EL CAIRO/DUBAI.- El Ministerio de Justicia de Egipto ha
aprobado este miércoles un decreto que permitirá a las Fuerzas Armadas
arrestar a civiles y procesarlos en tribunales castrenses, según ha
informado el diario 'Al Ahram'.
La medida supone volver a conceder al Ejército una potestad
que había mantenido en los últimos treinta años por la vigencia de la
Ley de Emergencia, que restringía las libertades básicas de los
ciudadanos y otorgaba capacidades reforzadas a las autoridades en
materia de seguridad.
Tras la derogación de esa norma, exigida por los manifestantes
que, con sus protestas, lograron derrocar el 11 de febrero de 2011 al
entonces presidente, Hosni Mubarak, los únicos que podían detener a
civiles eran los agentes de la Policía, que depende del Ministerio del
Interior.
El decreto señala que los militares podrán detener a los
civiles que hayan cometido delitos que afecten al Gobierno, que tengan o
usen explosivos, se resistan a las autoridades, que hayan participado
en la destrucción de propiedades privadas o monumentos, por obstruir el
tráfico y por hacer huelga en instituciones que "sirvan para el bien
público" o afecten al derecho al trabajo.
Según el Ministerio, el nuevo decreto se basa en una ley de
1966 y estará en vigor hasta que sea aprobada la nueva Constitución, que
está siendo redactada actualmente por los representantes de los
partidos elegidos en la Asamblea en las elecciones legislativas que
acabaron en enero.
Las diferentes facciones que se encargan de redactar la Carta
Magna se han enfrentado en diversas ocasiones. Las formaciones liberales
y de izquierdas volvieron a abandonar la comisión el lunes tras acusar a
los representantes del Partido Libertad y Justicia, de los Hermanos
Musulmanes y que consiguió ser la formación más votada en los comicios,
de no aceptar ningún punto propuesto por otros grupos.
Varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han
criticado la aprobación del nuevo decreto, ya que convertiría a Egipto
en un "estado militar". "Varios crímenes contemplados en el decreto son
realmente derechos, como la libertad de expresión contra las autoridades
o las leyes actuales, acudir a manifestaciones o hacer huelga", han
señalado en un comunicado quince organizaciones no gubernamentales
locales.
Estas organizaciones han criticado al consejo Supremo de las
fuerzas Armadas, el Gobierno que dirige Egipto desde la caída de Hosni
Mubarak en febrero de 2011, por su gestión de la seguridad. "En vez de
reestructurar el Ministerio del Interior, el Consejo está dando al
Ejército un papel mayor en los asuntos internos, un papel que debería
limitarse para las cuestiones exteriores", han añadido.
Bahrein también amenaza
El rey Hamad bin Isa al Jalifa de Bahréin ha
advertido de que no permitirá más "insultos" a las Fuerzas Armadas, un
mensaje aparentemente dirigido a la formación política opositora Wefaq
tras sus criticadas contra la actuación del Ejército.
El Ejército, dirigido por el mariscal de Campo Jalifa bin Ahmed,
estuvo al frente de la represión de las manifestaciones de la mayoría
chií que comenzaron en febrero de 2011. Las autoridades bahreiníes
tuvieron que pedir ayuda al Ejército saudí, que envió tanques y unos
1.000 soldados, para contener las protestas.
"Hemos escuchado algunas opiniones en los últimos días que están
extendiendo el odio y que suponen un abuso de la libertad de expresión
para insultar a las Fuerzas de Defensa de Bahréin y, sin duda, es
nuestro trabajo impedir que esto se repita", ha señalado el rey en un
discurso en un cuartel militar.
"Las autoridades deben tomar las medidas legales necesarias para
acabar con estas violaciones", ha afirmado, según la agencia oficial
BNA. Ali Salman, líder de Wefaq, criticó el martes al Ejército en un
acto al decir que las tropas no conseguirán acabar con las protestas en
favor de cambios democráticas en la isla.
"Nos subestimáis y creéis que lo que habéis hecho nos detendrá a
la hora de defender nuestros derechos, pero no importa la fuerza bruta
que habéis empleado con nosotros, fracasaréis", ha declarado. Pese a los
intentos de reprimir las protestas, Wefaq organiza todas las semanas
actos en contra del Gobierno y la Policía se enfrenta casi a diario a
jóvenes que se manifiestan en contra de las autoridades.
Por otro lado, la fiscalía bahreiní ha convocado al dirigente de
Wefaq Sayed Hadi al Mousawi para interrogarle y ha extendido una semana
más la detención contra el activista y presidente del Centro de Bahréin
para los Derechos Humanos (BCHR), Nabil Rajab, tras criticar en Twitter
al primer ministro Jalifa bin Salman.
Rajab, uno de los iconos de las protestas pro democráticas en el
país, aseguró la semana pasada a través de su cuenta oficial en la red
social Facebook que pese a los cinco casos presentados por las
autoridades contra él no cambiará su convicción de que "el rey es un
tirano y su tío (el primer ministro) un ladrón y un asesino".
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