MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes una reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual que permitirá a los editores de noticias cobrar en
algunos casos a los buscadores o agregadores de contenidos online como
Google, al limitar el derecho de cita o reseña.
"Se reconoce el derecho de las empresas editoras y autores de
noticias de ser compensados económicamente por la explotación en
determinadas circunstancias de sus contenidos", dijo la vicepresidenta
del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros.
La ley permitirá que los agregadores o buscadores utilicen
"fragmentos no significativos" de contenidos generados por los
periódicos y otros editores como portales de información a cambio de una
compensación equitativa aún por definir.
La norma excluye la fotografía, que siempre requiere tener derechos,
mientras que la búsqueda por palabras aisladas que remiten al texto
original no precisarán ni autorización ni tendrán compensación.
La crisis económica, con el consiguiente descenso en picado de la
publicidad, y la reconversión del sector con la explosión de Internet,
donde sigue sin haber un modelo de negocio viable claro, han obligado a
cerrar decenas de periódicos y abocado al paro a 9.500 periodistas en
España en los últimos cuatro años.
La opción de tener una compensación fue calificada por la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (AEDE) como el paso más importante que
ha dado un Gobierno español para la protección de la prensa y espera
que se extienda a otros países europeos.
"Reaccionamos con muchísima satisfacción a la ley de propiedad
intelectual que recoge una reivindicación histórica de los editores de
prensa", dijo Irene Lanzaco, adjunta al director general de la
agrupación que aglutina a las principales cabeceras del país.
No obstante, Lanzaco indicó que no se trataba de una campaña
"antiGoogle", sino que el objetivo era compensar una inversión y un
trabajo que realizan los editores de prensa, aunque añadió que se
desconocía la cuantía o cómo se definiría la compensación.
Una portavoz de Google en España dijo que la empresa no podía hacer
declaraciones porque desconocía el documento exacto aprobado por el
Consejo de Ministros.
"Parece absolutamente razonable que si hay un editor que hace un
esfuerzo de inversión para sacar un producto periodístico de calidad
(...) y alguien se beneficia de este trabajo pague por ello, aunque es
discriminatorio que el Gobierno deje al margen a la música y el cine",
dijo Antonio Fernández, director general de la Asociación para
el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI).
"Al final se está generando una cadena de valor económico en el
sector digital en el que hay un desplazamiento de ingresos a alguien que
no hace nada, simplemente pone tecnología", agregó Fernández, cuya
entidad agrupa a las principales entidades de derechos de autor como la
Sgae, Cedro o Egeda.
Varios gobiernos y grupos de comunicación europeos han negociado o
están negociando con Google modos de compensación por mostrar sus
contenidos.
La nueva ley de Propiedad Intelectual también pretende abordar la
piratería en Internet, un fenómeno especialmente frecuente en el país,
que ha generado críticas por parte de los sectores culturales y de
gobiernos como el de Estados Unidos.
Sin embargo, la norma, que ahora tiene que superar el trámite
parlamentario, afronta el rechazo de la mayor parte del sector, que
considera que no aporta soluciones a los principales desafíos de la
piratería digital a los que se enfrentan.
Las críticas se centran en que la reforma no aporta herramientas
eficaces que garanticen una retirada ágil y efectiva de los contenidos
que vulneren los derechos de autor y que no se considere ilegal enlazar a
sitios webs que ofrezcan este tipo de contenidos.
"La gravedad de la situación exige más cambios para asegurar la
protección eficaz de los derechos. Si bien se introducen algunas
mejoras, las consideramos insuficientes", dijo en un comunicado Carlota
Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, que agrupa a varias
entidades del sector de los autores de contenidos.
Uno de cada dos internautas españoles descarga libros, películas,
música y videojuegos en webs sin derechos de autor y se estima que el
sector cultural dejó de ganar 1.220,6 millones de euros en 2012, según
datos del Observatorio de piratería de la Coalición de Creadores, que ya
ha avanzado que los datos de 2013, que publicarán próximamente, no han
mejorado.
Por último otro de los objetivos de la ley es reforzar los
mecanismos de supervisión y transparencia de las entidades de gestión de
los derechos de propiedad intelectual, alguna de las cuales se ha visto
afectada por escándalos económicos.
