivas sobre su venta y consumo, primero en Estados Unidos y después en Europa, y las campañas de concienciación sobre los efectos perjudiciales del tabaco. Las ventas de las tabaqueras en el primer mundo se estancaron ya antes de este siglo y pusieron entonces sus ojos en el resto del planeta.


“Las compañías del tabaco acabaron yendo a los países donde había una menor regulación para expandir su mercado”, dice el profesor de salud pública de la Universidad de Melbourne (Australia), Rob Moodie. En efecto, mientras el consumo de tabaco y los beneficios que genera está en retroceso en los países más avanzados, en las naciones de bajos y medios ingresos ha crecido más de un 10% en la última década.

Moodie y otra decena de investigadores, entre los que está el profesor Carlos Monteiro, un destacado asesor de la ONU para las enfermedades no contagiosas derivadas de la dieta, han publicado un informe en la revista médica The Lancet donde acusan a estas compañías de ser las grandes responsables de la la moderna transición alimenticia: el abandono de los alimentos naturales o poco procesados por el de las comidas y bebidas ultraprocesadas.

La comida procesada mata más que el tabaco


Mientras el tabaco mató a 6,3 millones de personas en 2010, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol se llevó por delante a casi 5 millones. Sin embargo, cada año mueren en el mundo 18 millones por alguna ENC como afecciones cardiovasculares, sobrepeso, niveles excesivos de glucosa o colesterol en sangre. Para los autores del informe, la mayoría de esas muertes pueden ser atribuidas al consumo de comidas y bebidas ultraprocesadas.


“El aumento sustancial de los productos ultraprocesados tiene su paralelo en y está contribuyendo al incremento de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, en especial en los países de bajos y medios ingresos”, dice el informe, que señala a la búsqueda de nuevos beneficios de las multinacionales alimentarias como el principal motor de lo que los científicos empiezan a llamar como epidemias industriales.


El 75% de toda la comida que se vende en el mundo ya es procesada, según la base de datos de EuroMonitor Passport Global Market Information, y las grandes corporaciones controlan un tercio del mercado. En Estados Unidos, por ejemplo, 10 compañías copan la mitad de las ventas de alimentos.


En cuanto al mercado mundial, Coca-Cola y Pepsico controlan la mitad del negocio de las bebidas no alcohólicas. Firmas como Kraft Foods, Nestlé, Unilever o Danone ya se han encaramado a los primeros puestos en países emergentes como Rusia, Brasil, India o México.


Tal concentración de poder está siendo usada para frenar todas las iniciativas de salud pública que puedan afectar a su cuenta de resultados. Como hiciera la industria del tabaco, las de comida procesada, alcoholes y refrescos están desplegando un amplio abanico de estrategias para que no se legisle o actúe en su contra.

Cooptación de políticos y científicos


En el plano público, estas grandes corporaciones realizan campañas para asociar su imagen con la vida saludable. “Sólo hay que fijarse en las recientes de Coca-Cola intentando parecer promotora de salud mientras socava la iniciativa del alcalde Bloomberg en Nueva York contra los refrescos”, recuerda Moodie. El primer edil de la ciudad estadounidense inició el año pasado un movimiento para que los fabricantes de refrescos redujeran la cantidad de bebida que ofrecían en los locales públicos. Su plan antienvases king size fue aprobado en septiembre pasado.


Por detrás, estas multinacionales han tomado el relevo de las firmas tabaqueras en las bambalinas de la política. Según datos del Senado de Estados Unidos, las principales empresas de alcohol de ese país dedicaron 150 millones de dólares en la última década a sus lobbies en Washington. Sólo en 2009, Pepsico invirtió otros nueve millones en 'trabajarse' el Congreso estadounidense.


También, como hiciera el Instituto del Tabaco, intentan distorsionar la investigación. Los artículos científicos patrocinados por estas corporaciones tienen entre 4 y 8 veces más probabilidades de favorecer sus intereses que los estudios independientes.

La autorregulación no funciona


En 2011, la ONU celebró una cumbre mundial para la prevención de las ENC. Su objetivo declarado era diseñar un plan para reducir las muertes por las enfermedades no contagiosas en un 25% en 2025. Para conseguirlo, se planteó una acción a gran escala que debía contar con la sociedad civil y el sector privado, incluidas las corporaciones alimentarias.


Como demuestra el caso del tabaco, la autorregulación de la industria, dejando en sus manos la responsabilidad de hacer productos más saludables, no funciona. Para los autores del informe sólo “la regulación o la amenaza de regulación gubernamental es el único camino para hacer cambiar a las corporaciones multinacionales”.


El gran problema es que la regulación por parte de los gobiernos puede funcionar, como demuestra el caso de Nueva York, en los países con estados fuertes. Para el resto del mundo, como dice Moodie, “será extraordinariamente difícil a los países menos desarrollados lidiar con estas grandes corporaciones multinacionales”.

Un juez rechaza la querella de Ana Palacio contra Bárcenas

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid ha acordado la inadmisión de la querella interpuesta por la exministra de Auntos Exteriores Ana Palacio contra el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas por el presunto delito de falsedad documental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. 

   El titular de este Juzgado de Instrucción ha dado un plazo de tres días a la querellante para la presentación de un posible recurso, según han señalado las mismas fuentes.
   A principios de febrero, Palacio presentó una querella por injurias contra "Luis Bárcenas y contra cualquier persona que resulte relacionada causalmente con estos graves hechos", en respuesta a la publicación por el diario 'El País', el jueves 31 de enero -reiterada el domingo 3 de febrero-, de las llamadas "cuentas secretas de Bárcenas", en las que se le imputa haber recibido 6.000 euros el 10 de febrero de 2004, según un comunicado de la exministra.
    Ana Palacio hacía constar en la querella que es falso que recibiera ni la cantidad citada ni ninguna otra cantidad de dinero de mano de Bárcenas. Añadía, que además de "la falsedad de este grave hecho", se da la circunstancia de que "se encontraba fuera de España desde el día anterior (9 de febrero de 2004) del que supuestamente tuvo lugar la entrega de dinero, como ha quedado acreditado, por lo que resulta materialmente imposible que esta entrega hubiera tenido lugar".
   Asimismo, explicaba que "sobre la base de la legitimación que le otorga ser española y miembro del Partido Popular, Ana Palacio ha extendido esta querella a los delitos coloquialmente incluidos bajo el concepto de 'corrupción política' que al dañar la imagen del PP y lesionar gravemente su apreciación pública, empañan la imagen y crédito internacionales de España, por tener el Partido Popular la responsabilidad del Gobierno de la Nación así como de una mayoría de autonomías y municipios".
    Ana Palacio aseguró que se reservaba el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que le impute la percepción de cantidad alguna con relación a las llamadas cuentas secretas de Bárcenas, por causar un gravísimo perjuicio contra su reputación y poder considerarse un atentado contra su derecho al honor y a su propia imagen, recogidos en el artículo 18 de la Constitución.

Anticorrupción controlará la judicialización de los 'papeles de Bárcenas' al asumir el informe sobre la querella de IU

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción controlará la judicialización de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP que se atribuye a su extesorero Luis Bárcenas, al haber asumido, en detrimento de la representación del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, el informe de competencia que tendrá que presentar al juez Javier Gómez Bermúdez en relación con la querella presentada por Izquierda Unida (IU) contra exdirigentes de la formación y varios constructores, informaron fuentes jurídicas.

   El departamento dirigido por Antonio Salinas, que abrió diligencias informativas por este asunto el pasado 24 de enero, no tiene previsto pronunciarse de forma inminente sobre la competencia de Gómez Bermúdez para investigar estos hechos, por lo que es probable que antes llegue a la Audiencia Nacional el informe que el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, pidió el pasado viernes a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional sobre las conexiones entre esta investigación y los denominados 'papeles de Bárcenas'.
   En el momento en el que uno de los dos jueces decidiera asumir esta investigación el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, instructor de las diligencias informativas del Ministerio Público, estaría obligado a enviarle todas las actuaciones que ha llevado a cabo y las que tenga previsto realizar.

   La UDEF debe trasladar a Ruz, "a la mayor brevedad" posible un nuevo informe en el que detalle los "elementos subjetivos (personas), objetivos (hechos) y de temporalidad" que acreditarían una "supuesta conexidad" entre los hechos investigados en el 'caso Gürtel' y la documentación atribuida al extesorero.  
   El responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5 dio el pasado viernes el primer paso para asumir esta investigación al aceptar un recurso de reforma presentado por el PSOE a un auto dictado el pasado 5 de febrero en el que señalaba que, con la información remitida hasta el momento por Suiza, no resultaba "suficientemente acreditada la conexión de los nuevos hechos denunciados con los que vienen constituyendo el objeto del presente procedimiento", en alusión a la petición del PSOE para que entrara a investigar la supuesta caja B del PP.
   En su auto del pasado viernes Ruz, sin embargo, destacaba que Bárcenas había asegurado que confirmó ante notario la existencia de una lista de donantes del PP y perceptores de esas donaciones. También entregó al juez un documento con datos sobre las donaciones de 33 millones de euros que el PP obtuvo entre 1999 y 2007 con la siguiente leyenda al pie "Informes del Tribunal de Cuentas (1999-2007)".

   Además, otros dos juzgados de instrucción de Madrid, el nº 30 y el nº 10 han incoado diligencias en relación con este asunto a instancias del sindicato Manos Limpias y el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), respectivamente. Ninguna de estas dos causas están aún admitidas a trámite, según fuentes jurídicas.
   Bárcenas, que ha declarado que llegó a acumular una fortuna de 38 millones de euros en varios bancos suizos, está imputado en la causa en la que se investiga a los responsables de la trama de corrupción 'Gürtel' por un delito contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales. El extesorero 'popular', además, se acogió a la amnistía fiscal en diciembre pasado y pagó 1,3 millones de euros para intentar regularizar un total 10 millones.

USO advierte que el 45% de los parados españoles registrados no cobra prestación

MADRID.- Unión Sindical Obrera (USO) ha calificado de "lamentable" el nuevo récord de parados en España, y ha advertido de que el 45,5% del total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo no perciben ningún tipo de prestación.

   Con independencia de la estadística que utilicemos para medirlo (Eurostat, EPA o paro registrado en el Servicio Público de Empleo), en todas batimos récord", ha señalado USO.
   El sindicato ha cifrado en 5,6 millones el total de parados registrados en el antiguo Inem, ya que a los 5,04 millones de desempleados 'oficiales', hay que sumar más de medio millón de demandantes de empleo no ocupados, con disponibilidades limitadas y con demandas de empleo especiales.
   "Lo importante no es ya qué estadística mide mejor la realidad del país, sino las personas afectadas por las mismas, para las cuales el debate de si el ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado es estéril", ha criticado USO.
   La organización sindical ha avisado de que más de 2,5 millones de desempleados, el 45,5% del total, no cobran ningún tipo de prestación. Esta situación, junto con la caída "generalizada" de la contratación, evidencia, según USO, la "profunda recesión" de la economía española.
   Por todo ello, el sindicato ha pedido al Gobierno que abandonar las políticas de recorte y estimule el crecimiento y desarrolle inversiones productivas que generen actividad económica y empleo.

El Banco de España analiza si Alfredo Sáenz ha perdido su honorabilidad como banquero

MADRID.- El Banco de España ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaban los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó al concederlo.

   La institución que dirige Luis María Linde ha decidido iniciar este procedimiento "de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo" con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, según el Banco de España.
   El organismo tiene que analizar ahora si Sáenz ha perdido su honorabilidad y, dependiendo la conclusión a la que llegue, decidir si puede seguir como consejero delegado de la entidad o debe abandonar su cargo.
   Tras analizar el caso de Sáenz, el Supremo entiende que el Gobierno del PSOE incurrió en una "clara extralimitación" al cancelar sus antecedentes penales y los del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó de la condena de tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.
   La Sala llega a esta conclusión tras determinar que los indultos pretendían que la condena impuesta a Sáenz y Calama por un delito doloso no les afectara a la hora de serles aplicada la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero.
   Esta normativa impone el requisito legal de "honorabilidad", imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.
   Tras conocer la sentencia, la defensa del consejero delegado anunció que recurriría el fallo en amparo ante el Tribunal Constitucional.
   Según informaron fuentes jurídicas, los abogados de Sáenz sustentarán el recurso en una posible infracción del derecho de igualdad y también del derecho a la tutela judicial efectiva.

Condenan por corrupción a ocho años de cárcel al exministro griego de Defensa, Tsohatzopoulos

ATENAS.- Un tribunal de apelaciones de Atenas ha condenado este lunes al exministro de Defensa Akis Tsohatzopoulos a ocho años de cárcel por  delitos económicos, después de que el antiguo dirigente del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) no haya logrado justificar el origen de su riqueza.

   Tsohatzopoulos, retirado de la política desde 2009, siempre ha negado cualquier irregularidad y, de hecho, tras conocer la sentencia y justo antes de volver a la cárcel --donde ingresó de forma preventiva en abril de 2012--, ya ha anunciado que recurrirá el fallo. Para el exministro, la resolución de este lunes supone un "error legal" y una "decisión inaceptable".
   El tribunal ha determinado que Tsohatzopoulos, que llegó a aspirar a primer ministro en la década de los noventa, falseó sus certificados de la renta entre 2006 y 2009 y no declaró una mansión de estilo neoclásico situada a los pies de la antigua Acrópolis y adquirida en 2009.
   Durante el juicio, salieron a la luz detalles de la opulenta vida de Tsohatzopoulos, que finalmente ha recibido una condena de ocho años de cárcel y 520.000 euros de multa. Además, el tribunal ha ordenado el embargo de la polémica mansión, para cuya compra habría recurrido a empresas pantalla.
   Los políticos griegos están obligados, por ley, a declarar el origen de todos sus bienes. El caso de Tsohatzopoulos es uno de los más simbólicos en una Grecia asfixiada por las deudas y con una ciudadanía harta de los recortes.
   El pasado jueves, un exalcalde de la segunda ciudad del país, Tesalónica, fue condenado a cadena perpetua por malversar unos 20 millones de euros.

Segunda jornada consecutiva de disturbios en Port Said

EL CAIRO.- Los manifestantes de Port Said, en el canal de Suez, han lanzado cócteles molotov y piedras a los agentes de Policía, que han respondido disparando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los incidentes se producen un día después de que cinco personas murieran tiroteadas en el transcurso de los enfrentamientos, según han informado fuentes médicas y de seguridad. 

   Los disturbios comenzaron el pasado mes de enero tras conocerse la condena a muerte de 21 implicados en la masacre del Estadio de Port Said, en la que en febrero del año pasado murieron 74 personas en enfrentamientos entre seguidores del club local y un equipo de fútbol cairota.
   Este lunes cientos de manifestantes se han concentrado frente a la Dirección de Seguridad de la ciudad para protestar contra estas condenas, donde han prendido fuego a dos coches de la Policía, según ha informado un testigo.
   Desde el derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak en 2011, Egipto ha vivido meses de agitación política y económica y ha presenciado numerosos disturbios callejeros. El actual presidente, Mohamed Mursi, ha intentado restaurar la seguridad desde que fue elegido el pasado mes de junio y ha acusado a los partidarios de Mubarak de fomentar parte de los disturbios.

Hans-Werner Sinn: “España tendrá 10 años más de crisis y una devaluación interna del 30%”


BRUSELAS.- No debe ser fácil ser Angela Merkel. La canciller alemana lleva años dictando la política económica europea y se enfrenta, por el flanco izquierdo, a un nutrido grupo de brillantes economistas —los Stiglitz, Krugman, Blanchard y tantos otros— que consideran que las ideas neoliberales están incrustadas en las infraestructuras básicas de Berlín y de Europa, y que advierten que la austeridad no va a generar ni el crecimiento ni la confianza que nos prometían Berlín y Bruselas. Justo al otro lado, hay un segundo grupo que acusa a Merkel de blandengue. Sostienen que Berlín debería oponerse frontalmente a las políticas europeas, desde los rescates a las medidas extraordinarias del BCE, porque son una especie de placebo: la terapia equivocada que no va a conseguir más que retrasar el imprescindible y dolorosísimo ajuste que está por venir. 

Hans-Werner Sinn, presidente del influyente think tank alemán IFO, es quizá el máximo exponente de esa facción que reclama a Merkel que se oponga a casi todo, que sostiene que la oleada de austeridad no ha hecho más que empezar.

Controvertido, dogmático, con fama de riguroso y con ese aire peculiar que le dan la barba de Capitán Ahab y un poso ideológico que le convierte en una especie de Moby Dick de la economía, Sinn es lo más parecido a una estrella del pop entre los economistas alemanes. Sus libros —con títulos esperanzadores: ¿Puede salvarse Alemania?— se venden como rosquillas. Sus charlas llenan auditorios. Sus opiniones tienen una formidable tracción, hasta en la cancillería, a quien se enfrenta cuando considera que cede demasiado ante Europa. Agitador y propagandista de sí mismo, en el arranque de la crisis detonó todas las alarmas con un vaticinio apocalíptico: “Dentro de unos años, nuestros hijos se verán obligados a ir al Sur de Europa a recuperar nuestro dinero”. Ahora, proclama que el Sur tiene que acometer una sensacional devaluación interna, y que ya no hay excusas: eso o el final del euro. Llegado desde Múnich, Sinn recibe a este diario en la sede del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) en Bruselas. Pega duro. Pero curiosamente algunas de sus recetas coinciden con las de sus antagonistas más zurdos y neokeynesianos. Cosas de esa lasaña de complejidades en la que se ha convertido la economía europea.

Pregunta. Considera que el Sur apenas ha iniciado la senda de ajustes. ¿De qué han servido entonces tres años de austeridad?
Respuesta. El efecto tango que provocó el euro durante años requiere ahora de un fuerte reequilibrio. No hay soluciones fáciles: va a ser doloroso. Hay tres alternativas. Una: devaluación interna en el Sur. Dos: devaluación interna en el Sur a través de una expansión en el Norte. Y tres: salida del euro de algunos países. Lo más probable es una combinación de esas opciones. España, Portugal y Grecia necesitan una devaluación interna del 30%; Francia, del 20%; Italia, un recorte de precios del 10%. A la vez Alemania debe encarecerse un 20%. Es cierto que desde el arranque de la crisis hubo ajustes en la periferia, pero escasos en general.

P. ¿Qué le espera a España?
R. La ventaja de España es su potencial para recuperar competitividad. Ha mostrado flexibilidad, y eso hace posible mejorar vía exportaciones. La desventaja es su deuda externa, de más de un billón de euros. Pero lo más importante es la competitividad, y ahí soy medianamente optimista. A la vez, no tengo dudas de que les espera una década, incluso más, de austeridad hasta llegar a esa devaluación interna del 30%.

P. ¿Final del túnel para... 2023?
R. Sí, algo así, porque las primeras medidas acaban de aprobarse. Cuando Alemania entró en crisis, allá por 1995, no empezó a levantar cabeza hasta 2002, siete años después. España necesita un lapso de tiempo equivalente hasta que la sociedad y los políticos entiendan la gravedad de la crisis, hasta generar el entorno que permita hacer reformas. Eso está llegando. A partir de ahí hay que esperar otra década más para que los esfuerzos den resultado.

P. ¿Alemania no debería cambiar de política para hacer más suave esa travesía del desierto?
R. Alemania puede expandirse; otros países con superávit pueden hacer lo mismo. Lo preferible es que el ahorro alemán no se vaya a otros países, sino que cree una burbuja en casa. Las fuerzas del mercado van a favorecer ese movimiento, aunque con Alemania no es sencillo. Ya hay un incipiente boom de la construcción, y los precios y salarios van hacia arriba junto a la economía. La competitividad de la exportación va a bajar gradualmente.

P. ¿Así de fácil?
R. Quizá no. Alemania no va a expandirse tan rápido como lo hizo el Sur cuando nosotros lo necesitábamos: los alemanes tenemos una relación paranoica con la inflación. Pero hay cosas que pueden ayudar: una devaluación fiscal en la periferia (reducir las cotizaciones sociales y subir el IVA) facilitaría las cosas. Además, debe haber quitas significativas en el Sur: algunos países no pueden satisfacer sus deudas, y eso es mejor que los rescates.

P. ¿Y mutualizar deuda?
R. Es la receta adecuada para resucitar conflictos. Lo demuestra la historia de EE UU.

P. El FMI, que no es precisamente heterodoxo, defiende la mutualización. Y mantiene que el exceso de austeridad europeo es contraproducente.
R. En la zona euro la austeridad es inevitable. Es un proceso extremadamente difícil, pero no hay alternativa. Algunos querrían menos ajustes. Lo entiendo. Pero menos austeridad supondría menos sufrimiento ahora a cambio de más dolor en el futuro y de aumentar el riesgo de ruptura del euro. No hay que hacerse ilusiones con el dolor que viene. Será duro. Las devaluaciones internas pueden ser crueles. Pero si algún país cree que va a ser demasiado, se puede salir del euro.

P. Es el caso de Grecia, según su tesis. ¿Y España?
R. No creo que España tenga que salir. Grecia sí: está en una situación tan desesperada, no podrá prosperar en el euro. Las actuales exigencias europeas sacrifican a una generación a un desempleo masivo. Portugal está en una situación similar.

P. ¿Qué papel juega el BCE?
R. El BCE ha empleado una lógica convincente a fin de no permitir el colapso. Pero imprimir dinero infravalorando los riesgos no es una solución a largo plazo. Se ha aliviado el dolor, pero con ello solo se posponen los ajustes necesarios. El BCE, la Comisión y el FMI diagnosticaron mal la crisis, como si fuera un problema puramente fiscal y financiero, sin caer en la pérdida de competitividad del Sur. Por eso hemos acudido a apaños en lugar de buscar soluciones reales. Existen serios riesgos de desestabilización de seguir con esa política de rescates.

P. En España existe la sensación de que el Gobierno alemán agrava la crisis con declaraciones y decisiones malintencionadas...
R. Depende... La crisis se generó por el excesivo flujo de capitales de Alemania hacia el Sur; eso sobrecalentó las economías de la periferia y las hizo dependientes del crédito externo. Los mercados han entendido ese error; lo están corrigiendo. Pero no te puedes lavar la cara sin mojarte.

P. ¿Un consejo para Rajoy?
R. Rajoy debe aprobar otra reforma laboral que flexibilice los salarios a la baja. Eso hizo Schröder en 2003. Eliminó el salario mínimo y laminó el Estado del Bienestar privando a millones de personas de sus ayudas sociales: eso causó disturbios y protestas. Le costó el cargo. Sin embargo, se trataba de la política adecuada. Puede que con eso Rajoy no consiga gobernar mucho tiempo, pero eso es lo que España necesita.

P. Aconseja germanizar España: trasladar el modelo alemán a toda Europa.
R. Esa es la única posibilidad.

domingo, 3 de marzo de 2013

La Defensora del Pueblo insta a alojar a desahuciados en las muchas VPO vacías

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.

   Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese "importante" número de viviendas que no han sido adjudicadas.
   Con la información que se está recopilando, la Defensora del Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales "en los primeros meses de 2013".
   En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler para las viviendas pública y para fomentar que las administraciones "flexibilicen" los requisitos de acceso a las mismas, de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.
   En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una respuesta rápida.
   Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, "pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres".
   Asimismo, atestigua que "se ha recibido un número considerable de quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo".
   Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en un  vivienda de protección, las administraciones "no hacen un uso extensivo de los desahucios", recuerda que en este segmento también se producen estos procesos y que ello implica también "considerables esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración".
   Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen vacíos.
   En este sentido, la Defensora del Pueblo abunda en que "el gran número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límites, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura acorde con sus necesidades".
   Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
   "Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda", señala Becerril.
   Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un "bien social básico". Según apunta, hasta la fecha de elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de Fomento.

Un grupo de intelectuales lanza el partido Alternativa para Alemania

BERLÍN.- Un grupo de intelectuales germanos ha lanzado el partido Alternativa para Alemania, una formación liberal y conservadora, antirescate y que aboga por la disolución del euro con el objetivo de "salvar lo que aún es salvable".

   Alternativa para Alemania se presentará a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre. Todavía no han formalizado su constitución, aunque esperan ultimarla durante el próximo mes de abril.
   Entre la veintena de impulsores de este partido hay profesores, economistas, políticos y periodistas, aunque los fundadores son el economista Bernd Lucke, el exdirector del periódico alemán 'Frankfurte Allgemeine Zeitung' Kornad Adam y el publicista Alexander Gauland.
   Piden que el euro camine hacia "uniones fiscales más pequeñas" o incluso hacia nuevos modelos de divisas que favorezcan los entes nacionales. Además, declaran su oposición a más "rescates multimillonarios" y a ceder más competencias a Bruselas.
   "El estado de ánimo de la gente es uno muy diferente y ninguno de los grandes y tradicionales partidos responde a este estado de ánimo", ha explicado Gauland, en declaraciones al 'FAZ'. Gauland ha agregado que no hay formaciones políticas que enarbolen una bandera "antieuropea o incluso aparenten ser nacionalistas alemanes".
   Las reticencias de los partidos conservadores alemanes y de los propios votantes hacia los rescates ha ido en aumento conforme se ha agravado la crisis financiera que golpea al sur de Europa.
   De hecho, el Gobierno alemán, el que más aporta a los fondos de rescate europeos, ha amagado en numerosas ocasiones con bloquear los fondos correspondientes al segundo rescate a Grecia ante el galopante escepticismo entre las filas conservadoras y los ciudadanos.

Daniel Innerarity, filósofo: "Si el PP y la Casa Real no se enfrentan a sus problemas lo pagarán muy caro"


SAN SEBASTIÁN.- En el palacio de Ayete de Donostia, donde está la sede de Globernance, Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) repasa desde la corrupción hasta la crisis territorial española pocos días después de llegar de Italia, donde estuvo en el Instituto Europeo de Florencia.

Arranca la semana y lo hace con inestabilidad a la italiana. ¿Cómo valora los resultados?
Es un sistema político muy endeble, sin partidos antiguos. Los que articulaban el sistema, el Comunista y el Democristiano, se vinieron abajo. Bersani (Pier Luigi), me decía en uno de los cursos de verano de su partido en el que hemos coincidido que él se empeñó en que el PD se llamara Partito Democratico en un momento en el que había nombres como Pueblo de no sé qué, Margarita, Olivo, Cinco Estrellas… La idea de partido como institución no hay. Italia es reflejo de una cosa aguda que nos está pasando a todos. El eje derecha-izquierda como factor explicativo, aglutinante y estructurante de la voluntad popular se ve sustituido en parte por el eje tecnocracia-populismo. Hay tecnocracia de derecha (Mario Monti) y de izquierda (Bersani) y populismo de derecha (Silvio Berlusconi) e izquierda (Beppe Grillo). Es muy desconcertante.

El denominado 'candidato de la troika' queda cuarto; su predecesor pelea en el Senado el primer puesto...
La contraposición que manejamos entre pueblos soberanos y mercados o instituciones de élite es demasiado radical. El pueblo soberano quiere a Berlusconi. A Berlusconi lo echó la troika, lo cual me parece muy bien. En una Europa con tal grado de interdependencia no podemos seguir manejando la ficción de que la voluntad popular se articula a través de los electorados nacionales y punto. No es verdad. En Europa vamos a que los otros intervengan cada vez más en nuestros asuntos y nosotros en los de otros. Ahora tenemos un sistema imperfecto en el que eso se da de manera unilateral. Hay una posición asimétrica en la que los alemanes tienen mucho más que decir en lo que hacemos que al revés.

¿Ha perdido Europa en Italia?
De entrada, sí, se ha puesto una situación muy difícil. Los dos partidos que han tenido un resultado espectacular, Cinco Estrellas y Pueblo de la Libertad, son los menos europeos y los dos más europeos han tenido, en el caso de Bersani, un resultado muy bueno pero sin exagerar, y, en el caso de Monti, penoso.

¿Hay algún Beppe Grillo en España?
El bipartidismo en España está claramente amenazado. Podríamos ir a un sistema de cuatro partidos muy parecido al italiano, con la ventaja de que hay partidos de mayor tradición, con más de cien años, y eso marca cierta trayectoria y sentido de la responsabilidad. Pero podríamos ir en esa dirección si los antiguos no hacen bien los deberes.

Más ahora que la tradición, más que valor, parece un lastre.
Sí. Hay un problema de que los partidos tienen que mantener un cuerpo de doctrina, tienen la obligación de procurar una cierta profesionalización del oficio político -no pueden ser amateurs que entran y salen-, pero al mismo tiempo deben tener cierta movilidad en el banquillo. Si la ciudadanía ve que eso no existe, se paga con desafección. 

Pero si algún político se sale un poco de lo que se le presupone, se le tacha de disidente, se habla de ruptura…
Los partidos tienden a reproducir en su interior un discurso muy vacío y repetitivo, y toleran muy mal la diversidad interna. La vigilancia que los medios hacen en tiempo real sobre lo que dicen los políticos es magnífica. Sin ella, no habría democracia, pero como efecto secundario, acartona el discurso. Ahí tenemos a Toni Cantó lo que le ha pasado cuando ha dicho lo que piensa... Al mismo tiempo, se ve muy bien en los ayuntamientos en Euskadi, una persona no asegura su liderazgo si no compagina que le voten personas que nunca votan a su partido y no molestar a los que votan habitualmente a la sigla. Casos de Donostia con Odón Elorza o Bilbao con Iñaki Azkuna son muy claros. 

Al control de los medios de comunicación se añade la presión de 'Twitter' ¿Fomenta la radicalidad?
Está estudiado hasta qué punto Internet, que teóricamente era para abrirse al mundo, funciona como una herramienta de ratificación de los convencidos. En los entornos de los partidos hay muchas webs que no tienen utilidad informativa y menos de deliberación con personas que piensan diferente, sino que agrupan a personas convencidas y radicalizan. 

Pero las redes sociales han tenido su papel en movimientos como el 15-M.
Las nuevas tecnologías permiten que la ciudadanía ejerza una función fundamental la democracia como la observación y la expresión, pero hay un elemento posterior, el de construcción democrática y de configuración de voluntad popular, que necesita otro tipo de instrumentos, incluso los más tradicionales, como el partido político. Ese elemento de construcción falta en estos movimientos, y no es un reproche, porque los movimientos sociales son eso, movimientos y punto.

Le intuyo, por lo tanto, escéptico ante formaciones como el Partido X.
Totalmente. Tenemos que innovar en los partidos, en las fórmulas de asociación, de expresión, de articulación de la opinión pública…, pero no concibo un partido sin sus estatutos, sin portavoz, asambleas y obligaciones de rotación de poder… Hablar de un partido sin portavoz, que es desconocido, que no tiene estatutos, ¿cómo sé yo que detrás no hay neonazis, por ejemplo?

¿Tiene la crisis económica europea solución sin antes solucionar la crisis institucional?
La crisis que tenemos no es tanto económica, sino fundamentalmente política. Hemos hecho una operación parcial con la creación del euro. Es una moneda, una tecnología, que tenía que ir acompañada de una innovación social, coordinación de políticas fiscales… Mientras no lo completemos con unas medidas de tipo político, el euro siempre estará debilitado, que es lo que perciben los mercados. No actúan con hostilidad porque sí, sino porque no lo ven acompañado de esa innovación.

¿Creen los 27 estados en la UE?
Sí, pero con distintos intereses. Europa es un espacio económicamente muy heterogéneo, con culturas políticas muy diferentes (el Este, las viejas democracias, las recién constituidas…) y darle una articulación política requiere tiempo. Pensemos que no hay ningún precedente en la historia en el que 27 países, siendo soberanos y democracias con más o menos pedigrí, renuncien a parte de esa soberanía para algo común. Todos los procesos de unificación se han dado a través de la fuerza. 

¿Cree en la teoría que vincula el teórico desordenado Sur católico frente al orden del Norte luterano?
Explica algunas cosas, pero en la crisis del euro se han puesto en marcha tópicos que responden a la realidad en parte. Eso del Norte austero frente al Sur que despilfarra y que ve financiadas sus vacaciones por el Norte no resiste al contraste con datos económicos. A comienzos del euro hubo un movimiento de capital hacia el Sur, en términos de boom inmobiliario, que nos hizo creer que los países del Sur íbamos muy bien. Con la crisis, ese dinero va hacia el Norte no porque trabaje más, sino porque aparece como un lugar más seguro. Ni España iba tan bien entonces ni tan mal ahora. Son simples movimientos de capital que no están suficientemente regulados.

O sea, que la culpa del pinchazo inmobiliario es de los alemanes.
Exactamente, es lo que quería decir. Con el boom ha hecho mucho dinero la banca alemana. ¿Dónde está buena parte de la deuda griega? En bancos alemanes y franceses. Europa ha sido un espacio de libre comercio en el que hemos conseguido grandes beneficios económicos y adquirido muchos créditos, fragilidad compartida. Europa era un invento pensado para repartir beneficios y por primera vez en la historia reciente tiene que convertirse en un instrumento de compartir riesgos. Y no sabemos cómo se hace.

Quien ha hecho mucho dinero con el 'boom' ha sido más de un político. ¿Qué riesgo supone la corrupción?
Lo que pone en riesgo el sistema político es la corrupción que no se ve, que no se persigue, que no se denuncia y por la que nadie paga. Tenemos un problema de percepción: cuando salta un escándalo de corrupción en los medios, pensamos que es absolutamente negativo y no nos damos cuenta de que es menos negativo que si permanece oculto. La judicatura, la policía, la ciudadanía y el sistema político han aprendido mucho desde los años 80 y tenemos más instrumentos de reacción.

¿Basta con modificar la legislación?
No. Es un problema social y jurídico. La sociedad tiene que mantener la tolerancia cero y la policía y los jueces, sus instrumentos. 

Entonces, ¿quien propone cambiar leyes demuestra su propia debilidad?
Sí, ocurría cuando Nicolas Sarkozy, como ministro del Interior o presidente de la República francesa, a cada fenómeno trágico o de violencia en la calle respondía endureciendo la ley. Esas carreras hacia no se sabe dónde son simplificaciones de problemas que responden a una causalidad compleja. 

¿Comparte la percepción de que el Gobierno del PP está en manos de Luis Bárcenas mientras que la casa real está en manos de Diego Torres por la información que podrían tener?
Lo desconozco, pero tengo la percepción de que estas dos instituciones, dado el grado de conocimiento y transparencia involuntaria que hay en la sociedad, o se enfrentan a sus problemas con toda sinceridad y radicalidad o terminarán pagándolo muy caro. Dada la transparencia informativa, no hay posibilidad de que las cosas acaben diluyéndose. Hay jueces y hay periodistas que hacen su trabajo y una ciudadanía que tiene tolerancia cero.

Hay quien duda hasta del modelo territorial. ¿Pasa la solución de España por el modelo federal?
Absolutamente no. Los dos problemas que afrontaba España en la Transición eran el encaje de demandas de naturaleza profunda de las nacionalidades históricas, y la descentralización tras una fase larga de centralismo duro. Buena parte de los problemas de ahora proceden de dar el mismo trato a ambas cuestiones. El federalismo es una solución a un estado cuyos centros de decisión están articulados de manera homogénea, no como en el Estado español, donde hay dos o tres nacionalidades históricas y un conjunto de regiones con derecho a un cierto autogobierno. Tratar igual ambos problemas no conduce a ninguna parte.

La crítica feroz contra el político es general, pero ¿no se corre el riesgo de cargar contra las propias instituciones con un toque demagógico?
Hay una diferencia entre la crítica positiva a determinados comportamientos y la crítica generalizada e indiferenciada según la cual todos son iguales que surge de mentalidades antipolíticas. Habría que criticar a los políticos todo lo que merecen, pero sin arrasar con lo que es el conjunto de instituciones y prácticas sin las que podríamos vivir.

¿Entiende que, tal y como está el patio, buena parte de vascos y catalanes digan "nos queremos ir"?
Seguramente ahora mismo se está mezclando, como era inevitable, problemas de desafección territorial con los que tienen que ver con el malestar que genera la crisis persistente más disfuncionalidades políticas y corrupción. Pero son tres problemas que requieren un tratamiento diferente. Pensar que la solución a uno o a todos pasa por la reformulación territorial es no entender que son cosas diferentes. Pensar que reformar el Estado en aras a la plurinacionalidad va a resolver la crisis económica es faltar a la verdad.

Cientos de miles de portugueses cantan el himno de la Revolución de 1974

LISBOA.- Cientos de miles de manifestantes entonaron ayer el himno de la Revolución de los Claveles y pidieron la dimisión del Gobierno conservador de Portugal en una multitudinaria protesta contra la política de austeridad.

La Plaza del Comercio, la mayor de Lisboa, se llenó de manifestantes que portaban pancartas contra los recortes y los problemas sociales del país y entonaron el himno "Grandola Vila Morena" y otros lemas de la Revolución de 1974, en una de las mayores protestas contra el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho desde que llegó al poder hace veinte meses.
Manifestaciones similares, aunque menos numerosas, recorrieron decenas de ciudades lusas organizadas por el movimiento "Que se lixe a troika" (Que se fastidie la troika) para rechazar los ajustes económicos exigidos por la troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate financiero del país.
La manifestación se produjo mientras una misión de la troika realiza una de sus inspecciones trimestrales para verificar que Portugal cumple las duros ajustes presupuestarios vinculados al rescate que le fue concedido en 2011.
El himno de la Revolución de 1974, que acabó con cuatro décadas de dictadura, fue el momento culminante de la manifestación, en la que confluyeron varias marchas organizadas por sindicatos, gremios profesionales y colectivos muy diversos para reclamar soluciones al desempleo y la larga crisis que vive Portugal.
Los medios de comunicación lusos coincidieron en que la manifestación de hoy fue una de las más multitudinarias registradas en el país, donde se han repetido las huelgas y protestas en los dos últimos dos años al calor del descontento popular con las políticas de austeridad.
Las autoridades no dieron datos sobre el número de participantes en la marcha, como es habitual, mientras fuentes de los organizadores calculaban que fue superior al medio millón de personas, en un país de 10,5 millones de habitantes.
La céntrica plaza Marqués de Pombal y la avenida Liberdade, de Lisboa, donde empezó la marcha, estaban repletas desde la hora de inicio de la concentración, a las cuatro de la tarde hora local (la misma GMT).
Ciudades como Oporto, donde se concentraron decenas de miles de personas, Coimbra, Evora, Braga o Faro fueron también escenario de manifestaciones, así como algunas capitales europeas -según varios medios lusos- aunque, en algunos casos, con pocos asistentes.
En Lisboa los manifestantes gritaron el "pueblo unido jamás será vencido" y exigieron la dimisión del Gobierno y medidas económicas para reducir el desempleo, que se ha disparado hasta el 17,6 %, y para reactivar la economía, cuyo PIB cayó en el último trimestre un 3,9 %.
La marcha tuvo el respaldo de los partidos de la izquierda y los sindicatos, cuyos líderes se sumaron hoy al coro de críticas contra el Ejecutivo.
António José Seguro, secretario general del Partido Socialista (PS), el principal de la oposición, declaró en un acto de su organización en el interior del país que los portugueses "tienen muchas razones para estar indignados, protestar y exigir un cambio de política" ante el empobrecimiento de la nación.
El Gobierno debe tener la "inteligencia" de reconocer que sus medidas económicas y financieras han fallado, agregó Seguro.
Desde los sindicatos, el secretario general de la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Portugal), Arménio Carlos, quien participó en la manifestación, fue mucho más duro con Passos Coelho, al que pidió que deje el poder para que Portugal pueda salir de la crisis.
"El Gobierno sabe que pende de un hilo", aseguró Carlos al acusar a la alianza conservadora que gobierna Portugal de no tener "legitimidad política, moral ni ética" para seguir en el poder.

El juez admite a trámite la demanda civil de Cospedal contra Bárcenas

TOLEDO.- Los juzgados de Toledo han admitido a trámite la demanda civil que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha,  María Dolores Cospedal, presentó el pasado 15 de febrero contra el extesorero de su partido Luis Bárcenas y contra la sociedad editora del diario 'El País', según han confirmado fuentes cercanas a la 'número dos' del PP.

   Cospedal ha sido el primer miembro de la actual dirección del PP en emprender acciones judiciales tras las informaciones acerca de una presunta contabilidad opaca de su formación política, si bien está previsto que en breve  --podría ser este mimos lunes-- el Partido Popular interponga una demanda colectiva contra su extesorero, una acción que la dirección nacional  anunció hace un mes.
   A esa demanda conjunta del PP se sumarán previsiblemente otras demandas individuales por parte de los cargos del PP aludidos en los llamados 'papeles de Bárcenas' que publicó 'El País', como las del vicepresidente de Política Autonómica, Javier Arenas, el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, o los exministros Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja.
   Quién finalmente no interpondrá una demanda a título particular contra Bárcenas será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien se adherirá a la estrategia conjunta que ultima el PP. La propia Cospedal admitió la pasada semana que el partido estaba estudiando la oportunidad de que Rajoy presentara una demanda -que sería la primera de su carrera política porque es "el presidente del Gobierno, no sólo del Partido Popular".
   El expresidente del Gobierno José María Aznar fue el primero en presentar una demanda en los juzgados de Pozuelo por una violación del derecho al honor contra El País tras atribuirle "supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP". También lo hizo unos días después la exminista Ana Palacio, quien presentó una querella por injurias contra Luis Bárcenas.