LUXEMBURGO.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Nilo
Jääskinen, ha avalado esta semana el tope impuesto por la normativa de
la UE a los bonus de los banqueros y ha recomendado que se desestime el
recurso presentado por Reino Unido contra esta medida.
La norma en cuestión, que ha entrado en vigor este año, establece que los bonus de los directivos bancarios no pueden superar la cuantía de la remuneración fija. Sólo si los accionistas lo autorizan, los bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos a corto plazo.
Londres interpuso un recurso solicitando al Tribunal de Justicia la anulación de estas disposiciones. Alega que este tipo de medidas están comprendidas dentro del ámbito de la política social y, por ello, son competencia de los Estados miembros.
Reino Unido también sostiene que las limitaciones a los bonus de los banqueros vulneran los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y seguridad jurídica. Además, las disposiciones que exigen divulgar la remuneración vulneran el derecho a la intimidad e infringen las normas de protección de datos.
En su dictamen de este jueves, el abogado general considera correcta la base legal de libertad de establecimiento y prestación de servicios utilizada.
“Dado que el componente variable de la remuneración tiene un
impacto directo sobre el perfil de riesgo de las entidades financieras,
puede afectar a la estabilidad de las entidades financieras con
capacidad para operar libremente en toda la UE y, por consiguiente, a la
estabilidad de los mercados financieros de la UE”, dice el fallo.
El abogado general acepta que la determinación del nivel de retribución “es incuestionablemente competencia de los Estados miembros”. Sin embargo, sostiene que “la imposición de una ratio fija entre las bonificaciones y el salario de base no limita la cuantía total de la remuneración”.
El abogado general acepta que la determinación del nivel de retribución “es incuestionablemente competencia de los Estados miembros”. Sin embargo, sostiene que “la imposición de una ratio fija entre las bonificaciones y el salario de base no limita la cuantía total de la remuneración”.
“Al no haber ningún límite legal sobre la cantidad que
puede pagarse como salario de base, tampoco existe límite alguno con
respecto al nivel total de la remuneración”, apunta.
El dictamen rechaza también la alegación del Reino Unido según la cual el principio de seguridad jurídica se ve vulnerado por el hecho de que las disposiciones se aplican a contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la directiva. Teniendo en cuenta el “amplio eco” que tuvo la cuestión en los medios de comunicación y la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la UE en junio de 2013, el abogado general concluye que “los interesados estaban perfectamente al tanto de las medidas y podían prepararse para su entrada en vigor”.
Jääskinen tampoco considera fundada la alegación del Reino Unido según la cual las disposiciones impugnadas vulneran los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, y afirma que “la actuación de los gobiernos nacionales no habría sido más eficaz que la acción de la UE para alcanzar el objetivo de crear un marco regulatorio uniforme de gestión del riesgo”.
Por lo que se refiere a la divulgación de las remuneraciones, el dictamen señala que “los Estados miembros deberán respetar la normativa de la UE en materia de protección de datos y, naturalmente, la entidad financiera podrá impugnar la legalidad de esa decisión ante la autoridad judicial competente”.
Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, pero éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos meses.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) denunció el pasado octubre que 39 grandes bancos europeos -a los que no identificó- se están saltando el tope a los bonus de los directivos inflando artificialmente la parte de la remuneración fija con complementos salariales que en realidad son variables.
El dictamen rechaza también la alegación del Reino Unido según la cual el principio de seguridad jurídica se ve vulnerado por el hecho de que las disposiciones se aplican a contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la directiva. Teniendo en cuenta el “amplio eco” que tuvo la cuestión en los medios de comunicación y la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la UE en junio de 2013, el abogado general concluye que “los interesados estaban perfectamente al tanto de las medidas y podían prepararse para su entrada en vigor”.
Jääskinen tampoco considera fundada la alegación del Reino Unido según la cual las disposiciones impugnadas vulneran los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, y afirma que “la actuación de los gobiernos nacionales no habría sido más eficaz que la acción de la UE para alcanzar el objetivo de crear un marco regulatorio uniforme de gestión del riesgo”.
Por lo que se refiere a la divulgación de las remuneraciones, el dictamen señala que “los Estados miembros deberán respetar la normativa de la UE en materia de protección de datos y, naturalmente, la entidad financiera podrá impugnar la legalidad de esa decisión ante la autoridad judicial competente”.
Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, pero éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos meses.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) denunció el pasado octubre que 39 grandes bancos europeos -a los que no identificó- se están saltando el tope a los bonus de los directivos inflando artificialmente la parte de la remuneración fija con complementos salariales que en realidad son variables.
