MADRID.- El Congreso permitirá a más de un tercio de sus diputados compatibilizar el escaño con cargos municipales (alcaldías o concejalías) y con actividades profesionales, fundamentalmente el ejercicio de la abogacía y la docencia, según se refleja en el primer dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado.
De estos más de 130 diputados con actividades extraparlamentarias, ha habido dos que han renunciado al sueldo del Congreso: el alcalde de Roses (Gerona), el nacionalista Carles Páramo, y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Eva Durán, del PP, que han optado por quedarse con el salario municipal.
En ese primer informe, que se elevará al Pleno del Congreso a finales de mes, la Comisión del Estatuto del Diputado ha autorizado el ejercicio de cargos políticos municipales a más de sesenta diputados, ya que no existe incompatibilidad legal, más allá de que no se permite percibir dos sueldos públicos (deben renunciar a uno).
Hay cerca de una veintena de alcaldes, entre ellos los 'populares' Teófila Martínez (Cádiz), Rosa Romero (Ciudad Real), José Ignacio Landaluce (Algeciras), Pilar Barreiro (Cartagena) y María Jesús Bonilla (Tarancón); los nacionalistas de CiU Marc Solsona (Mollerusa) y Carles Páramo (Roses), y el socialista valenciano Ximo Puig (Morella), recién elegido líder del PSPV.
También figuran más de sesenta concejales, fundamentalmente del PP pero también del PSOE, así como un presidente de Diputación Provincial --Arturo García Tizón, de Toledo-- y un consejero de Cabildo Insular (el tinerfeño Manuel Luis Torres), ambos del PP.
Todos ellos han renunciado a sus sueldos municipales, excepto las dietas por asistencia a plenos, con lo que quien les abona su retribución mensual es el Congreso de los Diputados. Hay dos excepciones: el alcalde de Roses, Carles Páramo (CiU), y una concejala del PP en Madrid, Eva Duran, que han preferido el sueldo de su ayuntamiento.
Además, el Congreso autorizará el ejercicio profesional de actividades extraparlamentarias de abogacía y asesoramiento jurídico a más de una treintena de diputados, aunque sin posibilidad de percibir remuneración del sector público. Todo ello, reza el dictamen, "sin menoscabo del régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".
Entre estos abogados en ejercicio figuran los 'populares' Pedro Gómez de la Serna (portavoz en la Comisión Constitucional), Dolors Montserrat (miembro de la Mesa del Congreso), Rafael Hernando y Leopoldo Barreda (ambos en la dirección del Grupo Popular), Juan Carlos Vera (de la dirección nacional del PP), Alfredo Prada (presidente de comisión) o Ignacio Astarloa, así como los socialistas José María Benegas, Alex Sáez, Julio Villarrubia (portavoz de Justicia).
También se permitirá compatibilizar el escaño con el ejercicio de actividades docentes a una quincena de diputados, entre ellos profesores asociados como Rafael Simancas (portavoz de Fomento del PSOE), Conrado Escobar (portavoz de Interior del PP) y José Ignacio Azpiroz (presidente de comisión), o profesores de posgrado como Antonio Erias Rey (PP) y Angeles Alvarez (PSOE).
Entre estos docentes figura un catedrático del CEU y director del Instituto de Estudios Europeos en esta misma Universidad, el diputado del PP José María Beneyto. se le autoriza por ser una universidad privada, pues en cambio al diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad, que es catedrático en la Universidad del País Vasco (UPV), se le ha congelado la compatibilidad.
Igualmente, otra decena de diputados ha visto cómo se les ha dado vía libre para ejercer otras actividades profesionales como la medicina en el ámbito privado, asesoramiento económico, la regencia de una farmacia, la dirección de una empresa de test psicotécnicos, la administración de una escuela de idiomas, la gestión de una empresa de hostelería, o incluso la interpretación (caso del actor Toni Cantó, de UPyD).
Entre las actividades autorizadas destaca también el caso de cuatro diputados que a la vez forman parte de consejos de entidades financieras --Elvira Rodríguez (PP) y Germán Augusto López (PSOE), de Caja Madrid; el socialista Francisco González Cabaña (Unicaja) y el 'popular' José Ignacio Llorens (Gesmadrid, vinculada a Caja Madrid)--, e incluso otro que ocupa un asiento en el Consejo de Telemadrid.
Al margen de estos más de 130 diputados, la Comisión ha admitido otra decena larga de casos de diputados con participaciones en sociedades empresariales, y numerosos casos de puestos no remunerados en fundaciones, cargos orgánicos en los partidos, labores literarias y conferencias o tertulias. Hay uno que sí declara percibir remuneración por labores periodísticas: el socialista valenciano José Luis Abalos, que publica un artículo semanal en la prensa de su ciudad.
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