MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha
ratificado este viernes la ley que aumenta las multas para quienes
participen en manifestaciones no autorizadas por las autoridades, según
el mandatario para tratar de proteger a la sociedad del "radicalismo".
La nueva ley, que entrará en vigor tras su publicación este sábado
en el boletín oficial, eleva de 100 a 10.000 rublos (de 2,4 a 246
euros) las multas máximas para los ciudadanos que participen estas
concentraciones ilegales.
Quienes sean considerados culpables de "violación de las normas de
conducta" podrán ser multados con hasta 20.000 rublos (492 euros), 20
veces más que los 1.000 rublos contemplados actualmente como pena
máxima.
La multa de mayor cuantía podrán recibirla quienes organicen
manifestaciones no autorizadas, que podrán ser obligados a pagar hasta
300.000 rublos (7.250 euros).
"Una sociedad que permite manifestaciones y marchas debe
protegerse del radicalismo", ha dicho Putin, que no considera las nuevas
medidas especialmente duras. Sin embargo, ha planteado una posible
revisión si los responsables judiciales lo consideran "necesario", según
declaraciones recogidas por la agencia de noticias RIA Novosti.
El Consejo de Derechos Humanos del Kremlin había pedido a Putin
que no firmase el texto, que también ha recibido críticas del Consejo de
Europa y de la oposición rusa. El portavoz de la Presidencia de Rusia,
Dimitri Peskov, defendió que la nueva norma va "en línea" con la
legislación europea.
"Las autoridades están combatiendo las manifestaciones en lugar de
luchar contra la injusticia que las causa", ha lamentado un portavoz de
los movimientos opositores, Ilia Yashin, en declaraciones a RIA
Novosti. A su juicio, esta política "absolutamente irresponsable"
incrementa los riesgos de una "confrontación civil".
Yashin ha advertido de que la multiplicación de las multas no
aplacará a los disidentes. "No nos asustamos fácilmente", ha
apostillado.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha criticado el
incremento de la cuantía de las multas y ha instado a las autoridades
rusas a "proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión".
John Dalhuisen, director del departamento de Europa y Asia Central
en AI, considera que "la velocidad con la que se ha aprobado esta ley
indica que su objetivo no es regular un derecho respetado, sino que es
una respuesta corta de miras ante unas protestas cada vez más
frecuentes".
Según AI, ha quedado demostrado que ni el Parlamento ni el
presidente de Rusia respetan las opiniones de los ciudadanos y que la
ley tiene como fin "impedir que la disidencia se exprese públicamente".
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