SANTANDER.- La inmobiliaria de lujo Mikeli
ha anunciado este viernes en su página
web la puesta a la venta “en exclusiva” del Pazo de Meirás, propiedad
de la familia Franco y ubicado en la localidad coruñesa de Sada, por
ocho millones de euros. “El Pazo de Meirás está en venta“, publicita
esta empresa inmobiliaria radicada en Cantabria en internet.
En el anuncio, que ya no es accesible en internet, figuran
fotografías del exterior del inmueble y un vídeo de la propiedad
incluido en el catálogo de la inmobiliaria, que considera “un gran hito profesional” contar en su catálogo con el pazo, que tiene categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2008.
Fuentes de la inmobiliaria consultadas han declinado hacer más
comentarios sobre la puesta en venta del inmueble, sobre el que la Xunta
tiene derecho de tanteo en el caso de que se produzca una hipotética
oferta.
Tras conocerse la publicación de la oferta, la vicepresidenta de la
Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha urgido a la Xunta a
iniciar “de manera inmediata” un expediente sancionador a la familia
Franco por anunciar la venta del Pazo de Meirás sin transcurrir los dos meses preceptivos para poder ejercer el derecho de tanteo.
La formación política Sadamaioría, por su parte, ha defendido la
presentación “inmediata” de una acción de nulidad por la vía judicial
civil contra del título de propiedad de los Franco sobre el inmueble,
así como la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la
propiedad.
El Pazo de Meirás fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y
sirvió de residencia de verano durante muchas décadas del dictador
Francisco Franco, a quien el pueblo gallego donó el edificio y los
terrenos que lo rodean en 1938 tras una cuestación popular.
Asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de La Coruña
han exigido en la últimas década la devolución del inmueble a la
sociedad por considerar que la familia Franco se hizo con la propiedad
de forma ilegítima al tratarse de donaciones obligadas o recaudadas por
coacción.
La declaración del pazo como Bien de Interés Cultural obliga a los
familiares de Franco a abrirlo al público cuatro días al mes. La familia
Franco se opuso a esta decisión de apertura, pero un proceso judicial que culminó en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo ratificó esa decisión del gobierno gallego.
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