MADRID.- Cada día se producen en España una media de 159 desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca o el alquiler, y hasta el 82 % de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo, que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia.
Estas
cifras han sido facilitados por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) que, ante la insuficiencia de datos oficiales, ha creado
su propia base con más de 6.000 encuestas a personas afectadas de todo
el Estado que en algún momento han estado en contacto con la Plataforma.
Sin embargo, la mayoría de los desahucios no quedan recogidos en las estadísticas ya que "la vergüenza" que sienten las familias,
sobre todo cuando tienen hijos pequeños, hace que se "autodesalojen"
para no pasar "por la violencia de una intervención policial".
Así
lo ha expresado el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral,
quien ha subrayado la paradoja que se da en España donde, según el
último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario.
Español, en paro y con hijos
La
nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cuál
las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas
inmigrantes.
Español, en paro, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros
es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en las 17
comunidades autónomas, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau
y Adria Alemany, en el libro "Vidas hipotecadas", que se publicará a
finales de junio en castellano, tras una edición en catalán.
En 2011, la Comunidad Valenciana registró el 23,5 % del total
nacional de desahucios por impago de hipotecas, con una media de casi 50
ejecuciones hipotecarias al día, tasa muy similar a la registrada en Madrid. A estas autonomías se unen Catalunya, Andalucía y Murcia como las regiones con más ejecuciones hipotecarias.
En Catalunya, con 7.000 órdenes de desahucio desde junio de 2011, casi 20 familias abandonan, de media, cada día su vivienda.
El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas comunidades la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago, paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
Navarra fue la primera comunidad en la que un banco aceptó la fórmula de la dación en pago
para saldar una deuda si bien en esta comunidad la PAH asegura que "no
existe ningún caso en el que un banco haya aceptado esta fórmula con
todas las consecuencias".
En el País Vasco, el Gobierno creó a primeros de mayo un sistema de
mediación para evitar desahucios, al que ya se ha adherido Kutxabank, la
entidad surgida de la fusión de las tres cajas vascas, que se ha
comprometido a no iniciar durante un mes ninguna reclamación judicial
por impago, a la espera de que este servicio presente una propuesta
ajustada a cada caso.
En septiembre de 2011, Cáritas Diocesana de Barcelona también puso en marcha un servicio de mediación que, hasta abril de 2012, había mediado en unos 800 casos.
La
dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por
la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al
banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o
se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30 %
de la renta familiar.
Paralizando desahucios
En casi
todas las autonomías se dan casos singulares de desahucios paralizados
como, por ejemplo, en Baleares, en el barrio palmesano de Son Ferriol,
donde con el apoyo de la PAH se logró detener el desalojo de una mujer
con cuatro nietos a su cargo y una hija con discapacidad. La mujer envió
una carta al juez pidiendo un aplazamiento de cuatro meses, que
finalmente se consiguió.
Otro caso similar se dio en Gran Canaria, donde la Plataforma logró parar el desahucio de una mujer desempleada,
madre de cuatro niñas y con un esposo enfermo; y en Asturias, Stop
Desahucios, la plataforma creada a partir del 15M, impidió el desalojo
de un matrimonio ecuatoriano y su bebé.
En Castilla y León, Stop
Desahucios también ha ayudado a decenas de familias a posponer el
abandono de sus casas y obtener moratorias del abono de sus hipotecas o
la dación en pago.
El asesor jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, ha defendido que lo que está consiguiendo la Plataforma es "hacer visible" un conflicto
y demostrar que los desalojos incumplen el pacto internacional de
derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, suscrito
por España.
El 15 de junio se cumple el primer aniversario de un desahucio
paralizado por la PAH en Madrid, en concreto en la calle Naranjo en el
distrito de Tetuán. Este desalojo se convirtió en simbólico ya que la plataforma había sido creada a raíz del 15M.
Aunque
los datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios son los
del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), estos no son
representativos ya que tratan por igual los desahucios de locales
comerciales y viviendas y tampoco distingue entre vivienda habitual y
segunda o tercera residencia.
Por su parte la Asociación Española
de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la
sociedad de tasaciones inmobiliarias TINSA han asegurado no disponer de
datos sobre este asunto.
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