VALENCIA.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas
impuestas a dos exconcejalas de Paiporta (Valencia) condenadas por
delitos de malversación al utilizar a empleados municipales en horario
laboral para trabajos particulares.
Según consta en la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana, la exconcejala socialista Emilia
Soler ha sido condenada a un año de prisión por malversación impropia
al no devolver el importe de los servicios públicos utilizados. Su
compañera de partido y también exconcejala Elisa Cerrillo ha sido
condenada por el mismo delito a seis meses.
Soler -esposa del alcalde de la localidad, Bartolomé Bas, del PSPV,
que resultó absuelto en este proceso- ordenó la realización en su chalé,
ubicado en Monserrat, de tareas de limpieza, jardinería, pintura,
fontanería, albañilería, transporte de materiales de construcción y leña
a empleados municipales dentro de su horario laboral al servicio del
Consistorio. Por su parte, la entonces concejala de Interior, Elisa
Cerrillo, realizó en 2006 una mudanza particular con ayuda de
trabajadores municipales en su horario laboral.
La sentencia estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y el
Ayuntamiento de Paiporta contra la sentencia inicial del caso, dictada
el 19 de junio de 2013 por la Audiencia Provincial de Valencia. En esta
sentencia se condenó sólo a una de las dos exconcejalas, Emilia Soler
Montesa -esposa del alcalde de la localidad, Bartolomé Bas, del PSPV,
que resultó absuelto-, imponiéndola una multa de 1.800 euros. La
Audiencia también condenó a pagar una multa de 900 euros al carpintero
municipal, Juan Fernández García, como cómplice de la anterior, por
llevar en coche a la limpiadora municipal al chalé de Emilia Soler.
El Supremo mantiene la condena al carpintero cómplice pero impone a
la exconcejala Emilia Soler la pena de un año de prisión, al aplicar a
su delito de malversación el agravante de no devolución del importe de
los servicios públicos. Se condena asimismo a otra exconcejal, Elisa
Cerrillo Camps, que utilizó a empleados municipales en una mudanza
particular, a 6 meses de prisión por el mismo delito y con el mismo
agravante.
A Soler se le impone además una multa de 1.200 euros, y un año y seis
meses de suspensión de empleo o cargo público, y a Elisa Cerrillo,
multa de 600.
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