MADRID.- La Abogacía del Estado se ha querellado hoy a instancias del CNI contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias,
conocido como "el pequeño Nicolás", por un presunto delito de injurias,
en relación a las declaraciones que este joven realizó en varios medios
de comunicación asegurando que había realizado trabajos para el Centro
Nacional de Inteligencia.
La pasada semana la Abogacía del Estado
ya presentó un escrito en el juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid
en el que solicitaba ser tenida como parte en la investigación que se
lleva a cabo contra 'el pequeño Nicolás' por supuestos delitos de
estafa, falsedad documental y usurpación de funciones.
Esa personación se solicitó en defensa de los intereses públicos y de las instituciones del Estado que han podido verse afectadas por la presunta actuación delictiva de este joven.
Con
anterioridad, el propio ministro de Defensa había manifestado
públicamente que los servicios jurídicos del Estado estaban analizando
si las declaraciones públicas de Gómez Iglesias, eran "constitutivas de
algún tipo de infracción o delito" y en tal caso "se personaría en las
causas que están inicialmente abiertas" contra él.
"La Abogacía del Estado no investiga.
Lo que está haciendo es analizar si estas declaraciones son
constitutivas de algún tipo de infracción o delito contra los intereses
públicos contra las administraciones contra el gobierno o algunas de las
entidades que forman el sector público", precisó el ministro en esa
ocasión.
El juez de instrucción nº 2 de Madrid, Arturo
Zamarriego, acordó recientemente la prórroga por un mes del secreto de
las actuaciones relativas a la investigación que se sigue contra el 'pequeño Nicolás'. La medida se acordó a petición de Manos Limpias,
acusación particular en la causa.
El joven de 20 años se encuentra en libertad aunque imputado por
ambos delitos. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado
de Instrucción nº 24 de Madrid por, supuestamente, haberse hecho
pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa.
Esta
jueza se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid,
cuyo titular instruye las diligencias de origen.
El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa indiciariamente de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa, la jueza del nº 24 habría rechazado inicialmente la imputación por este último delito.
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