MADRID.- El Banco de España ha reconocido hoy que los esquemas de protección de
activos (EPA) concedidos para la adquisición de entidades rescatadas
representaban una pérdida agregada, a 31 de diciembre de 2012, de 6.506
millones de euros, que se encuentran provisionados en los estados
financieros del Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Esta cifra se suma a los 36.000 millones que el Estado ya da por perdidos de las inyecciones de capital directas a las entidades en apuros, por lo que la factura final para los contribuyentes asciende, de momento, a 42.500 millones.
Según ha señalado en un comunicado el supervisor bancario, los EPA han supuesto otorgar garantías parciales a determinadas carteras crediticias e inmuebles adjudicados por un importe total neto contable de 35.681 millones de euros y pueden dar lugar.
Las pérdidas finales no se podrán conocer hasta el final del período de vigencia de cada uno de los citados esquemas (la estimación de pérdida esperada se revisa anualmente por parte del organismo que lo ha concedido).
El gasto a través de los EPA se suma a los 61.366 millones de euros de ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital, desde mayo de 2009, que se han otorgado a las entidades, según las cifras desglosadas hoy por el Banco de España, que aclara que “todas estas ayudas financieras públicas han sido acordadas conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea en materia de competencia y sometidas a su aprobación”.
El pasado mes de julio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), órgano a través del que se materializan las ayudas, reconoció unas pérdidas de 26.000 millones de euros en 2012, que se suman a los 10.000 millones perdidos en 2011. En total, 36.000 millones que se dan por perdidos.
Al igual que en el caso de las EPA, tampoco se incluyen en estas ayudas los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito, concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales, ni los apoyos privados a los procesos de recapitalización y reestructuración, materializados, por ejemplo, en ampliaciones privadas de capital o en asunción de pérdidas por ejercicios de gestión de híbridos.
En cuanto a los avales concedidos por el Estado a las entidades hay que tener en cuenta que, además de suponer un coste para las mismas que reduce el del Tesoro, son objeto de cancelación a medida que vencen las emisiones, señala el Banco de España.
Por último, tampoco se contempla la participación pública en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Esta cifra se suma a los 36.000 millones que el Estado ya da por perdidos de las inyecciones de capital directas a las entidades en apuros, por lo que la factura final para los contribuyentes asciende, de momento, a 42.500 millones.
Según ha señalado en un comunicado el supervisor bancario, los EPA han supuesto otorgar garantías parciales a determinadas carteras crediticias e inmuebles adjudicados por un importe total neto contable de 35.681 millones de euros y pueden dar lugar.
Las pérdidas finales no se podrán conocer hasta el final del período de vigencia de cada uno de los citados esquemas (la estimación de pérdida esperada se revisa anualmente por parte del organismo que lo ha concedido).
El gasto a través de los EPA se suma a los 61.366 millones de euros de ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital, desde mayo de 2009, que se han otorgado a las entidades, según las cifras desglosadas hoy por el Banco de España, que aclara que “todas estas ayudas financieras públicas han sido acordadas conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea en materia de competencia y sometidas a su aprobación”.
El pasado mes de julio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), órgano a través del que se materializan las ayudas, reconoció unas pérdidas de 26.000 millones de euros en 2012, que se suman a los 10.000 millones perdidos en 2011. En total, 36.000 millones que se dan por perdidos.
Al igual que en el caso de las EPA, tampoco se incluyen en estas ayudas los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito, concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales, ni los apoyos privados a los procesos de recapitalización y reestructuración, materializados, por ejemplo, en ampliaciones privadas de capital o en asunción de pérdidas por ejercicios de gestión de híbridos.
En cuanto a los avales concedidos por el Estado a las entidades hay que tener en cuenta que, además de suponer un coste para las mismas que reduce el del Tesoro, son objeto de cancelación a medida que vencen las emisiones, señala el Banco de España.
Por último, tampoco se contempla la participación pública en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
No hay comentarios:
Publicar un comentario