MADRID.- La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA,
CHA) ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la
totalidad al proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la
protección de los deudores hipotecarios, que tiene por objeto frenar la
oleada de desahucios, según ha anunciado este viernes el diputado de
ICV, Joan Coscubiela.
En el texto alternativo que acompaña a la enmienda, la coalición
pide una moratoria universal e indefinida de los procedimientos
hipotecarios, a petición del deudor, en cualquier fase de su
tramitación, siempre que se cumplan las condiciones de domicilio
habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda
con el que satisfacer este derecho.
"El drama social de los desahucios está alcanzando una dimensión y
un dramatismo insoportables para la conciencia social y la convivencia
democrática de nuestro país, necesitamos soluciones urgentes", ha
remarcado Coscubiela.
Según ha dicho, desde instancias como el Poder Judicial se han
oído voces que reclaman que, de forma urgente, se adopten medidas
legislativas en el ámbito hipotecario, financiero y procesal, así como
políticas sociales y de vivienda "que corrijan las injusticias y la
indefensión de los deudores frente a las entidades financieras y
garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna para todos".
El texto legislativo que presenta Izquierda Plural pretende
dar una solución "provisional" al drama de los desahucios mientras no
se realicen los cambios en el ordenamiento jurídico que contemplen la
dación en pago con carácter retroactivo y el derecho a continuar
disponiendo de una vivienda digna. "Tenemos que parar este drama, porque cada día hay 500 familias desahuciadas en toda España", ha recordado Joan Coscubiela.
Además de la moratoria universal e indefinida, en la enmienda
presentada se indica que esta paralización incluiría también la
suspensión de los intereses derivados de la deuda. Una suspensión que se
mantendría hasta su dación en pago o hasta que se incluya un
procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona
afectada, siempre en condiciones ajustadas a las posibilidades
económicas del deudor.
También se propone la constitución de un Fondo Social de Viviendas
de titularidad estatal y gestión autonómica, integrado por viviendas de
entidades financieras nacionalizadas, de entidades financieras
participadas por el FROB y otras desocupadas de titularidad pública.
Estos activos inmobiliarios se destinarían a vivienda pública de
alquiler por un período de cinco años a precio protegido.
Por otra parte la enmienda también incluye la modificación del
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableciendo la
obligatoriedad de la mediación y arbitraje judicial en cualquier proceso
de ejecución hipotecaria.
Otras de las cuestiones que plantea Izquierda Plural es que
se introduzca la libre elección del deudor frente a las alternativas de
protección de deudores hipotecarios que se plantean, y que se supriman
los condicionantes y limitaciones de carácter personal o familiar para
la delimitación del umbral de exclusión.
Finalmente, también incluye una ampliación de la moratoria de los
desahucios en régimen de alquiler en los que concurran circunstancias
similares a las de los deudores hipotecarios, pero adaptándose a la
singularidad de este tipo de contratos.
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