MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una
morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los
propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye
este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.
"El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los
últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los
propietarios", indicaron fuentes de esta institución.
No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las
entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de
desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de
vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa
después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".
Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también
derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de
inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de
vecinos porque no han logrado venderlos.
Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje
que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la
mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.
A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este
colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de
deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas
constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas
comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta
de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel
Hernández Román.
Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva
reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las
"dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y,
al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".
El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos
años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la
prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto
al resto de sus acreedores.
Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre
comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes
gastos que ellos conllevan.
"Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la
prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando
demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho
miembro del Consejo de administradores de fincas.
En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan
evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a
familias que lo están pasando mal".
"Duele demandar a familias que lo
pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para
garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar",
detalló.
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