La adhesión de la derecha española a la
democracia es inexistente. Heredera ideológica y, en muchos casos,
biológica, del franquismo más criminal, considera que el Estado
democrático y social que la Constitución consagra es una pepla con la
que hay que cargar en estos tiempos tan contrarios al caudillismo y la
dictadura que es lo que de verdad le priva. Acepta la democracia como
mal menor, mientras no se pueda volver a formas de gobierno más
reciamente hispánicas y nacionalcatólicas y siempre que, entre tanto,
pueden reformarse las leyes para garantizar su acceso al poder y su
mantenimiento en él por los siglos de los siglos, como exige el orden
natural de las cosas.
Precisamente
uno de estos proyectos de cambio legislativo en provecho propio es lo
que propone el partido del gobierno con la elección directa de alcaldes.
Pretende esconderlo y adornarlo en otro programa más amplio que llama
de regeneración democrática. Que este partido, una presunta banda de
malhechores creada para expoliar el erario público, y cuyos dirigentes,
incluido el presidente del gobierno, llevan veinte años cobrando dineros
de la corrupción, apadrine una regeneración democrática es algo tan
absurdo que solo puede darse en España. Tal proyecto de elección directa
de alcaldes pretende garantizar que el PP siga mandando en los
principales ayuntamientos con el doble objetivo de continuar robando y
de impedir que otros gobiernos municipales puedan auditar su gestión y
pasar factura por las tropelías cometidas hasta la fecha.
Los
sondeos vaticinan unos resultados desastrosos para el PP en las
próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Con un
poco de suerte, conservaría el gobierno de las dos ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, baluartes de la cristiandad en tierras del infiel. Y,
con las alcaldías, también perdería los gobiernos autónomos de gran
parte de las Comunidades en las que, como en Madrid y Valencia, lleva
decenios haciendo chanchullos, expoliando las arcas públicas, llenando
los bolsillos de los militantes, amigos, deudos y clientes; en
definitiva, privatizando, robando lo público, quedándoselo a precio de
ganga, haciendo política neoliberal.
Aunque
aun falten más de ocho meses hasta los comicios, no es cosa de tratar
de recuperar el terreno perdido a base de campañas electorales y
preelectorales, sobre todo ahora que ya no pueden pagarse con dinero de
la Gürtel, porque, el desprestigio del partido y sus políticas ha
alcanzado un punto de no retorno. La corrupción, el robo generalizados,
la manifiesta incompetencia y estupidez del presidente del gobierno y
sus ministros, el carácter retrógrado, nacionalcatólico de sus
políticas, su evidente actitud antipopular de saquear a la población en
beneficio de los ricos, la ruina del país y sus clases medias y la
crisis territorial en que ha sumido a España, no pueden ya disimularse
más ni siquiera en una situación en la que el gobierno dispone de unos
medios de comunicación en actitud de casi total sumisión lacayuna a sus
designios, solo aptos para denigrar a la oposición y alabar las
arbitrariedades del poder.
Los
índices de popularidad del presidente y los ministros son los más bajos
de la historia democrática española y la intención de voto a su partido
prácticamente inexistente. El descrédito de su acción alcanza cotas
insuperables. Nadie cree a Mariano Rajoy cuando, forzado por las
circunstancias, se ve en la necesidad de farfullar alguna explicación en
ese español que no llega a dominar y todo el mundo piensa, incluidos
sus seguidores, que el hombre no hace otra cosa que mentir y mal.
Afortunadamente para él, dada su carencia de dignidad, ello no parece
afectarlo. De otra forma, hace mucho tiempo que, al estar bajo fuerte
sospecha de haberse lucrado con dinero negro, se habría ido a su casa
para no seguir siendo la ridícula vergüenza internacional que hoy es.
En
esas circunstancias, la única posibilidad de contrarrestar los
vaticinios de los sondeos es cambiar la ley electoral. Hacerlo a ocho
meses de la consulta es una trampa típica de ventajista, desde luego.
Pero no parece que tal cosa arredre a un personal que lleva veinte años
haciendo trampas de todo tipo, cobrando sobresueldos de la caja B y
financiándose ilegalmente. Téngase en cuenta que la alternativa es
mucho peor. Gentes como Cospedal, Fabra, Feijóo, Monago, Botella,
Barberá, verdaderos ejemplares de un proceso de selección política a la
inversa en el que se promueve a los más ineptos, símbolos de una forma
autoritaria, antidemocrática de gobernar, perderían sus canonjías por
más que, en algunos casos, llevan años haciendo todo tipo de trampas y
enjuagues para torcer la voluntad popular.
A
todo lo anterior se añade un dato que la derecha tiene muy presente: la
división de la izquierda hace casi seguro que, con una reforma
electoral como la prevista, que prima con mayoría absoluta a la lista
que pase del 40 por ciento, conservaría todos sus cargos municipales y
autonómicos y hasta ganaría algunos otros. Con ese señuelo es casi
seguro que la derecha cambiará la ley electoral gracias a su mayoría
absoluta, sin pactarla con nadie, de forma autoritaria, por decreto, en
ese estilo fascista que, por lo demás, es la que le gusta.
De
darse esta situación extrema, la izquierda solo tiene una respuesta
posible si quiere sobrevivir: presentarse a las elecciones con
candidaturas unitarias que agrupen a todas las organizaciones de esta
tendencia. Todas quiere decir todas, incluido el PSOE. No hacerlo así es
un acto de irresponsabilidad que llevará a que esta derecha
nacionalcatólica y troglodita acabe de destrozar el país con otro
mandato de cuatro años.
Continuar
con las desavenencias, con las críticas, los desplantes y los insultos;
seguir, como en el caso del PSOE, amagando con pactos con el PP y
negando todo entendimiento con lo que da en llamar “populismos”;
mantener, como en el caso de IU que el PSOE y el PP son la misma mierda y
negar toda posibilidad de entendimiento (siendo así que la federación,
gobierna en Extremadura y Andalucía en situación de franca
esquizofrenia); perserverar, como en el caso de Podemos, en que el PSOE
es parte de la casta y rechazar cualquier posible entendimiento con él;
todo eso son recetas seguras hacia el fracaso y la derrota electoral.
En
noviembre de 1932, las izquierdas fueron a las elecciones desunidas y
las derechas formando una piña en la CEDA. El resultado fue el bienio
negro. Al día de hoy y en mayo de 2015, es fuerte la tentación de
repetir tan estúpida decisión en virtud de un cálculo de oportunidad
que, seguramente, saldrá mal. No conviene, suele decirse, alianza alguna
preelectoral porque en mayo de 2015, por fin, puede darse un
realineamiento de la izquierda, el PSOE descenderá y dejará de ser el
partido hegemónico, se producirá el ansiado sorpasso y habrá
posibilidades de un verdadero gobierno de izquierda. A su vez, también
el PSOE puede incurrir en un cálculo igualmente irresponsable al
insistir en que sus problemáticas posibilidades de recuperación
dependerán de que no se presente en amalgama con ninguna otra formación.
Que el cálculo que haga IU seguramente será también erróneo se deriva
de la acreditada capacidad de la organización para equivocarse en sus
previsiones.
El
fraccionamiento de la izquierda no se limitará a ser la enésima
manifestación de una incapacidad teórica y práctica lamentables, la
prueba de qué hondas son en ella las raíces del oportunismo, el
dogmatismo, el personalismo, el culto a la personalidad y la falta de
sentido real de transformación social. Será algo mucho peor. Será la
evidencia de que el discurso socialdemócrata está muerto y solo actúa
como trasunto del neoliberalismo más inhumano. Pero también de que el
sentido crítico y la voluntad de emancipación real de la izquierda
transformadora no es más que retórica hueca y bombástica de unas gentes
incapaces de ver un palmo más allá de su narcisismo y sus intereses de
burócratas paniaguados.
(*) Catedrático de Ciencia Política de la UNED
