Jueces franceses piden una orden de detención Internacional contra 'Teodorín', hijo del dictador Obiang

PARÍS.- Dos jueces franceses han solicitado que se emita una orden internacional de arresto contra el primogénito y posible sucesor del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema, Teodoro Nguema Obiang Mangue (popularmente conocido como 'Teodorín'), por supuesta malversación de fondos, según informaron este martes fuentes judiciales.

   Los dos jueces, Roger Le Loire y Rene Grouman, consideran que hay motivos para sospechar que 'Teodorín' --actual ministro de Agricultura y Bosques-- ha adquirido bienes raíces en Francia mediante el desvío de fondos públicos.

   El Gobierno de Guinea Ecuatorial todavía no ha reaccionado oficialmente ante el anuncio de la posible orden de detención contra el hijo del mandatario. Durante sus estancias en Francia, 'Teodorín' ha hecho demostrado llevar una vida de pleno lujo, con mansiones, yates y jets.

   Los dos jueces galos, que han estado investigando este caso desde 2010, acusan al hijo del presidente ecuatoguineano de un delito de "ocultación de malversación de fondos públicos", que habría cometido con la compra de propiedades en Francia con dinero público de su país.

   Como parte de la investigación, la Policía francesa realizó un registro en un edificio propiedad de 'Teodorín' el pasado mes de febrero. Los agentes estuvieron tres días registrando el inmueble y se llevaron obras de arte y vinos valorados en millones de euros.

   El edificio registrado está valorado en unos 150 millones de euros y los investigadores han explicado que era la sede de un club nocturno y de una peluquería, lo que supondría un indicio de que realmente no se trata de una residencia diplomática, como había argumentado el Gobierno ecuatoguineano.

La manifestación del 29-M en Madrid acabará finalmente en Sol

MADRID.- El Ministerio del Interior ha asegurado que acata la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de permitir que la manifestación central de la huelga general del jueves finalice en la Puerta del Sol de Madrid como solicitaron los sindicatos UGT y CCOO. No obstante, desde el Departamento que dirige el ministro Jorge Fernández Díaz, sostienen que "no es los más conveniente".

   Al ser preguntados acerca de la decisión del TSJM, fuentes de este Ministerio han defendido que el recorrido adecuado era el que había trazado la Delegación de Gobierno y que preveía la finalización de la marcha en la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Puerta de Alcalá.

   Con fecha del 16 de marzo se celebró en la Delegación una reunión para coordinar la seguridad de la manifestación con la asistencia de representantes de las organizaciones convocantes y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha reunión se les indicó a los representantes sindicales que la coincidencia del final de la manifestación con otras concentraciones y manifestaciones comunicadas con anterioridad y les propuso que finalizaran la manifestación en la Puerta de Alcalá, como hicieron en la última convocatoria.

   En la resolución de la Delegación de Gobierno, se comunicó a CC.OO. y UGT que en el centro de Madrid ese día hay una manifestación de CGT y Solidaridad Obrera desde la Plaza de la Beata María Ana Hasta Neptuno y otra de la plataforma sindical de la EMT y otros tres sindicatos que empieza en la Plaza de Atocha y termina en la calle Jacinto Benavente.

   Asimismo, en la Puerta del Sol, el espacio público propuesto por los organizadores como punto final de la manifestación, sobre las 19 horas, hay una concentración de la plataforma contra la impunidad del franquismo, comunicada previamente a la Delegación de Gobierno.

   Si bien la representante de dicha plataforma dijo no tener inconveniente alguno en coincidir con la manifestación convocada por CC.OO. y UGT y en compartir espacio en la Puerta del Sol, el departamento que dirige Cristina Cifuentes estimó "no aconsejable" la coincidencia entre ambos actos.

   Además, argumentaba que dada la previsión de alta participación en la manifestación de los dos sindicatos mayoritarios (250.000 personas) sería necesario realizar numerosos cortes de circulación, "que implicarán una grave afectación de la almendra central de Madrid, y sobre todo del distrito Centro, con repercusión en la prestación de servicios esenciales desde el punto de vista de la seguridad (ambulancias, bomberos, policía, etc.)".

   Por otro lado, la Delegación apelaba a que existen otros derechos fundamentales del resto de personas, "también dignos de protección, que por más que la protesta y reivindicación de los convocantes legítima y respetuosa conforme a derecho, no puedan perturbar en el ejercicio a la libertad de movimientos".

   "Atendiendo al principio de proporcionalidad y con el fin de posibilitar el ejercicio adecuado del derecho de manifestación de todas las organizaciones convocantes, evitando que se produzca un colapso circulatorio en el distrito centro, se estima necesario modificar el final de esta manifestación, sin que ello suponga menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión para los sindicatos convocantes", zanjaba la Delegación de Gobierno en una decisión que ha sido corregida ahora por el TSJM.

El ex clicista Eddy Merckx, implicado en un caso de corrupción por la Justicia belga

BRUSELAS.- El ex campeón de ciclismo belga y cinco veces ganador del Tour de Francia Eddy Merckx ha sido implicado en un caso de corrupción por un juez de instrucción de Bruselas, ligado a la venta de cerca de cincuenta de bicicletas de la marca del ex ciclista para el cuerpo de la Policía de la localidad bruselense de Anderlecht, según ha informado en exclusiva el diario 'La Dernièr Heure'.

   Además de Merckx, de 66 años, el juez que instruye el caso, Jean-Claude Van Espen, ha inculpado asimismo al ex jefe responsable de la Policía de la zona, Gérald Noon, al responsable de contratación pública, Alain Godelaine, y al responsable de la contabilidad, Jos Woumans, según informa el rotativo belga.

   El caso está relacionado con un presunto caso de malversación de fondos públicos ligado a un pedido de varias decenas de bicicletas de la marca Eddy Merckx por la Policía de Anderlecht.

   El juez belga responsable de la instrucción mantiene separado el dossier judicial contra el comisario Philippe Boucar, conocido como 'Mr Fútbal' en la comisaria de Anderlecht e identificado como la persona que informó con antelación al ex campeón ciclista de un contrato público para adquirir 48 bicicletas para el cuerpo de Policía local.

   Aunque Boucar fue acusado el pasado 6 de diciembre, el propio Merckx no ha sido acusado hasta ahora para permitirle viajar el pasado día 15 de diciembre al Palacio del Elíseo para recibir el título de gran comendador de la Legión de Honor a manos del presidente galo, Nicolas Sarkozy.

Más de 9.000 civiles han muerto por la violencia en Siria

NUEVA YORK.- Más de 9.000 civiles han muerto por la violencia en Siria a manos de las fuerzas gubernamentales desde que comenzaron las protestas contra el régimen del presidente Bashar al Assad, en marzo del año pasado, según ha informado este martes el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Robert Serry.

   "Varias estimaciones creíbles sitúan el número total de fallecidos desde el comienzo de la revuelta, hace un año, en más de 9.000", ha declarado Serry en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La ONU había dicho a mediados del pasado marzo que la cifra de víctimas mortales superaba las 8.000.

   Serry ha afirmado que la violencia "continúa y no disminuye" y por ello "siguen muriendo y resultando heridas decenas de personas".

 "Es urgente detener los enfrentamientos y evitar que el conflicto se agrave", ha subrayado.

   El coordinador también se ha referido a la noticia de que el Gobierno de Al Assad ha aceptado el plan de paz de seis puntos que había presentado el enviado de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan. "Ahora el Gobierno sirio tiene que tomar medidas inmediatamente para cumplir sus compromisos y demostrar al pueblo sirio que está dispuesto a poner fin a la violencia y a iniciar un proceso político, cuestiones que (Annan) también consultará con la oposición", ha indicado.

   El embajador de Reino Unido ante la ONU, Mark Lyall Grant, que este mes preside el Consejo de Seguridad, ha declarado a los periodistas que este órgano espera recibir pronto de Annan información actualizada sobre la aceptación del plan de paz por parte de Damasco.

   "Obviamente, esto puede ser un paso importante, y estamos analizando la posibilidad de que Kofi Annan se dirija al Consejo de Seguridad esta semana o a principios de la próxima", ha precisado.

   Rusia y China se sumaron a los demás Estados miembros del Consejo la semana pasada al apoyar el plan de Annan, cuyo fin es acabar con el conflicto. Previamente, ambos países habían vetado dos resoluciones que condenaban la represión ejercida por el Gobierno sirio contra la oposición.

El abogado español Antonio Garrigues señala la codicia de la banca norteamericana de inversión como detonante de la crisis

MURCIA.- El abogado español Antonio Garrigues Walker señaló directamente a la banca norteamericana de inversión y a su codicia sin límites - 'por una falta de ética absoluta' - como el detonante de la actual crisis desatada en Europa, - 'aunque Estados Unidos siga sin aceptarlo' -, durante una charla pronunciada en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia ante unas doscientas personas, la mayoría del ámbito universitario y jurídico.

Garrigues hizo esta afirmación durante una exposición sobre los derechos humanos y la ética invitado por una asociación universitaria que se dedica a promoverlos en su territorio, el de la Región de Murcia, y cuya conclusión más pedagógica fue que 'una persona que hace lo que tiene que hacer genera felicidad. En la educación deberíamos fomentar que ser ético no es que sea bueno, es que siempre es rentable. Sin ética y sin solidaridad mal vamos'.

"No hay nada menos ético que la corrupción. Y, como dice el filósofo español Fernando Savater, la ética tiene que ver con la felicidad. Una persona ética la tiene así ganada en parte. Fuera de la ética, ni hay futuro ni hay sostenibilidad ni hay nada. Es decir, más allá de los valores, hay también una motivación pragmática. No ser ético va contra los propios intereses", señaló el letrado tras revelar que recientemente unos 700 destacados empresarios españoles se han mostrado muy preocupados por la ética en los negocios.

'La ética lo hace todo sostenible si la entendemos como aquello que todos sabemos que hay que hacer', sentenció Garrigues. 

'Todos los estamentos deben hacer un proceso de crítica y autocrítica. El estamento financiero americano a mí me parece uno de los peores del mundo, sobre todo en el terreno de la banca de inversión, donde no conozco ejemplos de gente más avariciosa y codiciosa y con menos sentido de la responsabilidad. Ya lo ha demostrado en el pasado pero lo malo es que lo sigue demostrando ahora exactamente igual. No hay quien le pare en esa especie de obsesión por la riqueza. No exagero. Se está comportando igual y eso requiere nuevas regulaciones,  nuevos planteamientos pero, sobre todo, actitudes morales', afirmó este abogado de 78 años y con una excelente reputación internacional.

A juicio de Garrigues, 'en estos momentos las tres grandes reformas de Obama en Estados Unidos, que eran la reforma financiera, del sistema migratorio y del sistema de seguridad social, están paradas. Eso no es bueno. En Estados Unidos hay un problema de radicalización política. El Tea Party está provocando una situación que preocupa, incluso al Partido Republicano'.

El mundo de hoy debe avanzar hacia las instituciones globales, el derecho global y la ética global en un mundo marcado por la globalización, avanzó el jurista, haciendo una llamada, obligatoria, a la "positividad". 

'En general todos debemos aportar positividad. Sin ella no se va a ningún sitio. Hemos iniciado una cátedra en la Universidad de Navarra y, para ello, hemos traído profesores del derecho islámico, del derecho marxista, del indígena,… Y estamos viendo que todos los derechos se están empezando a unir, comenzando por el anglosajón y el civil europeo”.

De acuerdo a su pensamiento, el mundo jurídico en general tiene que empezar a aceptar su responsabilidad con respecto a la regulación de la convivencia de los ciudadanos con sentido de globalización. “Tenemos que ponernos a pensar en qué salto habría que dar para ofrecer a la Humanidad la seguridad jurídica, principio básico de convivencia porque sin ella no hay relaciones humanas. Y no es utópico”, dijo tras centrarse, una vez más, en una defensa a ultranza de la ética global.

Garrigues insistió en que la crisis financiera tuvo un déficit ético. “De eso no se puede dudar. Y sin ética no hay futuro. No puede haber sostenibilidad ni continuidad sin arraigo ético. La corrupción se corrige aplicando normas de transparencia”, alabando en este punto la nueva legislación 'ad hoc' de que se va a dotar España esta misma semana aunque Garrigues prevé un trámite parlamentario posterior largo y complicado.

Garrigues dijo entender, en ese sentido, que el concepto de la ética es complejo. “Pero todos sabemos más o menos lo que hay que hacer y sabemos más o menos lo que no hay que hacer. Quien no es ético no puede cumplir con sus tareas… El llamamiento a la ética es clave".

Finalmente, concluyó diciendo que, tras la crisis que estamos atravesando “se hace absolutamente necesario que todos aumentemos los niveles de exigencia”. Y desde el concepto de derecho entendido como reparto equitativo, invitó a los jóvenes universitarios murcianos a exigir el avance y cumplimiento de los derechos humanos.

'Los derechos humanos avanzan lentamente y, según el tipo de sociedad y desarrollo económico, pueden ser unos u otros', matizó.

 

Durante el debate se suscitaron varios temas pero quizás el del desempleo juvenil en España se abordó más extensamente y provocó una severa recomendación por parte de Antonio Garrigues en el sentido que nuestros universitarios deben asumir de forma ineludible que ya viven en un entorno global que les exige 'aprender, al menos, dos idiomas; salir de España a buscarse la vida; y manejar de forma eficiente las nuevas tecnologías, más allá del puro nivel de usuario'.

El PP espera que la Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción en España

MADRID.- El PP confía en que la futura Ley de Transparencia sirva para prevenir la corrupción en España y evitar el despilfarro en las administraciones públicas, a la vez que mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

   El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha celebrado el anteproyecto aprobado este viernes por el Gobierno en el Consejo de Ministros y ha recordado que se trata de una regulación "muy importante y necesaria" que ya tenían otros países de la Unión Europea.

   A su juicio, es fundamental regular la transparencia de las instituciones públicas porque los ciudadanos "tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero".

 "Es una medida muy importante de regeneración política, la transparencia es la mejor medicina para prevenir la corrupción y el buen gobierno es la mayor garantía para evitar el despilfarro", ha subrayado.

   Bermúdez de Castro ha alabado también el procedimiento elegido por el Ejecutivo para su tramitación, ya que contará "por primera vez en la historia" con un periodo de quince días de audiencia pública durante los que los ciudadanos podrán aportar sus recomendaciones y sugerencias de mejora.

   "Cuanta más transparencia, más confianza y control de las cuentas públicas", ha resumido el dirigente 'popular' al recordar que los principios de "eficacia, ejemplaridad, austeridad y rigor en la gestión de recursos" que establece la ley deben regir la actuación de todo gobernante.

   El secretario general del PP en el Congreso ha destacado también la inclusión en la Ley de Transparencia de un baremo para "poner límite" al sueldo de los alcaldes.

   Para Bermúdez de Castro, esta ley contribuirá al "esfuerzo" del Gobierno "por ganar confianza, credibilidad y solvencia" y enviar al exterior "la imagen de que España es un país cumplidor". "El Gobierno está haciendo los deberes, y esta ley, junto a la de estabilidad presupuestaria, envía un mensaje claro de que España es un socio fiable", ha concluido.

El régimen sirio bombardea ciudades rebeldes

BEIRUT.- Las fuerzas del régimen de Bachar al Asad bombardearon el viernes ciudades rebeldes de Siria, donde miles de opositores se manifestaron de nuevo horas antes de un viaje del emisario internacional Kofi Annan a Rusia y China para intentar poner fin a la violencia.

Convocados por militantes pro democracia, decenas de miles de personas se manifestaron, principalmente en Damasco, para pedir entre otras cosas que se procese a dirigentes del régimen. Las fuerzas del orden dispararon para dispersarlos en algunas localidades e hirieron a civiles, según los activistas.
Al mismo tiempo, las tropas gubernamentales y los desertores del Ejército Sirio Libre (ESL) se enfrentaban en Aazaz, una ciudad cercana de la frontera turca por la que transitan numerosos heridos y civiles que huyen de la violencia.
En total, siete soldados, un desertor y siete civiles murieron el viernes en el país, al día siguiente de la muerte de 62 personas, según el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
Los combates prosiguen desde el jueves en Aazaz, una ciudad de 75.000 habitantes situada en la provincia de Alepo, "bombardeada por las tropas y sobrevolada por helicópteros del ejército", afirmó a la AFP Mohammad al Halabi, un militante opositor.
En Homs (centro), otro foco rebelde, dos civiles murieron víctimas de cohetes disparados por el ejército contra el barrio de Bab Sbaa, según el OSDH.
Más al norte, el ejército empezó a bombardear el bastión rebelde de Binish, al este de la ciudad de Idlib (noroeste), según un corresponsal de la AFP.
La violencia se extendió en los últimos días a Damasco y alrededores, escenario cada noche de enfrentamientos entre soldados y desertores.
-- La diplomacia se esfuerza --
En el plano diplomático, Kofi Annan, emisario de la ONU y la Liga Árabe, viajará este fin de semana a Rusia y China, fieles aliados de Damasco, que votaron el miércoles una declaración en Naciones Unidas que pide el fin de la violencia. Previamente habían vetado dos resoluciones que condenaban la represión del régimen sirio.
Con esta declaración, el Consejo de Seguridad de la ONU exhorta al presidente sirio Bashar al Asad y a sus opositores a "aplicar inmediatamente" el plan Annan, que preve "un cese de la violencia por todas las partes", "el envío de ayuda humanitaria" y la liberación de presos.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prolongó este viernes, con la oposición de Cuba y la abstención de Ecuador, el mandato de su comisión de investigación en Siria, a la que pidió que presente un informe sobre "las violaciones flagrantes de los derechos humanos" cometidas desde marzo de 2011, cuando empezó la rebelión contra el régimen.
La ONU ha solicitado también 84 millones de dólares a la comunidad internacional para ayudar a unos 100.000 refugiados sirios en Jordania, Líbano, Turquía e Irak, anunció el Alto Comisionado para los Refugiados.
La Unión Europea, mientras tanto, congeló los haberes y prohibió los desplazamientos dentro de su territorio a doce personas, entre ellas la mujer del presidente Bashar al Asad, su hermana, su madre y su cuñada.
Es la decimotercera ronda de sanciones contra el régimen desde el inicio de la revuelta, y Estados Unidos la saludó como un "muy buen paso" que "envía un mensaje fuerte de que las personas cercanas a Asad también sufrirán las presiones".
Las sanciones tienen como "objetivo final la salida del poder de Bashar al Asad y la convocatoria de elecciones", dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo.
La oposición siria pidió también a la UNESCO que "actúe inmediatamente" para proteger los sitios históricos del país que, según ella, corren riesgo por los ataques del ejército regular.
El OSDH estima que 9.100 personas han muerto desde el inicio del movimiento de protesta contra el régimen sirio del presidente Bashar al Asad, el cual atribuye la violencia a "bandas terroristas armadas".

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia de Garzón por las escuchas de "Gürtel"

MADRID.- El Tribunal Supremo ha rechazado anular la sentencia que condenó al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación y multa por ordenar escuchas en prisión a abogados de la trama "Gürtel", lo que da vía libre a su defensa para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

   En el auto dado a conocer este viernes, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, se resuelve que la petición no ha lugar porque en la sentencia cuya nulidad pretendía Garzón se contienen "de forma expresa y ampliamente razonada" los argumentos del tribunal para considerar que su conducta constituyó un delito de prevaricación.

   Recuerda el Supremo que los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, entre ellos los de defensa, al secreto de las comunicaciones y, en general, el derecho a la intimidad, que fueron vulnerados en el caso de los letrados de los imputados en "Gürtel", "vinculan a todos los poderes públicos".

   Además, puntualiza que en el caso de Garzón no se penalizó su opción por una interpretación de la ley entre las posibles a aplicar, "sino que se castiga una conducta ejecutada en una interpretación y aplicación de la norma que resultan absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho".

   Baltasar Garzón ha encomendado esta fase de su defensa al despacho Amparo Legal, experto en garantías constitucionales, sustituyendo así al letrado que le venía defendiendo en esta causa, el sevillano Francisco Baena.

     En su petición, la defensa señalaba que la sentencia dictada de forma unánime por el Tribunal Supremo ha violado de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege, por lo que cabe recurso de amparo ante el Tribunal de garantías.

     Los nuevos abogados de Garzón consideran que el alto tribunal había  construido "a la medida" el delito de prevaricación por el que se ha condenado al ya ex juez de la Audiencia Nacional que supone "una  puerta abierta" a cualquier juicio y condena por prevaricación "por cualquier discrepancia jurídica seria".  Por ello, solicitaban la nulidad de la resolución.

Los cargos públicos españoles que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años

MADRID.- Los gestores públicos españoles que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que España es uno de los pocos países de la UE que no dispone de una norma de estas características y ha recalcado que su aprobación definitiva -no se prevé que sea antes del mes de junio-- permitirá "cumplir otros estándares de competitividad institucional" y "reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas".

   "La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos. También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado.

   La vicepresidenta ha explicado que la norma incorpora un procedimiento "novedoso" de audiencia pública, de forma que los ciudadanos dispondrán de 15 días a partir del próximo lunes para hacer aportaciones y sugerencias al texto de la ley a través de la web del Ministerio de la Presidencia. La norma se compone de tres bloques:  publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

    En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia "refuerza" las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.

    Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.

   Para cumplir con esa "obligación" de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública.  Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades  Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.

    El segundo gran eje de la ley se refiere a la regulación del acceso de los ciudadanos a la documentación pública a través de preguntas y solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución, estableciendo un "equilibrio" entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública. El plazo para responder a las peticiones de información de los ciudadanos será de un mes desde la recepción de la solicitud.

    En cuanto a los límites, no se proporcionaran datos si afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco está previsto que los ciudadanos puedan conocer el régimen de visitas de los  ministros o del presidente del Gobierno, algo que sí que ocurre en países como Estados Unidos.

    Sáenz de Santamaría ha indicado que la Agencia de Calidad de los Servicios y Evaluación de las Políticas Públicas pasará a llamarse ahora Agencia de Transparencia, encargándose de resolver las reclamaciones que se produzcan en caso de denegación de acceso  de información. 

    El tercer bloque de la norma es la aplicación de un "código de buen gobierno" por "primera vez" con rango legal" para todas las administraciones públicas, que incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones" porque "se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

    Entre las infracciones "muy graves" en materia de gestión económica-presupuestaria figurará: la administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; la utilización de compromisos de gastos sin tener crédito para hacerlo o en contra de la legislación aplicable; la ausencia de justificación de la inversión de los fondos con arreglo a la Ley de Subvenciones; el incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública; no formular los planes económico financieros en los supuestos que figura en la Ley de Estabilidad; o el incumplimiento de medidas de corrección previstas en esa norma.

   Sáenz de Santamaría ha recalcado que esas infracciones "muy graves y algunas graves" podrán llevar aparejada la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años.

   Además, en el caso de que haya "un verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable", la conducta "será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con una inhabilitación de hasta diez años y la correspondiente multa".  Aunque no se prevé en la norma la pena de cárcel, la portavoz del Gobierno ha recordado que si  no se cumple la pena de multa, ésta "se sustituye por una pena de prisión".

    El objetivo de esta norma es "complementar" la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones públicas "cumplan y sean respetuosas en la gestión de los fondos públicos", de forma que los altos cargos "responden con carácter personal de esa conducta". Es más, ha subrayado que esta ley trata de "evitar" que "alguna administración diga que cumple el seis por ciento de déficit" y "acaba dejando el país en un ocho".

   La portavoz del Gobierno ha hecho hincapié que "el responsable sólo puede ser el competente". En este sentido, ha comentado que, por ejemplo, si un consejero es el responsable de enviar a Hacienda un plan de ajuste y no lo hace, sería "el responsable". "La competencia determina la responsabilidad", ha reiterado.

    Sáenz de Santamaría ha explicado también que la Ley de Transparencia "por primera vez hará públicas las resoluciones en relación con las compatibilidades e incompatibilidades", colgándose en la web "las autorizaciones o denegaciones que se den en este punto". 

  Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño y sus circunstancias económicas o administrativas.  

El abogado de Urdangarin acusa al juez de "vulnerar su derecho de defensa"

PALMA DE MALLORCA.- Mario Pascual Vives, abogado del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha acusado al juez que instruye el caso Nóos, José Castro, de "vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva" del yerno del Rey al emitir en el auto judicial del 13 de marzo "una serie de juicios de valor y aseveraciones", que, en su opinión, también vulneran el "principio de contradicción e igualdad de las partes en el proceso".

   En un escrito remitido al juez Castro, el letrado censura que "todo conduce a pensar, incluso a confirmar" que el juez instructor, en el Fundamento Jurídico Cuarto de su auto del 13 de marzo, en el que rechaza la solicitud de la toma de declaración en calidad de testigos de Carlos García y José Manuel Romero, emite de "manera precipitada un prejuicio al recoger afirmaciones y aseveraciones con rango de rotundidad".

   Entre ellas, cita las frases emitidas por Castro en su auto, como "ya que existen sobrados indicios de que Urdangarin desempeñó con posterioridad...; no acaba de convencer el argumento de que las funciones...; cuando innumerables testigos han declarado en sede policial...; declaraciones de imputados en sede judicial, cuya parcialidad en esta cuestión no se advierte....; y lo que también viene avalado por la numerosa documentación intervenida".

   En este sentido, Pascual Vives insiste en que Castro, al verter tales afirmaciones "vulnera el derecho de defensa" de Urdangarin "al no especificar a qué testigos de los que han declarado en sede policial" se está refiriendo el magistrado para "contradecir las tesis y los argumentos" que su cliente emitió durante su declaración en calidad de imputado en los Juzgados de Palma.

   Así, el abogado reprueba que no se sabe si el juez se está refiriendo a los testigos a los que se tomó declaración en noviembre en Barcelona y que los próximos 29 y 30 de abril se les tomará con presencia "por fin de las partes personadas en la causa".

   Además, el letrado Urdangarin añade que también se desconoce si el magistrado se refiere a aquellos otros testigos a los que también se les tomó declaración en Barcelona "sin presencia judicial, ni de las partes comparecidas".

   No obstante, Pascual Vives recuerda que en el auto del 21 de febrero emitido por Castro estableció que "en ningún momento este Juzgado ha pretendido ni por asomo que las declaraciones tomadas en sede policial en Barcelona sean incorporadas a la causa sin más para que surtan efectos al margen de toda contradicción procesal".

   Asimismo, en el citado auto, el juez añade que "las previsiones no son ésas, sino precisamente las contrarias y son que cuando el tiempo del que físicamente disponga este Juzgado lo permita, éste se desplazará a Barcelona con previa citación de todas las partes personadas, al objeto de recabar de nuevo la versión de quienes prestaron declaración en sede policial e introducir en sus declaraciones las rectificaciones y matices que sean obligados".

   El abogado de Urdangarin también censura que Castro tampoco especifica en su auto del 13 de marzo "ni qué declaraciones, ni de qué imputados" se trata, ni "en base a qué juicios de inferencia se considera que no se advierte parcialidad en el contenido de lo manifestado por ellos". Además, agrega que tampoco concreta "qué documental intervenida, calificada como numerosa, avala las consideraciones anteriores".

   En este sentido, Pascual Vives reitera que "la ausencia de precisión y debida identificación", tanto de los testigos, como de los imputados y documentos que "convencen" a Castro para afirmar por escrito que lo manifestado por Urdangarin "no le convence" producen una "clara indefensión" al Duque de Palma, "al desconocer unos datos que a priori se pretenden imputar en su contra, con la clara finalidad de desvirtuar lo dicho y mantenido en su declaración los días 25 y 26 de febrero".

   Al mismo tiempo, remarca que también "se vulneran los principios de contradicción y de igualdad de las partes acusadoras y defensoras", principios estos, según recuerda, que "deben regir cualquier proceso criminal, siempre bajo el arbitrio imparcial del juez instructor, como garante de su legalidad".

   Por ello, el letrado pide a través del citado escrito remitido al juez Castro que "identifique y precise qué testigos, qué imputados y qué documentación son los que le permiten efectuar el conjunto de manifestaciones, aseveraciones y afirmaciones que quedan recogidos en el Fundamento Jurídico Cuarto del auto del 13 de marzo", con el fin de que "la ausencia de su identificación o precisión no siga causando una clara e injustificada indefensión" a Urdangarin.

La Ley de Transparencia no afectará a la Casa Real española

MADRID.- El proyecto de Ley de Transparencia aprobado hoy  por el Consejo de Ministros no afectará a la Casa Real española por no tratarse de una administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha respondido así a la moción aprobada por el Parlamento navarro, que instaal Ejecutivo español a que incluya en la ley "los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer las asignaciones y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real.

   La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obligará a la Administración Pública a informar en qué gasta el dinero público, pero la Casa Real es una institución que no está dentro de la Administración pública.

Mueren más de 60 personas en Siria por nuevos ataques del régimen

BEIRUT.- Al menos 61 personas han muerto este jueves en distintas localidades de Siria a causa de los bombardeos y ataques perpetrados por las fuerzas leales al Gobierno que preside Bashar al Assad, según han denunciado los Comités de Coordinación Local, una red opositora que evalúa la situación sobre el terreno.

   Entre las víctimas figuran, según este grupo, al menos doce niños, cuatro mujeres y un soldado desertor del Ejército. Dos de las víctimas habrían fallecido tras ser torturados por las fuerzas del régimen de Al Assad.

   Los Comités tienen constancia de 23 "mártires" en Idlib, 16 en Homs, 13 en Hama, tres en Deraa, dos en Alepo, dos en los suburbios en Damasco y uno tanto en Latakia como en la capital del país, según han informado en un comunicado.

   Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, ha denunciado que diez civiles, entre ellos tres niños y dos mujeres, han perdido la vida después de que hombres armados disparasen contra un autobús en la localidad de Sermeen, en el norte de Siria. Este grupo de civiles aparentemente trataba de cruzar la frontera hacia Turquía.

   El Observatorio, que depende para sus informaciones de una red de contactos sobre el terreno, no ha podido confirmar quién está detrás de estas muertes, aunque otros activistas consultados por Reuters han culpado a las tropas el Gobierno.

   La ONU calcula que más de 8.000 personas han muerto desde que se iniciasen hace un año las protestas antigubernamentales. Un portavoz del Ministerio de Exteriores sirio aseguró esta semana que unos 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad han fallecido durante este último año por culpa de acciones atribuidas a "grupos terroristas armados".

   Las fuerzas del Gobierno han avanzado en las últimas semanas sobre varias zonas controladas hasta ahora por los rebeldes pero, a tenor de lo que han apuntado varios testigos, no tienen consolidados estos progresos, si bien se hace imposible confirmar cualquier información al respecto por el veto impuesto por parte de las autoridades a los periodistas independientes.

   Este jueves, los tanques del régimen han bombardeado de nuevo el barrio de Arbaeen, en la ciudad de Hama. En las últimas 48 horas han perdido la vida en esta zona más de una veintena de personas, según han declarado fuentes opositoras.

   También se han registrado intensos bombardeos sobre la ciudad de Sermeen, pero el responsable del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdelrahman, ha asegurado que "las fuerzas sirias todavía no han podido entrar" en esta localidad de la zona norte.

   Por otra parte, en la ciudad de Al Qusair, cerca de la frontera con Líbano, las fuerzas del régimen han tratado de reducir a los rebeldes y se han producido varios incidentes violentos. Tres residentes de esta zona y cuatro soldados han muerto en el marco de una emboscada, según el Observatorio.

   Las ofensivas constantes se habrían extendido también por Deraa, Deir al Zor y Latakia, pese al llamamiento lanzado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que el Gobierno de Al Assad cumpla con las peticiones del enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, y ponga fin a la violencia.

Urdangarin cree "malintencionada" cualquier invocación al Rey de España por parte de Manos Limpias

PALMA DE MALLORCA.-   La defensa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha puesto de manifiesto en un escrito presentado ante el juez del caso Palma Arena que "cualquier invocación" que haga el sindicato Manos Limpias en sus recursos a "la persona de Su Majestad el Rey de España" y de "su Estatuto Constitucional y Legal debería tenerse por no puesta, no escrita y ni tan siquiera no insinuada por ser absolutamente gratuita, espuria, malintencionada e injustificada".

   Así lo ha expuesto el abogado Mario Pascual Vives en el escrito que presentó contra el recurso de reforma --y subsidiario de apelación-- interpuesto por Manos Limpias contra el auto por el que el juez José Castro desestimó la petición de la acusación popular de citar como imputada a la Infanta Cristina en el marco de las pesquisas sobre las actividades del Instituto Nóos.

   En su escrito, la defensa hace referencia asimismo a la comparación realizada por el sindicato entre la conducta presuntamente irregular desplegada por Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, con la de la Infanta, una comparación que a su juicio "no tiene ni puede tener parangón posible".

   En este sentido, el letrado asevera que la esposa de Torres tuvo "una participación activa" mientras que, por el contrario, la hija del Rey don Juan Carlos "ni siquiera actuó, como ha quedado acreditado en las declaraciones de cuantos coimputados o testigos han sido interrogados en esta causa".

   En esta misma línea, Pascual Vives asevera que el resto de argumentaciones esgrimidas en el recurso de reforma, que ya sido desestimado por el magistrado, "más que argumentaciones jurídicas responden a valoraciones espurias e injustificaddas".

   Entre ellas, señala que la mención de la Infanta como "la mujer del César", más allá "de una libertad retórica, distante de cualquier argumentación jurídica de peso, requeriría una llamada al orden procesal de quien la incluye en un escrito, por apartarse e incluso vulnerar los principios de respeto y probidad que todas las partes debemos mantener en todo momento a lo largo de cualquier proceso judicial".

   Por su parte, en el auto que ha dictado para desestimar el recurso de Manos Limpias, sobre el que ahora deberá pronunciarse en fase de apelación la Audiencia Provincial de Palma, el juez ha recriminado que Manos Limpias haya sacado de contexto de forma "intencionada" las palabras que utilizó en la primera resolución que dictó para rechazar la imputación de la Infanta, y en este sentido ha aseverado que el hecho de afirmar que llamarla a declarar como imputada "la estigmatizaría" es una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

   En su nueva resolución, Castro considera "rotundamente falso" que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad "el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado".

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".

El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".

   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.

   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".

   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

Delegación del Gobierno en Madrid impide que la marcha del 29-M acabe en Sol

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha impedido a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la Huelga General, 29 de marzo, en la Puerta del Sol, por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas y por el derecho a la libertad de movimientos de los ciudadanos, según han informado fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes.

   La institución se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   Con fecha del 16 de marzo, se celebró en la Delegación una reunión para coordinar la seguridad de la manifestación, con la asistencia de representantes de las organizaciones convocantes y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En dicha reunión, se les indicó a los representantes sindicales que la coincidencia del final de la manifestación con otras concentraciones y manifestaciones comunicadas con anterioridad y les propuso que finalizaran la manifestación en la Puerta de Alcalá, como hicieron en la última convocatoria. Por tanto, se comunica a CC.OO. y UGT que en el centro de Madrid ese día hay una manifestación de CGT y Solidaridad Obrera desde la Plaza de la Beata María Ana Hasta Neptuno y otra de la plataforma sindical de la EMT y otros tres sindicatos que empieza en la Plaza de Atocha y termina en la calle Jacinto Benavente.

   Asimismo, en la Puerta del Sol, el espacio público propuesto por los organizadores como punto final de la manifestación, sobre las 19 horas, hay una concentración de la plataforma contra la impunidad del franquismo, comunicada previamente a la Delegación de Gobierno.

   Si bien la representante de dicha plataforma ha dicho no tener inconveniente alguno en coincidir con la manifestación convocada por CC.OO. y UGT y en compartir espacio en la Puerta del Sol, el departamento que dirige Cristina Cifuentes estima "no aconsejable" la coincidencia entre ambos actos.

   Además, argumenta que dada la previsión de alta participación en la manifestación de los dos sindicatos mayoritarios (250.000 personas) será necesario realizar numerosos cortes de circulación, "que implicarán una grave afectación de la almendra central de Madrid, y sobre todo del distrito Centro, con repercusión en la prestación de servicios esenciales desde el punto de vista de la seguridad (ambulancias, bomberos, policía, etc.)".

   Por otro lado, la Delegación ha asegurado que existen otros derechos fundamentales del resto de personas, "también dignos de protección, que por más que la protesta y reivindicación de los convocantes legítima y respetuosa conforme a derecho, no puedan perturbar en el ejercicio a la libertad de movimientos".

   En razón a lo expuesto anteriormente, "atendiendo al principio de proporcionalidad y con el fin de posibilitar el ejercicio adecuado del derecho de manifestación de todas las organizaciones convocantes, evitando que se produzca un colapso circulatorio en el distrito centro, se estima necesario modificar el final de esta manifestación, sin que ello suponga menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión para los sindicatos convocantes".

   No obstante, respetarán el inicio de la marcha desde la Plaza Cánovas del Castillo para acabar en la Puerta de Alcalá, "un espacio igualamente emblematico de la ciudad de Madrid, lugar en el que estos sindicatos ya finalizaron la manifestación del día 11 de marzo y en el que queda plenamente asegurada la difusión de los mensajes objeto del acto".

   Por su parte, UGT y CC.OO. de Madrid han interpuesto un recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno de impedir a los sindicatos terminar la marcha convocada el día de la huelga general, 29 de marzo, en la Puerta del Sol por motivos de seguridad debido al "colapso" que se generaría en ese punto al coincidir varias marchas.

   En el documento, los sindicatos interponen un recurso especial para la protección jurisdiccional del derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid de 20 de marzo de 2012 por la que se modifica el itinerario solicitado en su día por ambas Organizaciones Sindicales.  

   La Delegación se ampara en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, que desaconseja que las protestas terminen en la Puerta del Sol, "ya que conllevaría importantísimas retenciones y sustanciales repercusiones en la circulación de vehículos, tanto privados como de servicio público".

   En el recurso, los sindicatos exponen que el 1 de marzo se solicitó por parte de los sindicatos a la Delegación de Gobierno la comunicación relativa al ejercicio del derecho de reunión a fin de organizar una manifestación que tendría lugar en la capital, el día 29 de marzo de 2012 con una duración prevista de 3 horas y 30 minutos, cuyo objeto es la protesta ante la Reforma Laboral.

   Tras la respuesta de la Delegación del pasado 20 de marzo, los sindicatos critican que "existe un claro recorte y modificación en cuanto al itinerario de la convocatoria", ya que la limita en cuanto a su lugar de finalización a la Plaza de la Independencia.

   A su juicio, "ello supone un recorte y modificación sustancial del itinerario solicitado por ésta parte y que como más adelante expondremos es desproporcionado y carente de justificación objetiva y razonable alguna".

   "Ello supone, por tanto, una limitación del Derecho de reunión y manifestación amparado en el artículo 21 de nuestra Constitución", recalcan en el recurso.

   Según los sindicatos, la Resolución dictada por la Delegación de Gobierno "no es objetiva, no está plenamente justificada y carece de proporcionalidad entre el fin que dice amparar y la lesión del derecho Constitucional que esta parte invoca".

   Asimismo, critica que obvie "la Doctrina Constitucional y de otros Tribunales de rango inferior sobre la utilización del espacio urbano por la sociedad democrática", recordando que "califica a dicho espacio no solo en un ámbito de circulación de vehículos, sino también en un espacio de participación ciudadana y lugar de ejercicio de un derecho de reunión como son las principales vías de nuestras ciudades".

   Por ello, piden que se proceda a la celebración de la correspondiente audiencia y se revoque la Resolución recurrida para que se acuerde haber lugar al ejercicio libre del derecho fundamental de reunión interesado en la solicitud de manifestación unida al expediente administrativo tramitado.

Telefónica ficha al marido de la vicepresidenta española Sáenz de Santamaría

MADRID.- Telefónica ha incorporado a Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado y marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, a una nueva unidad creada dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la multinacional española, según ha confirmado la compañía en un comunicado.

   Dicha unidad, que depende de la Dirección liderada por la también vicesecretaria del consejo de la compañía, María Luz Medrano, estará especializada en coordinar y planificar la vertiente jurídica de los nuevos negocios de la empresa en su proyección internacional y trabajará desde el Corporativo Global de la multinacional con especialistas en derecho comunitario e internacional, financiero, propiedad intelectual y tratamiento de datos.

   La firma presidida por César Alierta ha explicado que dicha unidad estará formada, además de por Iván Rosa Vallejo y otro abogado del Estado, cuya contratación está en proceso, por otros letrados, que completarán el equipo.

   Asimismo, dentro del proceso de reorganización se incorporarán dos expertas en derecho financiero, Cristina Fernández Gómez y Pilar Arribadas.

   Iván Rosa Vallejo, que es abogado del Estado desde el año 1996, ha trabajado en la Comisión Europea como experto en temas comunitarios y de cooperación judicial internacional y ha sido consejero de justicia en la Representación Permanente de España en la Unión Europea. Hasta la fecha, ejercía como abogado del Estado en la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos.

   Por su parte, Fernández Gómez, que es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ha trabajado en Uría y Menéndez y ha ocupado el cargo de directora de Asesoría Jurídica Corporativa en Ferrovial, mientras que Arribadas García es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y entre sus últimos trabajos destaca su paso por Uría y Menéndez y Banesto.

   Por otra parte, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han confirmado también que Paloma Villa, esposa del secretario general del Grupo, Eduardo Madina, ha sido contratada recientemente por Telefónica. Sin embargo, ha subrayado que este caso "no es comparable" con los fichajes de familiares de ministros y altos cargos del PP por parte de esta y otras grandes empresas.

   De hecho, fuentes del Grupo han expresado malestar por el hecho de que la contratación de Villa haya sido publicada justo después de la de Iván Rosa, porque consideran que se pretende dar la impresión de que son casos comparables, cuando a su juicio no es así.

   En este sentido, aseguran que no sólo Madina no ha hecho "ninguna gestión" en favor de su esposa, sino que además el PSOE ahora no está en el poder. Es más, destacan que fue Telefónica quien se interesó por el currículum de Villa y que ese interés se ha concretado finalmente en su contratación en el departamento de Relaciones Internacionales.

   Paloma Villa fue asesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y también perteneció al gabinete de la exministra de Exteriores y exsecretaria de Estado para Iberoamérica Trinidad Jiménez, puesto que le brindó experiencia y contactos en el ámbito internacional, explican las fuentes.

El juez tilda de "palmaria falsedad" que el no imputar a la Infanta sea para "no estigmatizarla"

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha recriminado que el sindicato Manos Limpias haya sacado de contexto de forma "intencionada" las palabras que utilizó en el auto que dictó para rechazar la imputación de la Infanta Cristina, y en este sentido ha aseverado que afirmar que llamarla a declarar como imputada "la estigmatizaría" es una "palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa".

   Así lo ha aseveración en un nuevo auto, por el que ha desestimado el recurso de reforma que interpuso la entidad personada como acusación popular y en el que considera "rotundamente falso" que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad "el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado".

   "La tan a todas luces desafortunada oración obedece a la pura invención del recurrente" -en referencia a Manos Limpias- "y a él incumbe explicar qué proceso mental le ha conducido a ella", incide el magistrado en su resolución judicial, ya recurrida por la acusación en apelación ante la Audiencia Provincial.

   La entidad sostiene que la esposa del Duque de Palma fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin", tal y como consta en un escrito de seis páginas, en el que la entidad desglosaba los indicios delictivos que, a su juicio, pesan contra la Infanta.

   Sin embargo, durante su declaración como imputado ante el juez, Urdangarin insistió en varias ocasiones en desvincular a su mujer de las operaciones llevadas a cabo en concreto a través del Instituto Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon, la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a su esposa. De hecho, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se opusieron a la petición de Manos Limpias.

   Según el sindicato, la hija del Rey era además "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso. Además, recuerda que también en Aizoon desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.

   La acusación aseveraba que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la Infanta "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirmaba, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".

La Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe la marcha atea

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto este miércoles prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos, "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución", ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

   La resolución se basa, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

   El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea, es "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

   Se plantean en este escrito tres recorridos alternativos, iniciándose  todos ellos en la calle Santa Isabel y finalizando en la plaza de Lavapiés.

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamental en los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de la Policía, y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo "por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad en la zona centro".

   En este sentido, la resolución detalla que en la convocatoria concurren seis datos objetivos. El primero es que la protesta se pretende llevar a cabo un día "de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas como es el Jueves Santo".

   En segundo lugar, la resolución indica que el lugar elegido por los organizadores, como es el barrio de Lavapiés, "si bien es el caracterizado por su propia asociación de vecinos, es también un lugar céntrico de Madrid, en el cual transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".

   En tercer lugar, la delegación asegura que el horario elegido, a las 20 horas, coincide con el de procesiones católicas que tradicionalmente se desarrollan en la capital y con el de oficios y liturgias que se celebran en las iglesias existentes en este entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".

   En cuarto lugar, consideran que la Semana Santa, además de tratarse de una festividad para los que profesan la religión católica, también es un momento en el cual la ciudad recibe múltiples turistas de España o del extranjero, "que visitan Madrid para disfrutar de las procesiones que se desarrollan, no sólo por su carácter cultural, sino también por su valor cultural de patrimonio histórico ya que, con este motivo, se visualizan en el espacio público obras de arte que son admiradas como un atractivo cultural más de la ciudad".

   En quinto lugar, el departamento estatal esgrime que los tres itinerarios propuestos por los convocantes se desarrollan en zonas próximas a las procesiones católicas del Jueves Santo.

   Por último, creen que es "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación, una vez que sea conocida por la opinión pública, "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".

   "Ya ocurrió así con motivo de la manifestación convocada por este mismo colectivo el día de Jueves Santo del pasado año, que dio lugar a la convocatoria de una concentración de un grupo de ideología antagónica, concentración que fue posteriormente desconvocada al prohibirse la manifestación por resolución de la Delegación del Gobierno", indica la resolución.

   A la vista de estos datos, la resolución estima que en la convocatoria concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año (21 de abril de 2011), entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación.

   Así, la Delegación del Gobierno ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 267, de 20 de abril de 2011, que declaró la citada prohibición conforme a derecho, tras recurrir los convocantes a la Justicia.

   La legitimidad de la prohibición derivaba de las dos circunstancias que principalmente habían sido invocadas por la Delegación del Gobierno para prohibir la manifestación: la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, circunstancias ambas apreciables también en la manifestación pretendida en el presente año.

   También hace referencia el acuerdo de la Delegación del Gobierno a otro de los aspectos que tuvo en cuenta la sentencia dictada en 2011, en la que se afirma que "la manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno apunta además que "no debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación.

   Por tanto, la institución que dirige Cristina Cifuentes considera que la marcha atea "supone una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas y la integridad de bienes públicos o privados".

   La prohibición de la manifestación atea se ha producido un cuarto de hora después de que la plataforma por la libertad religiosa 'Más Libres' entregara a la delegación del Gobierno más de 31.000 firmas, recogidas por Internet en tan sólo una semana, pidiendo dicha prohibición.

   El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha declarado que el único ánimo de los convocantes de esta marcha es "injuriar" y que lo que pretenden es celebrar un "aquelarre laicista". Conocida la prohibición de la marcha, la web ha afirmado que se trata de "un éxito cívico en defensa de la libertad".  

   A las puertas de la Delegación del Gobierno, Arsuaga ha argumentado que en la manifestación realizada finalmente en mayo pasado por los que ha denominado "laicistas extremistas y radicales" --tras ser prohibida la 'procesión atea' del Jueves Santo-- se cometieron delitos de calumnias, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos.

   "Hubo insultos inclasificables, que sería muy duro reproducirlos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la libertad de expresión, pero tiene unos límites", ha añadido.

   Además, el presidente de HazteOir ha recordado que presentaron una querella contra la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un supuesto delito de prevaricación por permitir la conocida como 'marcha antipapa' del pasado 17 de agosto en el centro de Madrid, en plena Jornada Mundial de la Juventud.

   No obstante, ha señalado que reciente el tribunal decidió no admitir a trámite dicha querella, decisión que será recurrida, ha especificado Arsuaga.

Miles de "indignados" piden justicia en Nueva York por la muerte de un joven negro

NUEVA YORK.- Más de un millar de "indignados" del movimiento "Ocupa Wall Street" marcharon hoy por el sur de Nueva York para exigir justicia y que se depuren responsabilidades por la muerte el mes pasado de un joven negro a manos de un vigilante privado en Florida.

Al grito de "Todos somos Trayvon Martin" o "Queremos justicia", la manifestación arrancó pasadas las 22:30 GMT en la céntrica plaza de Union Square, donde cientos de personas se habían congregado previamente para protestar por un suceso que ha levantado las iras de la comunidad negra por la falta de detenciones.

El recorrido de la marcha, que tenía como destino final la plaza de Washington Square, fue seguido de cerca por decenas de agentes de policía que intentaron sin éxito en repetidas ocasiones que los manifestantes caminaran por la acera en lugar de interrumpir el tráfico en algunas de las principales vías de esa zona de la ciudad.

El movimiento "Ocupa Wall Street" convocó la manifestación de hoy en solidaridad con la familia del joven afroamericano asesinado, como parte de las acciones que los "indignados" retomaron el pasado fin de semana cuando se cumplieron los primeros seis meses de sus protestas contra los excesos del sistema financiero.

El pasado 26 de febrero, George Zimmerman, un hombre blanco que vigilaba un barrio de las afueras de Orlando (Florida), vio a Trayvon Martin, negro y de 17 años, cuando éste se acercaba a la casa de su padre -al que había ido a visitar durante el fin de semana- y llamó a la policía por considerarlo sospechoso.

Según el informe policial, los agentes dijeron a Zimmerman que no se enfrentara al joven, pero cuando llegaron encontraron al muchacho muerto con un disparo en el pecho y aunque el vigilante asegura que disparó en defensa propia, Martin sólo llevaba efectivo, caramelos y un té helado que había ido a comprar a una tienda cercana.

Pese a los reclamos de los familiares y la presión de vecinos y medios de comunicación locales, la policía de Sanford rechazó la semana pasada en una conferencia de prensa hacer pública la grabación de la llamada de Zimmerman al 911, en la que incluso quedó registrado el disparo.