MADRID.- El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa, ha confirmado este viernes que el Ministerio del Interior quiere
que "encadenarse" por los brazos durante una manifestación para impedir
ser desalojado por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado sea considerado un "atentado contra la autoridad", al igual
que lo es "agredir" a un agente, aunque con una pena inferior.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya anunció que
su departamento tiene intención de modificar el Código Penal para
equiparar la resistencia pasiva, hasta ahora considerada como un delito
de desobediencia, a los delitos de atentado contra la autoridad, tales
como las agresiones directas a los agentes, cuando se considere "grave",
si bien no especificó los supuestos a los que podría afectar.
Así, en declaraciones a ABC Punto Radio, Ulloa ha explicado que la modificación busca castigar con más
dureza algunas actuaciones por parte de los manifestantes, que cada vez
son más frecuentes, como es la de "encadenarse" por los brazos unos y
otros para evitar que la Policía disuelva la concentración, y que
conlleva, en ocasiones, cortes de tráfico.
"No estamos hablando del que meramente desobedece una orden
expresa del agente de la autoridad sino de esas personas que llevan a
cabo una resistencia pasiva y que en consecuencia entraña una conducta
equivalente a la agresión contra el principio del orden y de autoridad
que se ejercita por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que en
definitiva es el que se trata de tutelar con los delitos de atentado",
ha explicado.
Dicho esto, ha matizado que esa resistencia pasiva "grave" no
se refiere a "quedarse de brazos cruzados" ni a la "huelga de brazos
caídos" sino "a la gente que se encadena o que se agarra unos a otros".
"Gente que frente a la conducta del agente de la autoridad que le dice
'desplácese', se agarran unos a otros e impiden el tráfico o el disfrute
la vía pública para el resto en supuestos de manifestaciones que no
están autorizadas", ha añadido.
Según Ulloa, dicha conducta "implica igual atentado contra el
orden público" que la de agredir a un agente, porque "no es sólo un tema
de disciplina colectiva, sino de tutela de los derechos y libertades de
los demás", si bien ha aclarado que su intención no es que conlleve la
misma pena que la que tienen, por ejemplo, "el que se abalanza, el que
agrede o el que laza una piedra a un agente".
"Nuestra solicitud con respecto a Justicia es introducir una
facultad moderadora por parte de los tribunales con respecto a esta
resistencia pasiva para que tampoco entrañe la misma pena que el
acometimiento activo sobre la autoridad, pero el encadenamiento no se
puede considerar que es simplemente resistencia, es decir, lo que se
entendía por el delito de resistencia y desobediencia", ha indicado.
Esta "modificación legal" es necesaria, según Ulloa, porque,
además de que este tipo de comportamientos están constituyendo "un
problema habitual para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado",
hay un "vacío interpretativo en favor del ejercicio a la libertad de
reunión o de manifestación que está llevando a cabo una laxitud y una
interpretación" que, a su juicio, "es incorrecta y que se puede
rectificar".
"Lo que ya está bien es que determinadas personas decidan que
ellos van a disponer de la calle en perjuicio de los demás. No estamos
hablando simplemente de actitudes renuentes al ejercicio de la
autoridad, sino de actitudes recalcitrantes, que lo que tratan es de
minar efectivos y el principio de autoridad en beneficio de sus propias
convicciones", ha sentenciado.
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