Constituye una gran paradoja política
española que una fuerte movilización popular como la que se produjo en
2011 en torno al llamado movimiento de los indignados o del 15M que
además de impugnar el modelo impuesto de capitalismo financiero que
amenaza con demoler las políticas sociales de muchos países, era sobre
todo un rechazo a las inaceptables insuficiencias de nuestra democracia,
y que concitó la simpatía de al menos un 70% de los ciudadanos, se haya
visto sucedido apenas unos meses después por un Gobierno y una mayoría
parlamentaria electa que pratican justamente la política que se
criticaba en la calle y que además está provocando una sería regresión
de la democracia.
Aferrado a la legitimidad electoral, a la que se
otorga todo el valor, incluso aunque se haya renunciado
fraudulentamente al programa para el que se pidió el voto, el Gobierno
del PP está imponiendo una mutación de gran alcance en el estado social
español, a través de la drástica reducción de servicios públicos y
prestaciones sociales, del recorte de derechos, y del avance en la
privatización y mercantilización de bienes comunes que está debilitando
profundamente el modelo de ciudadanía social construido a lo largo del
periodo democrático.
Es un proceso de desposesión material de la
mayoría social acompañado por un proceso de desdemocratización que
responde plenamente a la política que impulsan las actuales
instituciones europeas -todas ellas a su vez aquejadas de fuerte déficit
democrático- y otros organismos internacionales aún menos democráticos y
en gran parte responsables de la deriva especulativa de los últimos
años.
Esta situación supone de hecho un vaciamiento del sentido de
la democracia, un viejo sueño neoliberal paralelo a la utopía del
mercado autorregulador, que alcanza su plenitud ahora, y que propone
reducir la democracia a un simple mecanismo de selección de élites
políticas por medio de elecciones, dentro de una progresiva
oligarquización de la vida política y económica. Es la 'democracia
limitada' de Hayek o, en versión de Angela Merkel, la 'democracia en
condiciones de mercado'.
Este reduccionismo o minimalismo
democrático, objetivo del nuevo asalto oligárquico a la democracia,
supone a escala europea la ruptura del pacto social que dio lugar a los
Estados del Bienestar en la posguerra mundial de una guerra que se hizo
justamente en nombre de la democracia, ahora malbaratada en las
sociedades europeas. "Pensar en qué puede sustituirlo da vértigo" (Juan
Carlos Monedero).
Aquel pacto democrático suponía mucho más que preservar formalmente el procedimiento electoral de la competencia interpartidaria. Implicaba también -sin cuestionar la economía de mercado- una serie de derechos sociales, económicos y culturales que aseguraban la inclusión y protección de todos los sectores sociales, ahora en revisión.
Queda muy bien expresadado por el profesor
Gerardo Pisarello cuando se pregunta "¿qué valor exacto adquiere el
derecho formal a votar cuando se vive en condiciones de precariedad
laboral o existencial, el acceso a los medios de comunicación es
limitado o inexistente, y los principales partidos políticos están
fuertemente subordinados a oligarquías financieras libres de todo
control?".
La ruptura del pacto social que sustentaba el
capitalismo democrático devuelve al centro del debate la pregunta de si
es compatible la democracia con el capitalismo.
Este proceso de
desdemocrarización es bien visible en la España actual: no sólo se
ignoran paladinamente los compromisos electorales, sino que se gobierna
sistemáticamente por decreto para esquivar el debate parlamentario, se
reforman las leyes para permitir el control partidario de los medios
públicos, se endurece el Código Penal y se usa violentamente a la
Policía o se ponen multas disuasorias para dificultar o impedir la
libertad de expresión y manifestación, y sobre todo se ignoran las
protestas cualquiera que sea su magnitud, al tiempo que se aplican
severas medidas económicas y sociales que producen una creciente
precarización y exclusión social.
Como ha dicho Manuel Castells,
"España es el país de Europa donde el sistema político ha mostrado menos
sensibilidad ante la protesta, y con los dos grandes partidos de
acuerdo en ignorarla". Está convencido Castells de que "ha cambiado la
conciencia de la gente, pero el sistema político se mantiene
impermeable. Y esto puede degenerar en enfrentamientos y en violencia".
Esta
situación ha sumado a la crisis económica y social una acelerada crisis
política, quizás menos visible pero de gran alcance pues supone
cuestionar el modelo bipartidista que ha presidido la vida política
desde la transición.
Así en los distintos estudios de opinión se
comprueba que desde julio de 2012 la intención de abstenerse supera por
vez primera a la intención de voto de cualquier partido, y desde octubre
las personas que no saben o no quieren responder a la pregunta sobre su
voto es el grupo más numeroso. El presidente del Gobierno acabó el año
con el peor indicador de popularidad conocido en democracia (2,8 sobre
10), siendo aún peor el del líder del primer partido de la oposición. La
intención de voto a los dos grandes partidos sumaba en noviembre
(encuesta de Metroscopia para El País) un magro 54,7%, a casi veinte
puntos de los resultados de las últimas elecciones generales del año
anterior (73,35%).
Según los datos del CIS los políticos no dejan
de crecer como problema en las preocupaciones ciudadanas: si en enero de
2012 eran uno de los principales problemas para el 17,8%, en noviembre
lo era ya para el 30,2%. En esa misma encuesta los ciudadanos que se
mostraban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia
en España alcanzaban un escalofriante 67,5% (frente a un 29,6% bastante
satisfecho).
Estos datos permiten hablar de una fuerte
deslegitimación del sistema político, encubierta por la aparente
estabilidad de las mayorías absolutas conservadoras, y de un descontento
social muy extendido que se expresa además en la creciente contestación
social a la política gubernamental, que continuará con fuerza
previsiblemente este año. Porque lo que está impugnado mayoritariamente
por la ciudadanía, lo que se quiere imponer a la gente
antidemocráticamente es la injusta política de recortes sociales y el
vaciamiento reduccionista de la democracia.
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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