MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves que la
decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de
las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de
sus inquilinos, es "positiva", siempre y cuando estas medidas encajen
con el ordenamiento jurídico español.
En declaraciones a Radio Nacional,
Bravo ha dicho que es "muy positivo" que las administraciones
"demuestren" ya "preocupación" y "sensibilidad" por la situación de
exclusión social en la que se encuentran muchas familias españolas que
"están en el umbral de la pobreza" y ,según ha insistido, los poderes
públicos "no pueden ser ajenos a esa situación".
Asimismo, ha indicado que aplaude esta medida "siempre y cuando"
tengan "plenamente" encaje en la legislación española y además esté
"marcada" en el ejercicio de las competencias que les corresponde a las
comunidades autónomas.
Bravo ha insistido en que el análisis jurídico del decreto que se
ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) "no corresponde" al CGPJ hacerlo porque "no es su función" ya que
es algo que le "corresponde a otras instancias".
Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo
este miércoles que "el Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa
medida" según la cual la Junta de Andalucía podrá expropiar
temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en ciertos casos para
evitar el desahucio de sus inquilinos, y cuáles son "sus hipotéticos
efectos".
Ante la posibilidad de que los jueces tengan más funciones
respecto a las ejecuciones hipotecarias, ha expresado que los jueces ya
están "demostrando" su actuación diaria. Según la portavoz del CGPJ, la
justicia tiene además una función "social" y por tanto "no puede estar
al margen del contexto en que se está aplicando" ya que puede "integrar"
la norma y puede "inferir" determinadas situaciones.
El hecho de que gracias a la sentencia del Tribunal de Derechos
Humanos (TDH) se haya podido modificar ya la legislación hipotecaria y
esto permita a los jueces, a su vez, poder entrar en el análisis de las
cláusulas de los contratos para determinar si son abusivos o no, le
parece que es ya un "éxito".
No obstante, ha señalado que espera que, como el problema "es de
tal envergadura", en el trámite parlamentario, la reforma "conceda
instrumentos efectivos a los jueces para poder paliar también la
situación en la que se encuentran las familias españolas".
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