La problemática de los desahucios en España está dejando en evidencia el fracaso de la política en este país.
En primer lugar por la inoperancia esgrimida hasta esta semana por los
dos grandes partidos ante un problema que está dejando en la calle a
2.000 familias cada día. Efectivamente, hasta esta semana porque la
reunión de urgencia que se fijó el pasado jueves se celebró el lunes.
Eso es urgencia para la clase política. Ni siquiera el suicidio de Amaia Egaña en Baracaldo alteró el lento paso de los partidos.
Eso sí, la reunión se vendió como un inminente acuerdo, casi pacto nacional, entre PP y PSOE. Llegado el lunes la jornada acabó sin acuerdos. Al igual que el martes, y el miércoles. Han tardado tanto en abordar el tema que en ese tiempo un sindicato de jueces, policías, varios parlamentos autonómicos, el Tribunal de Justicia Europea y Kutxabank trataron de ponerse manos a la obra en la parcela que les concierne.
Llegado el jueves -haciendo la suma hablamos de más de 8.000 nuevas familias desahuciadas- el acuerdo resultó ser de mínimos. Segundo fracaso. Con esas la sociedad se encuentra con un decreto ley por el que solamente se podrán librar del desahucio las familias que, entre todos sus miembros, ingresen menos de 19.000 euros anuales y que sea numerosa (3 o más hijos) o monoparental con un hijo pequeño a su cargo, o incapacitados para trabajar.
A estos supuestos se suman las familias en las que estén todos en
paro y que ya no cobren prestación o los casos de víctimas de la
violencia machista. Más requisitos que para entrar en el club Bildeberg. Eso en un país que es de los pocos en los que, al devolver la casa, no se cancela la deuda hipotecaria.
Ampliar el decreto ley ha sido imposible. El
PP culpa al PSOE de ello por exigir introducir medidas que afectan al
principio de seguridad jurídica y a los deudores que hoy están haciendo
frente a sus hipotecas "con enormes esfuerzos".
La propuesta del PSOE planteaba varios aspectos que se deben tener en cuenta en las reformas legislativas necesarias: que el valor de tasación para el desahucio no sea inferior al
que sirvió para conceder el préstamo, sociedades de tasación
independientes, que se legisle la "segunda oportunidad", que los bancos
intervenidos por el FROB estén obligados a la negociación cuando lo
demande el deudor, o que se facilite la permanencia en la vivienda como
arrendatario, entre otras.
El Gobierno no quiere aceptar esta propuesta del PSOE al temer que
unos cambios legislativos "mal medidos" afecten al crédito, al mercado
inmobiliario y hasta a la prima de riesgo. Así que la falta de compromiso de ambos partidos ha desembocado en un parche de la ley.
Así las cosas, los afectados tendrán que competir en desgracias para
ser ayudados. La vida discurre para muchos ciudadanos que siguen
angustiados por la coyuntura. Con el final de la reunión bilateral, al
igual que ocurrió con el inicio, un nuevo suicidio ha puesto el epílogo trágico a una semana en la que se esperaba más de los dos grandes partidos políticos del país.
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