lunes, 25 de marzo de 2013

Cifuentes acusa a Colau de "incitar a la violencia y a la coacción"

MADRID.-   La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha acusado este lunes a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, de "incitar a la violencia y a la coacción" y ha reiterado que Stop Desahucios "ha apoyado marchas en apoyo a presos de ETA".

   En declaraciones a Intereconomía, Cifuentes ha vuelto a calificar de "intolerable e incompatible con la democracia" la práctica conocida como "escrache" consistente en perseguir a dirigentes políticos.
   "Una cosa es salir a la calle a protestar, y otra muy diferente el ejercer la coacción. Casualmente son siempre políticos del PP, y soy muy mayor para creer en las casualidades", ha afirmado Cifuentes.
   Tras realizar unas declaraciones similares este lunes en Radio Nacional, donde Cristina Cifuentes ha acusado a la PAH de apoyar a "grupos proetarras", la portavoz de la plataforma, Ada Colau, ha afirmado a Europa Press que no descarta tomar acciones legales contra la delegada del Gobierno en Madrid.
   "Yo confío en la justicia", ha respondido Cifuentes al ser preguntada por este asunto, comparando las declaraciones de Colau con "los pájaros disparando a las escopetas".
   "Esta señora", ha dicho Cifuentes en referencia a Colau,  "lleva días incitando a la violencia y a la coacción. Yo sólo me he limitado a recordar que Stop Desahucios apoyó marchas a favor de los presos de ETA", ha subrayado la delegada del Gobierno en Madrid.

Una mujer desahuciada que sufrió un aborto se plantea una demanda penal "contra políticos"

CÓRDOBA.- El portavoz de la Plataforma 'Stop Desahucios' en Córdoba, Rafael Blázquez, informa de que una mujer del colectivo, que fue desahuciada y sufrió un aborto, se plantea iniciar una demanda por la vía penal "contra los responsables políticos de este atropello", apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que considera que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   En declaraciones este lunes a los periodistas, el portavoz del colectivo ha detallado que se ha retirado la denuncia presentada en un primer momento contra los funcionarios de la comisión judicial que intervino en el desahucio por las supuestas vejaciones que padeció la mujer y por la que se iba a celebrar un juicio de faltas.
   En este sentido, ha advertido que "la desahuciaron sin siquiera avisar", lo que supuso "un sofocón y un mal rato", a lo que se une que "las formas fueron improcedentes y a raíz de eso perdió el hijo que esperaba". Así, agrega, "tras la sentencia a nivel europeo, más que un juicio de faltas", plantea "iniciar una demanda por la vía penal, ir contra los responsables políticos de este atropello", pues "no se van a olvidar los sufrimientos y las muertes", como la última registrada en la capital.
   Entretanto, el portavoz de la Plataforma 'Stop Desahucios' en Córdoba ha animado a las familias amenazadas por desahucios a acudir este martes a los juzgados para presentar escritos solicitando la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
   Al respecto, ha manifestado que "hay que decirle a los juzgados que hay que declarar nulos y paralizar todos los desahucios" tras este fallo, en el que considera que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que está en trámite parlamentario, es "la clave para parar ya lo que está pasando".
   Y es que, subraya que la sentencia europea dice que toda la normativa en España es "ilegal" y ante ello, "son los juzgados los que entienden", motivo por el que este martes presentarán escritos por cada familia amenazada de desahucio, dado que "todo este procedimiento ha de ser nulo".

domingo, 24 de marzo de 2013

Republicanos conquenses se manifestarán el 12 de abril "contra la monarquía corrupta"

CUENCA.- La Asociación “Ciudadanos por la República” de Cuenca ha preparado para este año un variado programa de actividades para celebrar el “Abril Republicano”. “Desde su constitución en el 2006 el colectivo republicano conquense ha desarrollado toda una incesante actividad con el propósito fundacional de construir República. Un objetivo que no se trata de ningún recordatorio nostálgico sino una propuesta viva y entre las más genuinamente novedosas y renovadoras que posee la izquierda en estos momentos que reconocemos difíciles”, señalaron desde la asociación republicana, a 'Voces de Cuenca'.

La edición del Abril Republicano tendrá su acto más reivindicativo el viernes 12 de abril con la concentración que se convoca bajo el lema: “Contra el régimen y la monarquía corrupta. Más Democracia. Más República”. Se celebrará en la Plaza de España de la capital conquense a las 20.30 horas. A esta convocatoria se han sumado otras organizaciones y colectivos de Cuenca como Asamblea Autónoma de Jóvenes QNK, Jóvenes CCOO, ATTAC, PCE, UJCE, IU o Izquierda Republicana entre otras.

Por primera vez en este Abril Republicano se ha preparado un ciclo de cine con tres películas con temática de la represión franquista tras la guerra civil (“Las 13 rosas”), el papel de los maestros y maestras durante la Segunda República (“Alas de mariposa”) y la adaptación cinematográfica de la novela de Dulce Chacón (“La voz dormida”). Este ciclo de cine republicano tendrá lugar los lunes 8, 15 y 22 de abril a las 7 de la tarde en las Escuelas Aguirre de la capital conquense. Cada película será presentada por colaboradores y amigos de la Asociación.

El colectivo republicano ha incluido en su programación la presentación del trabajo que han realizado sobre “censo de vestigios del régimen franquista en la provincia de Cuenca", que ha contado con el patrocinio del ministerio de Presidencia. Será el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde en las Escuelas Aguirre. Contarán para la ocasión con Rafael Escudero Alday, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del libro “Diccionario de Memoria Histórica” que ya presentaron el año pasado en Cuenca. También participará Jose Luis Pitarch, presidente de “Unidad Cívica por la República”.

Desde “Ciudadanos por la República” ha agradecido la colaboración de la Fundación de Cultura “Ciudad de Cuenca” por la cesión de espacios públicos y los recursos técnicos para hacer posible las actividades en las Escuelas Aguirre. Finalmente han animado a todos los conquenses a asistir y participar en las actividades de este “Abril Republicano 2013” y a colaborar con el colectivo “para seguir construyendo República en Cuenca”.


El Papa pide aprender a mirar a los "últimos" y por quien está viviendo situaciones difíciles

CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa Francisco ha invitado a aprender "a mirar hacia lo alto, hacia Dios, pero también hacia abajo, hacia los demás, hacia los últimos", así como a vivir la fe con alegría, durante la homilía de la Misa del Domingo de Ramos, día en el que se celebra la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) diocesana en la Plaza de San Pedro.

   En este sentido, el Pontífice ha destacado que no se ha de tener miedo del sacrificio y, recordando los sacrificios de una madre o un padre, ha destacado que los hacen "por amor" y los afrontan "con alegría, porque son por las personas que aman" ya que "la cruz de Cristo, abrazada con amor, no conduce a la tristeza, sino a la alegría".
   Además, ha reclamado a los fieles que no permitan que se les robe la esperanza que da Jesús.  
El Papa Francisco ha pedido a la Virgen amparar "especialmente a quien está viviendo situaciones difíciles", al término de la celebración eucarística. 
  Además, refiriéndose al momento de la muerte, ha destacado que  ninguno puede llevarse el dinero consigo.
   En esta línea, ha subrayado que con Cristo todos pueden vencer el mal que hay en el mundo porque "Dios no busca medios potentes" sino que "es con la cruz con la que ha vencido el mal". Por ello, ha invitado a no "creer al Maligno" que dice que "no es posible hacer nada contra la violencia, la corrupción, la injusticia, contra los pecados".

El Congreso de los Diputados recibe peticiones ciudadanas de españoles para abolir "privilegios"

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha recibido una nueva remesa de peticiones de ciudadanos españoles que demandan que se ponga fin a los "privilegios" de los que, a su juicio, disfrutan los parlamentarios así como que se eliminen las pensiones vitalicias a las que tienen derecho los expresidentes del Gobierno.

   Así consta en el último informe aprobado por la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja, en el que además se han incluido una decena de solicitudes de personas que piden poder participar mediante voto electrónico en las votaciones que tienen lugar tanto en el Congreso como en el Senado.
   Las peticiones para acabar con los "privilegios" de sus señorías se han remitido, como es habitual, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, mientras que la comisión se limitado a tomar acuse de recibo de la que plantea finiquitar las pensiones de los expresidentes, y de otra que abogaba por reducir el número de parlamentarios.
   Al margen de estas peticiones ciudadanas, el Congreso tiene pendiente de debate desde hace diez meses una iniciativa presentada por Esquerra Republicana (ERC) para crear una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que revise los "privilegios" que a su juicio disfrutan los políticos y otros cargos públicos con el fin de proponer medidas para controlar y, en su caso, suprimir "gastos suntuarios".
   En esa iniciativa, se incluyen dentro del catálogo de "privilegios" y "gastos suntuarios" que ERC propone revisar el uso de coches y medios oficiales de transporte, el gasto de aviones y alojamiento de alta gama, las pensiones vitalicias de altos cargos (como los presidentes del Gobierno), o la habilitación de espacios públicos en exclusiva para cargos públicos (como las residencias de vacaciones para militares y funcionarios)
   Pero también quieren revisar el uso de tarjetas de crédito de cargos públicos, la realización de regalos institucionales y de protocolo, la celebración de actos y convites institucionales, y las dietas de algunos cargos públicos, que acaban suponiendo un complemento de sueldo encubierto.
   A su juicio, "en un momento de crisis en qué se están recortando desde gastos suntuarios a gasto social, pasando incluso por derechos sociales y laborales, sorprende que la clase política mantenga algunos privilegios de los que tiene".
   "Los representantes políticos deben ganar un sueldo digno por su trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo cualquier otro trabajador. Pero los privilegios no deben ser pagados con dinero público", sostienen.
   Por otro lado, la Comisión de Peticiones, que canaliza las más variopintas propuestas que remiten los ciudadanos, ha decidido archivar el escrito que, por dos veces, remitió una misma persona reclamando información sobre la deuda que tienen contraída los partidos políticos con bancos y cajas de ahorro.
   La Comisión de Peticiones alega que "desconoce absolutamente la cifra" de esa deuda y que, además, carece de competencias para reclamarla tanto a los partidos como a las entidades bancarias. Estas operaciones se comunican al Tribunal de Cuentas que, a raíz de la última reforma de financiación de los partidos políticos, obliga a los partidos a publicar esas cifras anualmente.  
   Por otra parte, la comisión que preside el 'popular' Gabino Puche ha enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios el Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado que envió al Congreso el coordinador local de UPyD en Valencia, Eduardo Gómez García.
   Según explican al peticionario, han decidido remitirlo a los portavoces por si alguno tiene a bien impulsar alguna de las iniciativas parlamentarias que recoge el manifiesto.

El envejecimiento de la población puede ser insostenible en España en 2050 si no se toman medidas

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) calcula que si España no adopta medidas para hacer frente al coste que supondrá el envejecimiento de la población, el déficit y la deuda del país alcanzarían cotas insostenibles en 2050, que colocarían el rating del país en la categoría de grado de especulación o 'bono basura'.

   En concreto, en ausencia de medidas, un escenario que la agencia no prevé que se materialice, la deuda pública neta de España alcanzaría el 247% del PIB en 2050, lo que supone cinco veces más en comparación con el 51% de 2010, mientras que el déficit se dispararía ese año hasta el 17% del PIB.
   De cumplir estas previsiones, la agencia situaría la nota de España en el grado de especulación, también conocido como 'bono basura', en 2050, una calificación que tendrían la mayoría de los países calificados por S&P en caso de que no adopten ninguna medida para hacer frente al envejecimiento de la población.
   "Para demostrar la magnitud de este desafío, bajo nuestro escenario de 'Sin cambio en las políticas', en 2050 cerca del 60% de los soberanos analizados en este informe tendrían unos parámetros que Standard and Poor's vincula actualmente con los ratings en grado especulativo, frente al 20% actual. Esto a pesar de que sus finanzas hayan mejorado respecto al informe de 2010", explica.
   De hecho, señala que los ajustes realizados en los sistemas de pensiones en países como España han mejorado su proyección del gasto respecto al anterior informe de 2010. "En general, nuestro análisis indica mejoras en las proyecciones de hipotéticas tendencias en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Esta es particularmente cierto en países como Italia, España, Eslovenia, Luxemburgo e Irlanda", explica.
   Sin embargo, añade que en un escenario que contempla unas cuentas equilibradas en 2016, la deuda pública neta descenderá hasta el 24% del PIB en 2050, mientras que el déficit será del 1,9%. Con estos datos, el rating de España podría recuperar el rating 'AAA', la máxima calificación posible.
   Para elaborar estas estimaciones, la agencia ha tenido en cuenta que la economía española crecerá de media un 1,4% entre 2010 y 2050, año en el que espera que el PIB crezca un 1,2%. Además, calcula que el gasto público relacionado con el envejecimiento aumentará desde el 19,4% del PIB en 2010 hasta el 24,6% en 2050.
   El analista del equipo de ratings soberanos de S&P y autor del informe, Marko Mrsnik, subraya que si los países superan sus dificultades económicas y presupuestarias tras de la crisis y adaptan con éxito sus sistemas de seguridad social a los desafíos demográficos, "la presión en las finanzas públicas ejercida por el envejecimiento de la población podría ser gradualmente contenida, una conclusión algo sorprendente en este punto de la actual crisis de deuda soberana".
   En concreto, apunta que una serie de países han revisado sus sistemas de pensiones y de atención sanitaria, componentes del gasto público particularmente afectados por presiones demográficas, y están implementando medidas en sanidad y pensiones para hacer frente a los desafíos que presentan tanto una población más envejecida como las dificultades presupuestarias a corto plazo.
   Sin embargo, reconoce que en algunos el impacto de estas medidas se ve mitigado por su debilidad económica y su bajo nivel de empleo. "Junto con los mayores costes de financiación, dichas tendencias están obstaculizando los esfuerzos para estabilizar la deuda", advierte.
   Aún así, considera que si continúan los procesos de reformas estructurales y de consolidación presupuestaria, deberían mejorar las perspectivas para mantener unas finanzas públicas sostenibles. Además, sugiere que, aunque los costes relacionados con el envejecimiento de la población son a menudo vistos como un problema al que se enfrentan principalmente los países más desarrollados, las economías emergentes "no son ni mucho menos inmunes".

UKIP insta a sus compatriotas residentes en España a sacar el dinero de los bancos

LONDRES.- El líder del ultraderechista Partido de la Independencia de Reino Unido (UKPI), Nigel Farage, ha emplazado a los británicos que viven en España a sacar su dinero de los bancos en previsión a una quita como la que se negocia para Chipre y denuncia que la UE "ha cruzado todos los límites" con medidas como esta requisa de fondos de los ahorradores.

   "Ahora que vemos cómo la UE se prepara para recurrir a cualquier cosa para mantener vivo el euro, su proyecto fracasado, nuestro consejo a los expatriados que viven abajo en el Mediterráneo debe ser 'saca tu dinero de ahí mientras aún puedas'", ha afirmado Farage en un acto político recogido por el diario 'The Daily Telegraph'.
   "Va a haber una gran fuga de dinero y esa fuga no sólo será en Chipre, sino también en otros países de la eurozona. Hay 750.000 británicos que tienen inmuebles o viven en España, muchos de ellos jubilados", ha explicado Farage. "Ni siquiera yo creía que se rebajarían a robar dinero de las cuentas bancarias de la gente", ha añadido.
   Así, ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, George Osborne, ha tomar medidas para que una quita como la que se baraja para Chipre afecte a los ahorradores británicos.
   En su intervención, Farage ha vuelto a arremeter contra la inmigración y ha defendido que ningún inmigrante debería poder beneficiarse de los servicios públicos británicos hasta que haya vivido, trabajado, pagado sus impuestos y obedecido las leyes en Reino Unido durante cinco años.
   Además, ha reiterado su negativa a cualquier fórmula de entendimiento o acuerdo con el Partido Conservador mientras esté dirigido por el actual primer ministro, David Cameron.

sábado, 23 de marzo de 2013

La PAH defiende el carácter pacífico de los 'escraches'

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha defendido este sábado su comportamiento "prudente y ejemplar" frente a las denuncias de algunos políticos que aseguraban sentirse acosados a raíz de los 'escraches' promovidos por la plataforma para luchar contra los desahucios en los que acuden a casa de políticos a protestar en contra de la situación.

   Las PAH del Estado se han reunido este mediodía para mejorar sus mecanismos de coordinación y preparar la Iniciativa Legislativa Popular por la paralización de los desahucios y el alquiler social. Alrededor de cuarenta representantes de todo el país han acudido a este encuentro, donde también se ha tratado la campaña de 'escraches' organizada para presionar a los diputados que votarán en contra de dicha iniciativa.
   La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha asegurado que el comportamiento de la plataforma es "demasiado prudente y paciente teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viviendo cada semana", y ha añadido que el "único acoso es el de las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio de estas entidades".
   "La ciudadanía nos conoce, sabe nuestra trayectoria desde hace más de cuatro años y sabe que hemos tenido un comportamiento ejemplar, mientras que las entidades financieras subcontratan a empresas privadas para acosar a las personas que están devastadas por la situación precaria que están viviendo", ha matizado.
   Por otro lado, Ada Colau ha defendido que "no van a tolerar la impunidad" del Gobierno después de que "toda la información esté sobre la mesa" y se haya "demostrado" que hay una "vulneración flagrante de derechos humanos que no pasa en ningún país de nuestro alrededor". 
"El Gobierno sigue cediendo al acoso y a la presión de las entidades financieras", ha añadido.




viernes, 22 de marzo de 2013

La Fiscalía halla cuatro vínculos entre Gürtel y la contabilidad oficial del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado al menos cuatro vínculos entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad oficial del Partido Popular (PP) remitida por el Tribunal de Cuentas que acreditarían que donaciones recibidas por esta formación política también pudieron ser recogidas en la contabilidad de la trama de corrupción investigada. 

   Así consta en un escrito remitido este viernes por el fiscal Antonio Romeral en el que defiende que el juez Pablo Ruz es el competente para investigar los 'papeles de Bárcenas' en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, del que destaca los "palmarios errores" que ha cometidos para asumir esta investigación.
   La primera conexión que la Fiscalía destaca para avalar "la confluencia o incluso la identidad de hechos" entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad del PP es un donativo de 26.835 euros fechado el 9 de enero de 2002 que esta parte relaciona con el reparto de  27.045,54 euros que "L.B.", siglas con las que Bárcenas es identificado en la causa, recibió de Enrique Carrasco, según una anotación del 8 de enero reflejada en la contabilidad de la red.  "La diferencia entre el dinero atribuido en el reparto y el anotado en la cuenta es de 210, 35 euros", señala Romeral.  
   El segundo vínculo consistiría en una entrega al PP de 12.000 euros fechada el 28 de febrero de 2002 que en la contabilidad de la red que fue incautada al contable de la red, José Luis Izquierdo, aparece como una entrega a "L.B.".
   La tercera conexión se refiere a una anotación en la cuenta de donativos del PP de 60.000 euros fechada el 18 de diciembre de 2002 que estaría relacionada con un documento de la misma fecha que acredita el reparto de un millón de euros en el que se atribuyen esta misma cantidad a "J.S.", indiciariamente identificado como Jesús Sepúlveda en el 'caso Gürtel'.
   El último nexo es una entrada en la contabilidad 'popular' de 60.000 euros del 13 de mayo de 2003 que, según la Fiscalía Anticorrupción, podría estar relacionada con un documento fechado dos días más tarde sobre el reparto de dinero en el que se atribuye una entrega de esta misma cantidad a "L.B.". Dos días más tarde, existe otra anotación en la cuenta de donativos de 60.101,21 euros "cuya correspondencia con el anterior documento ha de ser objeto de investigación y aclaración en lo posible".
   A partir de la documentación del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción concluye que "los papeles de Bárcenas no son más que la constatación parcial de una manifestación más de los hechos investigados en el caso Gürtel".  
   "Los elementos de conexión e incluso indiciariamente de identidad de hechos mostrados no son nada más que una  muestra, fruto de un somero análisis, en dos ejercicios, 2002 y 2003", señala Anticorrupción antes de manifestar la necesidad de contrastar la contabilidad oficial del PP facilitada con el Tribunal de Cuentas, los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.
   Tras destacar de nuevo la "necesidad" de que la investigación de la supuesta contabilidad B del PP recaiga en el juez Ruz, el Ministerio Público insiste en que la finalidad de la instrucción debe ser "determinar el destino final de los pagos realizados tanto por el entorno de Francisco Correa como de los procedentes indiciariamente de donantes del PP".
    En su escrito, Romeral también censura a Gómez Bermúdez porque sin tener la contestación de Ruz, sin dar audiencia al querellante y sin practicar audiencia alguna, procediera a requerir la inhibición del responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 5.
   También le reprocha que "esta falta de datos no le impida censurar la decisión de Ruz de abrir una pieza separada", que llegó a tachar "nada menos", según la Fiscalía, de "contraria a la Constitución y a las leyes" y "causa general o investigación prospectiva sobre la presunta financiación ilegal del PP".
   "El Ministerio Fiscal ignora cuál es el fundamento de tan grave afirmación, no sólo porque la financiación ilegal no constituye delito, como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma, sino y principalmente de ninguna de las resoluciones dictadas en la pieza separada se desprende semejante conclusión de pretender y haber acordado una investigación  general", señala.
   En este sentido, recalca que la querella presentada por Izquierda Unida (IU), que admitió a trámite Gómez Bermúdez, "da muestra de una aparante conexión entre los nuevos hechos conocidos" que se derivan de los 'papeles de Bárcenas' y los investigados en el 'caso Gürtel'.
   El juez Pablo Ruz asumió la investigación sobre los 'papeles de Bárcenas' el pasado 7 de marzo después de que la UDEF estableciera en un informe que existen al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y la supuesta contabilidad B del PP, dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.
   Gómez Bermúdez, por su parte, admitió a trámite el 11 de marzo una querella de Izquierda Unida (IU) por estos mismos hechos y citó a declarar para Semana Santa a Bárcenas, Lapuerta y diez supuestos donantes del PP. El 14 de marzo suspendió esas diligencias y el 20 ordenó la citación del extesorero, suspendida por la Sala de lo Penal tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

El Gobierno español asume la "obligación" de defender a los hipotecados

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo está "al cabo de la calle" y "muy atento" a la evolución de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios y ha asumido que es su "obligación" el defender los intereses de los deudores hipotecarios frente a cláusulas abusivas.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha indicado en este sentido, que "tiene también que cumplir" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que insta a España a otorgar más protección a los hipotecados en estas circunstancias.
   Al respecto, tras recalcar que el Gobierno ha adoptado desde el Código de Buenas Prácticas de la banca medidas "cada vez más rigurosas" en defensa de los deudores hipotecarias con mayores necesidades, la vicepresidenta del Gobierno ha reconocido que ahora "toca introducir enmiendas importantes" en el proyecto de Ley contra los desahucios que se tramita en el Congreso de los Diputados.
   En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ya ha planteado que la limitación de los intereses de demora a tres veces el precio del dinero y a la necesidad de que se produzcan tres impagos para poder cancelar la hipoteca.
   Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha valorado el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) conocido este viernes, que muestra que las ejecuciones hipotecarias iniciadas han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%.
   Además, los órganos judiciales registraron 70.257 solicitudes de lanzamiento en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011.
   Sobre esta cuestión, ha vuelto a insistir en que el Gobierno está trabajando para tener "datos solventes y adecuados con los que afrontar la realidad de los desahucios".
  Con anterioridad, ya había alertado de que los datos de CGPJ incluyen de forma agregada todo tipo de inmuebles y no permiten discriminar, por empleo, entre el lanzamiento referido a una vivienda habitual o a un garaje.

Las ejecuciones hipotecarias se multiplican por más de cuatro en España

MADRID.- Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%, según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

    En concreto, para las ejecuciones resueltas el incremento fue del 199,5%, con media anual del 39,9%, mientras que para las que quedaron en trámite al final del periodo el incremento en los cinco años fue del 482,9%, un 96,6% anual.
    Sólo en 2012, los órganos judiciales españoles iniciaron 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% más que en 2011. Según estos datos, el 20,3% de la ejecuciones hipotecarias se hizo en Cataluña, mientras que el 19,6% tuvo lugar en Andalucía, el 17,6% en la Comunidad Valenciana y el 10,1% en Madrid.
   El número de las ejecuciones hipotecarias que estaban en trámite en los juzgados españoles al final de 2012 fue de 198.116. De ellas, el 21% corresponden a Andalucía, a la que siguen Cataluña (20,7%), Comunidad Valenciana (15,9%) y Madrid (10,8%).
   Por su parte, el número de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 70.257 en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011.
   Al analizar estos datos, el CGPJ recuerda que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten a un servicio común no significa que este lo haya podido ejecutar. Asimismo, señala que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos reales.
   Por otro lado, de los datos del CGPJ se desprende también que el número de lanzamientos solicitados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción fue de 101.034.
   Por su parte, los procedimientos concursales presentados en los juzgados de lo mercantil de toda España a lo largo de 2012 ascendieron a 10.290, lo que supone un aumento del 28,2% en relación con los concursos presentados en 2011.
   Por comunidades autónomas, Cataluña acumuló el 20,8% de los concursos, seguida de la Comunidad Valenciana, que contabilizó el 14,7% de los procedimientos; la Comunidad de Madrid, con el 13,8%, y Andalucía, con el 13,4% del total.
   Al comparar los concursos presentados en los años 2003 a 2007 con los presentados en 2008 a 2012 para ver el efecto de la crisis, el CGPJ observa que el incremento del segundo quinquenio respecto al primero fue del 429,5%, lo que se traduce en incrementos medios anuales del 85,9%.
   Por otro lado, en 2012, se presentaron en los juzgados 700.208 procedimientos monitorios, con un incremento del 2,4% respecto a 2011 registrado, sobre todo, en el último semestre de 2012. Durante el primer semestre se mantuvo la continua disminución interanual.
   En la valoración global de la crisis, los monitorios ingresados han aumentado un 131,2% en el periodo 2008 a 2012 respecto al 2003 a 2007, lo implica incrementos medios anuales del 26,2%.
   En cuanto a los despidos, en 2012 se presentaron 147.404 demandas por despido en los juzgados de lo social, un 25,3% más que en 2011. De ellas el 17,3% se dieron en Cataluña, un 16,8% en Andalucía, el 16,3% en Madrid y el 11,5% en la Comunidad Valenciana. El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 87,5%, siendo el medio anual del 17,5%.
   Además, en estos mismos juzgados se presentaron 146.647 reclamaciones de cantidad y, como ocurre desde 2009, representando una disminución respecto al año anterior, del 4,9%. El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 48,3%, siendo el medio anual del 9,5%.

El Gobierno español aprueba más de 1.200 plazas de Empleo Público para 2013

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2013, que incluirá en total 1.221 plazas sumando las de nuevo ingreso y las de promoción interna, aunque sin incluir las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya convocatoria se aprobará más adelante.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha precisado que este año se convocarán 422 plazas de nuevo ingreso para personal funcionario, estatutario y laboral, frente a las 133 del año pasado, y 449 plazas de promoción interna.
A ello hay que añadir las 300 plazas que se ofertarán en la Administración de Justicia (222 para las comunidades autónomas con funciones traspasadas y 78 para las que dependen todavía del Ministerio de Justicia) y otras 50 plazas para el acceso a la carrera judicial y fiscal.
La vicepresidenta ha explicado que la OEP para 2013 trata de conjugar dos elementos: una reducción "importante" del gasto público en personal y el refuerzo de aquellos cuerpos y funciones "clave" para el funcionamiento de la Administración General del Estado.
De esta forma, Sáenz de Santamaría ha señalado que la OEP de 2013 pone el acento en la lucha contra el fraude "en sus distintas vertientes" (fiscal, laboral, Seguridad Social, seguros, control de subvenciones públicas), así como en la representación de España en el exterior, tanto en el ámbito diplomático como en el comercial; personal investigador; supervisión e inspección de los mercados de valores, y personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) o cuerpos docentes no universitarios en el ámbito de Ley Orgánica de Educación, entre otros.
Las plazas del Subgrupo A1, que recoge la Oferta de Empleo Público son, entre otras, abogados del Estado; carrera diplomática; ingenieros aeronáuticos; inspectores de Hacienda del Estado; inspectores de Seguros del Estado; superior de interventores y auditores del Estado; distintos cuerpos de la Seguridad Social; técnicos comerciales y economistas del Estado; así como científicos titulares de los organismos públicos de investigación; el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Por lo que se refiere al Subgrupo A2, se convocan, igualmente, plazas en una serie de cuerpos como diplomados comerciales del Estado, gestión de la Administración General del Estado, gestión de sistemas e informática de la Administración General del Estado, subinspectores de Empleo y Seguridad Social, técnico de Auditoría y Contabilidad y técnico de Hacienda. Igualmente, se convocan en el cuerpo de maestros.
En cuanto a cuerpos del Subgrupo C1, se convoca la especialidad de agentes de la Hacienda Pública. Igualmente, se incluyen las plazas correspondientes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como organismo que vela por la supervisión e inspección de los mercados.
Además, se convoca, en turno independiente y exclusivamente para personas con discapacidad intelectual (lo que origina el reconocimiento de tal condición, la no discriminación en el acceso al empleo público y la compensación de las desventajas para este colectivo), el correspondiente cupo establecido por la ley del 2% para las personas con discapacidad intelectual.
Por último, en cuanto a las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, la Oferta Pública de Empleo contiene las que corresponden a este ámbito y diferencia, de acuerdo con lo indicado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que se autorizan para el ámbito del Ministerio de Justicia de las que corresponden a comunidades autónomas que han recibido traspaso de medios personales en esta materia, que en total suman 300. Corresponde a ingreso libre el 50% de las indicadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.