MADRID.- La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, hace un llamamiento a realizar una mejora integral al proyecto de ley de transparencia ya
que, de aprobarse como está, perpetuará la opacidad que rige la vida
pública española. También exige que no se excluya del debate a una
sociedad civil que lleva desde 2006 divulgando sus planteamientos de
manera estructurada.
En concreto, la Coalición pro Acceso
quiere destacar estos cinco puntos imprescindibles para que la futura
ley de transparencia no quede en papel mojado (para ver las
implicaciones de estos puntos ver las notas al editor):
» El
actual proyecto de ley debe reconocer el derecho de acceso a la
información como un derecho fundamental, en la línea de lo reconocido
por los estándares internacionales.
» Debe aplicarse la obligación de transparencia a todas las instituciones públicas y que funcionan con presupuestos públicos;
» Debe incluir el derecho de acceso a todo tipo de información, sin importar su naturaleza o formato;
» Debe limitar el silencio administrativo negativo, que afecta hoy en España a más del 50% de las peticiones y » Es imprescindible que el organismo de revisión sea independiente del Gobierno.
» Debe limitar el silencio administrativo negativo, que afecta hoy en España a más del 50% de las peticiones y » Es imprescindible que el organismo de revisión sea independiente del Gobierno.
“Esta ley es una oportunidad real
de cambiar las cosas en España, la corrupción y la opacidad son
problemas que los dos grandes partidos políticos ya no niegan pero con
esta ley demuestran que no quieren avanzar con paso firme para acabar
con ellas”, comentaba Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.
“El Parlamento tiene ahora una gran
oportunidad de arrojar la transparencia al funcionamiento de nuestras
instituciones si incluye los cambios que tanto la sociedad como los
expertos reclaman”, comentaba Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, Responsable de relaciones con las Cortes y la UE de Intermón Oxfam.
“Si se aprueba este proyecto de Ley
tal y como está, tendremos una ley de transparencia desfasada para los
estándares europeos y que no podrá ratificar el Convenio del Consejo de
Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, añadía también el profesor de Derecho Constitucional de la UCM, Manuel Sánchez de Diego.
En estos momentos el Congreso de los
Diputados está organizando unas sesiones de comparecencias de expertos
para mejorar el proyecto de ley. Hasta el momento no se han escuchado
algunas de las voces de actores fundamentales en esta materia, como son:
la propia Coalición pro Acceso; los profesionales de la información
encargados de implementar la ley;los colectivos de derechos humanos que
llevan años pidiendo que España recopile y publique datos; especialistas
en Open Data, política que, a pesar de depender de esta ley, queda
excluida de la misma, y un largo etcétera de ausencias que destacan la
falta de conocimiento sobre transparencia por parte de nuestros
representantes.
“Es la crónica de una muerte
anunciada. Pensar en una ley y no en su implementación es perder el
tiempo”, comentaba Victoria Anderica, de Access Info Europe. “En las
comparecencias deberían estar consultando con expertos que pueden
asesorar sobre cómo hacer de esta ley una realidad”,añadía Anderica.
Desde 2006 la Coalición Pro Acceso
defiende la aprobación de una ley de transparencia en España con unos
requisitos mínimos definidos en los 10 principios de la Coalición Pro Acceso. Gobiernos del PSOE y PP se han reunido en varias ocasiones con la Coalición sin integrar en ningún momento sus aportaciones.
Para más información:
Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe
victoria@access-info.org , tlf: 606592976
Detalle de los 5 puntos débiles del proyecto de ley de transparencia:
1. No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho
fundamental. Esto afecta negativamente en varios sentidos: en su
aplicación, porque solo afecta a la administración pública; en la
ponderación, en caso de conflictos con otros derechos fundamentales y
porque implica una menor garantía judicial.
2. La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones
públicas: deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho
administrativo. Esto incluye: la Casa Real, los partidos políticos, los
sindicatos y la patronal; al Congreso, al Poder judicial, al Tribunal de
Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Consejo
General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y
Social y a las instituciones autonómicas análogas.
3. Alcance de la ley inaceptable: Esta ley excluye mucha información
lo que choca directamente con el Convenio del Consejo de Europa sobre
Acceso a Documentos Públicos que con esta ley España no podrá ratificar.
En primer lugar, el artículo 15 es inaceptable ya que excluye tipos de
información, en concreto la información auxiliar (notas, borradores,
opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o
entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir el
proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, la disposición
adicional primera establece que esta ley tiene un carácter supletorio
para aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información. Y por último la definición de
información no menciona que toda información será accesible, sin
importar el formato, algo fundamental entre otras cosas, para el
movimiento Open Data, muy desarrollado en España.
4. La ley de transparencia propone el silencio administrativo
negativo, es decir, que si el organismo consultado no contesta, se
entiende que se deniega la solicitud. Uno de los principios básicos del
derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser
motivadas, el silencio negativo viola de base este principio. Además en
España una media de 50% de las solicitudes
de información acaba en silencio administrativo, es por eso que optar
por un silencio administrativo negativo será un gran obstáculo para
implementar un buen sistema de transparencia en España.
5. El organismo de supervisión que propone la ley de transparencia no
es independiente: va a depender del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, esto hace que este organismo sea juez y parte
a la hora de decidir sobre un conflicto. Además, la duración del
mandato del Director de este organismo de supervisión coincide con una
legislatura, lo que debilita aún más la independencia de este órgano.
Los miembros de la Coalición Pro Acceso:
Organizaciones de la sociedad civil:
Personas individuales que apoyan las actividades estratégicas
Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Severiano Fernández Ramos, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.
José Manuel Alonso, responsable de eGovernment en W3C, de la Fundación CTIC.
Antonio Rubio Campaña, Subdirector de “El Mundo” y profesor de Periodismo de Investigación en la Universidad Rey Juan Carlos.
José Luis Dader García, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Javier de la Cueva, Abogado.
Elisa de la Nuez, Abogada del Estado en excedencia y
fundadora y Consejera Delegada de la empresa Iclaves S.L y como
Secretaria del Patronato FUNDETEC
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