BANGKOK.- Los enfrentamientos en los que han degenerado
una multitudinaria protesta celebrada la noche del sábado en Bangkok, la capital
de Tailandia, contra el Gobierno se ha saldado con 61 heridos y 137
detenidos. Como consecuencia, el líder del principal partido opositor y
convocante de dicha protesta, Boonlert Kaewprasit, ha dimitido por la
violencia y la baja participación.
La manifestación se había alargado durante algo más de ocho horas, en
la que la que el número de policías, unos 20.000, superaban en número a
los manifestantes, según los medios locales.
La cifra de asistentes oscila de los 20.000, de acuerdo con la
Policía, y los 50.000, según el partido opositor Pitak Siam. No
obstante, ninguna de estas cifras consiguen rebasar la asistencia a la
manifestación del pasado mes y que Boonlert se había fijado como
objetivo y argumento principal que refrendara sus proclamas contra el
Gobierno.
En una comparecencia ante sus seguidores y los medios de
comunicación bajo una intensa lluvia, el general Boonlert ha deplorado
el elevado balance de heridos y detenidos, así como el seguimiento de la
movilización.
"El general Boonlert ya está muerto. He perdido ante el demonio",
ha declarado el líder de Pitak Siam, que ha dicho que no volverá a
encabezar a la formación opositora, según los medios locales.
Boonlert ha achacado el fracaso de la movilización en parte a los
esfuerzos de las autoridades tailandesas de impedir que muchos
manifestantes lograran llegar a la plaza Real, el céntrico enclave donde
el millón de opositores debían de clamar contra el Gobierno tailandés.
En este sentido, Boonlert ha denunciado que partidarios del Pitak
Siam procedentes de todo el país han sido bloqueados durante su viaje
hacia Bangkok en las principales carreteras de acceso a la capital.
Boonlert ha expresado su preocupación por el estado de muchos de
los heridos, al saber que la Policía antidisturbios ha disparado bombas
de gas lacrimógeno para amainar los altercados desatados durante la
manifestación.
El líder opositor ha decidido poner fin a la protesta debido al
fuerte despliegue policial ordenado por el Gobierno de la primera
ministra Yingluck Shinawatra, que avisó que esta movilización
representaba un intento de derrocar al Ejecutivo tailandés.
"Si la marcha continúa, hay un riesgo de que los manifestantes pierdan sus vidas", ha advertido Boonlert.
Boonlert ha acusado a la Policía de disparar fuego real, alegando
que algunos de los manifestantes han recogido balas de los lugares de la
protesta.
Un portavoz del Pitak Siam Vachara Riddhagni ha resaltado el
carácter pacífico de la protesta y ha señalado al Gobierno tailandés
como culpable de los altercados.
Por su parte, el jefe de la Policía Nacional tailandesa, Adul
Saengsingkaew, ha acusado a los manifestantes de comenzar los
disturbios, justificando el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la
multitud.
Muchos de los asistentes, ha recriminado Adul, comenzaron a lanzar
objetos contra los policías y ha tratar de derribar las vallas
protectoras.
En base a los datos de la Policía tailandesa, alrededor de 12.000
opositores lograron entrar pacíficamente a la céntrica plaza Real y unos
5.000 se han enfrentado a los agentes antidisturbios en las barricadas
que delimitaban el paso de la marcha.
El primero de los capítulos de violencia se ha registrado frente
al puente Makawan Rangsan, ubicado cerca del Parlamento. En segundo
lugar, las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos contra
algunos manifestantes que intentaron atravesar una segunda barricada
ubicada en la intersección de Miskawan, también incluida en las zonas
restringidas por el Gobierno.
Al margen del cierre de nueve calles del centro, una segunda orden
ha restringido durante este sábado el tráfico de vehículos en otras
tantas calles, mientras que una tercera prohíbe a la gente portar armas
en la vía pública. Hasta 53 puestos de control se han establecido en la
capital tailandesa.
La primera ministra Yingluck invocó el pasado viernes la Ley de
Seguridad Interna en tres distritos de Bangkok, una medida que otorga a
las fuerzas de seguridad mayores poderes para bloquear parte de la
ciudad, imponer el toque de queda o incluso prohibir las protestas.
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