MADRID.- Las personas que se movilizaron desde distintas partes de España hasta Madrid el pasado mes de julio y que entregaron en el Congreso un documento con sus reivindicaciones se han quejado de que la Cámara Baja ha tardado tres meses en contestarles y de que lo único que ha hecho ha sido remitir sus demandas a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Así lo ha anunciado en las redes sociales la autodenominada 'Marcha Popular Indignada', que tilda de "decepcionante" el escrito de respuesta que les ha remitido la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados.
El texto que los indignados consiguieron presentar en el Registro del Congreso el pasado 27 de julio contenía casi cien propuestas recogidas a lo largo del recorrido de la Marcha Indignada y, entre otras cosas, denunciaba el "rápido proceso de abandono y degradación del medio rural en todos sus aspectos".
En su reunión del pasado 21 de septiembre la Comisión de Peticiones, que presidía el socialista Pablo Martín Pere, acordó remitir el documento de los indignados a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El proceder habitual de esta comisión es remitir las peticiones que le llegan a los órganos pertinentes en cada caso --Gobierno, tribunales, Defensor del Pueblo, etc...--.
Los 'indignados' consideran "decepcionante" la actuación del Congreso y ahora se plantean recabar distintas opiniones de los participantes en el movimiento para decidir si dan alguna respuesta a la Cámara Baja.
Por otra parte, el abogado sevillano Juan Moreno Yagüe, ha denunciado este viernes que el Congreso lleva más de un año sin contestar a una solicitud que planteó ante la Comisión de Peticiones reclamando poder "votar las propuestas parlamentarias a través de Internet".
Según ha explicado en un comunicado, el letrado, que bautizó su propuesta con el nombre de Democracia 4.0, pretendía no sólo que todos los ciudadanos que lo solicitasen pudieran votar "proporcionalmente" distintas iniciativas legislativas, sino que incluso se les permitiera hacer "uso del veto directo" contra medidas, a su juicio, "tan impopulares" como "los recortes sociales o el rescate a bancos con dinero público".
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