MADRID.- El Ministerio de Justicia ahorrará un total de 1.052 millones de
euros en 2013 con el recorte a la mitad del número de coches oficiales
en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General,
según informaron fuentes del citado Ministerio.
Esto se traducirá en que sólo dispondrán de vehículo oficial el
presidente del Tribunal Supremo, los de las cinco salas con que cuenta
este órgano judicial, el presidente de la Audiencia Nacional y el Fiscal
General. El resto de vehículos serán los llamados 'coches de
incidencias', que se utilizan para trasladar personal o documentación de
una sede judicial a otra o para las tareas adscritas a estos órganos
judiciales.
De esta forma el número de coches oficiales de estos dos
tribunales pasa de los 100 que había a un total de 45, con lo que la
minoración prevista en el Presupuesto del Ministerio de Justicia de los
gastos de transporte para el próximo ejercicio será de un 43,28 por
ciento en lo que respecta a estos órganos judiciales.
Los vehículos de incidencias serán poco más de 20 en el caso del
Supremo, mientras que en la Audiencia Nacional ascenderán a 17. Sin
embargo, en esta última sede, este número será transitorio, ya que ahora
son necesarios más vehículos debido a la dispersión de las sedes
mientras se desarrollan las obras de la Audiencia Nacional, que se ha
vaciado para dar paso a la remodelación prevista, que durará hasta 2014.
En concreto, habrá 23 coches oficiales al servicio del Tribunal
Supremo, de los cuales cinco serán de representación y otros 18 de
incidencias. La Audiencia Nacional dispondrá de 17 vehículos, todos
ellos para incidencias.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado contará con cinco
coches oficiales, dos de ellos de representación y tres de incidencias.
El Ministerio del Interior se encarga del transporte de los cargos que
han mantenido su escolta, como es el caso del presidente de la Audiencia
Nacional, Ángel Juanes.
Este es el reflejo en las cuentas del Miniterio de Justicia de
2013 de los cambios que ya comenzaron a hacerse efectivos durante este
año. La reducción de los coches oficiales se inició en junio en la
Audiencia Nacional coincidiendo con la retirada de los escoltas a la
práctica totalidad de miembros de la Sala de lo Penal, a los jueces
instructores y a los integrantes de la Fiscalía.
En la actualidad, según fuentes del tribunal, únicamente disponen
de coche con escolta el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel
Juanes; el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro;
el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el fiscal-jefe Anticorrupción, Antonio
Salinas; y el fiscal-jefe Antidroga, José Ramón Noreña. Y el coste de
estos depende del Ministerio del Interior.
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska,
renunció a este servicio en solidaridad con sus compañeros a los que se
les retiró la protección y el coche oficial.
El resto de vehículos son coches de incidencia sin escolta y con
conductores del parque móvil ministerial que utilizan los magistrados de
la Sala de lo Penal y la representación del Ministerio Público en la
Audiencia Nacional para realizar traslados entre los distintos edificios
del tribunal y la sede para macrojuicios situada en la localidad
madrileña de San Fernando de Henares.
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