El fiscal general, Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" el escrache

SANTANDER.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", como los escraches, pero ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento" de esos derechos. 

   Así lo ha dicho este viernes en Santander, donde ha indicado que en la Fiscalía están siendo "muy vigilantes" para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación --que "forman parte importante de la vida democrática de un país"-- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.

   "Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos", ha sentenciado Torres-Dulce, que ha precisado que estos últimos "no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión".

   En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general del Estado ha indicado que la Fiscalía va a analizar los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y lo hará, ha apuntado, con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.

   El fiscal ha recordado que en el Código Penal están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, así como el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.

   "Somos sensibles -ha dicho- al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos".  

   Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden público en la vía pública corresponde al Ministerio del Interior y a las policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se ha mostrado respetuoso con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.

   "Yo no comento decisiones de carácter político administrativo", ha sentenciado, antes de recordar que él mismo ha pedido respeto a estos organismos hacia la Fiscalía.

Martínez Moya dice que los 'escraches' requieren una respuesta "sosegada" y con "mucho rigor jurídico"

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ha explicado que los denominados 'escraches' o protestas en las puerta de casa de políticos suponen un "juego de equilibrio complejo" entre derechos fundamentales que demanda una respuesta "sosegada, tranquila, serena y con mucho rigor jurídico".

   Martínez Moya ha respondido de esta forma al ser preguntado por los 'escraches' en un contacto que ha mantenido con los medios de comunicación tras presidir la jura de los 14 jueces de la 63 promoción de la Escuela Judicial con destino a la Región de Murcia.

   El presidente del TSJRM ha admitido que los 'escraches' son una cuestión "difícil de responder desde una óptica estrictamente jurídica, que es la respuesta que yo puedo dar".

   A su juicio, el debate "ahora mismo está en la sociedad y en la temática propia del orden público y, lógicamente, esa temática de orden público y social tiene un componente jurídico que lo envuelve todo".

   En concreto, explica que este componente jurídico cuestiona "si están en juego derechos fundamentales, así como el equilibrio y la entrada en conflicto de estos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de manifestación y de reunión".

   Martínez Moya también se ha referido al decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

   Al ser preguntado a este respecto, Martínez Moya ha señalado que no ha leído todavía el decreto, y ha afirmado que, como jurista, no le gusta hacer juicios "sin leer los papeles y sin leer las normas".

   "Conozco lo que dicen los medios de comunicación y cómo se ha expresado en el debate", ha afirmado Martínez Moya, quien ha reconocido no tener por este motivo "un juicio jurídico formado".

El 76% de los españoles no confía en la banca

MADRID.- El 76% de los españoles no confía en la banca, según un estudio de la consultora Grayling, que pone de manifiesto que cerca del 62% de los encuestados cree que su dinero no está seguro; el 59,5% se ha visto defraudado --por engaño o por negligencia-- por la entidad en la que tenía confianza, y el 53% del censo se ha planteado cambiar de banco como consecuencia de los problemas por los que atraviesan los bancos y cajas de ahorros en España.

   El consejero delegado de Grayling España, Eduardo Fuentes, ha indicado que la investigación demuestra que un porcentaje muy elevado de los españoles no se siente "cómodo" con cómo están actuando las instituciones financieras.

   "Estos resultados demuestran que la reputación de los bancos está a unos niveles aún más bajos de lo que era previsible. Es urgente que el sector tome conciencia de la necesidad de actuar cuanto antes para recuperar la reputación pérdida. De lo contrario, las consecuencias perdurarán muchos años". ha advertido.

   Según el estudio, un 76,5% de los encuestados asegura no tener confianza en que las entidades financieras comiencen a dar créditos a ciudadanos y empresas con mayor facilidad tras recibir ayuda económica de Europa.

   Un 89% se muestra contundente al asegurar que el Gobierno debe tomar medidas para que las entidades que están recibiendo ayudas económicas apliquen estrategias y servicios que favorezcan a sus clientes.

   Además, destaca que los ciudadanos solicitan a la banca una mayor transparencia en sus métodos de gestión y consecución de resultados (importancia alta para el 75% de lo usuarios); aceptación de la "dación en pago" como método para saldar una hipoteca (de vital importancia para el 72,5%); y mayor fluidez en la concesión de préstamos (muy importante para el 62%).

   A la hora de elegir entidad financiera, los clientes buscan la calidad del servicio al cliente y la seguridad que ofrece la marca, según el barómetro. También le dan importancia a la rentabilidad de los productos que ofrece (6,9 sobre 10); la calidad de su sistema de banca online (6,6 sobre 10); y la ubicación física de sus sucursales (6,4 sobre 10).

   Criterios como la recomendación de familiares y/o amigos o la tradición familiar quedan en último término, con valoraciones de 5,7 y 4,3 sobre 10, respectivamente.

El presidente del TSJA defiende las manifestaciones ciudadanas si cumplen el derecho "a la intimidad personal y familiar"

GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha referido este jueves a los conocidos como 'escraches' y ha defendido las manifestaciones ciudadanas en el marco de la Constitución respetando "el derecho a la intimidad personal y familiar". 

   En declaraciones a los periodistas antes de presidir en el Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, el acto de jura o promesa de su cargo de 41 nuevos jueces, ha señalado que las personas o colectivos que tienen un problema "personal, financiero o social" tienen el derecho "constitucional" a manifestarse, si bien, deben hacerlo, "con mucho cuidado", ya que "hay que respetar la intimidad personal y familiar", que es, ha dicho, "muy importante".

   "Es un tema muy delicado, uno puede manifestarse para reclamar algo que cree que no se le está escuchando, pero el derecho a la intimidad personal y familiar es muy importante en una sociedad democrática", ha sostenido.

La banca española inició 65.778 ejecuciones de hipotecas en 2012

MADRID.- Las entidades financieras iniciaron en 2012 procesos 65.778 procesos de ejecuciones de hipotecas de viviendas, según un informe del Colegio de Registradores publicado el jueves que pone de relieve la dura realidad de paro y precariedad en España por la crisis económica.

Según la encuesta realizada por los Registradores, el 74,7 por ciento de las ejecuciones han correspondido a primera vivienda, "dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas".

Las ejecuciones de hipotecas son procedimientos judiciales que pueden llevar -pero no necesariamente- al embargo de una vivienda por impago de la hipoteca, culminando en desahucio (orden judicial para privar a una persona de la posesión de una vivienda) o lanzamiento (desalojo físico).

El aumento de los desahucios se ha convertido en un frente clave de protesta en un país que ha llevado a cabo incontables movilizaciones, en un contexto de profunda recesión económica -uno de cada cuatro trabajadores está en paro-, recortes del gasto público y creciente malestar contra la banca.

La encuesta realizada por los Registradores muestra además que los extranjeros se vieron proporcionalmente más afectados que los españoles por estos procesos, ya que, pese a solo ser un 12,1 por ciento de la población, supusieron un 24,4 por ciento de los casos de ejecución hipotecaria.

Las nacionalidades extranjeras con mayor peso relativo en ejecuciones han sido ecuatorianos (5,74 por ciento), marroquíes (3,73 por ciento), británicos (2,14 por ciento) y rumanos (1,67 por ciento).

Por regiones, las más afectadas fueron Andalucía (19,9 por ciento), Cataluña (18,6 por ciento), Valencia (17,7 por ciento) y Madrid (10,5 por ciento), precisamente las zonas de mayor actividad inmobiliaria en los años previos al pinchazo de la burbuja del ladrillo.

En 2012 se produjeron 38.976 adjudicaciones por ejecuciones de hipotecas, y 14.229 daciones en pago (entregas de vivienda a cambio de cancelación de la deuda).

La generalización de la dación en pago con carácter retroactivo -para contratos hipotecarios que no la contemplan- es una de las peticiones clave de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una propuesta admitida a trámite en el Congreso que también pide la paralización de los desahucios y el alquiler social.

El Gobierno, con mayoría en el Congreso, se ha opuesto a incluir la dación en pago en el proyecto ley que está tramitando para abordar el drama de los desahucios, algunos de los cuales han terminado en suicidios.

Los bancos también se han opuesto a esta medida, que supondría un importante agujero en sus balances, alegando que generaría inseguridad jurídica.

De aplicarse, el impacto de la dación en pago sería elevado en términos sociales y económicos, ya que según Analistas Financieros Internacionales (AFI) cerca de medio millón de hogares serían susceptibles de acogerse a esta medida porque su hipoteca supera el valor actual de la vivienda.

La magnitud del problema se debe en parte a que en los años del "boom" muchas entidades financieras concedieron créditos por más de un 80 por ciento del valor de la vivienda, mientras que los precios han caído más del 30 por ciento en los últimos cinco años.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial hasta noviembre, desde que comenzó la crisis en 2008 se han realizado unas 400.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales casi 170.000 han terminado en desahucios.

El juez mantiene las medidas cautelares contra Bárcenas

MADRID.- El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que está imputado en varios delitos de corrupción, seguirá sin poder salir del país en virtud de las medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

La Sala de lo Penal de la Audiencia confirmó el jueves unas medidas que el magistrado impuso al ex senador al considerar que existía riesgo de fuga a raíz de conocerse en enero que tenía cuentas millonarias en Suiza.

Bárcenas, que está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales, estimaba que las medidas eran improcedentes y que algunos de los delitos podrían haber prescrito.

La sala considera que de la investigación se deduce que hay indicios de delito para que el juez "adopte algún tipo de cautela tendente a que la persona sobre la que recaen esos indicios no eluda las obligaciones derivadas de su imputación, y entre ellas, la de fijar un domicilio, presentaciones periódicas y las que se estimen acordes en relación a su salida al extranjero".

El juez Ruz, que investiga el caso Gürtel sobre una red de corrupción que pagaba presuntamente a políticos a cambio de adjudicaciones empresariales, está también al frente de las pesquisas sobre los llamados "papeles de Bárcenas".

Este caso surgió a raíz de publicarse en enero una información en el diario El País que recogía que el ex tesorero del PP llevó una contabilidad manuscrita secreta en la que recogía abonos de empresarios y pagos irregulares a la cúpula de la formación hoy en el poder entre 1991 y 2008.

Al hilo de esta información, el rotativo publica el jueves una información que afirma que la contabilidad interna remitida por el PP a la Audiencia Nacional registra todos esos ingresos, salvo uno, por donaciones empresariales recogidas por Bárcenas, que ha negado ser el autor de los apuntes manuscritos.

Ante la petición de explicaciones de los distintos grupos parlamentarios, el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, dijo que su formación se explicaría ante el juez.

"La contabilidad del Partido Popular siempre ha respondido a la legislación vigente, que es conforme a la ley y que no tiene nada que ver con los papeles de nuestro ex consejero Luis Bárcenas", dijo González Pons a la prensa en los pasillos del Congreso.

El caso Bárcenas es uno de los varios escándalos de corrupción surgidos en los últimos meses en una España sumida en la recesión que han mermado la confianza de los españoles en las instituciones y en la clase política.

Interior da instrucciones a las delegaciones del gobierno para actuar ante 'escraches'

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha confirmado que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado instrucciones a las delegaciones en todo el país para actuar ante los 'escraches'.

   De hecho, Bascuñana ha confirmado que ya ha mantenido algunas reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   En este sentido, ha pedido a la sociedad que impere el "sentido común" y que exprese sus protestas en los foros "adecuados". Así, ha dicho entender que la gente lleve a cabo estas protestas, pero no el "acoso", y ha pedido que no se realicen en los domicilios de los políticos.

   "Entiendo que vengan a la Delegación las personas que, en un momento determinado, quieren expresar cualquier idea que sea contraria a decisiones que haya podido tomar el Gobierno. Es lógico y natural", ha afirmado el delegado.

   Sin embargo, considera que "no se puede acosar" en el domicilio particular de "alguien que ha decidido en un momento determinado estar en una vocación de servicio, como puede ser cualquier político y cualquier diputado nacional"

   "Porque yo no voy a entrar en otros términos, si no es el de acoso", ha señalado el delegado, quien ha recordado que "todos tenemos familiares que no tienen por qué estar en esa situación".

Colau (PAH) ve una "vergüenza" las sanciones del Gobierno a participantes en escraches

BARCELONA.-   La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau ha considerado este jueves una "vergüenza" que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, haya abierto expedientes sancionadores a participantes en escraches a políticos, y ha advertido de que ello solo aumentará las acciones sociales.

   En declaraciones a los medios tras participar en una ponencia sobre desahucios en el Colegio de Periodistas de Cataluña en Barcelona, ha cargado contra Cifuentes por, según ha dicho, intentar desviar el tema central de los desahucios "intentando criminalizar a las víctimas y amenazando con multas que no tienen ninguna base jurídica".

   Ha remarcado que en las actuaciones de la PAH hasta la fecha no han registrado incidentes y que tanto policías como jueces han señalado que no había indicios de delito penal para intervenir, por lo que ha lamentado que la delegada del Gobierno en Madrid siga "intentando amedrentar a la ciudadanía" para que no ejerza el legítimo derecho constitucional a la manifestación.

   "Si siguen por este camino lo único que van a conseguir es que aumenten las manifestaciones y las acciones", ha advertido la portavoz de la PAH, entidad impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación de la vivienda en pago.

   Colau también ha cargado contra el PP al considerar que utiliza su mayoría absoluta en el Congreso para "menospreciar" las demandas ciudadanas al no recoger ninguna de las peticiones de mínimo de la ILP en el proyecto de ley antidesahucios.

   A un día de que finalice el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley, ha subrayado que esta norma no solo no resolverá el problema, sino que empeorará la situación porque llevará a una situación de "caos judicial, social y económico".

   La Ponencia encargada de informar el proyecto de ley antidesahucios en el Congreso se vuelve a reunir este jueves, al finalizar la sesión plenaria, para votar el título definitivo de la norma, de tal manera que se pueda convocar a la Comisión de Economía para debatir y aprobar el texto de forma definitiva.

   También ha participado en el acto 'Hipotecas y Desahucios ¿Y ahora qué?', organizado por la asociación de amigos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que ha reivindicado "medidas legislativas de aplicación inmediata para solucionar un problema de Estado".

   El catedrático de Economía de Empresa y que fue rector de la UAB y presidente de Caixa de Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, se ha preguntado durante su intervención "por qué el Gobierno está tan poco receptivo" ante un problema que también ha tildado de Estado.

   También ha intervenido el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la Asociación Jueces por la Democracia, Santiago Vidal, que ha advertido a los legisladores que si no solucionan ellos la cuestión de los desahucios "lo harán los jueces con una interpretación progresiva de la sentencia europea" en contra de las cláusulas hipotecarias abusivas.

El Parlamento Europeo aprueba una resolución contra el amaño de partidos y la corrupción en el deporte

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que solicita un enfoque común y concertado de todas las partes interesadas en la lucha contra el amaño de partidos, tanto en el fútbol como en otros deportes, instando a los estados miembros de la Unión Europea a incluir el amaño en el código penal, sumándose la UEFA a la iniciativa para erradicar la corrupción en el juego.

   El Parlamento llama a todas las partes interesadas a una "lucha coordinada y global contra la corrupción y el crimen organizado". Las organizaciones deportivas, la policía nacional, las autoridades judiciales y los operadores de juegos de azar son a los que el Parlamento Europeo insta a promover el debate, el intercambio de información y las buenas prácticas.

   Además, la UEFA han comunicado a través de su página web oficial que considera el amaño de partidos como uno de los "mayores peligros para la integridad y bienestar del fútbol", aclarando que está decidida a proteger el buen funcionamiento de las competiciones, optando por una política de tolerancia cero.

   "Si el resultado de un partido se conoce antes de que el encuentro en sí empiece, no tiene ningún sentido que se juegue. Los niños tendrían que dejar de jugar al fútbol y la gente debería dejar de asistir a los estadios. Nuestra intención es combatir contra aquellos que amañan los partidos y engañan y se dictarán severos castigos a aquellos que sean hallados culpables de manipular el resultado de un partido", indicó el presidente de la UEFA, Michel Platini.

   La UEFA también informa del uso que vienen haciendo cada temporada de todos los partidos de competiciones UEFA (2.000 partidos por temporada aproximadamente) así como más de 30.000 partidos de ligas y copas de las 53 federaciones miembros a través del Sistema de Detección de Fraude en las Apuestas.

   La perspectiva de la UEFA en este sentido incluye la prevención mediante la educación, la vigilancia y la presentación de informes mediante la cooperación con la industria de las apuestas y la acción a través de los castigos y las sanciones disciplinarias.

   En otro sentido, la UEFA ha pedido la cooperación entre los estamentos del deporte y los organismos del Estado para erradicar el amaño de los partidos de fútbol. Además, informa de que despliega oficiales de integridad dentro de sus 53 federaciones miembros que están trabajando a nivel nacional.

Desalojan del Congreso español a un grupo de preferentistas, que gritaban "ladrones" a diputados

MADRID.- Un grupo de afectados por las preferentes fue desalojado de las tribunas del Pleno del Congreso tras prorrumpir en gritos contra los diputados, llamándoles "chorizos", "ladrones" y sinvergüenzas" cuando se debatía el decreto ley aprobado por el Gobierno sobre este producto financiero.

Nada más subir a la tribuna de oradores el ponente del PP, Vicente Martínez Pujalte, los afectados por las preferentes, que hasta entonces seguían el debate sin incidentes, comenzaron a gritar: "Queremos ya nuestro dinero".

El presidente del Congreso, Jesús Posada, pidió entonces desalojar la tribuna de invitados y los preferentistas abundaron en sus gritos, insultando a los diputados: "Chorizos, ladrones, sinvergüenzas", se escuchó en el hemiciclo, mientras los ujieres y los agentes de Policía les conminaban a abandonar el Salón de Plenos. "Tomen nota de quien ha dicho eso", ordenó Posada.

El ambiente de bronca se trasladó después a los escaños. Mientras aún se escuchaban insultos a los diputados, la portavoz del PP en la Comisión de Empleo, Carmen Álvarez Arenas, y el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Pablo Casado, se dirigieron gestualmente a la bancada socialista golpeándose la mejilla con la mano.

Esta actitud soliviantó especialmente al socialista Odón Elorza, quien se puso de pie en su escaño y comenzó a increpar a los 'populares', lo que llevó al presidente del Congreso, a hacer una llamada a la calma a sus señorías. "Aviso de que, ante cualquier actitud de los diputados que lleve a un enfrentamiento con otros grupos, llamaré al orden", advirtió.

Mientras se desalojaba a los primeros preferentistas, otra de las invitadas en la tribuna exigió a gritos la retirada del decreto del Gobierno y la devolución del cien por cien de sus ahorros a sus afectados. "Sí se puede", proclamó, provocando el aplauso de parte de la bancada socialista, que arrancó Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE.

Los aplausos fueron secundados por otros diputados del PSOE, como el donostiarra Odón Elorza, cuyos bríos fueron reconvenidos por miembros de la dirección del grupo Socialista y por el exvicepresidente Manuel Chaves.

Posada dio por zanjado el incidente --"Espero que se haya restablecido el orden en el hemiciclo", dijo, dando paso a la intervención de Pujalte--. pero al término del debate todavía quedaba en tribuna otra preferentista que volvió a gritar contra los diputados.

Una vez fuera del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, los preferentistas, buena parte de ellos invitados por el diputado socialista Antonio Hurtado, han continuado con sus reivindicaciones y cargando contra el Gobierno, al que han acusado de "no querer hacer nada" y de estar "legalizando un robo".

"Es una vergüenza"; "Queremos ya nuestro dinero"; "Que anulen los contratos y nos devuelvan nuestros ahorros", son algunas de las peticiones que han clamado los afectados por las preferentes que han sido expulsados de la tribuna de invitados y que han seguido con cánticos como 'Manos arriba, esto es una estafa' o 'El arbitraje es un maquillaje'.

UPyD anuncia una querella contra banca e instituciones por las opciones opciones preferentes

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación que abrió la investigación judicial de la salida a Bolsa de Bankia, ha anunciado este jueves que va a presentar otra "querella criminal" en la Audiencia Nacional para que la "estafa de las preferentes no quede impune" y que los tribunales castiguen a quienes las "comercializaron, promovieron, estimularon su comercialización y miraron para otro lado" sin darse "por enterados".

   Así lo ha anunciado la diputada de la formación magenta Irene Lozano en el Pleno del Congreso durante el debate de convalidación del decreto ley de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión.

   Lozano ha acusado a los responsables del Ministerio de Economía de utilizar un "lenguaje de encubrimiento" cuando se refieren a este asunto. "Pero ¿ustedes no se han enterado de que le han robado a la gente sus ahorros de toda la vida?", ha espetado al ministro del ramo Luis de Guindos.

   A su juicio, el decreto del Gobierno busca "dar por terminada" la historia de esta "estafa" y "cubrir con nuevas toneladas de mentiras" el "engaño" al que se sometió a "cientos de miles de personas". "Pues le digo que para los responsables directos y para sus colaboradores necesarios, la historia de esta estafa no termina hoy. Empieza", ha avisado Lozano.

   La diputada ha asegurado que las "responsabilidades políticas" por este asunto se "depurarán" en las urnas, pero que es necesario determinar las "responsabilidades penales" que la Fiscalía "se ha negado a investigar", aunque para UPyD están "claras".

   "Se lo diré en el único lenguaje que entienden: nuestra respuesta a este decreto no es lo que le acabo de decir, es una querella criminal que vamos a presentar en la Audiencia Nacional", ha puntualizado.

   El objetivo de esa querella es que esa "estafa no quede impune" y que los tribunales "castiguen a quienes comercializaron preferentes, quienes las promovieron, quienes estimularon su comercialización, quienes miraron para otro lado, quienes no se dieron por enterados". 

"Y por último, --ha agregado Lozano-- a quien trató de enterrar, por decreto, la estafa y la desgracia de cientos de miles de jubilados".

   Otros diputados de UPyD han apuntado en las redes sociales las responsabilidades políticas de la querella: "El PSOE pretende no tener nada que ver con timo de preferentes, pero sus consejeros de las Cajas timadoras y sus Gobiernos aprobaron la venta", ha apuntado Carlos Martínez Gorriarán. "Escuchando hablar de preferentes a todos los que estaban en las cajas y las permitieron: PP, PSOE, IU...", añade Toni Cantó.

   Además, Irene Lozano ha subrayado ante el ministro que la mayoría de los afectados por este "engaño" son pensionistas. "Como me contaba el otro día uno de los estafados, eran jubilados, pero no eran imbéciles y si les hubieran dicho que no iban a recuperar su dinero, no lo habrían metido en esos artefactos".

 "Confiaron en sus bancos y cajas, confiaron en la supervisión de las instituciones. Y los engañaron todos", ha denunciado.

   Con respecto al careo entre De Guindos y los socialistas, Lozano ha ironizado con la "gran representación" que han interpretado de una gran discrepancia cuando "la mitad de las culpas que cada uno ve con su ojo tuerto, cuando se suman, explica la realidad de lo que ha pasado con las preferentes".

CGPJ insiste que el decreto contra desahucios del Gobierno andaluz es "positivo"

MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves que la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, es "positiva", siempre y cuando estas medidas encajen con el ordenamiento jurídico español.

   En declaraciones a Radio Nacional, Bravo ha dicho que es "muy positivo" que las administraciones "demuestren" ya "preocupación" y "sensibilidad" por la situación de exclusión social en la que se encuentran muchas familias españolas que "están en el umbral de la pobreza" y ,según ha insistido, los poderes públicos "no pueden ser ajenos a esa situación".

   Asimismo, ha indicado que aplaude esta medida "siempre y cuando" tengan "plenamente" encaje en la legislación española y además esté "marcada" en el ejercicio de las competencias que les corresponde a las comunidades autónomas.

   Bravo ha insistido en que el análisis jurídico del decreto que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "no corresponde" al CGPJ hacerlo porque "no es su función" ya que es algo que le "corresponde a otras instancias".

   Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo este miércoles que "el Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida" según la cual la Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en ciertos casos para evitar el desahucio de sus inquilinos, y cuáles son "sus hipotéticos efectos".

   Ante la posibilidad de que los jueces tengan más funciones respecto a las ejecuciones hipotecarias, ha expresado que los jueces ya están "demostrando" su actuación diaria. Según la portavoz del CGPJ, la justicia tiene además una función "social" y por tanto "no puede estar al margen del contexto en que se está aplicando" ya que puede "integrar" la norma y puede "inferir" determinadas situaciones.

   El hecho de que gracias a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TDH) se haya podido modificar ya la legislación hipotecaria y esto permita a los jueces, a su vez, poder entrar en el análisis de las cláusulas de los contratos para determinar si son abusivos o no, le parece que es ya un "éxito".

   No obstante, ha señalado que espera que, como el problema "es de tal envergadura", en el trámite parlamentario, la reforma "conceda instrumentos efectivos a los jueces para poder paliar también la situación en la que se encuentran las familias españolas".

El BOJA publica el decreto que permite expropiar temporalmente viviendas en Andalucía

SEVILLA.- El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes entrará en vigor el viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". 

   En dicho decreto ley además se establece que en el plan de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".

   Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.

   Dicho decreto ley asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.

   Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.

   Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.

   Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.

   El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

   Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.

   Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

   De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

   En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y  arreglaría desperfectos".

   En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

   Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

   El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

   Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble.

   En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.

   La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.

   De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

   Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

Un centenar de activistas antidesahucio protagonizan un 'escrache' en la casa de la diputada del PP Rodríguez Salmones

MADRID.- Un centenar de activistas antidesahucio han protagonizado la tarde de este martes un 'escrache' en la vivienda particular de la diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, al grito de "Si no hay justicia, hay 'escrache'".

   La marcha arrancó sobre las seis de la tarde de la madrileña Plaza de Castilla para, pasando por Mateo Inurria, llegar hasta la vivienda particular de Rodríguez Salmones.

   Esta iniciativa se está desarrollando bajo una fuerte presencia policial, con hasta ocho furgones de la Policía Nacional acompañando en todo momento a los activistas antidesahucio.

   Los participantes en la marcha, que portan multitud de pegatinas y pancartas con el famoso lema antidesahucio 'Sí se puede, pero no quieren', han coreado lemas reclamando la dación en pago y el alquiler social o 'La ILP no se negocia' o "Si no hay justicia hay 'escrache'".

   Los activistas antidesahucio han llegado a la vivienda de la diputada popular sobre las siete menos cuarto de la tarde. En el portal de la vivienda han colocado una veintena de pegatinas de 'Si se puede' bajo la atenta mirada de los vecinos del edificio, que ante el revuelo han comenzado a asomarse a sus ventanas.

   La Policía, que ha pedido la documentación de manera preventiva a varias personas ya en la misma Plaza de Castilla, ha requerido con contundencia a los participantes en la marcha que se trasladaran a la acera de enfrente del portal, como así han hecho.

   El centenar de activistas antidesahucio permanecían sobre las siete de la tarde frente a la vivienda de la diputada popular lanzando consignas para reclamar la dación en pago y el alquiler social. Asimismo, anunciaban que permanecerán en el lugar informando a los vecinos de las reclamaciones contempladas en la ILP.  

   En unas recientes declaraciones a la prensa, la diputada Rodríguez Salmones calificó de "absolutamente antidemocrático" este tipo de actos de acoso. Preguntada por si temía sufrir personalmente estas presiones, Rodríguez Salmones dijo que "la palabra no es temer", pero que "cada vez que un compañero lo sufre lo sufren todos y lo sufre toda la Democracia si se tolera".

 "A mi me han elegido, debo votar en conciencia y mi conciencia no debe ser coaccionada por un acoso de este tipo", sentenció.

La Policía identifica a 30 personas por 'escraches' en Madrid, Jorge Verstrynge entre ellas

MADRID.- La Policía Nacional ha identificado a 30 personas por participar en 'escraches' en Madrid, entre ellas al ex secretario de Alianza Popular Jorge Verstrynge, si bien las posibles sanciones que se deriven de sus actos de protesta aún no han llegado para ser firmadas a la mesa de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid.

   Estas mismas fuentes han indicado que las identificaciones se trasladan al quipo de funcionarios de la Delegación que se encargan de investigar estos actos de acoso a políticos para tipificar las identificaciones y proponer las sanciones que se pudieran derivar de esos actos. Y éstas deben ser firmadas por la delegada Cifuentes, que aun no ha firmado nada.  

   Esta mañana, el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, ha asegurado que la Policía --desde el inicio del fenómeno de los escraches-- trabaja de forma preventiva para detectarlos y evitar situaciones de acoso y coacciones a los políticos.

   Tras una rueda de prensa sobre la desarticulación de una red de narcotraficantes, Fernández Díez ha señalado que, en el caso de no poder detectar los escraches previamente, la Policía está reaccionando convenientemente e identificando a las personas que participen en ellos, según la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana. Posteriormente envían estas actuaciones a las autoridades judiciales.

   El Ministerio de Interior ha remitido una instrucción a las distintas Delegaciones de Gobierno para que en las concentraciones no comunicadas se realicen ante los domicilios particulares de los cargos públicos, "se adopten las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones".