lunes, 23 de abril de 2012

El exprimer ministro islandés, condenado por negligencia grave

REYKIAVIK.- El tribunal superior encargado de juzgar a los miembros del Gobierno islandés, Landsdómur, ha condenado este lunes al exprimer ministro Geir Haarde por un cargo de negligencia por no haber informado a los miembros de su gabinete de la situación real del país durante la crisis económica de 2008, ha informado el diario Morgunbladid.

   El alto tribunal, que se ha formado por vez primera con ocasión del procesamiento de este exjefe de Gobierno, ha decidido absolver a Haarde de los otros tres cargos de negligencia que se le imputaban en este proceso, centrado en analizar si los fallos de su gestión en la crisis provocaron la debacle económica del país. La decisión del alto tribunal implica que el ex 'premier' no cumplirá condena de cárcel y corresponderá al Estado asumir las costas del juicio.
   Los tres cargos de negligencia de los que ha sido absuelto hacían referencia a las posibles negligencias que habría cometido Haarde por no vigilar suficientemente la estabilidad financiera del país, no controlar al sistema bancario islandés ni la garantía de los fondos de procedencia británica despositados en entidades islandesas.
   El único cargo por el que finalmente ha sido condenado ha sido el de negligencia por no haber informado convenientemente a sus ministros de la situación financiera real del país con las correspondientes reuniones ministeriales.

Voluntarios recogen firmas en Barcelona para la ILP de la dación en pago

BARCELONA.- La iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago ha arrancado su andadura coincidiendo en Barcelona con el Día de San Jorge, una jornada cultural de gran simbolismo que lleva a los catalanes a intercambiar libros y rosas.

   En el centro de Barcelona voluntarios de las diferentes asociaciones que integran esta ILP han empezado a recoger las 500.000 firmas necesarias para elevar esta propuesta a consideración del Congreso de los Diputados.
  Miembros de esta iniciativa han destacado la buena acogida de la sociedad, lo que les ha llevado a recoger más de 200 firmas en poco más de una hora --existe un plazo de seis meses para lograr el medio millón--.
   La ILP, que propugna que la entrega de la vivienda a la entidad bancaria sea suficiente para saldar la hipoteca cuando el propietario no puede pagar por motivos ajenos a su voluntad, ha iniciado este lunes la recogida de firmas en toda España.
   Entre los promotores en Cataluña se encuentra la Taula del Tercer Sector --que aglutina a más de 7.000 entidades sociales--, el Observatorio Desc, los sindicatos CC.OO. y UGT, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc).
   El plazo de recogida de apoyos contra las ejecuciones hipotecarias, que ya han afectado a 350.000 españoles en cuatro años, finaliza el 31 de octubre y será entonces cuando, de lograrse el objetivo, podrá incluirse la propuesta en la agenda de los parlamentarios.

Gobierno y Generalitat dirigirán conjuntamente el operativo policial de la cumbre del BCE en Barcelona

BARCELONA.- El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, serán los encargados de dirigir el operativo de seguridad con motivo de la celebración en Barcelona de una cumbre del Banco Central Europeo (BCE) los días 3 y 4 de mayo.

   Así lo ha anunciado este lunes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que ha conversado con Puig en el Palau de la Generalitat con motivo de la celebración de la misa de Sant Jordi.
   El ministro ha explicado que Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad durante la cumbre "con total colaboración, en un clima de respeto mutuo y de lealtad institucional".
   Fernández Díaz ha explicado también que la restricción del espacio Schengen en España para controlar el flujo migratorio arrancará "previsiblemente" una semana antes de la cumbre.
   Ha afirmado que, a partir de entonces, la Policía Nacional y la Guardia Civil extremarán sus controles para impedir la entrada en España de aquellas personas que vengan para provocar altercados durante la cumbre.
   El ministro del Interior ha subrayado la importancia de que Barcelona, Cataluña y España transmitan una imagen "de seguridad y convivencia pacífica" al mundo.
   Más de 7.000 policías se desplegarán en Barcelona durante la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, 4.500 mossos d'Esquadra y más de 2.500 policías nacionales y guardias civiles, según las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Interior.
   Este dispositivo tratará de hacer frente a posibles movilizaciones por parte de colectivos radicales que puedan llegar también de otros puntos de Europa, ante la presencia en la capital catalana del máximo órgano rector del BCE, formado por seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de cada país de la zona Euro.

Cayo Lara aboga por recuperar el espíritu de resistencia de Villalar contra el Gobierno "absolutista" de Rajoy

VILLALAR DE LOS COMUNEROS. - El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha reivindicado este lunes en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, a la que se ha trasladado para celebrar el Día de Castilla y León, el espíritu de "resistencia" que hoy hace 500 años simbolizaron Padilla, Bravo y Maldonado con el fin de combatir el que ha calificado como "absolutismo" y "opresión" del Gobierno de Mariano Rajoy, "que está destrozando el estado del bienestar, los servicios públicos esenciales y los derechos de la clase trabajadora".

   El líder de IU, acompañado de los coordinadores en Castilla y León, Navarra y Asturias, José María González, Jesús Iglesias y José Miguel Nuin, respectivamente, no ha dudado al calificar la andadura política del Ejecutivo central como los "120 días negros", acompañados de los "viernes negros", en alusión a los recortes y medidas que vienen caracterizando cada Consejo de Ministros, lo que, tal y como ha advertido, "está generando frustración pero también va a ocasionar rebeldía y resistencia" de quienes entienden que hay otras políticas posibles.
   Cayo Lara considera que una forma de lograr más ingresos, sin necesidad de recortar en sanidad y educación, pasa por luchar contra el fraude fiscal, máxime teniendo en cuenta un reciente estudio que sitúa a España como la décima potencia en la materia, de entre un total de 145 países estudiados, así como por una reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más ganan.
   "Lo más grave de todo es el mensaje nefasto que se está dando a la sociedad que sí paga para que deje de hacerlo", ha criticado el político, quien por ello ha justificado la enmienda a la totalidad que su formación ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado para que éstos sean devueltos, "ya que no son los que necesita España", porque los actuales no harán otra cosa que generar "más sufrimiento y más recesión".
   Por todo ello, Cayo Lara ha insistido en la necesidad de luchar contra el Ejecutivo de Rajoy mediante la resistencia activa. "Siempre que hubo opresión hubo gente que se rebeló contra ella, ayer y hoy", ha enfatizado, en clara alusión a la revuelta que los comuneros protagonizaron en 1521 contra el imperio alemán con Carlos I de España al frente.
   Por su parte, el coordinador de IU en la Comunidad, José María González, ha hecho también referencia a la batalla histórica para seguir hoy defendiendo los derechos e intereses de Castilla y León y con el fin de que sus recursos y los de España no se pongan a disposición de Alemania "como mano que mece la cuna del gran capital".
   Además, González, y en referencia al encuentro previsto entre Herrera y Rajoy, ha exigido al mandatario del PP que acuda a la cita con espíritu reivindicativo para reclamar "más gobierno y autogobierno" para Castilla y León, "sobre todo para que los 230.000 parados registrados en la Comunidad no vean sumarse a ellos otros 70.000 u 80.000, para que los que disfrutan del derecho a la salud no tengan que reivindicar el derecho a estar enfermos y ser atendidos o para quienes disfrutan del derecho a la educación no tengan que plantearse que ésta ya no existe".
   En el supuesto de que Herrera volviera sin noticias positivas, el líder regional de IU ha vaticinado que Castilla y León "dejará de existir como territorio con población", tras perder 15.000 habitantes y mantener una pérdida histórica en esta materia.

El Congreso examina este martes el medio centenar de preguntas sobre el viaje de caza del Rey de España a Botsuana

MADRID.- La Mesa del Congreso afronta este martes el examen del medio centenar de preguntas parlamentarias registradas la semana pasada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra Republicana (ERC) sobre el viaje que el Rey realizó a Botsuana para participar en una cacería de elefantes. También deberá dar luz verde o no a una iniciativa del grupo parlamentario de la Izquierda Plural pidiendo regular las salidas del Monarca fuera de España.

   El órgano de gobierno de la Cámara Baja deberá decidir, como hace habitualmente, si da el visto bueno a estos interrogantes para que el Gobierno proceda, a renglón seguido, a dar contestación a aquellos cuyos miembros consideren que son de su incumbencia, para lo cual dispone de un mes.
   En esta legislatura, los nueve integrantes de la Mesa del Congreso (cinco del PP, tres del PSOE y uno de CiU) han resuelto por unanimidad la tramitación de iniciativas sobre el Rey, admitiendo algunas y rechazando la mayoría. Cuando las ha vetado, lo ha hecho argumentando que la institución no está sometida a control parlamentario, y ha dejado pasar aquellas que se dirigen expresamente al Gobierno.  
   Esta vez, el partido que lidera Rosa Díez presentó cinco preguntas en las que, entre otras cuestiones, pide saber si Moncloa desaconsejó en algún momento que se realizara ese viaje en medio de una crisis como la que atraviesa España, y, caso de hacerlo, por qué motivos no se siguió su recomendación.
   Del mismo modo, la formación magenta, a través de su diputada Irene Lozano, se interesa también por la reciente visita del Monarca a Kuwait. En concreto quiere que el Gobierno le informe del carácter de esa visita, qué refrendo dio, en su caso, a sus actividades en ese país y por qué Don Juan Carlos no estuvo acompañado por ningún miembro del Ejecutivo.
   Además, UPyD se hace eco en sus preguntas de la "confusión" informativa del Gobierno en torno a ambos viajes. "¿En qué momento tuvo información el Gobierno de la visita del jefe de Estado a Kuwait y Botsuana y de su agenda?", reza el interrogante.
   Sobre esta última cuestión también giran algunas de la casi una veintena de preguntas registradas entre IU e ICV, a las que se suma una proposición no de ley en la que el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propone que el Congreso obligue al Rey a informar al Ejecutivo de todos los viajes que realice fuera de España tengan o carácter público.
   En sus siete preguntas, los diputados de IU Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares piden al Gobierno que explique cuándo exactamente conoció el viaje del Monarca a Botsuana, si fue informado del mismo previamente, cómo lo valora, el coste del mismo y quién o quiénes lo pagaron.
   Asimismo, y también en relación con el viaje a Kuwait, la federación de izquierdas le pide explicaciones por el hecho de que Don Juan Carlos no estuviera acompañado por ningún ministro, y eso que su objetivo no era otro que negociar garantías de suministro de petróleo para España.
   Preguntas similares plantean los diputados de ICV Joan Coscubiela y Laia Ortiz. En concreto, emplazan al Gobierno a que se pronuncie sobre si en el actual contexto de crisis cree compatible el viaje del jefe del Estado con "las llamadas al rigor en los gastos, los sacrificios y responsabilidad" que se vienen haciendo desde el Ejecutivo.
   ICV quiere que el Gobierno le especifique el coste de este viaje y con cargo a qué partidas se ha realizado, si suele ser informado por parte de la Casa del Rey de este tipo de viajes privados del Monarca, si se le comunicó el de Botsuana. En este sentido, quiere saber si el Ejecutivo tiene previsto tomar alguna medida para regular las salidas del Monarca y si piensa corregir la Ley de Transparencia para obligar a Zarzuela a revelar sus actividades.
   Por último, en los cerca de 30 interrogantes planteados por ERC, los independentistas catalanes piden al Gobierno que detalle quién pagó el viaje cinegético del jefe del Estado a Botsuana, el de sus acompañantes y del personal de la Administración que lo acompañó, y también que dé cuenta del coste que supuso la repatriación de Don Juan Carlos a España tras el accidente que éste sufrió y su hospitalización e intervención quirúrgica.
   Asimismo, ERC le demanda que especifique el coste que ha supuesto para el erario público esta visita a Botsuana, donde quiere saber además si el Rey se encontraba de vacaciones, el número de personas que iban a su servicio, si éstas cobra dietas extraordinarias en este tipo de viajes y de qué partidas presupuestarias se hacen efectivos los gastos de este personal.
   Entre otros temas, Esquerra también ha registrado una serie de preguntas interesándose por el conocimiento que el Ejecutivo tenía de este viaje privado, por si tiene previsto incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia y por su opinión acerca de la conveniencia de este viaje en plena crisis económica.

Llamazares dice que la monarquía se ha convertido en un "problema" para los españoles

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares ha señalado este lunes que la monarquía se ha convertido en un "problema" para los españoles, por la "corrupción que se está produciendo en los aledaños de la Casa Real", la "decisión inconsciente y desafortunada del Rey de irse de cacería" y la "falta de transparencia". 

   "La Monarquía no formaba parte de nuestros problemas; quizá formaba parte de los debates políticos, pero no formaba parte de nuestros problemas y en estos momentos forma parte de los problemas del país, además de la crisis económica", ha asegurado durante una entrevista en 'La Sexta'.
   A su juicio, "la corrupción que se está produciendo en los aledaños de la Casa Real, la decisión inconsciente y desafortunada del Rey de irse de cacería cuando más sufre la ciudadanía española y la falta de transparencia en un momento en que los ciudadanos piden dación de cuentas por parte de todas las instituciones políticas" forman parte de los problemas del país y han hecho que la Casa Real esté en un "primer plano del debate político".
   Asimismo, ha considerado que "se ha roto el cristal, el tabú" sobre la Casa Real, que, a su juicio, "en estos momentos está sometida al escrutinio público".
   El grupo parlamentario del que forma parte Llamazares, denominado La Izquierda Plural, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que aclare cómo se ha sufragado el viaje del Rey Don Juan Carlos a Botsuana, qué coste ha tenido el mismo para las arcas públicas y si junto al monarca viajaban también empresarios, así como las identidades de estos si procede.
   "Si me rechazan las preguntas, trataremos de que le lleguen directamente al monarca y que las responsa él", ha adelantado Llamazares, quien ha recordado que la Mesa del Congreso rechazó otra serie de preguntas al Gobierno registradas por su grupo parlamentario sobre el papel del Rey en el 23-F, al considerarle "un tercero no sujeto a control democrático". IU remitió esas preguntas a Zarzuela.
   Llamazares ha considerado que el Rey pidió disculpas por su cacería en Botsuana como si se tratara de "un niño travieso", para después "continuar con lo mismo". A su entender, el gesto del monarca ha sido "insuficiente", porque "lo importante es cambiar las prácticas y garantizar la transparencia en las acciones del Rey". 
"Era imprescindible para cambiar una dinámica que iba 'in crescendo'", ha agregado.
   Con respecto a la ley de transparencia propuesta por el Gobierno, el diputado de IU ha valorado que si no afecta a la información sobre la Casa Real "no será una ley de transparencia", sino de "penumbra".
 "La monarquía debe responder a esa ley de transparencia", ha afirmado Llamazares, al tiempo que ha defendido que tiene que ser "tan transparente como el resto del Estado".  
   Tras declararse republicano y reivindicar la república, Llamazares ha dicho que su valoración del reinado de Don Juan Carlos "no llega al suficiente". En concreto, en lo que respecta a su papel el 23-F, ha comentado que "es verdad que al final decidió situarse de parte de los demócratas, pero también que agitó la conspiración contra Suárez".
   En respuesta a si el Príncipe está preparado para suceder a su padre, Llamazares ha dicho que para eso "no hay exámenes ni reválida".  
  "No creo que la actividad de la monarquía que reina pero no gobierna signifique ni mucha formación ni mucho esfuerzo", ha añadido.
   "Entre los jóvenes republica y monarquía están empatados", ha concluido Llamazares.

División en 'Democracia Real Ya' tras la decisión de un grupo de miembros de conformase como asociación

MADRID.- La plataforma ciudadana 'Democracia Real Ya' (DRY), integrante del movimiento 15-M, ha denunciado que un grupo de simpatizantes del colectivo, que se define como "horizontal" y contrario a adoptar cualquier tipo de forma jurídica, ha decidido conformar una asociación bajo el mismo nombre de forma "unilateral" y sin contar con el consenso necesario del movimiento.

   Por su parte, el grupo impulsor de la propuesta de transformación de DRY, entre los que se encuentra uno de los portavoces de la plataforma desde su creación hace ya casi año, Fabio Gándara, defiende la legitimidad tanto de la asamblea en la que se sometió a votación la propuesta como la decisión final de crear la asociación, que se ha tomado, tal y como ha asegurado Gándara, de forma democrática y consensuada.
   No lo piensan así los que rechazan esta decisión, quienes la consideran una "encerrona total" por parte de un grupo muy reducido de personas que rondaría la veintena que ya "desde hace meses" tratan de romper el consenso dentro de DRY y dificultar la toma de decisiones.
   "No es una propuesta, es una política de hechos consumados. Convocaron una asamblea deprisa y corriendo, y a pesar de no recibir el consenso para celebrarla, la hicieron. En ella, plantearon la votación de crear la asociación, a pesar de que eso ya se había votado y rechazado en la II Asamblea estatal celebrada en Málaga", ha asegurado uno de los portavoces de la plataforma.
   Ante esta decisión, que califican de "unilateral", "ilegítima" y una "falta de respeto" por parte de este grupo hacia los mecanismos utilizados por el movimiento para la toma de decisiones, basados en el consenso y en la horizontalidad, DRY ha optado por un lado, por "deslegitimar" a la asociación y desvincularla del movimiento, y por otro, "aprovechar la ruptura para superar la situación de bloqueo" a la que habían llegado a causa de la oposición constante, según denuncian, que ha venido protagonizando este grupo.
   "Al margen de estos hechos lamentables, queremos comunicar que seguimos creyendo en una red de personas coordinadas y sin líderes, que no puede ni debe confinarse a los limitados marcos del derecho. Es por ello que DRY seguirá funcionando como una red horizontal sin representantes", aseguran en un comunicado, recogido por Europa Press, y que han difundido a través de la web http://www.democraciarealya.es y su cuenta de Twitter, pero no de su perfil en el Facebook, controlado por los partidarios de la asociación.
   Según este portavoz de DRY, los indignados que han decidido "unilateralmente" conformar una asociación han protagonizado "un golpe de Estado" en las infraestructuras de las que dispone la plataforma para difundir sus actividad en las redes sociales ya que han aprovechado la rotación de turnos en la gestión de los perfiles para adueñarse de la cuenta en Facebook "y echar al resto de administradores".
   "Cuando han llegado ciertas personas han echado a ciertos administradores y se lo han quedado ellos. Ha habido un golpe de Estado en las infraestructuras, sobre todo en lo que es Facebook", denuncian, para recordar que, no obstante, la plataforma sigue manteniendo el control tanto de la web como del perfil en Twitter, red social en la que ha quedado plasmada la polémica con la etiqueta #EsoNoEsDRY.
   Precisamente Facebook es uno de los medios que el grupo que ha decidido conformar la asociación ha utilizado para informar de que la asamblea general celebrada el pasado fin de semana en Madrid, calificada de "ilegítima" por la plataforma, decidió "por amplia mayoría iniciar un proceso de transformación organizativa y constituirse como asociación sin ánimo de lucro".
   De esta forma, defienden que su decisión es "la solución más idónea para afrontar las dificultades organizativas que suponía hasta ahora el hecho de que el colectivo de DRY, que pretende incorporar a miles de ciudadanos y ciudadanas, tenga sus herramientas de trabajo y difusión a nombre de personas físicas".
   "Con la creación de un Código de Identificación Fiscal avanzamos en lo productivo y ponemos los medios del colectivo al servicio de todos sus miembros", explican, al tiempo que denuncian que son los que rechazan la creación de la asociación los que no quieren aceptar "las decisiones tomadas democráticamente en la asamblea", cuyo carácter vinculante defienden.
   Así lo ha confirmado Fabio Gándara, quien ha explicado que de momento ya han presentado la documentación necesaria en el Ministerio del Interior para constituir la asociación bajo el nombre de 'Democracia Real Ya', y que ahora se abre el proceso de redacción de los estatutos, algo que tienen pensado hacer de forma "democrática y consensuada".
   "Hay ciertas personas que no están de acuerdo y que están haciendo ataques internos. Nosotros vamos a seguir avanzando", ha señalado Gándara en relación con la polémica, para reconocer que aunque de momento no se han conformado ningún organigrama, el seguir adelante con la asociación si implicaría la necesidad de designar una dirección, uno de los hechos más criticados por los reacios a modificar el modelo organizativo.
   De momento, según Gándara, tienen pensado conformar un organismo de representación formado por siete personas que irían rotando, si bien ha señalado que es de carácter provisional y que en un futuro si será necesario establecer algún tipo de órgano de representación, algo que seguirán debatiendo en la próxima asamblea general que tienen previsto celebrar.

Al menos medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria en España

MADRID.- Más de medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria integral de la que ahora gozan en España porque se encuentran en situación irregular y, de salir adelante la modificación de la Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno el pasado viernes, ya no bastará con estar empadronado para acceder a una tarjeta sanitaria. 

   En la actualidad, 573.712 inmigrantes figuran en las estadísticas oficiales como residentes en España sin autorización, ya que 3,2 millones de personas nacidas en países de fuera de la Unión Europea están empadronadas en el país pero son 2,6 millones los permisos expedidos a ciudadanos de estas nacionalidades.
   Estos datos son fruto de cruzar el avance de resultados del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 que elabora el Instituto Nacional de Estadística con el balance oficial de permisos de residencia cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
   No obstante, la cifra está sujeta a variaciones, principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años, por lo que pueden figurar inmigrantes que hayan fallecido o abandonado el país y que aún no hayan salido del registro de sus municipios de residencia. Además, esta cadencia en la depuración de los datos hace que sólo cada dos años se eliminen las posibles duplicidades.
   Esta puede ser una de las razones por las que sólo un año antes, en 2010, la diferencia entre ambas estadísticas arrojaba un balance de 872.556 personas residiendo en España sin permiso para hacerlo y 835.530 en el año 2009. Con todo, un extranjero puede regularizar su situación en España reuniendo una serie de requisitos de empleabilidad al cabo de tres años de residencia en el país, antigüedad que estas personas acreditan con el registro del Padrón.  
   Además, inscribiéndose en el registro municipal los extranjeros no comunitarios pueden acceder a una tarjeta sanitaria estén o no en situación irregular, ya que el artículo 12 de la Ley de Extranjería reconoce que los inmigrantes "inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
   Este derecho fue introducido por el Congreso a través de una Proposición de Ley de Extranjería que partió de varios grupos y de la que, pese a participar en un consenso inicial, el Grupo Popular se descolgó por entender, entre otros motivos, que la normativa hacía imposible expulsar a extranjeros irregulares. Pese a ello, la norma vio la luz porque por aquel entonces el Gobierno no gozaba de mayoría suficiente para imponer su criterio.
   Sin embargo, con la nueva mayoría absoluta obtenida por el PP en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar reformó el texto e introdujo numerosas modificaciones, aunque respetó el artículo 12 que se ha mantenido prácticamente invariable desde entonces, y con él, el acceso a la tarjeta sanitaria de los inmigrantes empadronados en las mismas condiciones que los españoles.  
   Caso aparte son los extranjeros procedentes de países europeos. Del cruce de datos del INE y la Secretaría General destaca la diferencia entre el número de europeos que figuran en el padrón y quienes tienen una tarjeta de residencia. Dado que la libertad de circulación, residencia y trabajo en la Unión Europea les exime del imperativo de gozar de autorización para vivir en España, hay muchos europeos que residen en el país y no llegan nunca a empadronarse.
   De hecho, según los datos hay 2,4 millones de europeos registrados en España, 100.000 menos que los que gozan de una tarjeta de residencia. Con todo, estos ciudadanos necesitan estar registrados para realizar trámites administrativos o acceder a la Sanidad y a la Justicia en España, entre otros, y lo hacen mediante la obtención del Número de Identidad de Extranjero (NIE), una tarjeta similar al DNI para cuya obtención no es preciso estar empadronado.  
   Sobre este asunto, un estudio publicado en 2010 por el Real Instituto Elcano reveló que el 21 por ciento de los dos millones y medio de europeos que viven en España son jubilados que en la mayoría de los casos no se empadronan por no pagar impuestos, porque no están integrados (no hablan el idioma), por no perder derechos sociales en sus países de origen o por desconocimiento.
   El informe, señaló que "la población extranjera retirada tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que "causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras administraciones públicas para planificar la dotación de servicios".

El posible desahucio de Vicente, la peor cara de crisis

MADRID.- Vicente Torres nunca se había imaginado que a sus 73 años vería, convaleciente desde la cama de su habitación, cómo se evitaba que le quitaran su piso de 49 metros cuadrados en el madrileño barrio de Carabanchel, en un ejemplo de las consecuencias más brutales de la crisis económica que sufre España.

Tapicero jubilado, Vicente fue operado del corazón hace dos meses y tiene la movilidad muy reducida, por lo que vive con su nieto Jonathan, de 24 años, que cuida de él aunque no tiene trabajo ni cobra prestación por desempleo. Sobreviven con los 600 euros de la pensión del abuelo.
Vicente se enfrenta a perder definitivamente la vivienda en la que vive hace unos 50 años tras haberla puesto como aval para una hipoteca de su hijo, que ya perdió su casa.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró esta semana postergar su desahucio, uno de los 200 que se producen a diario en España, aunque la comisión judicial puso una nueva fecha: el 3 de mayo.
"Hemos ganado algo de tiempo, esperemos poder detener la ejecución (hipotecaria)", dijo Rafael Mayoral, abogado de la PAH, que esgrimió motivos humanitarios ante la comisión judicial encargada de certificar el desalojo con la ayuda de la fuerza pública.
Aunque Mayoral presentó ante los funcionarios de la comisión documentación médica que certifica el estado de salud de Vicente, las funcionarias y el procurador suspendieron la ejecución debido a que, según su parecer, no había suficientes efectivos policiales para hacerlo.
El caso de Vicente y Jonathan es cada vez más habitual en un país con 5,3 millones de parados y en el cual la tasa de cobertura para desempleados se sitúa en el 57 por ciento, lo que significa que un 43 por ciento de ellos no reciben ayuda alguna.
En este caso, la entidad ejecutante es Citifin, filial de Citigroup, y la PAH solicita, al igual que en todos los desahucios, que al menos se les conceda el alquiler social.
Mayoral dice haberse puesto en contacto con Citifin, y que "no han atendido a las razones humanitarias".
Contactado, Citigroup no ha querido hacer comentarios.
"Creemos que la sociedad civil tiene medios suficientes para convencer a las entidades financieras para que cedan(...) y creemos que las autoridades judiciales deberían tutelar los derechos de los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria para que no se vean en indefensión", señaló Mayoral.
El fenómeno de los desahucios plantea una disyuntiva entre el cumplimiento de la ley hipotecaria española, por un lado, y de los derechos humanos y la Constitución española, por otro.
La Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos establecerán normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
En España, a diferencia de otros países, la entrega de la vivienda no es generalmente suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, pese a que el Gobierno aprobó, a comienzos de marzo, un "código de buenas prácticas" bancarias para que los ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan seguir pagando sus hipotecas salden la deuda con la devolución del inmueble.
Casi la totalidad de las entidades financieras españolas se han adherido voluntariamente a este código --lo que, en ese caso, lo convierte en vinculante--, pero sus críticos señalan que la norma establece requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Desde la PAH se hace hincapié en que el sistema judicial español debe hacer más esfuerzos para proteger a los ciudadanos deudores con menores posibilidades económicas frente a los recursos jurídicos de la banca.
"Los tribunales tienen la obligación de tutelar los derechos de todas las personas que tienen un procedimiento judicial, y además, cuando está en peligro la vida o la integridad física de una persona, lógicamente está por encima de cualquier diligencia judicial que se quiera ejecutar", señala Mayoral.
Los desalojos se han disparado en España después de que el país sufriera un duro golpe por la paralización del mercado inmobiliario y de la construcción que dejó a millones de personas sin trabajo.
Para paliar el problema, sindicatos y otras asociaciones presentarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000 firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la propuesta y, eventualmente, aprobarla. Una posibilidad muy poco probable.
Los cerca de 200 desahucios al día en España, que cuentan en cada intervención con la comparecencia de una comisión judicial acompañada por la policía, contrastan --más allá del drama humano detrás de cada caso concreto-- con las reclamaciones crónicas de racionalización del funcionamiento del muy saturado sistema judicial español.
El drama de los desahucios ha tenido, además, implicaciones internacionales, pues gran parte de los afectados por los desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción.
Por este motivo, a mediados de marzo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió de que podría denunciar las leyes hipotecarias españolas ante organismos internacionales al considerar que "atentan contra los derechos humanos". Los ecuatorianos son la segunda mayor colectividad de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos.

Los números dos de Justicia e Interior se reúnen esta semana para limar asperezas sobre la reforma del Código Penal español

MADRID.- Los secretarios de Estado de Seguridad y Justicia, Ignacio Ulloa y Fernando Román, respectivamente, se reunirán esta misma semana para estudiar las medidas propuestas para incluir en la reforma del Código Penal español, cuyo borrador prevén tener listo para antes del verano, según han informado fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

Ambos departamentos han mantenido posiciones contradictorias en los últimos días, en particular, en lo que se refiere a la persecución de la resistencia pasiva, considerada hasta ahora como un delito de desobediencia.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que la reforma legal no afectará a este tipo de conductas, mientras que Interior apuesta por tipificar los comportamientos más graves de este tipo como un "atentado contra la autoridad".
Entre ellos, quiere imponer este delito a los manifestantes que "se encadenen por los brazos" para impedir ser desalojados por la Policía. Entiende que esta "resistencia pasiva" entraña una conducta equivalente a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad" ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La postura de Justicia se basa en castigar únicamente las acciones que supongan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando siempre el derecho constitucional de manifestación.
Desde el Ministerio del Interior se apuesta también por considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por Internet y las redes sociales. Su intención es ampliar a dos años la pena mínima de este delito para poder encarcelar cautelarmente a los autores.
Además, pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Por su parte, Justicia ha defendido la introducción de la prisión permanente revisable en el catálogo de penas para su aplicación "exclusiva" en delitos de terrorismo. Además, aprovechará para reparar un "error" en la penalización de los actos de 'kale borroka' detectado recientemente por la Audiencia Nacional.
Ambos departamentos ministeriales trabajan desde hace dos meses en la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían incidir en la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuentes del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz calculan que el Consejo de Ministros aprobará antes de verano el proyecto de Ley Orgánica de reforma parcial del Código Penal con la idea de que las Cortes Generales aprueben su tramitación en los meses de otoño.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la mujer que era un secreto y ahora es un problema

MADRID.- Podría ser su hija -tiene 47 años, uno menos que la Infanta Elena- pero es simplemente la 'amiga' de Su Majestad. Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha pasado de ser un 'secreto' celosamente guardado, a convertise en un 'problema'. Y serio, porque tiene patas arriba el Palacio de La Zarzuela. Rubia, bella, con una estilizada silueta, de gustos sofisticados y acostumbrada a moverse en los más exquisitos salones, dice 'Periodista Digital'.

Escribe de ella Abigail Campos en 'La Gaceta' que el título nobiliario que utiliza sin rubor y su indiscutible buen físico le abren paso en los círculos sociales más restringidos. Dicen de ella que es inteligente, elegante y que sabe estar.
Su nombre original es Corinna Larsen. Es hija de Finn Bönning Larsen e Ingrid Larsen, y tiene un hermano, de nombre Sven Erik.
Su padre, fallecido el 10 de agosto de 2010, era el director para Europa de la aerolínea brasileña Varig, con sede en Fráncfort, un hombre muy respetado y amante del deporte, que llegó a recibir la orden de Caballero del Reino de Dinamarca y la ciudadanía honoraria de Brasil.
Nacida en Fráncfort -y no en Suecia, como erróneamente se dice- el 19 de enero de 1965, Corinna es la directora general de Boss & Co gunmakers, una prestigiosa armería fundada en 2000, con base en Londres, y que se dedica a organizar lujosas expediciones de caza y tiro en lugares especiales, con packs que incluyen alojamientos en castillos.
Corinna combina esa faceta con la filantrópica, en la Authentics Foundation, una ONG que se dedica a variadas tareas, como la lucha contra las redes de blanqueo de dinero, narcotráfico o explotación laboral infantil.
Sin embargo, la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein ni es princesa ni se apellida Sayn-Wittgenstein. Lo que ocurre es que sigue utilizando el título de su segundo ex marido, el príncipe Casimir de Sayn-Wittgenstein-Sayn.
La pareja se casó en diciembre de 2000, en una ceremonia civil en Chelsea, Londres. Cassi, como se le conoce, es el segundo hijo de Alexander, el príncipe de Sayn-Wittgenstein-Sayn y de la condesa Gabriella de Schönborn-Wiesentheid, y tiene ocho años menos que ella.
Se sabe que en su familia no agradó el casamiento. Para ella era su segundo matrimonio, porque primero estuvo casada con el potentado Philip Atkins, con quien tuvo una hija en 1992, Nastassa, que hoy vive en Mónaco.
Y entre ambos tuvo una relación con Gert Rudoph Flick, vinculado a la poderosa automovilística Mercedes.
El príncipe alemán se casó con Corinna en una primera ceremonia civil en espera de la anulación matrimonial que permitiera otra religiosa, que finalmente tuvo lugar en Salzburgo, al año siguiente.
Sin embargo, y pese a que tuvieron un hijo (Alexander, nacido en 2002), la cosa acabó en divorcio en 2005.
"Terminaron muy mal", explica un experto en casas reales que pide guardar el anonimato.
El relato coincide con el de Rey Cabieses.
Los Wittgenstein son una de las casas soberanas del Sacro Imperio Romano Germánico con muchas ramas, algunas de ellas extinguidas. Tienen el mismo rango que las casas reales europeas.
"Si un Wittgenstein de nacimiento se casara con un hijo del Rey de España, serían del mismo rango", dice Rey Cabieses.
Sin embargo, en Alemania no son muy conocidos ni tienen ningún peso representativo.
Como le gustaba España -había disfrutado algún verano en Lanzarote-, comenzó a pasar largas temporadas en un chalé en El Pardo y se integró en la vida social, llegando a formar parte de delegaciones empresariales en representación de España en países como Arabia Saudí.
Tiene gustos caros, como los safaris y las actividades acuáticas, y se dice que adquirió un collar de esmeraldas de la condesa de Romanones, que en el pasado fue de Anita Delgado, maharaní de Kapurthala, y que fue vendido por 400.000 euros por Sotheby´s, aunque la casa de subastas no confirma si fue ella quien lo compró.

domingo, 22 de abril de 2012

Oleg Shein pondrá fin a su huelga de hambre en Rusia si liberan a sus acólitos

MOSCÚ.- El excandidato a la Presidencia rusa del partido Rusia Justa, Oleg Shein, ha supeditado la finalización de la huelga de hambre que inició el pasado 16 de marzo a la liberación de sus seguidores detenidos el pasado viernes.

    "Tan pronto como mis acólitos sean liberados, beberé un vaso de zumo por segunda ocasión en 37 días y empezará el final de la huelga de hambre", ha asegurado Shein en una manifestación celebrada en Astracán secundada por unas 200 personas. Shein comenzó una huelga de hambre para protestar por las supuestas irregularidades registradas en las elecciones presidenciales en la ciudad de Astracán, en el sur de Rusia.
   Tres personas fueron arrestadas y condenadas a tres días de cárcel por celebrar "un funeral por la libertad" en Astracán junto a otras doce personas, dejando una corona en la entrada de la sede de la televisión estatal Lotos. Dicha cadena no ha informado en ningún momento de la huelga de hambre de Shein.
   Según ha informado la agencia de noticias rusa RIA Novosti, una decena de personas han sido detenidas en la protesta de este sábado y tres han sido ingresadas con síntomas de intoxicación.

Dos muertos durante la huelga general convocada por la muerte del líder de la oposición en Bangladesh

DACCA.- Al menos dos personas han muerto en actos de violencia esporádicos en la huelga general convocada para este domingo para presionar al Gobierno por la desaparición de Ilyas Ali exdirigente estudiantil y uno de los líderes del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB).

   La Policía ha explicado que el conductor de un autobús falleció durante la noche cuando unos activistas incendiaron vehículos en la capital, Dhaka. El otro fallecido murió cuando su coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol mientras era perseguido por huelguistas.
   La Policía y testigos ha coincidido en señalar que las acciones violentas han sido menores de lo que se temía. El paro ha provocado la interrupción del transporte público y el cierre de la mayoría de los negocios.
   Miembros del PNB, encabezados por la exprimera ministra Begum Jaleda Zia han afirmado que más de cien seguidores han resultado heridos y que hay decenas de detenidos en todo el país.
   Ali desapareció el pasado martes junto a su chofer. La Policía recuperó su coche abandonado y su teléfono móvil cerca de su casa. Tras la desaparición el Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina, ha ordenado la apertura de una investigación sobre la desaparición, pero según el PNB y la familia de Ali el secuestro ha sido perpetrado por las Fuerzas de Seguridad, acusación que la Policía ha negado.
   "Hacemos un llamamiento para otro día huelga el lunes y puede conducir a la adopción de nuevas medidas si el Gobierno no logra encontrar a Ilyas Ali y le presentan ante el público inmediatamente", ha advertido el secretario general del PNB, Mirza Fakhrul Islam Alamgir en declaraciones a los periodistas.
   Por su parte el ministro del Interior, Shamsul Haque, ha dicho que las autoridades actuarían con firmeza ante la violencia. Mientras que  el partido de la oposición y sus aliados islámicos exigen la dimisión de Hasina y la celebración de elecciones anticipadas.
   Jaleda acusa a Hasina de instituir "un régimen virtual de partido único" para permanecer en el cargo. El Gobierno por contra rechaza las demandas de la oposición y dice que permanecerá en el cargo hasta el último día de su mandato.

La Zarzuela avisa de que Botsuana "no pondrá patas arriba" la institución monárquica en España

MADRID.- La cacería de Bostsuana abre con fuerza el debate sobre el futuro de la Corona. Los expertos consideran que el viaje y el perdón real suponen un punto de inflexión que estimulará los cambios en la máxima institución del Estado. La Zarzuela asegura que "continuará e intensificará" su política de transparencia, según se escribe en 'Público'.

A todo perdón le sucede la penitencia. Es lo que ordena la tradición cristiana, así que es razonable esperar que a una familia que no ha roto jamás sus lazos umbilicales con la Iglesia católica cumpla con el imperativo divino. Es de esperar, por tanto, que al rey, a la monarquía, pasado el momento del arrepentimiento y la contrición, caducado el efecto balsámico de la rectificación, le toque ahora librar tal contienda, aplicarse al sacrificio y al propósito de enmienda. Al cambio y la reconversión hoy ya ineludibles. 
El periodo de duelo y la necesaria y paulatina transformación de la Corona a los nuevos tiempos no es un aserto retórico o una conclusión ligera. El desgaste de la monarquía se ha acelerado enormemente, y ya nadie lo niega. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló en octubre el primer suspenso a la monarquía (4,89). La cadena de escándalos y recias polémicas que han puesto a la Casa del Rey en el epicentro del huracán no se ha detenido en los últimos años. El caso Urdangarin ha extendido una mancha muy difícil de limpiar sobre la institución. El tiro en el pie de Felipe Juan Froilán ha dejado en evidencia las peligrosas (y burguesas) aficiones del nieto mayor de Juan Carlos y Sofía. Pero ha sido un elefante el que ha desnudado al monarca ante los ciudadanos, el que ha destapado con crudeza el amor de un rey a un hobby que disgusta a los españoles, el que le ha retratado como un jefe del Estado que, en una de las semanas más críticas para el país, se marcha a un safari de lujo en Botsuana invitado por el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali. El elefante que embarró su presunta preocupación por el paro juvenil y le situó del lado de la frivolidad y la despreocupación. El elefante que obligó a Juan Carlos a protagonizar un gesto histórico, sin precedentes en sus 36 años largos de reinado: la petición de perdón. "Lo siento mucho. Me he equivocado... y no volverá a ocurrir". 
El episodio cinegético ha marcado un punto de inflexión. Otro más tras el espinoso asunto del todavía imputado Iñaki Urdangarin. Los expertos anticipan que el accidente real no pasará en balde. Que obligará a cambiar costumbres, a reforzar los flancos más débiles de la Corona –como la transparencia o la comunicación–, y a preparar, a medio y largo plazo, el relevo en la Jefatura del Estado a favor del príncipe. Diversos analistas desmenuzan para Público las consecuencias de la unánimemente calificada como "inoportuna" e "inapropiada" cacería del monarca en Botsuana. 

01. LA DIMENSIÓN
Herido por el desencanto

Los quebraderos de cabeza de la Zarzuela no se desatan por el safari. O no sólo. El hecho capital que estentóreamente abre la crisis es, a ojos de los expertos, el caso Urdangarin, el que "quiebra de facto la relación entre la Casa y los medios de comunicación", el que definitivamente despoja a la monarquía de todo blindaje y el que la equipara con otra institución del Estado, sometida al ojo público, como sostiene Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS. "Ese es realmente el asunto serio, gravísimo, porque sobre la monarquía no puede planear la sospecha de la corrupción, no puede existir ni la más mínima posibilidad de que pueda llegar a reinar una persona que haya sido condenada", apuntala Antonio Torres del Moral, constitucionalista de la UNED y estudioso de la Corona española. El escenario se complicó esta semana cuando trascendió que el soberano pudo haber hecho gestiones, a favor de su yerno y a través de la infanta Cristina, ante el expresidente Francisco Camps. 
Entonces, si la médula del problema se halla en los amaños presuntamente delictivos del duque de Palma, ¿por qué el resbalón de Juan Carlos en Botsuana ha gozado de una repercusión mayor? Los investigadores apuntan como primera razón obvia esta: no es un familiar colateral del monarca el centro de la polémica, es el propio rey el que ha patinado ostensiblemente. Según arguye Vallespín, se ha cernido la sombra del "desencanto" sobre una figura que "se percibía como intachable en el ejercicio de sus funciones constitucionales". Agrega que ha indignado a la ciudadanía que se trate de un safari de lujo en una coyuntura crítica, la afición "poco estética" de cazar elefantes y la consciencia popular de que Juan Carlos ha sido "explícitamente pillado" en un renuncio y de que ha trascendido sólo porque se fracturó la cadera y tuvo que ser operado de urgencia en Madrid
Alfredo Retortillo, politólogo de la Universidad del País Vasco, remacha el elenco de argumentos: "La cacería ha dejado al rey al desnudo y la población se ha dado cuenta. Aunque el perdón pueda servir para algunos, no deja de ser un parche. Se ha roto el halo el halo que le protegía. La monarquía se enfrenta a la necesidad de hacer algo y no le vale con el arrepentimiento. Eso vale para salir del paso. Pero lo sustancial es que el rey se ha cargado el juancarlismo, que este suceso le ha debilitado socialmente. Con el caso Urdangarin, ya la gente miraba la Casa Real con el ojo torcido, y ahora se atraviesa el límite". Retortillo insiste en la caída del mito, de la imagen idílica fuertemente labrada en la Transición: "Era Juan Carlos quien protegía a la monarquía, era su parapeto, y no al revés. Por tanto, cuando él comete un error, la monarquía es la que queda expuesta y a él no lo puede salvar nadie. Está desnudo ante una opinión pública que no es monárquica".
Dicho de otra forma: el soberano que en su último discurso de Navidad hablaba del comportamiento "ejemplar" como estricta regla que debían observar todas las personas con responsibilidad pública, y también la Corona, sintió la recriminación ciudadana por su actitud nada "ejemplar". Como poco "ejemplar" había sido para la Corona la conducta de Urdangarin. "No descubre la desconexión del jefe del Estado con la realidad, es que su realidad es distinta a la realidad de mucha gente, por mucha aureola de campechanía. Quizá se ha mostrado la parte más obscena de esa desconexión", apunta el profesor de la UPV. Torres del Moral avisa de que, justo por estar desprovisto de funciones ejecutivas, "el rey es rey los 365 días del año y las 24 horas del día". "Dado que la Jefatura del Estado tiene más valor simbólico que otra cosa, debe cuidar al milímetro esos símbolos", expone.  
La Zarzuela se había dado cuenta de que el percance era muy grave. El mismo jefe del Estado se convenció el lunes pasado, 48 horas después de su operación y conocido el río incesante de críticas a su actitud, de que tenía que pedir disculpas a los españoles. "Y lo hizo, salió a decir 'lo siento', no lo minimicemos", puntualiza José Apezarena. Este periodista especializado en temas de la Corona suele hablar de las "muescas" en el prestigio de la Casa, de los "desconchones" progresivos que ensucian la fachada de una institución cuya imagen pública se asienta en la estabilidad de la familia y en su prestigio, confianza y credibilidad. Por ello, atribuye a la cacería un elemento de "desgaste": "Pero nos hemos emocionado en exceso. Seamos fríos. El rey se fue a cazar elefantes, un gesto inapropiado, inoportuno, nada estético... aunque no ilegal". 

02. EL MURO DE PROTECCIÓN
Cae el velo, se abre la veda

No corren los tiempos de la Transición, ni mucho menos. Pudo comprobarse esta semana. El runrún sobre la achacosa salud del soberano se reavivó una vez más. La nube de comentarios sobre su cansancio y fatiga (ya lo evidenció en público cuando dormitó en una conferencia) resurgió. Los medios de comunicación, que durante tres décadas habían extremado el celo sobre la familia real, se prodigaron en las críticas al monarca. No faltaron las amonestaciones, incluso, de la prensa conservadora, ni pasó desapercibida la demoledora censura que firmó José Antonio Zarzalejos, exdirector del diario Abc, en dos artículos en ElConfidencial.com de expresivo título: "Historia de cómo la Corona ha entrado en barrena" y "La operación don Felipe, en marcha". Zarzalejos, monárquico declarado, ahondaba en los problemas familiares de los Borbón: señaló que la reina se escapa con frecuencia a Londres y se atrevió a reprochar a Juan Carlos su "estrecha e íntima amistad" con la alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Este viernes, incluso circuló en varios medios fotos de ambos juntos. Los informadores incidieron asimismo en que Sofía determinó no interrumpir su estancia en Grecia cuanto tuvo conocimiento de la caída de su esposo y en que su primera visita al hospital USP San José duró apenas 20 minutos. Las cámaras ya habían recogido el mes pasado otra huella de la crisis de la pareja: "¡Déjame hablar!", le espetó el monarca a su esposa, a la vista de todos. En suma, varias piezas que arrojan la imagen de un matrimonio real reducido a un paripé. Apezarena advierte del peligro de traspasar la raya, porque en España nunca se ha enjuiciado a los políticos por sus affaires de cama. "No me parece bien, no hemos aireado siquiera los que pudiera tener el presidente del Gobierno", remacha. 
De camino, se cruzó el debate de las amistades del soberano y de sus negocios. Previo al desplazamiento a Botsuana, en Semana Santa, Juan Carlos había viajado a Kuwait para pedir al emir Sabah Al Ahmad Al Sabah que exporte petróleo a España, aprovechando sus excelentes lazos con las monarquías del Golfo Pérsico. No voló con miembros del Gobierno –obligado en un acto oficial–, aunque la Moncloa sí estaba informada de todos los movimientos. Al Estado africano fue invitado por Kayali, empresario hispanosaudí de origen sirio que impulsa y promociona en España los negocios de la Casa Real saudí y uno de los hombres clave en la adjudicación a nuestro país del AVE entre La Meca y Medina. Kayali es, además, íntimo amigo de Juan Carlos. El coste de la excursión se desconoce. 
"Es evidente, el pacto de silencio se ha roto. No existe. Incluso hay cierta delectación en contar cosas de su vida privada, algo impensable hace años. El rey había tenido bula hasta ahora y se ha acabado. Cualquier cosa que le suceda a la Casa está al segundo en Internet. Es imparable", analiza Torres del Moral. Su visión es compartida por todos los expertos. La protección que los medios imponían sobre la Jefatura del Estado durante la Transición comenzó a agrietarse "con el noviazgo del príncipe con Eva Sannum" y se rompió en los últimos años, conforme se alimentaba el debate sobre la opacidad de sus cuentas, se agravaban los problemas familiares –divorcio de la infanta Elena–, se desvelaba el pensamiento conservador de la reina en un libro, corría como la pólvora el "¿Por qué no te callas?" o estallaba el caso UrdangarinNo hay urna de cristal ni misericordia de los medios.
"El velo ha caído, la información fluye. Antes había un pacto no escrito para salvaguardar a la Corona. En la medida en que el espectro de la Transición se aleja y se aleja el temor a un golpe de Estado, se hace más difícil que la Corona escape a la presión informativa. Y es positivo", estima Göran Rollnert, constitucionalista de la Universitat de València. Vallespín y Abdón Mateos, presidente de la Asociación de Historiadores del Presente y catedrático de la UNED, coinciden en que la "madurez y consolidación" de la democracia explican el fin de la "autocensura" en los medios, así como el distanciamiento que las nuevas generaciones sienten hacia una Transición que no vivieron. Factores todos ellos que, según los analistas, obligan a la Zarzuela, con más razón, a acometer los cambios y a adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, clava el diagnóstico: "Ninguno éramos como somos hoy tras 30 años. Ni la sociedad, ni las personas, ni las instituciones. Es el cambio inevitable".   
La Casa Real cuenta no obstante con dos potentes aliados, los dos grandes partidos. PP y PSOE han vetado obstinadamente todas las preguntas incómodas, no exigieron al rey que enseñara el desglose de su asignación presupuestaria ni impulsaron en los últimos 30 años una Ley de la Corona. En la pasada semana, los socialistas sí deslizaron medidas críticas por la cacería en Botsuana. El Gobierno, más impermeable, se resiste a incluir a la Zarzuela en su Ley de Transparencia. Para Vallespín, que PSOE y PP hayan mantenido el blindaje obedece a que Juan Carlos "ha puesto en cuestión sólo sus funciones simbólicas", no políticas y a un cierto "pragmatismo", a una renuencia a dar a entender que se quiere cambiar la forma de gobierno del Estado. IU y el resto de fuerzas de izquierda sí han fustigado al monarca por su comportamiento, han pedido un control parlamentario de sus actos y de los de su familia y han demandado un referéndum.

03. LA HORA DE LOS CAMBIOS
Regulación y más transparencia

Tras el perdón real, el temporal ha amainado, pero no ha cesado. El episodio de Botsuana, cree Mateos, marca un claro punto de inflexión, porque ha abierto debates hasta ahora soterrados, como la abdicación. Puede servir de palanca, añade Gómez, para dotar de más transparencia a la institución. Ha de funcionar como "estímulo", opina Torres del Moral, para introducir un "elenco de retoques" de puertas para dentro y para fuera de la Zarzuela. ¿Cuáles?
Todos los analistas consultados por este diario anticipan que, visto el desconcierto y el oscurantismo con que la Corona y la Moncloa manejaron la cacería en las primeras horas, y la contundente respuesta de los ciudadanos, la Corona "ha tomado nota y actuará". Y juzgan que el avance hacia una mayor transparencia es ineludible e imparable. Citan que debe trascender, con más o menos detalle, la agenda privada de los reyes y de los príncipes. Que la interlocución entre la Zarzuela y el Gobierno sobre viajes y otros asuntos ha de ser más diáfana. Que la comunicación con los ciudadanos sea directa y clara. Que las finanzas y patrimonio de Juan Carlos deben publicarse, como se hizo en diciembre con los dineros procedentes de los Presupuestos. Que las amistades y negocios del soberano no pueden quedar ajenos al escrutinio público. 
Apezarena: "Transparencia, toda. Yo soy partidario de cuanta más, mejor, pero también soy partidario de que no haya desigualdades. Exijamos a la Corona lo mismo que a otras instituciones del Estado, no más. Porque de las Cortes Generales, del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial apenas conocemos detalles de sus cuentas". Idéntico rasero demanda Gómez. Torres del Moral no sugiere tales objeciones: "Adaptar la monarquía a las exigencias de un Estado de derecho cuesta trabajo, pero se puede, se puede hacerla más racional que emocional". 
Retortillo camina un paso por delante. A medio plazo, se impondrá "la única solución posible": la abdicación de Juan Carlos. "La crisis es seria, no es agua pasajera. La monarquía no puede hacer como si no hubiera pasado nada. La renuncia a favor de Felipe llegará, y no creo que pase de 2013. Es aconsejable distanciar ese momento de la crisis de Botsuana, porque plantear el recabio en plena debilidad del rey garantizaría un muy mal acceso del príncipe a la Jefatura del Estado. Pero yo no veo otra salida, y no creo que se postergue ad calendas graecas", defiende. ¿Por qué esa vía tan rupturista es la única posible? "En una situación como esta, con una autoridad en peligro, esta tiene muy difícil recuperar el favor popular". 
Podría pensarse que preparar el relevo –alternativa apuntada también por Zarzalejos– abriría un debate incontrolable sobre monarquía o república. Retortillo aduce que los "costes de no hacer nada son mayores que el hipotético riesgo de una sucesión controlada". Mateos considera que, aunque la muerte del rey siempre se ha concebido como una "parte fundamental" de los ritos dinásticos, sería "bienvenido" que el recambio se produjera en vida, antes de esperar a la "degeneración biológica del jefe del Estado". "No hay que abrirse las carnes, conviene una sucesión ordenada", alega. Rollnert contempla la abdicación como una "posibilidad" plausible, teniendo en cuenta las circunstancias y la "cualificación" del príncipe, "limpio de cualquier asunto que degrade la imagen de la Corona". A lo que se añade la imagen de renovación, estabilidad y unión de la pareja de Felipe y Letizia. Apezarena se remite a lo expresado por el propio Juan Carlos el miércoles, en su acto de contrición: "Estoy deseando retomar mis obligaciones". Y también a lo manifestado por la Casa anteriormente. "¿Abdicar? ¡Nunca! ¡El rey no abdicará jamás!", exclamó la reina ante la periodista Pilar Urbano. "Pero sí pondrá cada vez más en primera línea a don Felipe. Lo veremos a tope. Ese rodaje como futuro rey ya está viendo, y desde tiempo atrás", reflexiona el periodista. 

El vacío legal

En la Zarzuela no quieren oír hablar de abdicación. Reconocen el mayor protagonismo del príncipe, su mayor actividad institucional. Niegan, sin embargo, cualquier "revolución". "Continuaremos e intensificaremos la política de transparencia. No será de un día para otro y no tenemos aún decidido cómo se hará", explica un portavoz, remiso a detallar si se divulgará al menos la agenda privada del monarca: "Ya se comunicará. El accidente de Botsuana no supondrá un terremoto. No se va a poner la Casa patas arriba. Se avanzará en transparencia igual que estaba previsto antes. O, por ejemplo, se remodelará la página web. La incidencia de este suceso se está exagerando". 
Mucho se ha hablado toda esta semana del vacío legal. España, 33 años después de aprobada la Constitución, no ha desplegado el Título II, el que afecta a la monarquía. No ha impulsado una Ley de la Corona que delimite la familia real y regule sus actividades. Ni ha aprobado el Estatuto del príncipe, de suerte que el heredero no tiene ninguna función constitucional atribuida. Ni ha tasado el procedimiento de la abdicación y renuncia del rey, como ordena el artículo 57. 5. Para Torres del Moral, las tres piezas son claves y "urgentes", a lo que se añadiría la reforma de la Carta Magna para preservar la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Jefatura del Estado, aplazada sine díe. Apezarena entiende que es un asunto "urgente", aunque "no una prioridad para el país", dada la emergencia de la crisis. Gómez sostiene que el desarrollo por ley orgánica del 57. 5 debe hacerse sólo si Juan Carlos anunciase su intención de retirarse. "No es igual abdicar por enfermedad que por otra razón, como cuando Eduardo VIII de Inglaterra dejó el trono a su hermano en 1936 para casarse con Wallis Simpson". La catedrática de la UNED sí juzga necesaria una norma relativa a la Corona, pero niega que Felipe actúe sin cobertura legal, pues desde que juró como príncipe de Asturias ante las Cortes en 1986, puede asumir funciones de representación. 
No obstante, la regulación no depende de la Zarzuela. Torres del Moral o Retortillo creen que la monarquía sí debe animar a los dos grandes partidos a promover los cambios legislativos, porque tiene "margen para actuar". "No hay masa crítica suficiente en las bases de PSOE y PP como para mover las cosas. La Zarzuela no es tonta y debe llevar la iniciativa". Apezarena, Gómez o Mateos entienden que el liderazgo no puede partir de la Corona, pues se vería como una interferencia. Distinto es que toda modificación del estatus de la institución debe hacerse "con el rey", no a sus espaldas. Un portavoz de la Casa refrenda esa versión: Juan Carlos tiene las manos atadas, tienen que ser el Gobierno y las Cortes los que alienten y consensúen las reformas. El caso más inminente es la Ley de Transparencia. Todos los expertos subrayan que la monarquía, por muy distinta que pueda ser a la Administración Pública, no puede quedar fuera.  
¿Pero qué ocurrirá si no hay cambios, si la Corona no se moderniza? "O se adapta, o sucumbe. No puede haber en el siglo XXI poderes ocultos, hereditarios y sin funcionalidad. El nuevo rey deberá granjearse la auctoritas, el prestigio, la adhesión y el reconocimiento, y ganárselo cada día. Si no hace nada, sucumbe aquí y en cualquier sitio, porque la República siempre tiene las de ganar, porque cuenta a su favor con la savia de las urnas, el principio de racionalidad de que carece la monarquía", augura Torres del Moral. No obstante, el desgaste de la Casa no es directamente proporcional a la demanda de un cambio de régimen. Retortillo insiste en que no existe "masa crítica suficiente" salvo si la institución "se sigue pudriendo". Rollnert sostiene que es prematuro hablar de "crisis institucional" tras la aventura de Botsuana: "Los ciudadanos pueden perdonar excentricidades, extravagancias... pero no la implicación de la Corona en un escándalo de corrupción como el caso Urdangarin". "No creo que se exacerben los ánimos. Muchos ciudadanos pueden sentir que el rey les ha defraudado, pero ello no significa que se vuelquen a favor de la República", tercia Vallespín. 
El tiempo hablará. El tiempo dirá si el rey ha comprendido la necesidad del cambio, cumple su penitencia y se dispone a poner su casa a punto para el siglo XXI o si el prestigio de la Casa sigue yéndose por el desagüe. Y también dirá si los partidos son capaces de desbrozar por fin el camino que la Constitución marcó hace más de tres décadas. De lavar la cara y regenerar una institución con andares históricamente paquidérmicos. Como los del elefante. 

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN

El Título II de la Carta Magna de 1978 es el que desgrana el estatus y funciones de la Corona. Atribuye al rey la Jefatura del Estado, la más alta representación del país y el mando "supremo" de las Fuerzas Armadas y enumera sus competencias, más simbólicas que otra cosa (sancionar leyes, convocar y disolver las Cortes a propuesta del presidente del Gobierno, proponer el candidato a la Moncloa, ejercer el derecho de gracia...). 
Pero aparte de la Constitución y de reales decretos dispersos –dedicados a dibujar el organigrama de la Casa, el Registro Civil de la familia real o los títulos de sus miembros–, no hay más. No hay una Ley de la Corona, como han pedido insistentemente los constitucionalistas. Así, no está regulado quiénes forman parte de la Casa Real y quiénes son familiares del rey, qué actividades privadas son compatibles o no, qué negocios pueden emprender. En definitiva, un texto que limite y estipule con claridad qué puede hacer y qué no la familia reinante. El vacío legal volvió a resultar llamativo cuando estalló el caso Urdangarin y no se sabía cómo podía el monarca separar al duque de Palma. Al final, fue por la vía de los hechos: se le apartó de la agenda oficial y se declaró su conducta poco "ejemplar". No está aprobado ni tan siquiera un Estatuto del príncipe heredero, o de la reina consorte o el consorte de la reina. Por ejemplo, el rey sí goza de aforamiento, es inviolable y, en consecuencia, no se le puede imputar. Sin embargo, cualquier miembro de su familia, incluidos Sofía o Felipe, sí puede ser acusado por un juez.
Los problemas de la reforma
Sobre la retirada del monarca, la Carta Magna incluye una referencia sucinta en el artículo 57. 5: "Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Tal norma no existe, de forma que no está tasado el procedimiento. La Constitución sólo se explaya en los casos de inhabilitación del soberano (artículo 59): si el jefe del Estado estuviera inhabilitado y así lo ratificasen las Cortes, ejercería inmediatamente la Regencia el príncipe heredero, si fuera mayor de edad.  La incapacitación de Juan Carlos no se ha planteado con ocasión de las diversas operaciones quirúrgicas que ha sufrido
Viejo es el debate de reforma del Título II de la Constitución, necesaria para eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en el acceso al trono. Sin embargo, tocar este apartado implica una reforma agravada de la Carta Magna (artículo 168): las Cortes estudian el proyecto de revisión, se disuelven las Cámaras y se convocan nuevas elecciones. El nuevo Parlamento analiza y aprueba la reforma y pone fecha a un referéndum. Torres del Moral aconseja que, si se enmienda el Título II, se hagan otros dos retoques: que el rey deje de ejercer el mando supremo del Ejército, pues "la defensa es una política del Gobierno, no de la Corona", y que el monarca no tenga potestad para declarar la guerra o hacer la paz (artículo 63. 3), puesto que España se configura como un Estado que promociona la paz.

Nuevas manifestaciones chiitas por el Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin

MANAMA.- Violentos enfrentamientos se registraron durante la pasada noche entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias localidades chiitas de Bahréin, no lejos del circuito de Sakhir, donde este domingo se disputa el Gran Premio de Fórmula 1, indicaron unos testigos.

A pesar de un imponente dispositivo de seguridad, particularmente en las carreteras que llevan al circuito, los jóvenes manifestantes lograron bloquear por un momento el tráfico.
En las localidades de Malkiya, Karzakán, Sadad y Damistán, los manifestantes desplegaron carteles donde se leía: "No a la Fórmula de sangre", la consigna de una campaña de "tres días de cólera" lanzada por el movimiento "Jóvenes del 14 de Febrero".
Las fuerzas de seguridad dispararon granadas lacrimógenas y ensordecedoras para dispersar a los manifestantes, que replicaron con cócteles molotov.
El sábado, la oposición chiita bahreiní anunció la muerte de un hombre en una manifestación "salvajemente" reprimida, no lejos del circuito de Sakhir.
Se trata del primer muerto en las manifestaciones relacionadas con la celebración del GP, aunque la revuelta contra el régimen sunita que dirige este país del Golfo, que se inició en febrero de 2011, le ha costado la vida ya a decenas de personas.
"El cadáver del mártir Salah Abbas", de unos 30 años, fue descubierto cerca de Shakhura, una localidad chiita situada a cuatro kilómetros al este de Manama, donde una manifestación contra el régimen fue "salvajemente" reprimida, anunció el sábado Wafaq, el principal grupo de la oposición, en un comunicado.
El ministerio del Interior confirmó en un comunicado la muerte de Salah Abbas, que presentaba "una herida en el lado izquierdo" e informó de que se ha iniciado una investigación policial para tratar este caso, "tratado como un homicidio".
A pesar de las manifestaciones, el rey de Bahréin, Hamad Ben Issa Al Jalifa, se congratuló de que la carrera, cuya edición el año pasado había sido anulada debido a las protestas, tenga lugar y reafirmó su compromiso a desarrollar reformas políticas.

IU pide que la Agencia Tributaria actúe de oficio contra responsables de corrupción y prevaricación en España

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pide en una pregunta escrita al Gobierno español que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda actuar de oficio contra los responsables de casos de corrupción y prevaricación, y también pregunta cómo se recuperarán los fondos públicos que han sido "desviados" en ese tipo de tramas.

En la pregunta Lara apunta que "en los sucesivos casos de corrupción, prevaricación y otros que se están dictaminando en los juzgados sale continuamente a la luz la existencia de facturas de bienes y servicios que no tienen un reflejo mercantil y que se han realizado para desviar importes dinerarios".
Así, defiende que en este tipo de casos la AEAT debería poder "personarse de oficio" ya que las prácticas que se hayan podido realizar para "disfrazar" una presunta actividad económica mediante la presentación de declaraciones por IVA estas prácticas corruptas también afectan a las arcas públicas "a través de la deducción de gastos en el Impuesto sobre Sociedades, así como en el IVA soportado de esas empresas dadivosas".
Por todo ello, el dirigente de IU pregunta "qué medidas tiene adoptadas el Gobierno para la recuperación de fondos públicos desviados por causas de corrupción y prevaricación" y si la AEAT "tiene instrucciones para revisar las declaraciones fiscales de empresas o particulares implicados en esos asuntos". Además, reclama información sobre las cantidades recuperadas por la Agencia Tributaria en 2010 y 2011 procedentes de este tipo de tramas.