Un mal endémico recorre Europa en forma de sobornos, abuso de
poder y acuerdos secretos que se traduce en unos servicios públicos de
escasa calidad y un impuesto añadido a la inversión privada que se
marcha para evitar pagarlos. De la lacra de la corrupción política no se
libra ningún país de la Unión Europea, aunque algunos tienen leyes que
la hacen más difícil y punitiva que otros Estados donde no existe
legislación específica para controlar cuánto, cómo, en dónde y de qué
manera gastan sus gestores públicos el dinero que proviene del bolsillo
de los contribuyentes.
La clasificación de Transparencia Internacional, sobre el grado de
corrupción de los Veintisiete, lo deja meridianamente claro: corrupción y
decadencia económica van estrechamente ligados. De ahí que Grecia sea
el país europeo más castigado por la crisis y se sitúe en el último
lugar del ranquin. Sobre una puntuación de 0 a 100, donde 0 es muy
corrupto y 100 muy transparente, el territorio helénico recibe una
puntuación de 36, por debajo de Perú, Marruecos o Colombia.
Cerca de Grecia se sitúan Irlanda, España, Portugal e Italia, los
países vapuleados por los recortes, deuda y déficit. Los europeos
sienten que la corrupción está poniendo en peligro sus sistemas
democráticos. Así lo refleja el Eurobarómetro de 2012, donde 80 de cada
100 ciudadanos de la UE afirma que existe corrupción en las
instituciones locales, regionales y estatales y ocho de cada 100
europeos revela que tuvo que pagar sobornos. Ante estos datos
alarmantes, la Comisión Europea recuerda que la corrupción tiene un
impacto en la Unión de 120.000 millones de euros por año.
Por qué Grecia ocupa un nivel de país autoritario en el ranquin de
Transparencia Internacional lo ejemplifica Zákinthos, una isla griega de
poco más de 45.000 habitantes, donde 6 de cada 10 ciudadanos reciben
una prestación por incapacidad estando sanos, gracias a los sobornos que
los médicos aceptaban a cambio de dar certificados de ceguera, sordera o
minusvalía a personas en perfecto estado de salud. Victor Lapuente,
profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Calidad Gubernamental
de Suecia, levanta la voz y hace un llamamiento urgente a Europa:
«países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando
niveles de corrupción más parecidos a los de países autoritarios que a
las democracias capitalistas».
Menos corruptos que Grecia, pero con niveles de repúblicas bananeras,
son Bulgaria, Italia y Rumanía, donde la corrupción también campa a sus
anchas en forma de sobornos de funcionarios como condición sine qua non
para ser atendidos por la policía o en la consulta médica. En 2008, la
Comisión Europea se vio obligada a congelar los fondos europeos con
destino a Bulgaria por las pocas garantías de transparencia sobre el uso
adecuado del dinero procedente de Bruselas. Rumanía también ha sido
avisada de que no son tolerables sus altos niveles de opacidad en el
gasto del dinero que Europa envía para su desarrollo económico y social.
España, más corrupción que en Botsuana
España, inundada de escándalos que asolan a la sociedad española,
está situada en el puesto 13 de la tabla que evalúa la corrupción en los
países de la UE, por debajo de Botsuana, Irlanda o las Bahamas, con una
puntuación de 65 sobre 100. La organización Transparencia Internacional
denuncia que, por encima del enriquecimiento ilícito, las mayores
grietas de la transparencia en España están en la financiación de los
partidos políticos.
Fernando Jiménez y Vicente Carbona, autores del libro ‘Esto funciona
así: Anatomía de la corrupción en España’, aseguran que las campañas
electorales son uno de los mayores embudos por donde accede la
corrupción en forma de sobornos o financiación ilegal. Muchos
empresarios pagan los gastos electorales de los partidos políticos a
cambio de que, si éstos ganan las elecciones, sus empresas sean
beneficiadas con la privatización de los servicios públicos y la
adjudicación de contratos públicos.
Ángel Ferroll, un empresario del sector de la recogida de basuras de
Orihuela (Alicante), representa este tipo de corrupción que compra
favores a cambio de financiar folclóricas campañas electorales. Ferroll
está relacionado con el Caso Brugal, donde se investigan sobornos,
tráfico de influencia y extorsión en los servicios de recogida de
basuras en varias localidades alicantinas. Según grabaciones hechas
públicas, el empresario de Orihuela prometió a Jesús Hernández, concejal
de Orihuela, pagarle «una campaña al estilo americano» para «sacar ocho
o nueve concejales» que le permitieran favorecer los intereses del
empresario de basuras.
La burbuja inmobiliaria ha favorecido sobremanera los casos de
corrupción en las zonas del litoral mediterráneo. Marbella construyó en
pocos años más de 300.000 viviendas ilegales frente a 300 de protección
oficial. 500 establecimientos comerciales o de ocio carecían de licencia
de apertura y la ley del suelo de 1998 –que cedió la competencia
urbanística a los ayuntamientos y liberalizó el suelo urbanizable-
permitió que el 65% de sus 114 kilómetros cuadrados estuvieran invadidos
por hormigón. Su población creció, al amparo del boom urbanístico, en
250.000 personas mientras se edificó un solo colegio, ningún centro de
salud y no se mejoró su débil red de transporte público. Los numerosos
detenidos, imputados y encarcelados por el Caso Malaya, junto a la
mezcla de farándula y política, son la muestra de lo libre que la
corrupción ha transitado por la Costa del Sol.
Para erradicar la corrupción, Jean Claude Usunir, profesor de la
Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, asegura que «no basta con
denunciarla ni mostrarla en demasía porque la hace intolerable». El
francés propone que, para poner fin a la plaga de sobornos y tráfico de
influencia, hay que investigar «cómo se produce, quiénes están
implicados y cuáles son sus motivaciones».
Por su parte, Transparencia Internacional celebra la tramitación
parlamentaria de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que está en
curso en el Congreso de los Diputados pero advierte que tiene muchas
carencias porque «deja fuera a la Casa del Rey, a los partidos
políticos, a los sindicatos y al Banco de España». Dejar fuera de la Ley
de Transparencia a los partidos políticos es no ponerle mordaza a las
entidades donde se concentran los mayores casos de corrupción que han
saltado a la luz y que han salpicado al PP, PSOE, CiU o a la extinta
Unió Mallorquina que tuvo que disolverse engullida por múltiples casos
de corrupción procedentes de la especulación urbanística de las Islas
Baleares.
Ningún país de la UE se libra de la corrupción
No existe Estado de la UE donde no haya estallado algún escándalo de
corrupción. La diferencia está en el estigma social que persigue al
corrupto y en la reacción del entorno político de la persona acusada.
Mientras el 10% de los diputados de las Cortes Valencianas están
imputados por corrupción, en la mayoría de países europeos el simple
hecho de estar envuelto en un caso turbio es motivo suficiente para la
dimisión inmediata. En Austria, hasta 2009, el soborno no estaba
tipificado como delito pero un eurodiputado austriaco dimitió de
inmediato al ser acusado de aceptar sobornos a cambio de intervenir en
las normas comunitarias en favor de empresas privadas. El antiguo jefe
de la cartera de Salud de la Comisión Europea, maltés, dimitió meses
atrás tras ser también acusado de aceptar sobornos.
Por el contrario, en Eslovaquia saltó en 2012 un escándalo,
considerado el mayor de la historia de la Eslovaquia independiente, en
la que se acusaba a los gobernantes de recibir importantes privilegios a
cambio de privatizar empresas estratégicas del país, tales como las
relacionadas con la energía y el transporte. El ‘Informe Gorila’ llenó
de indignación a la sociedad eslovaca que salió a las calles de
Bratislava para exigir leyes anticorrupción. Tras cinco años de ocultar
la información, numerosos funcionarios dimitieron.
En 2011, en Alemania, dimitió su expresidente, Christian Wulff,
debido a que se desveló que, en sus tiempos de primer ministro del
Estado federado de Baja Sajonia, aceptó un crédito privado en
condiciones muy beneficiosas con el que adquirió una casa familiar. El
que fuera ministro de Defensa del Ejecutivo de Angela Merkel también
dimitió tras demostrarse que falsificó su tesis doctoral.
En sentido contrario, Tomás Burgos, secretario de Estado Seguridad
Social del Gobierno de España, no dimitió tras revelarse que no poseía
el título de licenciado en Medicina como afirmaba la web de Moncloa.
Charles Pasqua, exministro francés de Interior, fue ayer condenado a dos
años de prisión por robar el dinero público destinado a construir una
galería de arte que nunca vio la luz. Al tener 85 años, el político galo
no entrará en prisión.
Así se lucha contra la corrupción
Finlandia es un país ejemplar en la lucha contra la corrupción,
transparencia y acceso a la información sobre las actividades de sus
políticos. No en vano, ocupa el segundo lugar del mundo. Las compras de
las administraciones públicas son de l conocimiento de los ciudadanos
hasta para comprar una goma de borrar. Las instituciones adquieren la
oferta más barata y no es legal pagar 300 euros por una silla de oficina
que en el mercado libre cuesta 100 euros.
Los fineses tienen acceso a cuánto declaran sus conciudadanos, desde
el panadero del barrio hasta el artista más afamado del país, los
castigos son proporcionales a los ingresos de los individuos o empresas y
los secretarios de Estado son funcionarios que alcanzan el puesto en
función de sus méritos y no por designación de los partidos políticos.
Aunque basta con el estigma social con el que la sociedad finesa castiga
para que los funcionarios se abstengan de cometer una fechoría en el
sector público en virtud de la férrea moralidad que tanta satisfacción
reporta a los ciudadanos de Finlandia.
Por la transparencia y el buen gobierno
España es uno de esos pocos Estados de la UE que aún no dispone de
una legislación que ponga coto a la corrupción, por ello, Antonio
Garrigues, impulsor de la ONG Transparencia Internacional en España,
insta a su aprobación urgente y considera que España «se ha quedado
atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente».
Por lo que sugiere, de cara a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno
que tramita el Parlamento español, la creación de un portal público que
informe sobre los datos básicos de las 20.600 instituciones que forman
el sector público del Estado español. Asimismo, aconseja la exclusión de
los imputados de las listas electorales, desbloquear las listas
cerradas para que los ciudadanos puedan vetar el acceso a la actividad
política a personas imputadas y modificar la financiación de los
partidos políticos según propone el Grupo de Estados contra la
Corrupción del Consejo de Europa.
Transparencia Internacional advierte a Europa de que debe abordar los
riesgos de corrupción en el sector público «para poder superar la
crisis financiera». La disyuntiva es bien sencilla: o la democracia pone
coto a la corrupción o la corrupción pondrá coto a la democracia. Nos
jugamos el bienestar social, la calidad democrática, la inversión
privada y un reparto justo de la riqueza. Razones más que suficientes
para que las administraciones públicas se esfuercen en ahuyentar el
fantasma de la corrupción que recorre Europa.
