MADRID.- Una veintena de preferentistas han recibido este lunes
con vivas y gritos de apoyo al juez Elpidio José Silva a su llegada al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde será juzgado por
un presunto delito de prevaricación en su investigación contra el
expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones
a prisión.
Los preferentistas, que portaban pancartas, han jaleado al juez, que hoy se sienta en el banquillo de los acusados,
con lemas contra la gestión de Blesa en Caja Madrid y otros más
genéricos, como "Qué desgraciados, que quitan el dinero a los
jubilados".
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) repite el juicio contra Silva después de que
la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la
magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal
por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
En
esta ocasión, el tribunal estará formado por los magistrados José de la
Mata, Eduardo Urbano y el presidente Arturo Beltrán. La Sala rechazó la
petición del acusado de que estos dos últimos jueces se abstuvieran por
haber participado en la vista anterior.
El juez Silva, en
excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos
delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de
Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación
y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier
empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en
concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función
jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el
ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea
inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de
Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos,
pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había
podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se
reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso
penal.
Acompañado de un nuevo abogado
El
líder de Movimiento Red ha estado representado en este proceso por un
nuevo abogado, Gonzalo Boyé, tras renunciar a la defensa de su anterior
letrado, Cándido Conde-Pumpido Varela. En el juicio se escuchará a una
veintena de testigos, entre testigos, peritos de KPMG, guardias civiles y
el propio Blesa.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene
que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho",
arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su
instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la
patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de
Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al
no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento
propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras
"diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos
Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a
reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al
expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no
tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y
contraria a cualquier interpretación posible en Derecho".
El fiscal
entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.
Petición
El juez en excedencia Elpidió José Silva, cuyo juicio por prevaricar en el denominado "caso Blesa" se ha iniciado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha solicitado que este juicio no se celebre mientras la gestión del expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa sea objeto de investigación penal en los juzgados de instrucción de Madrid.
Así lo ha defendido el nuevo abogado del exjuez de instrucción número 9 de Madrid, Gonzaló Boyé, durante la fase de cuestiones previas, en la que expuso un total de ocho dirigidas a suspender la vista o, en todo caso, eliminar la práctica de determinadas pruebas que cree que vulneran los derechos de su cliente como la declaración como testigo del abogado de Blesa, Carlos Aguilar, o la personación como acusación particular del expresidente de la CEOE Gonzálo Díaz-Ferrán.
El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha anunciado tras la exposición de todas estas cuestiones y la intervención de todas las partes al respecto que la Sala se retiraba a deliberar hasta mañana, cuando ofrecerán una respuesta al respeto.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repite el juicio contra Silva después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
Silva ha sido jaleado a su llegada este lunes al tribunal por un grupo de preferentistas que gritaban consignas contra la entidad madrileña y ha vuelto a sentarse entre sus abogados para evitar el banquillo, alegando su condición de letrado.
El fiscal se ha opuesto a todas estas peticiones por entender que no concurren las circunstancias que permitan aplazar este juicio mientras se sigue investigando la gestión de Blesa en Cajamadrid por el juez que ha sucedido a Silva en este asunto. I
Según el Ministerio Público, no hay pleitos pendientes que puedan algarse porque en este caso se trata de analizar unos hechos diferentes, consistentes en ver si existió prevaricación o retardo malicioso en la investigación que Silva inició en su día por la compra del City National Bank de Miami por Caja de Madrid. Las acusaciones también se han opuesto.
Además, el fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas contra Silva, quien se enfrenta a una inhabilitación de hasta 40 años por las decisiones presuntamente prevaricadoras que adoptó durante su investigación contra el expresidente de Caja Madrid, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
En concreto, la Fiscalía ha pedido que declare un nuevo testigo para acreditar la amistad de aquél con los letrados de Manos Limpias personados en la causa contra Blesa y que se tenga en cuenta lo que contó sobre el caso en su libro "La Justicia deshauciada".
Pese a que la vista se ha iniciado en un tono mucho más sosegado que el que tuvo el primero de los juicios, caracterizado por la interrupción continua de la sesión por parte de Silva y la presentación de recusaciones a los miembros tribunal, la amenaza de que este escenario se repitiera apareció tras señalar Boyé que el sábado tuvieron conocimiento de la admisión a trámite de una querella por vulneración del honor de Silva contra Beltrán y Tardón.
El fiscal ha pedido a Boyé que aclare si lo que hace es presentar una recusación contra el presidente del tribunal, y debería éste apartarse. La cuestión no ha sido aclarada del todo por Boyé, quien se ha limitado a señalar que la tramitación de este asunto supondría en todo caso, y a su juicio, motivo para que Beltrán se apartara.
El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contraria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.
Petición
El juez en excedencia Elpidió José Silva, cuyo juicio por prevaricar en el denominado "caso Blesa" se ha iniciado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha solicitado que este juicio no se celebre mientras la gestión del expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa sea objeto de investigación penal en los juzgados de instrucción de Madrid.
Así lo ha defendido el nuevo abogado del exjuez de instrucción número 9 de Madrid, Gonzaló Boyé, durante la fase de cuestiones previas, en la que expuso un total de ocho dirigidas a suspender la vista o, en todo caso, eliminar la práctica de determinadas pruebas que cree que vulneran los derechos de su cliente como la declaración como testigo del abogado de Blesa, Carlos Aguilar, o la personación como acusación particular del expresidente de la CEOE Gonzálo Díaz-Ferrán.
El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha anunciado tras la exposición de todas estas cuestiones y la intervención de todas las partes al respecto que la Sala se retiraba a deliberar hasta mañana, cuando ofrecerán una respuesta al respeto.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repite el juicio contra Silva después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
Silva ha sido jaleado a su llegada este lunes al tribunal por un grupo de preferentistas que gritaban consignas contra la entidad madrileña y ha vuelto a sentarse entre sus abogados para evitar el banquillo, alegando su condición de letrado.
El fiscal se ha opuesto a todas estas peticiones por entender que no concurren las circunstancias que permitan aplazar este juicio mientras se sigue investigando la gestión de Blesa en Cajamadrid por el juez que ha sucedido a Silva en este asunto. I
Según el Ministerio Público, no hay pleitos pendientes que puedan algarse porque en este caso se trata de analizar unos hechos diferentes, consistentes en ver si existió prevaricación o retardo malicioso en la investigación que Silva inició en su día por la compra del City National Bank de Miami por Caja de Madrid. Las acusaciones también se han opuesto.
Además, el fiscal ha pedido la práctica de nuevas pruebas contra Silva, quien se enfrenta a una inhabilitación de hasta 40 años por las decisiones presuntamente prevaricadoras que adoptó durante su investigación contra el expresidente de Caja Madrid, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
En concreto, la Fiscalía ha pedido que declare un nuevo testigo para acreditar la amistad de aquél con los letrados de Manos Limpias personados en la causa contra Blesa y que se tenga en cuenta lo que contó sobre el caso en su libro "La Justicia deshauciada".
Pese a que la vista se ha iniciado en un tono mucho más sosegado que el que tuvo el primero de los juicios, caracterizado por la interrupción continua de la sesión por parte de Silva y la presentación de recusaciones a los miembros tribunal, la amenaza de que este escenario se repitiera apareció tras señalar Boyé que el sábado tuvieron conocimiento de la admisión a trámite de una querella por vulneración del honor de Silva contra Beltrán y Tardón.
El fiscal ha pedido a Boyé que aclare si lo que hace es presentar una recusación contra el presidente del tribunal, y debería éste apartarse. La cuestión no ha sido aclarada del todo por Boyé, quien se ha limitado a señalar que la tramitación de este asunto supondría en todo caso, y a su juicio, motivo para que Beltrán se apartara.
El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones "frontalmente contrarias a Derecho", arbitrarias y carentes "por completo" de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó "de manera sistemática" el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y "despertó en el momento propicio" la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras "diseñar una estrategia de ampliación durmiente" de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña "a instancias de una acusación que no tenía condición de parte" y de forma "absolutamente irregular y contraria a cualquier interpretación posible en Derecho". El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.
