MADRID.- Las entidades financieras iniciaron en 2012 procesos
65.778 procesos de ejecuciones de hipotecas de viviendas, según un
informe del Colegio de Registradores publicado el jueves que pone de
relieve la dura realidad de paro y precariedad en España por la crisis
económica.
Según la encuesta realizada por los Registradores, el
74,7 por ciento de las ejecuciones han correspondido a primera vivienda,
"dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera
vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u
otro tipo de fincas".
Las ejecuciones de hipotecas son procedimientos
judiciales que pueden llevar -pero no necesariamente- al embargo de una
vivienda por impago de la hipoteca, culminando en desahucio (orden
judicial para privar a una persona de la posesión de una vivienda) o
lanzamiento (desalojo físico).
El aumento de los desahucios se ha convertido en un
frente clave de protesta en un país que ha llevado a cabo incontables
movilizaciones, en un contexto de profunda recesión económica -uno de
cada cuatro trabajadores está en paro-, recortes del gasto público y
creciente malestar contra la banca.
La encuesta realizada por los Registradores muestra
además que los extranjeros se vieron proporcionalmente más afectados que
los españoles por estos procesos, ya que, pese a solo ser un 12,1 por
ciento de la población, supusieron un 24,4 por ciento de los casos de
ejecución hipotecaria.
Las nacionalidades extranjeras con mayor peso relativo
en ejecuciones han sido ecuatorianos (5,74 por ciento), marroquíes (3,73
por ciento), británicos (2,14 por ciento) y rumanos (1,67 por ciento).
Por regiones, las más afectadas fueron Andalucía (19,9
por ciento), Cataluña (18,6 por ciento), Valencia (17,7 por ciento) y
Madrid (10,5 por ciento), precisamente las zonas de mayor actividad
inmobiliaria en los años previos al pinchazo de la burbuja del ladrillo.
En 2012 se produjeron 38.976 adjudicaciones por
ejecuciones de hipotecas, y 14.229 daciones en pago (entregas de
vivienda a cambio de cancelación de la deuda).
La generalización de la dación en pago con carácter
retroactivo -para contratos hipotecarios que no la contemplan- es una de
las peticiones clave de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una propuesta admitida a
trámite en el Congreso que también pide la paralización de los
desahucios y el alquiler social.
El Gobierno, con mayoría en el Congreso, se ha opuesto a
incluir la dación en pago en el proyecto ley que está tramitando para
abordar el drama de los desahucios, algunos de los cuales han terminado
en suicidios.
Los bancos también se han opuesto a esta medida, que
supondría un importante agujero en sus balances, alegando que generaría
inseguridad jurídica.
De aplicarse, el impacto de la dación en pago sería
elevado en términos sociales y económicos, ya que según Analistas
Financieros Internacionales (AFI) cerca de medio millón de hogares
serían susceptibles de acogerse a esta medida porque su hipoteca supera
el valor actual de la vivienda.
La magnitud del problema se debe en parte a que en los
años del "boom" muchas entidades financieras concedieron créditos por
más de un 80 por ciento del valor de la vivienda, mientras que los
precios han caído más del 30 por ciento en los últimos cinco años.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial
hasta noviembre, desde que comenzó la crisis en 2008 se han realizado
unas 400.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales casi 170.000 han
terminado en desahucios.
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