MADRID.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la
reforma fiscal del Gobierno es "regresiva" porque serán las clases
medias españolas las que amortiguen una vez más la rebaja a las grandes fortunas,
atentando así contra el artículo 31 de la Constitución que establece
cómo el sistema tributario debe aportar recursos suficientes para
garantizar el estado del bienestar y cómo cada ciudadano debe contribuir
con progresividad en función de su capacidad económica.
En un comunicado, Gestha asegura que la progresividad es la "gran
perjudicada" de la reforma al simplificar de siete a cinco los tramos
actuales del IRPF. A su parecer, los principales beneficiarios de la
reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los
11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200
euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por
Moncloa, ya que actualmente no tributan.
"El Gobierno, al no bajar otros impuestos que soportan los
ciudadanos, como el IVA o los impuestos sobre los Hidrocarburos o la
Electricidad, no puede afirmar con la rotundidad que lo hace que la
presión fiscal haya bajado para todos. Tampoco podemos hablar de una
reforma integral del sistema fiscal sino sólo parcial", ha señalado el
secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
De hecho, Gestha explica que la rebaja en el primer tramo de la
escala del IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y
familiares afectan a todos los contribuyentes por igual, por lo que los
8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros
amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con
un aumento de sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa
vigente.
Por otro lado, los Técnicos consideran que comparar los efectos de
esta nueva reforma con la tributación de 2011 tiene "trampa" y lleva a
equívoco a la ciudadanía, ya que "tapa" la mayor bajada para las rentas
más altas.
Mollinedo ha criticado también que el Gobierno no haya precisado cómo
se financiará la caída de ingresos y considera posible que se compense
con otras fórmulas como el copago o la privatización parcial de entes
públicos como AENA, que reportará unos 2.500 millones. A su parecer, y
de confirmarse este último punto, se trataría de vender acciones de
empresas públicas rentables para rebajar impuestos que, además,
perjudican la progresividad y la suficiencia del sistema tributario.
Sobre la bajada de la tributación de rentas del capital, Gestha cree
que beneficia a las mayores fortunas y afecta negativamente a la
progresividad porque quien obtenga más de un millón de euros en
dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo
que gane 50.000 euros.
En cuanto a la rebaja de Sociedades, los técnicos dicen que sólo
beneficiará a las grandes empresas que, según ha explicado, tributan a
una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000
millones. A su parecer, "acercar el tipo nominal al efectivo no debería
hacerse bajando tipos y la reducción de las deducciones no es suficiente
para compensar la caída en la recaudación. Así, piden analizar el
efecto que tiene en las compañías que facturan más de seis millones.
Finalmente, considera "positiva" la publicación de la lista de
deudores tributarios, siempre y cuando se complete con la lista de
delitos fiscales y los nombres de la multinacionales que eluden
impuestos. No obstante, echan en falta medidas adicionales para reducir
la elevada tasa de economía sumergida en España, del 24,6% del PIB.
Por este motivo, apuesta por intensificar la lucha contra el fraude,
centrando la investigación y persecución del fraude en las grandes
empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total,
muy por encima de pymes, microempresas y particulares, a pesar de que
solo concentran el 20% de los esfuerzos del fisco, tanto en plantilla
como en recursos.
Al mismo tiempo, propone cambios impositivos para reducir la elusión
fiscal, como un Impuesto a las Transacciones Financieras, cambios en las
SICAV y en las sociedades patrimoniales, reducir la dualidad fiscal de
rentas del trabajo y del autónomo respecto de las rentas del capital y
más control de los paraísos fiscales. Igualmente, reclama ampliar la
limitación del uso de efectivo para operaciones superiores a 1.000 euros
y que quien incumpla no pueda deducir el gasto en el IRPF, Sociedades e
IVA.
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