MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el
Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue
presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de
primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones
con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas,
como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".
En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".
Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente",
tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el
número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral
establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".
De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la
cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha
dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro
por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.
Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la
metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado
datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la
Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España.
Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".
Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han
producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los
que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera
vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.
Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".
Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma
en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos
del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".
El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto".
En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a
por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido
cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del
fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían
plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.
Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo
normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello
que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".
También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley
presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de
demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar"
si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje,
y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo
pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.
Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el
Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios,
por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".
Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera".
Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la
subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor
que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés
de demora".
En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".
También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE
pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un
Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por
ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra
de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como
se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de
suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en
Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en
pago son más frecuentes.
En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a
los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio
Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".
Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo"
con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión,
"revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado
inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este
Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha
caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".
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