Hemos
pasado de la obligación de un banco malo por entidad (RD-ley 18/2012), a
la de un único banco malo para la parte del sector con necesidades de
ayudas públicas (RD-ley 24/2012), y otro para cada entidad sin
problemas, en poco más de tres meses. Al margen del problema que supone
la corta vida de las normas del Ministerio de Economía, que lidera el
ministro Luis de Guindos (en la imagen), que
no permite planificar lo más mínimo, hay que analizar las cuestiones que
suscita, por ejemplo, cómo se quiere financiar esa nueva figura: la de
la sociedad tenedora, gestionada por el FROB, de los inmuebles provenientes de las entidades beneficiarias de la ayuda pública, principalmente las nacionalizadas (Bankia, NCG Banco, Catalunya Caixa y Banco Valencia).
Se pretendía financiar el banco del FROB
con emisiones de deuda, pero mientras el Estado mantuviera la mayoría
de su capital social, dicha deuda computaría como deuda pública, algo de
lo que, como todos sabemos andamos sobrados. Solución: que entre
capital privado hasta diluir el público lo suficiente como para que el
endeudamiento de la sociedad tenedora no se considere público.
Ahora bien, nuevo problema: el
capital privado sólo está dispuesto a entrar si las adquisiciones del
banco malo a la banca con activos tóxicos se hace a precios de mercado
y no, como se pretende, a precios de favor que reduzcan las pérdidas de
los vendedores y sus necesidades de ayuda por otras vías.
He aquí que para solucionar el nuevo
atasco sólo se encontraba un modo que quedaba poco elegante: el Estado
compra sus participaciones en el banco malo a un precio y los
capitalistas privados a otro que, lógicamente, es mejor. Un escándalo.
Pero como la creatividad de los financieros es infinita, acudimos al igualitarismo: el banco malo
comprará activos a buenos precios para los vendedores, tanto si son
instituciones que necesitan ayudas para salir adelante como si no lo
son. Así todos contentos. Todos no. Al menos los contribuyentes no
deberían estarlo.
De hacerse así las cosas, es decir, si
todo el sector tiene derecho a enchufar sus activos inmobiliarios
provenientes de adjudicaciones en pago de deudas a precios interesantes
para el mismo, alguien perderá. ¿Quien? El único interviniente en la
operación que no vende inmuebles al banco malo: el Estado. Es decir, el contribuyente.
De paso, al estar muy atomizado el
capital del banco malo y no controlarlo nadie, nadie tiene la obligación
de consolidarlo en sus estados financieros y, de paso, se ahorra el
elevado consumo en términos de recursos propios que suponía la aparición
hasta hace poco en sus balances de los activos vendidos.
Las participaciones en la nueva sociedad, adquiridas a cambio de la entrega de los inmuebles, consumen menos recursos propios.
Un negocio redondo: ninguna institución, salvo el Estado, renuncia a
los beneficios que le corresponden según la lógica del mercado y todas
reducen el gran volumen de capital que consumían los inmuebles. Todo
esto con la excusa de que para vender bien los activos hace falta tiempo
y sólo un ser eterno, el FROB, puede tomarse el tiempo para ello. La
verdad es que nos podrían haber dejado hacer buenas compras, en lugar de
realizar ellos buenas ventas, pero está claro que el mercado libre no
nos conviene.
Rubén Manso
ruben@hispanidad.com
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