PEKÍN.- Las autoridades de diversas regiones chinas han impuesto nuevas
restricciones a las consultas de los registros de la propiedad después
de que salieran a la luz varios casos de funcionarios corruptos que
habían adquirido cantidades exorbitantes de inmuebles.
Aunque el argumento oficial alega que se trata de proteger la intimidad, las restricciones han generado inmediatas críticas de los analistas y protestas de los ciudadanos en internet, que denuncian que se trata de intentos de encubrir la corrupción.
El pasado sábado, el gobierno local de Zhangzhou, en la provincia de Fujian (este) anunció que había introducido "un reglamento temporal sobre consultas para pedir información sobre la propiedad inmobiliaria".
Mediante esta medida, no se podrá utilizar el nombre de una persona para buscar los inmuebles a su nombre, a menos que quien haga la consulta sea el propio propietario, la Policía o los tribunales.
La ciudad de Yancheng, en Jiangsu, ha adoptado una medida similar, mientras que en la ciudad de Cantón (sureste), desde principios de año es necesario aportar un documento de identificación antes de proceder a una consulta.
Según declaró el catedrático Pu Zingzu, de la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Fudan, al diario "South China Morning Post", "es natural que la gente conecte estas restricciones a los intentos de acallar las denuncias contra funcionarios corruptos después de que varios alegatos de este tipo aparecidos en internet llevaran a abrir investigaciones oficiales".
Por su parte, el catedrático Ren Jianming, de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Beihang, afirmó que estas medidas protegen la intimidad de los funcionarios corruptos.
"Poner el énfasis en la protección de la intimidad sin que exista un sistema para que los funcionarios declaren sus bienes y se proteja el interés general del público sólo servirá para generar descontento", agregó Ren al citado diario.
A lo largo de los últimos meses han salido a la luz en China diversos escándalos de funcionarios que habían adquirido un enorme número de propiedades inmobiliarias, muy por encima de lo que les hubiera permitido su salario oficial.
Entre ellos se encuentra la ex subdirectora de un banco provincial, Yong Aiai, apodada la "madama de las viviendas" y que se hizo célebre en los medios chinos después de que saliera a la luz que había supuestamente comprado 41 viviendas en uno de los barrios más lujosos de Pekín.
A comienzos de ese mes, un funcionario de policía de Cantón fue cesado después de que se divulgara que supuestamente había adquirido 192 propiedades inmobiliarias con documentos de identidad falsos.
La adquisición de viviendas es una de las prácticas más empleadas por los funcionarios corruptos en China para ocultar los ingresos obtenidos de sus malas prácticas.
Una normativa del Ministerio de Vivienda de 2006 autoriza que los ciudadanos puedan hacer consultas sobre la titularidad de las propiedades inmobiliarias, aunque la Ley de la Propiedad de 2007 restringió esas búsquedas a las "partes interesadas".
Aunque el argumento oficial alega que se trata de proteger la intimidad, las restricciones han generado inmediatas críticas de los analistas y protestas de los ciudadanos en internet, que denuncian que se trata de intentos de encubrir la corrupción.
El pasado sábado, el gobierno local de Zhangzhou, en la provincia de Fujian (este) anunció que había introducido "un reglamento temporal sobre consultas para pedir información sobre la propiedad inmobiliaria".
Mediante esta medida, no se podrá utilizar el nombre de una persona para buscar los inmuebles a su nombre, a menos que quien haga la consulta sea el propio propietario, la Policía o los tribunales.
La ciudad de Yancheng, en Jiangsu, ha adoptado una medida similar, mientras que en la ciudad de Cantón (sureste), desde principios de año es necesario aportar un documento de identificación antes de proceder a una consulta.
Según declaró el catedrático Pu Zingzu, de la Facultad de Asuntos Internacionales de la Universidad de Fudan, al diario "South China Morning Post", "es natural que la gente conecte estas restricciones a los intentos de acallar las denuncias contra funcionarios corruptos después de que varios alegatos de este tipo aparecidos en internet llevaran a abrir investigaciones oficiales".
Por su parte, el catedrático Ren Jianming, de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Beihang, afirmó que estas medidas protegen la intimidad de los funcionarios corruptos.
"Poner el énfasis en la protección de la intimidad sin que exista un sistema para que los funcionarios declaren sus bienes y se proteja el interés general del público sólo servirá para generar descontento", agregó Ren al citado diario.
A lo largo de los últimos meses han salido a la luz en China diversos escándalos de funcionarios que habían adquirido un enorme número de propiedades inmobiliarias, muy por encima de lo que les hubiera permitido su salario oficial.
Entre ellos se encuentra la ex subdirectora de un banco provincial, Yong Aiai, apodada la "madama de las viviendas" y que se hizo célebre en los medios chinos después de que saliera a la luz que había supuestamente comprado 41 viviendas en uno de los barrios más lujosos de Pekín.
A comienzos de ese mes, un funcionario de policía de Cantón fue cesado después de que se divulgara que supuestamente había adquirido 192 propiedades inmobiliarias con documentos de identidad falsos.
La adquisición de viviendas es una de las prácticas más empleadas por los funcionarios corruptos en China para ocultar los ingresos obtenidos de sus malas prácticas.
Una normativa del Ministerio de Vivienda de 2006 autoriza que los ciudadanos puedan hacer consultas sobre la titularidad de las propiedades inmobiliarias, aunque la Ley de la Propiedad de 2007 restringió esas búsquedas a las "partes interesadas".
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